POLITICA
Reforma laboral: qué cambia para los trabajadores con la revisión de más de 100 convenios colectivos vencidos
El Gobierno se prepara para dar un paso clave en su plan de reforma laboral. La Secretaría de Trabajo, encabezada por Julio Cordero, planea convocar a partir de esta misma semana a sindicatos y cámaras empresarias para renegociar más de 100 convenios colectivos vencidos. Apunta a encarar la reconfiguración profunda del mapa de las relaciones laborales en la Argentina.
Las convocatorias se producirán a una semana de la publicación de los decretos 407 y 408, que reglamentaron puntos centrales de la reforma laboral: descentralización de la negociación colectiva, el impulso a convenios por empresa y recorte de aportes a los gremios.
Trabajo tiene 30 días para llamar a las partes a rediscutir los convenios colectivos caídos tras el fin de la ultraactividad.
Según puedo saber TN, esas convocatorias se iniciarán en los próximos días y desde los gremios volvieron a rechazar la reforma laboral y advirtieron que podrían convocar a un nuevo paro general.
Una revisión masiva de convenios habilitada por el fin de la ultraactividad
La reglamentación de la reforma laboral, que el Gobierno hizo el lunes 1 de junio mediante dos decretos, incluyó el artículo 137 por el cual dio de baja la actualización automática de los convenios colectivos de más de un centenar de activdades, más conocido como “ultractividad”.
Por eso, como informó TN, la Secetaría de Trabajo quedó habilitada para iniciar en 30 días el procedimiento de convocatoria a los sectores -gremios y cámaras empresarias con convenios colectivos vencidos para rediscutir esas reglas por actividad.
El plazo para que las nuevas condiciones para cada actividad se pongan en marcha es el 1 de enero de 2027. En ese marco se inscriben el cambio de horas extra por banco de horas, la extensión de la jornada de trabajo hasta las 12 horas y el llamado “salario dinámico”, es decir mejoras en los sueldos no por acuerdo paritario sino por productividad.
Todo debe ser renegociado por sector, aunque los gremios ya avisaron que rechazan los cambios y no descartan nuevas presentaciones judiciales para intentar frenarlos. Entienden que el nuevo marco plantea “una pérdida de derechos”.
El mundo laboral cambió. Los convenios de los ’70 son obsoletos. Además hay matices. Por un lado, hay empresarios y gremialistas que tienen una relación muy aceitada y estiman que no surgirán grandes problemas, pero otros empresarios enfrentan gremios combativos. Mientras hay empresas que prefieren renegociar a nivel de actividad, habrá otras que prefieran hacerlo a nivel de unidad productiva.
En la reglamentación de la reforma laboral, además, el Ejecutivo avanzó en que en las negociaciones colectivas, solo podrán participar las asociaciones de empleadores y cámaras empresarias que acrediten representación suficiente, con un piso mínimo del 10% de los trabajadores comprendidos en el ámbito correspondiente.
También se precisó el alcance de las cargas económicas previstas en los convenios colectivos, incluyendo aportes, contribuciones, cuotas, retenciones, fondos o cualquier otra carga económica, sin importar la denominación que las partes le asignen.
Además, se reglamentó el sindicato de empresa o grupo de empresas. Los trabajadores que busquen representarse y dejar de lado al sindicato con personería jurídica deberán inscribirse, contar con seis meses como mínimo con una cantidad de afiliados superior al 5% de la existente, documentación para acreditarlo —cuotas de afiliación, recibos de sueldo con retenciones u otras certificaciones- y un plazo de 45 días para que la Secretaría de Trabajo se expida.
Esos cambios buscan “fomentar la libertad sindical y defender el trabajo formal. Representación sindical sí, monopolios eternos no”, remarcó el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, quien celebró los cambios reglamentados.
reforma laboral, Gremios
POLITICA
Presunta corrupción en la AFA: denuncian por lavado de dinero a Tapia y Toviggino y piden citar a declarar a un testigo clave
El empresario Guillermo Tofoni presentó una nueva denuncia por supuesto lavado de dinero contra Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino en el marco de las supuestas maniobras para llevar desde Tourprodenter a Miami millones de dólares de los sponsors de la AFA.
Según Tofoni, existió una maniobra mediante la cual fondos depositados en la empresa Tourprodenter eran enviados a una firma radicada en Miami y posteriormente cobrados en efectivo en la Argentina.
