Los intentos opositores en la provincia de Buenos Aires por impulsar cambios electorales como el de la implementación de la boleta única de papel, método que se utilizó a nivel nacional en 2025, no registran avances concretos en el ámbito legislativo. La misma suerte corre el proyecto de la Junta Electoral provincial, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, para extender plazos de presentación de listas y otros requisitos necesarios para la elección. Las comisiones encargadas de la reforma política no trataron aún las iniciativas, luego del reparto de poder que dejó una de ellas en manos del massismo (la del Senado bonaerense) y la otra en poder del kicillofismo (la de la Cámara de Diputados provincial).

Lleva más de tres meses sin movimientos un proyecto que la Junta Electoral bonaerense, que preside el titular de la Suprema Corte de Justicia provincial, Sergio Torres. Aprobado por la junta el 14 de abril, prevé extender los plazos electorales. Entre otros puntos, solicita elevar de 60 a 80 el lapso anterior a la elección en el que hay que presentar los pedidos de reconocimiento de alianzas, llevar de 50 a 60 días de anticipación la presentación de listas, y ampliar de 20 a 30 días el período de antelación para designar autoridades de mesa. “No ha habido ningún avance relacionado con ese planteo”, confirmaron a desde la Junta Electoral. El proyecto se presentó cuando presidía la junta Hilda Kogan, jueza de la Corte provincial.

Las comisiones de reforma electoral que se conformaron en las dos cámaras de la Legislatura, no mostraron avances en los proyectos de cambios electorales, ya con la primera mitad del período ordinario de sesiones culminada (desde este lunes, la Legislatura entra en receso invernal por dos semanas). En Diputados, no se reunió nunca, informó uno de sus integrantes a este diario. En el Senado, hubo un único encuentro y, según indicó uno de sus miembros, se “va a retomar [la actividad] en agosto”.

El reparto de poder en las comisiones de reforma política fueron un dolor de cabeza para el peronismo legislativo bonaerense. Enfrascado en su interna entre cristinistas y kicillofistas, anudó una distribución que dejó al frente de la comisión en el Senado a la massista Malena Galmarini, y en la de Diputados, a la kicillofista Ana Luz Balor. En ambas comisiones hay expedientes sobre cambios electorales a la espera de debatirse, algunos ingresados el año pasado, con objetivos como la boleta única de papel (opositores) o la obligatoriedad de los debates de candidatos a gobernador (del oficialismo bonaerense).

Los proyectos más ambiciosos son los que apuntan a implementar la boleta única de papel en las elecciones bonaerenses. Hasta el momento, bancadas como las de la UCR+Cambio Federal y la Coalición Cívica, o la de La Libertad Avanza, implementaron jornadas de debate, pero no consiguieron avances concretos para llevar sus intenciones a los recintos de la Legislatura bonaerense.

El 10 de abril, La Libertad Avanza organizó una reunión de sus diputados y senadores provinciales con la por entonces directora nacional electoral, Luz Landívar (que dejó ese cargo en mayo, y fue reemplazada por Juan Pablo Limodio) con la boleta única de papel como tema central. El encuentro tuvo lugar en el anexo del Senado. Los libertarios presentaron proyectos desde noviembre de 2024 y el año pasado los reiteraron.

En tanto, los bloques legislativos UCR+Cambio Federal y Coalición Cívica ya pusieron en marcha al menos tres jornadas para impulsar sus proyectos de boleta única papel, comicios desdoblados, modernización de las elecciones PASO y aumento de las exigencias para conformar partidos políticos. También sin resultados en avances legislativos concretos, hicieron encuentros en abril (en la Cámara de Diputados provincial y en Mar del Plata) y en mayo (en Bahía Blanca), con dirigentes como el exdirector nacional electoral Alejandro Tullio.

La relación entre la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich (Capital), estalló por los aires durante la semana pasada y ambas dirigentes entraron ahora en una guerra política sin cuartel de final abierto y con consecuencias que nadie se anima a predecir.

La pelea escaló a tal punto que en las últimas horas del viernes Mario “Pato” Russo, el principal asesor político de la vicepresidenta, fue denunciado por amenazas ante la justicia por Cristian Larsen, secretario parlamentario del bloque oficialista y miembro del círculo de colaboradores más cercanos de la senadora libertaria.

La denuncia quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que dispuso que se le implante una custodia a Larsen durante un mes y mientras desarrolle sus funciones en el palacio legislativo. El magistrado es quien tiene a su cargo la causa por supuesta estafa con la criptomoneda $LIBRA y tomó la polémica decisión de apartar a los querellantes del expediente pocos días después de que su esposa, Ana María Juan, recibiera el acuerdo del Senado para ser jueza federal de Hurlingham.

