La oposición autoconvocó la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados para exponer la situación que atraviesa el periodismo en la Argentina y, en particular, el vínculo de creciente tensión entre el Gobierno y la prensa.

La reunión se realizó un día después de un nuevo episodio: durante la sesión informativa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente Javier Milei llamó “chorros y corruptos” a periodistas acreditados en el Congreso tras una pregunta sobre la situación patrimonial de su funcionario.

El conflicto tuvo un punto de inflexión la semana pasada, cuando el Gobierno decidió cerrar indefinidamente la sala de periodistas de la Casa Rosada. Desde entonces, la prensa tiene restringido el acceso a la sede oficial. La explicación informal fue que un periodista había filmado sin autorización, pero la medida terminó afectando a todos los acreditados.

La reunión de esta mañana -que no figuró en la agenda oficial- fue impulsada por los vicepresidentes de la comisión, Nicolás Trotta (Unión por la Patria) y Lourdes Arrieta (Provincias Unidas), luego de que el presidente del cuerpo, el libertario Guillermo Montenegro, se negara a habilitarla formalmente. No participaron diputados de La Libertad Avanza ni de sus aliados de Pro y la UCR.

Aunque la reunión fue transmitida por el canal de YouTube de la Cámara de Diputados, el enlace se publicó en modo “oculto”, por lo que no era visible ni accesible de forma pública, salvo para quienes contaban con el link directo.

En la apertura, Trotta puso el foco en esas ausencias. Señaló que habían sido invitados el secretario de Comunicaciones, Javier Lanari, y el responsable de la “Oficina de Respuesta Oficial”, Juan Pablo Carreira, pero que ambos “confirmaron que no iban a asistir”. También cuestionó el “silencio” de bloques que antes hacían de la libertad de expresión “una bandera” y advirtió: “No es un problema sectorial, es un problema de la democracia”.

La reunión reunió a periodistas, organizaciones, sindicatos, abogados y directivos de medios. El diagnóstico fue coincidente: denunciaron agresiones verbales desde el poder, un clima de hostilidad que busca deslegitimar al periodismo, restricciones crecientes al acceso a la información -como el cierre y filtrado de la sala de prensa- y presiones económicas o judiciales sobre medios. También advirtieron sobre una “censura indirecta” basada en el amedrentamiento y el descrédito público.

En representación del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), Paula Moreno advirtió que la entidad impulsa una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evaluar la situación en el país y que ya acercaron el diagnóstico al organismo, hoy encabezado por Edgar Stuardo Ralón. “Esperamos que se pueda concretar”, señaló.

Al presentar el monitoreo 2025, informó que las agresiones contra la prensa alcanzaron niveles récord: las acciones judiciales crecieron 150%, los ataques a bienes casi se duplicaron, el discurso estigmatizante aumentó 71,6%, las restricciones al acceso a la información, 33%, y los ataques a la integridad, 29%. Moreno sostuvo que gran parte de estas agresiones provienen del presidente Milei y advirtió sobre la “asimetría” entre el poder político y los periodistas: “No hay manera de responder en igualdad de condiciones”. En ese marco, remarcó que el problema impacta en la ciudadanía: “Su derecho de información es nuestro derecho de información”.

El abogado de Perfil, Agustín Bosch, denunció un hostigamiento sistemático contra su director Jorge Fontevecchia y el grupo Perfil, que -según planteó- combina agravios públicos, presión económica y acciones judiciales. En ese marco, encuadró las descalificaciones del Presidente en la lógica del “assassination of character”, una estrategia de desacreditar al mensajero para debilitar su mensaje, y advirtió que su efecto trasciende a un medio en particular.

Por su parte, el periodista Jonathan Heguier (El Destape) buscó desmentir la idea de que los trabajadores de prensa tienen ingresos elevados. Señaló que el 70,5% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal, que el 43% se mantiene en esa situación aun sumando todos sus trabajos y que solo el 4,8% logra vivir con un solo ingreso. “Con un solo empleo, a menos del 5% le alcanza para vivir”, resumió.

La periodista Silvia Naishtat (Clarín) advirtió sobre la gravedad del escenario y consideró que el diagnóstico es “contundente”. Señaló que la escalada de tensión “termina mal” y llamó al Congreso a intervenir al advertir que la situación “no es compatible con un régimen democrático”.

En representación del Sipreba, Agustín Lecchi advirtió sobre la situación laboral del sector y pidió preservar el estatuto del periodista, cuya vigencia vence a fin de año.