La denuncia sostiene que el dinero proveniente del exterior era llevado a distintas “cuevas financieras” ubicadas en la Avenida Corrientes 456. Desde allí, según el escrito, era retirado por personas involucradas y trasladado al estudio jurídico de Juan Pablo Beacon, ubicado en Lavalle 1718, piso 4°, departamento C. Posteriormente, el dinero habría sido derivado, según los casos, a un domicilio de Montevideo y Quintana vinculado al tesorero de AFA, Pablo Toviggino, o a la sede de la AFA ubicada en Viamonte 1366.
Tofoni afirma haber aportado datos y fotografías de presuntos envíos de dinero hacia las oficinas de la AFA. También menciona la participación de Juan Pablo Beacon y de Cristian Brian Prendes. Según la denuncia, Beacon, señalado como examigo y colaborador de Toviggino, se habría grabado en distintas ocasiones contando dólares, mientras que Prendes habría sido quien trasladaba bolsos y mochilas con dinero desde las financieras de la avenida Corrientes hasta el estudio de Lavalle y luego a otros destinos.
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La presentación también hace referencia a un audio difundido por TN en el que Beacon describiría la maniobra denunciada.
Asimismo, Tofoni incorporó en la denuncia a Diego Pasztor, a quien señala como financista y partícipe de las operaciones investigadas. Según el escrito, Pasztor posee oficinas en Avenida Corrientes 456, el mismo lugar donde, de acuerdo con la denuncia, operaba Fabián Krunfli (Fiño), identificado como la persona que trasladaba dinero hacia la oficina de Beacon.
La denuncia sostiene que Pasztor sería responsable por su participación en presuntas maniobras de lavado de activos debido a la reiteración y permanencia de las operaciones descriptas. Finalmente, Tofoni pidió que Beacon y Prendes sean convocados a declarar en carácter de partícipes.
Del crecimiento patrimonial a las inconsistencias en las declaraciones juradas
Por otra parte, Tofoni denunció hace semanas un supuesto enriquecimiento ilícito de Tapia. La denuncia pone el foco en la evolución de las declaraciones juradas patrimoniales de Tapia entre 2017 y 2025 y sostiene que existe una serie de inconsistencias vinculadas con la adquisición de inmuebles, la acumulación de liquidez y la posterior desaparición de esos fondos de una declaración posterior.
Según la presentación, en 2017 Tapia declaró cuatro propiedades con un valor fiscal total aproximado de 17 millones de pesos, un automóvil y activos líquidos inferiores a 1,5 millones de pesos, equivalentes entonces a unos 43.000 dólares.
Dos años después, siempre de acuerdo con la denuncia, incorporó nuevos bienes inmuebles. Entre ellos figuran una casa de 315 metros cuadrados en Beccar, partido de San Isidro, con un valor fiscal de 15 millones de pesos; un departamento de 291 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito; una propiedad de 280 metros cuadrados en Cardales/Ingeniero Maschwitz, con valor fiscal declarado de 12 millones de pesos y ubicada junto al complejo del Sofitel; y un terreno de 2430 metros cuadrados en Campana, adquirido mediante crédito hipotecario y declarado con un valor fiscal de 10.918.214 pesos.
La denuncia también analiza la declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024. Allí, según Tofoni, aparece “un universo radicalmente distinto al de 2017”. El documento registra más de 1002 millones de pesos depositados en distintas cuentas bancarias, incluida una cuenta corriente con más de 517 millones de pesos. Además, declara más de 39 millones de pesos en efectivo y 246.206 dólares depositados en una caja de ahorro valuados al tipo de cambio oficial.
De acuerdo con la presentación, la liquidez total ascendía aproximadamente a un millón de dólares y representaba un crecimiento real cercano al 1000% respecto de los niveles declarados en 2017.
Sin embargo, la denuncia señala una diferencia sustancial en la declaración jurada presentada el 10 de julio de 2025 por Tapia en su carácter de presidente del CEAMSE y difundida públicamente a comienzos de diciembre de ese año. Según Tofoni, ese documento declara liquidez cero: sin dinero en efectivo y sin depósitos bancarios al momento de la presentación.
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La misma declaración, no obstante, informa 130 millones de pesos en rendimientos financieros provenientes de intereses de plazos fijos y diferencias de cambio. Para el denunciante, ese dato presupone la existencia previa de capital colocado en instrumentos financieros que no habría sido informado.