La relación entre Villarruel y Bullrich nunca fue buena, sobre todo desde que la presidenta del Senado fue declarada enemiga pública del Gobierno por el propio Javier Milei y su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras algunas declaraciones de alto voltaje por parte de Bullrich contra Villarruel previo a la llegada de la exministra al Senado, la tensión menguó luego de algunos encuentros cara a cara que terminaron dejando en claro que nunca serían amigas, pero que sí podían establecer un pacto de convivencia pacífica en el Senado en tren de impulsar los proyectos oficialistas.

Sin embargo, volvieron a rugir los cañones de guerra cuando, la misma tarde en la que la Argentina le ganó a Inglaterra y se clasificó para la final del Mundial de Fútbol, se filtraron a la prensa los detalles de un fuerte cruce de opiniones sostenido entre ambas mujeres con el proyecto de ley de extranjerización de tierras como telón de fondo.

A Villarruel no le queda ninguna duda de que fue Bullrich quien filtró con pelos y señales la conversación, en una maniobra que la tomó por sorpresa y que califica de baja estofa.

Para la vicepresidenta, la jugada implicó una ruptura de la confianza de tal magnitud que marcará un antes y un después de su relación con la senadora. Por lo pronto, el diálogo quedó absolutamente cortado tras la escandalosa difusión del diálogo privado.

Del lado de la jefa de la bancada libertaria negaron ser los responsables de que el diálogo llegara a la prensa, pero reconocieron que la conversación, completa y sin edición alguna, fue divulgada en un chat con senadores del bloque de La Libertad Avanza.

“Hacer eso y entregárselo a los periodistas es casi lo mismo”, reconoció un senador oficialista que conoce la afición de algunos de sus compañeros de bloque por congraciarse con el periodismo.

Como contrapartida, el mismo legislador se quejó por la insistencia con la que Villarruel se preocupó por argumentar en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, enviándole a los senadores mensajes con fuertes críticas al Gobierno.

Molesta, Villarruel acusó a Bullrich por el incidente en una de sus ya características respuestas a una crítica a su persona en la red social X. “Yo no filtro conversaciones privadas. Menos las pongo en grupos de chats o llamo a periodistas para hacer notas. Esos son métodos usuales de la casta”, sentenció.

Al día siguiente, vino la respuesta de Bullrich. “Millones de argentinos nos votaron para transformar la Argentina. El que llegó con este proyecto y está dispuesto a defenderlo, debería dar un paso al costado”, se pronunció la senadora en clara alusión a la postura cada vez más opositora adoptada por Villarruel.

Chispazos previos

La tensión entre ambas dirigentes venía aumentando en los últimos días, aunque se mantenía en sordina, como consecuencia de algunas decisiones adoptadas por Villarruel que Bullrich consideraba intencionales y con el fin de provocar daño al oficialismo.

Uno de los temas que generó cortocircuitos fue la demora de la vicepresidenta en definir cuáles serían las comisiones que intervendrán en el debate del proyecto de ley de Super RIGI, una de las tantas prioridades legislativas de la Casa Rosada.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de junio. La vicepresidenta recién decidió el lunes de la semana pasada el giro a las comisiones de Presupuesto, de Economía Nacional y de Legislación General del texto que, sostiene el Gobierno, ayudará a generar inversiones.

Otro foco de tensión fue el enojo que generó, ya no solo en el oficialismo, la decisión de la vicepresidenta de ponerle un punto final a la costumbre adoptada por los bloques de reemplazar a los miembros de comisión con el único fin de garantizar que tengan quórum. La práctica viola el Reglamento de la Cámara, que establece que los senadores duran en las comisiones por el término de dos años.

El kirchnerismo hizo de esta práctica algo común y todos los oficialismos la han mantenido a lo largo de la última década sin sonrojarse. Lo que comenzó como una excepción, para reemplazar a un legislador con problemas de salud o que por algún imponderable no podía llegar a la Cámara alta, terminó convirtiéndose en la norma para que las comisiones siempre tengan quórum y los senadores puedan faltar a su responsabilidad sin costo alguno; total, siempre hay un compañero a mano para reemplazarlo.

Tras varias semanas en las que se llegaron a redactar decretos con cinco y hasta seis cambios en una comisión de 17 integrantes, la vicepresidenta decidió tomar el toro por las astas y anunció que no iba a firmar más reemplazos.

Esto provocó la queja de varios senadores, que pretendían recuperar los lugares que habían perdido. Le jefa del bloque libertario tuvo a su cargo trasladar la molestia y logró, en una reunión celebrada hace diez días atrás, que Villarruel se comprometiera a firmar un decreto restableciendo las comisiones a su integración inicial. Fue la última vez que Bullrich y Villarruel se pusieron de acuerdo en algo. El ultimo miércoles, ese equilibrio estallo por los aires.