Argentina firmó un acuerdo estratégico con Estados Unidos para incorporar tecnología militar de última generación. El objetivo es controlar el Mar Argentino y fortalecer la capacidad de patrullaje frente a la pesca ilegal y otras amenazas. El convenio, formalizado durante la gestión de Donald Trump, prevé la llegada de nuevos drones, aeronaves y sistemas de inteligencia a lo largo de los próximos años.

Las autoridades argentinas y estadounidenses establecieron la entrega progresiva de equipamiento, en el marco de la Iniciativa de Conciencia Situacional de Dominio Marítimo. Se cubrirán así 1,6 millones de kilómetros cuadrados en la zona económica exclusiva del país.

Los primeros datos surgieron tras la firma del acuerdo realizado en las últimas 24 horas. La información sobre las aeronaves inició con detalles sobre aviones tripulados y culminó con la confirmación de drones de última generación.

Según el analista internacional Andrei Serbin Pont, recién ahora se conocen detalles exactos sobre los equipos que se sumarán a la flota nacional. “Tenemos acá los datos exactos sobre las aeronaves que se van a estar incorporando a través de este esfuerzo que tiene que ver con la Iniciativa de Conciencia Situacional de Dominio Marítimo, como lo impulsa Estados Unidos,” explicó.

En los últimos años, la Armada argentina recibió distintos refuerzos tecnológicos, entre ellos cámaras L-3 Harris WESCAM MX-10 instaladas en aeronaves Beechcraft B200. Estos sistemas óptico-térmicos permiten búsquedas e identificación de objetivos en el mar. Además, se comprometió la incorporación de dos nuevas aeronaves para patrullaje naval, continuidad de un esfuerzo iniciado en la gestión anterior.

Nuevos aviones y el arribo de los drones V-Bat

En el corto plazo, Argentina recibirá dos aviones King Air B360 ER MPA, equipados con sensores y radares para patrullas marítimas. Estos aviones reforzarán la flota y ampliarán el control de la zona económica exclusiva. Sin embargo, la mayor novedad es la incorporación de los drones Shield AI V-Bat, sistemas de despegue y aterrizaje vertical que no requieren modificaciones en los buques donde operan.

«La confirmación de que se van a estar incorporando los Shield AI V-Bat, que son drones de despegue y aterrizaje vertical, que tienen una ventaja que es clave: no necesitan de modificación de los buques en los que van a ser emplazados”, explicó el analista en Infobae Al Mediodía.

Los drones ofrecen autonomía de doce horas, con capacidad para transportar hasta 18 kilos de carga útil, principalmente sistemas electroópticos, y un alcance de 140 kilómetros en línea de vista o hasta 1.200 kilómetros con enlace satelital.

Los drones despegan de cubiertas reducidas, lo que favorece su despliegue en los patrulleros oceánicos adquiridos en los últimos años. Cada sistema incluye tres drones y un centro de control. “Van a llegar seis en total. Entonces, vos podés tener dos patrulleros oceánicos en cualquier momento que tienen tres de estos, y de esa manera mantenés veinticuatro horas al día monitoreo sobre un área en particular,” aclaró Serbin Pont.

El bajo costo operativo de los drones representa una ventaja significativa frente al uso de aviones Beechcraft o los grandes P-3. Argentina también espera la llegada de un simulador de vuelo, donado por Estados Unidos, para entrenar a las tripulaciones de los P-3 y reducir costos de combustible y mantenimiento.

Así avanza la entrega de aeronaves y equipamiento militar

De acuerdo al cronograma oficial, para finales del año se espera el arribo de uno de los aviones King Air, seguido por la entrega del segundo ejemplar al año siguiente. La entrega de los drones comenzará entre 2025 y 2029. Los simuladores para entrenamiento completarán el proceso en 2029.

Serbin Pont enfatizó que “a Estados Unidos le preocupa mucho, en términos generales, lo que es la pesca ilegal de China, porque lo usan como una herramienta para presionar a los países de la región para que tomen medidas para tratar de contener cualquier tipo de avance chino.»

En Argentina, la preocupación por la pesca ilegal no se limita a la flota china. El país también sufre la actividad de embarcaciones taiwanesas, españolas y coreanas. El equipamiento adquirido mejorará el monitoreo y la identificación de patrones sospechosos en aguas territoriales.

