El Gobierno presentó un recurso de per saltum ante la Corte Suprema para que levante la suspensión que se había impuesto sobre los principales artículos de la reforma laboral.

La presentación corrió por cuenta de la secretaría del Trabajo, que depende del ministerio de Capital Humano, con el patrocinio legal de la Procuración del Tesoro, que encabeza Sebastián Amerio.

El futuro de la reforma laboral estaba en medio de un pase de juzgados. La jueza federal Macarena Marra Giménez había resuelto un conflicto de competencia entre la Justicia Nacional del Trabajo y el fuero Contencioso Administrativo Federal apartando a su par, Raúl Horacio Ojeda, titular del juzgado del Trabajo N° 63, que había suspendido la vigencia de 82 artículos de la ley de reforma laboral a pedido de la Confederación General del Trabajo (CGT).

El fallo estipula que debe ser la justicia federal la que trate la acción de la CGT, desplazando a los tribunales laborales nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

¿Qué había solicitado la CGT? Que se declare la inconstitucionalidad de artículos de la Ley N°27.802 que, desde la óptica del sindicato, trastocan los derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en los artículos 14 bis, 16, 17, 18, 28, 43 y 75 de la Constitución Nacional.

Además, el pedido de la CGT hacía hincapié en que se estaba vulnerando la progresividad, la libertad sindical, la no discriminación, la tutela judicial efectiva y el debido proceso, entre otros.

De esta forma, el movimiento de la jueza Marra Giménez había sido celebrado en Balcarce 50.

Ahora, la Casa Rosada dio un paso más para que la Corte Suprema tome la disputa y levante la suspensión impuesta por la cautelar.

Noticia en desarrollo

La Justicia tiene en su poder las facturas de los vuelos privados, de ida y de vuelta, que hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con su familia a Punta del Este el fin de semana largo de carnaval. El de ida aparece a nombre de la productora Imhouse, de Marcelo Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, es amigo de Adorni y dijo que lo alojó en su casa de Uruguay. El de vuelta forma parte de un paquete de 10 viajes facturados a un tercero.

Así lo informaron a fuentes judiciales, que dijeron que quien está registrado como comprador de los 10 vuelos no sería una figura pública: se llama Agustín Issin Hansen y en la factura aparece con un domicilio en Uruguay. La Justicia prepara un exhorto diplomático con un pedido de información.

Las facturas de los vuelos las entregó, a pedido del juez federal Ariel Lijo, la empresa con la que se contrataron los viajes, Alpha Centauri S.A. Por el de ida se pagaron 4830 dólares, que se tranfirieron en pesos, de acuerdo con la documentación presentada, informaron las fuentes. Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares.

Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto.

Las primeras medidas en la causa las ordenó el juez para “resguardar los elementos probatorios” que pudieran resultar útiles, según figura en la causa. Luego se sumaron otros pedidos promovidos por la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

En cuanto a las cámaras, el plan es revisar no solo las que toman la pista; también, las que debieron haber registrado todo el camino de los viajeros. Eso permitirá chequear si se cumplieron debidamente los trámites de Migraciones y Aduana. Junto con Adorni volaron, a la ida, su mujer (Bettina Angeletti), los hijos de ambos y Grandio. A la vuelta, solo Adorni y su familia.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py, en los últimos días, contra el jefe de Gabinete.

La Policía Federal se presentó en el aeropuerto de San Fernando en busca de los documentos y registros solicitados, informaron fuentes del caso. Las oficinas de la empresa de aviación no estaban abiertas cuando llegaron los enviados del juzgado, pero la compañía entregó luego las facturas.

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas. Pero lo primero, para los investigadores, será precisar cómo y quién pagó el vuelo.

Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano, se tramita contra Adorni en paralelo, pero es probable que los expedientes terminen unificándose. La fiscalía de Pollicita pidió en su dictamen de ayer “certificar en el fuero la existencia de causas que tengan vinculación con el objeto procesal” de este expediente.

Según la denuncia, citada por la fiscalía en su dictamen, el gasto por la contratación del vuelo privado “excedería ampliamente la capacidad económica del jefe de Gabinete, ya que cuenta con una remuneración, de acuerdo a su rango, que ronda los 3,5 millones de pesos”.

La fiscalía afirma en su presentación que, en un primer momento, Grandio -que viajó en el vuelo de ida a Punta de Este con Adorni y familia- dijo que fue “invitado” por el jefe de Gabinete, que le pagó el viaje a él “con plata del Estado”, y que luego se desdijo y sostuvo que pagaron “a medias”.

Entre las nuevas medidas de prueba solicitadas, la fiscalía pidió que “se obtenga una desgrabación de los reportajes que dieron Adorni y Grandio desde el momento de los hechos en pos de explicar quién y cómo se abonaron los costos del viaje objeto de esta investigación”.

También, que “se requiera a la ANAC que se sirva a aportar el plan del vuelo, correspondiente al avión Honda Jet con matrícula LVHWA contratado por Alpha Centauri S.A., que partiera desde el Aeropuerto Internacional de San Fernando hacia el Aeropuerto Internacional Laguna del Sauce de Punta del Este, Uruguay, el día 12 de febrero del año en curso, así como el plan de vuelo y demás constancias vinculadas al vuelo de regreso de fecha 17 de febrero del corriente, junto con toda otra documentación, autorización, registro o constancia que haya tenido que presentarse”.

En cuanto a la Aduana, la Justicia le requirió “que informe si se efectuó algún control respecto del vuelo bajo análisis, así como de sus tripulantes, tanto en el tramo de ida como en el de regreso, y si alguno de ellos presentó declaraciones juradas relativas a sus efectos (dinero, objetos de valor, etc.)”.

Por último, la fiscalía pidió que “se arbitren los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado en la empresa Alpha Centauri S.A para abonar los viajes en cuestión (sea por medio de registros contables, cuentas bancarias de la empresa, etc.)“.