La presentación también examina los ingresos declarados por Tapia. Según la denuncia, percibe 100.233.144 pesos anuales por su cargo en el CEAMSE, equivalentes a unos 8 millones de pesos mensuales. Asimismo, en su función de vicepresidente segundo de la CONMEBOL registra ingresos anuales por 718.536.500 pesos, aproximadamente 60 millones de pesos por mes. En cuanto a la AFA, la denuncia sostiene que ejerce la presidencia ad honorem, sin remuneración, con una dedicación de 15 horas semanales.
Tofoni afirma que existen varias inconsistencias. En primer lugar, sostiene que los honorarios provenientes de la CONMEBOL no están acreditados como ingresos estables y constantes antes de 2025 y que, por lo tanto, no explicarían el salto patrimonial registrado en 2019. En segundo término, argumenta que aun considerando esos ingresos como permanentes desde 2017, la liquidez cercana al millón de dólares declarada en 2024 superaría ampliamente lo que podría haberse acumulado en el período. Finalmente, cuestiona la diferencia entre la liquidez declarada en 2024 y la inexistencia de fondos informada en 2025, sin que aparezcan registrados bienes, inversiones o transferencias que permitan justificar ese cambio.
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Por esos motivos, la denuncia sostiene que el incremento patrimonial registrado entre 2017 y 2024, pasando de una liquidez aproximada de 43.000 dólares a más de un millón de dólares entre cuentas bancarias y efectivo, constituye un crecimiento superior al 1000% en términos reales. También afirma que los ingresos declarados no permiten explicar la adquisición simultánea de varios inmuebles en 2019, la acumulación de fondos informada en 2024 ni la posterior desaparición de esa liquidez en la declaración jurada de 2025.
En el expediente, Tofoni solicitó diversas medidas de prueba. Entre ellas, el levantamiento del secreto fiscal, bursátil y bancario de Tapia y de toda persona jurídica vinculada que pudiera surgir durante la investigación, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2015 y la fecha de presentación de la denuncia.
Además, pidió requerir a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información sobre declaraciones juradas, tributos abonados, relaciones de contribuyentes, bienes registrables, automotores, transferencias de vehículos, inmuebles, aeronaves, embarcaciones, maquinaria agrícola, obras de arte y regímenes de facturación. También solicitó medidas ante ARBA, informes a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre eventuales Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), allanamientos para secuestrar teléfonos celulares y documentación, medidas sobre bienes patrimoniales y la determinación de la existencia de aeronaves registradas a nombre de Tapia.
Chiqui Tapia, Claudio Tapia, AFA, guillermo tofoni
“Los invito, por supuesto, a retomar la actividad diaria -a partir de hoy- y, de no mediar nuevos inconvenientes, pronto todo va a volver a la normalidad”, dijo el 4 de mayo el jefe de gabinete Manuel Adorni, en el auditorio de la Casa Rosada. Culminaban así las once jornadas en las que los periodistas acreditados en Balcarce 50 tuvieron vedado el acceso, sin poder ingresar a realizar sus tareas, un hecho inédito desde el retorno de la democracia.
Más de un mes después de aquella conferencia de prensa con preguntas –la última que brindó Adorni- las restricciones se mantienen, aunque con los acreditados dentro de la Casa Rosada, con zonas restringidas. No hay visos de una solución en el corto plazo a pesar de los repetidos reclamos a la Secretaría de Prensa y Comunicación, que encabeza Javier Lanari, el funcionario de Javier Milei que cerró la sala.
La rutina de cada acreditado varió notablemente desde aquella decisión gubernamental de prohibir el ingreso de la prensa, basada en la denuncia penal de Casa Militar contra dos periodistas de TN por grabaciones presuntamente sin autorización de pasillos y frentes de despachos de la casa. La denuncia del Gobierno contra Luciana Geuna e Ignacio Salerno, acusados de “espionaje” por filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, fue desestimada por la Justicia.
Para ingresar hoy a la Casa Rosada, cada periodista debe decir su nombre (en muchos casos también mostrar su DNI) e ingresar por la reja hacia la puerta de Balcarce 78, donde se encuentra la comisaría. Por allí no ingresa ningún funcionario ni visitante, como sí lo hacían por el ingreso regular, por Balcarce 24.
Ya dentro del edificio, el ingresante debe superar el scanner y la revisión minuciosa de un agente, mientras personal de Casa Militar entrega la credencial de cada acreditado, que según las nuevas instrucciones debe portarse en todo momento y devolverse al retirarse (antes del 23 de abril, cada acreditado se llevaba consigo su credencial). Superados los controles, los periodistas suben por una escalera lateral hacia el primer piso, donde se encuentra la sala de prensa.