El acuerdo incluye la provisión de software para la Armada y la Prefectura Naval. Estos sistemas recopilan y analizan datos de buques que navegan en la región con el objetivo de detectar posibles infracciones o soporte a operaciones de inteligencia.

Implicancias diplomáticas y la construcción de confianza

El acuerdo supone, además, un intercambio de información sensible entre Argentina y Estados Unidos. “Sí, se comparte inteligencia para este tipo de cosas. Obviamente que esto es relevante. Hay muchas veces preocupación sobre las características de la presencia china en nuestra zona, como en otras partes del mundo,” afirmó Serbin Pont.

En este aspecto, la información compartida se vincula a patrones de comportamiento y equipamiento utilizado por buques extranjeros. Serbin Pont explicó: «La información que estarías compartiendo es información que está mucho más vinculada a las acciones de ciertos actores estatales o paraestatales dentro del mar argentino».

La doctrina Monroe permanece vigente en la estrategia estadounidense: «La renovación requiere de no solo establecer vínculos fuertes con los gobiernos en la región, sino tiene que ver con costos también». En este sentido, el analista indicó que “si querés contener a las acciones de China en la región, te conviene que los países de la región se vean fortalecidos en ciertas capacidades”.

La continuidad o cambio en las relaciones bilaterales dependerá de futuros gobiernos y de la confianza construida en el intercambio de defensa e inteligencia. El historial reciente de vínculos fluctuantes entre Argentina y otras potencias refuerza la necesidad de cooperación clara y sostenida en materia de seguridad marítima.

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El Gobierno monitorea la crisis política y social en Bolivia y no descarta reforzar la seguridad en la frontera si escala el conflicto. En el Ejecutivo sostienen que la situación está “bajo evaluación” y que cualquier definición operativa dependerá del Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva.

En Nación advierten que, por el momento, no está previsto reflotar el Plan Roca, el esquema de despliegue militar para la vigilancia de zonas de frontera. La Casa Rosada sigue el escenario con cautela y busca evitar una señal de sobrerreacción, aunque admite que el agravamiento de la crisis boliviana puede tener impacto en el norte argentino.

La preocupación oficial pasa por dos ejes: un eventual aumento de movimientos migratorios y el riesgo de mayor actividad del crimen organizado. En el Gobierno remarcan que no hay una decisión tomada, pero reconocen que el seguimiento de la situación se intensificó en las últimas horas.

Bolivia atraviesa una escalada de protestas, bloqueos y desabastecimiento. La Central Obrera Boliviana volvió a marchar contra el presidente Rodrigo Paz, mientras persisten los cortes de rutas, las largas filas para cargar combustible y las dificultades para conseguir alimentos y oxígeno medicinal en hospitales. En ese contexto, también renunció el ministro de Trabajo, Edgar Morales.

La Argentina ya tuvo intervención en la crisis. El canciller Pablo Quirno rechazó las acusaciones de Evo Morales sobre un supuesto envío de asistencia militar argentina al gobierno boliviano y sostuvo que los vuelos nacionales tuvieron como objetivo trasladar alimentos y provisiones ante los bloqueos. En el Ejecutivo remarcan que esa asistencia no implica un involucramiento operativo en la crisis interna del país vecino.

En la Casa Rosada siguen el posible impacto regional de la crisis y evalúan escenarios ante una profundización del conflicto. La atención está puesta en los pasos fronterizos, la circulación de personas y mercadería, y la posibilidad de que la tensión social derive en mayores necesidades de control o asistencia en el norte argentino.

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La definición de un eventual refuerzo fronterizo está en manos de Monteoliva. En Seguridad ya existen antecedentes de operativos especiales en la frontera norte, pero en Nación insisten en que cada medida deberá evaluarse según la evolución del conflicto y el nivel de riesgo en los pasos fronterizos. Por ahora, la instrucción es monitorear y mantener coordinación con las áreas involucradas.

El Gobierno busca sostener una postura de respaldo institucional al gobierno de Rodrigo Paz, sin convertir la crisis boliviana en un despliegue local inmediato. La línea oficial, por ahora, es seguir la situación en tiempo real, evitar decisiones prematuras y dejar abierta la posibilidad de reforzar controles si la conflictividad empieza a trasladarse hacia la frontera argentina.

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