De la reunión participaron referentes opositores como Mónica Frade y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica); Lourdes Arrieta (Provincias Unidas); Esteban Paulón (Socialismo) y, por Unión por la Patria, además de Trotta, Germán Martínez, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Roxana Monzón, Kelly Olmos, Juan Marino, Sabrina Selva, José Glinsky, Horacio Pietragalla, Juan Carlos Molina y Ernesto “Pipi” Nader Ali. También estuvo Romina del Plá, de la izquierda.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, reclamó que la Comisión de Libertad de Expresión funcione formalmente: “Una cosa es la buena predisposición entre nosotros y otra es que el debate ocurra donde corresponde”. Recordó que un antecedente similar terminó sin continuidad y advirtió: “Hay demasiados temas como para no discutirlos en el ámbito que corresponde”.

En ese contexto, la diputada Sabrina Selva adelantó que presentará un proyecto para garantizar por ley las salas de prensa en los tres poderes del Estado. El socialista Esteban Paulón propuso, en tanto, modificar el reglamento para evitar bloqueos como el actual: “Que un presidente de comisión no pueda clausurar el debate”.

Luego de sucesivas postergaciones y no pocas discusiones dentro de la Cancillería, que fueron consignadas por , la comisión de Acuerdos del Senado aprobó ayer los pliegos de ascensos de diplomáticos correspondientes a 2024 y 2025, aprobados por el Poder Ejecutivo durante la gestión de Gerardo Werthein al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero en el camino, 16 de los 43 nombres originales quedaron afuera, luego de los rumores de “presiones” de diplomáticos a senadores aliados al oficialismo para dejar de lado los pliegos de diplomáticos “kirchneristas”. En una comunicación interna, Apsen, el gremio que representa a los diplomáticos, había recordado que “el procedimiento que regula los ascensos a los rangos superiores se encuentra establecido por ley” y calificado de “improcedente y antiético cualquier accionar que se realice en desmedro del procedimiento previsto en la normativa vigente”. Sin decirlo, desde el sindicato apuntaron a funcionarios y exfuncionarios de la Cancillería, varios de los cuales son hoy embajadores en actividad, que habrían presionado a senadores- todos de partidos aliados a LLA- para frenar algunos de los ascensos.

¿Qué dicen en la comisión de Acuerdos, que encabeza el libertario riojano Juan Carlos Pagotto? “No se los bochó por un tema ideológico, sino porque las carreras no eran satisfactorias. Muchos de ellos eran personas de cierta edad, que subían a ministros de segunda y no llegarán a ser embajadores. Son un tapón para las nuevas camadas”, se defendieron desde la comisión, en la que pesa de modo decisivo la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich. “Se ordena la Cancillería de acuerdo al mérito, y no por favores políticos”, agregaron. Otra fuente de la comisión, que también integran los radicales Carolina Losada (Santa Fe), Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Mariana Juri (Mendoza), no descartaron que los excluidos de ayer sean sumados a las listas de ascensos de este año, nóminas que sí estarán bajo la supervisión del canciller Pablo Quirno, quien, según fuentes cercanas al funcionario, no participó de las discusiones de estos pliegos.

El jueves de la semana pasada, la comisión de Acuerdos del Senado había postergado por falta de consenso el debate sobre los ascensos de esos 43 diplomáticos a los cargos de embajador, ministro de primera y ministro de segunda.

Entre los 16 diplomáticos cuyos pliegos no fueron incluidos figuran María Jimena Rivero, exjefa de ceremonial durante el mandato de Alberto Fernández y la gestión de Santiago Cafiero en la Cancillería, y Cecilia Meirovich, exfuncionaria de derechos humanos durante la misma administración. También aparece Pablo Deangelis, designado en la embajada en Brasil durante la gestión del actual secretario de Turismo, Daniel Scioli. Sí quedaron en pie los ascensos de funcionarios actuales de la Cancillería, como el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el actual subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro; y el embajador ante la ONU, Francisco Tropepi, todos con destinos y puestos de importancia también en gestiones anteriores.

Antes y después de conocida la discusión interna, diversas fuentes de Cancillería aseguraron que la presión para modificar algunos nombres de la lista tiene responsables concretos, incluidos en un chat que nucleó a 12 diplomáticos.

Un diplomático de carrera los definió, incluso, como “los doce apóstoles”. Varios de los aludidos, que prefirieron el anonimato, cuestionaron esa información y rechazaron de modo terminante a haber tenido que ver con los cambios, que efectivamente terminaron achicando la lista de los 43 originales a solo 27 pliegos, que serán discutidos por el pleno del Senado en las próximas sesiones. Críticos del comunicado de Apsen, en la UCR coincidieron sin embargo en que en la lista original “no hay un solo radical”, dándole la razón al supuesto reclamo.