Llegado a la sala, que desde el inicio del gobierno libertario no cuenta con aire acondicionado ni calefacción, el margen de maniobra es más que limitado. Los accesos al balcón que da al salón de los Científicos y al salón Eva Perón están prohibidos, y las puertas vidriadas que los comunican están esmeriladas por orden gubernamental. Tampoco se puede circular por el ala opuesta, donde está la oficina del asesor presidencial Santiago Caputo y otros funcionarios.
La prohibición de circulación llega al Patio de las Palmeras, en la planta baja, lugar desde el cual se podía cubrir la entrada y salida de funcionarios y visitantes, nacionales y extranjeros, por la explanada de la calle Rivadavia. Allí también están el Ministerio del Interior (de puertas abiertas para la prensa durante distintas administraciones, hasta la llegada de Diego Santilli) y la oficina de Adorni, entre otras.
Desde mediados de 2025, a los periodistas no se les permitió estar en el patio mientras el presidente Javier Milei ingresaba o se retiraba de la casa, en teoría por cuestiones de seguridad. También en este caso se trata de una novedad, sin vigencia con anteriores gobiernos.
Como agregado, el personal de Casa Militar vigila los movimientos de los periodistas. Es muy común verlos circular en los pasillos cercanos a la sala, mientras los acreditados conversan o hablan por teléfono.
El pasado 13 de mayo, el juez federal Ariel Lijo desestimó la denuncia del Gobierno contra los periodistas Luciana Geuna e Ignacio Salerno, que habían sido acusados de “espionaje” por filmaciones dentro de la Casa Rosada con “lentes inteligentes”, dispositivo con forma de anteojos que permite grabar. A pesar de que ese era el argumento principal que sostenía las restricciones, nada cambió, desde entonces hasta hoy.
“Vamos a volver al esquema de conferencias, que van a ser…, no diarias, pero sí van a ser…, nos vamos a ver seguido, digamos, las caras”, dijo Adorni el 4 de mayo. Volvió a los pocos días, el 8 de mayo, para presentar a los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad) y Luis Caputo (Economía), quien se disgustó cuando uno de los periodistas lo consultó por la presunta existencia de sobresueldos en el Gobierno. Fue el último encuentro del jefe de gabinete, y ex vocero presidencial, con los acreditados de la Casa Rosada.
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POLITICA
Patadas, empujones y trompadas a una mujer: escándalo entre taxistas y choferes de apps en el Concejo Deliberante de Mar del Plata
La sesión de la Comisión de Movilidad Urbana que se desarrollaba este lunes en el Honorable Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón, en la ciudad de Mar del Plata, durante la cual se llevaba a cabo el tratamiento de proyectos para regular las aplicaciones de viajes, terminó en un absoluto escándalo. Taxistas y referentes de las apps se trenzaron a golpes de puño en el recinto, y todo quedó registrado por las cámaras de la transmisión que se podía seguir a través de la plataforma YouTube.
El conflicto, según consigna el medio marplatense 0223.com.ar, se originó en el sector donde se suelen ubicar los asistentes, y en pocos segundos escaló a una impresionante batalla campal entre choferes de taxis y conductores de aplicaciones de viajes.
“Muchachos, por favor”, se escucha implorar en el video que encabeza esta nota al presidente de la comisión, Guido García (Coalición Cívica), en medio de la violenta disputa.
En el centro de la escena aparece un hombre vestido con sweater de color blanco, pantalón marrón y zapatillas blancas. Se trata de Facundo Setzes, referente de los choferes de apps, quien en pocos minutos pasó de exponer su postura a protagonizar las piñas. Desencajado, no solo le pegó a algunos taxistas presentes en la sala, sino que además -tal cual muestra la grabación- le propinó golpes de puño en el rostro a una mujer.
De acuerdo a la información consignada por el portal marplatense, el temario de la sesión inició con el tratamiento del proyecto que impulsan desde la Coalición Cívica, el cual apunta a regular el funcionamiento de las apps en General Pueyrredon. Luego se abordó una propuesta de la Unión Cívica Radical para modificar la regulación vinculada a taxistas, en la cual se insiste en la necesidad de contar con la repuesta del gobierno.
Sin embargo, la tensión en la sala escaló cuando llegó el turno de debatir sobre el tercer punto de la reunión, una propuesta de la Asociación Civil Conductores Unidos, que nuclea a trabajadores de Apps y que tienen un proyecto propio para regular su actividad. En pocos segundos, la situación se desmadró por completo y derivó en uno de los mayores escándalos de los últimos años en el Concejo Deliberante municipal.
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