POLITICA
“La Misa”, desde adentro: el ritual del “Gordo Dan” que fanatiza a la militancia digital de Javier Milei
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El verano se precipita el viernes a la noche en la única sala del teatro Broadway. Un calor sofocante cubre el auditorio donde se congregan cientos de militantes libertarios. Apenas minutos después de las nueve, Santiago Caputo, el consejero de Milei, se escurre cabizbajo entre la muchedumbre por un pasillo lateral. Bajo una luz tenue, acelera el paso para llegar a la butaca que le reservaron en un sitio privilegiado, a metros del escenario. Lo custodian Macarena Alifraco, su sombra en la Casa Rosada, y el diputado bonaerense Agustín Romo, otro de sus satélites en el corazón del poder. Cerca de ellos se sienta el funcionario Juan Pablo Carreira, conocido en las redes sociales como “Juan Doe”, uno de los titiriteros de la poderosa máquina de comunicación digital del Gobierno.
En las primeras filas también se asoman otros tuiteros e influencers violetas que ocupan cargos o tienen acceso directo a los despachos oficiales, como Lucas “Sagaz” Luna y Tomás Jurado, alias “El Peluca Milei”. Mucho más discreto, el tiktoker presidencial Iñaki Gutiérrez se trepa a una de las bandejas del fondo junto a su novia, Eugenia Rolón. Brillan por su ausencia los ministros y funcionarios de alto rango ligados a Karina Milei. Una señal de las divisiones internas en la cima del poder.
En la víspera de la presentación, quien canaliza la atención es Flavio Arenales, el albañil y plomero que se convirtió en un “rockstar” en la galaxia libertaria por su cartel de cartón “Fuerza del Cielo, Virrey del Pino”. Flavio, que ingresó detrás de Caputo, se lleva la primera gran ovación de la noche. Alza la pancarta que se hizo viral durante la última campaña y, por un instante, su grito de guerra se cuela entre tanto bullicio. “Viva la libertad, carajo”, dice. “¡Viva!”, le responden, con fervor, desde las plateas.
La atmósfera de algarabía se altera de inmediato cuando se apagan los focos. Daniel Parisini, conocido como “Gordo Dan”, el hombre orquesta de la ceremonia, enciende la chispa cuando aparece en la pantalla después de un video que caricaturiza una cadena nacional de Alberto Fernández, para pedirle al público que ponga los celulares en silencio. Con la mítica Avenida Corrientes de fondo, Parisini irrumpe en el ingreso al teatro escoltado por un séquito de encargados de seguridad que le abren puertas a lo largo del recorrido. Vestido con una remera oscura, estampada con un dibujo de Robocop, y un jean ancho, “Dan” ocupa el primer plano de la escena. Su presencia suscita pasiones. En los parlantes resuena a todo volumen el himno para glorificar a Milei que crearon en el streaming del “Gordo Dan”. Y el público desahoga ira a través de un cántico, una suerte de oración universal para los oyentes libertarios. “Hubieras ganado las elecciones. Abrazo. Es exactamente lo que voté”, rugen a coro. De repente, Parisini hace una pausa en la trayectoria. Durante una de las estrofas, levanta el brazo derecho y lo baja con vehemencia, como si portara un martillo imaginario: “Me chupa la pija la opinión de los kukas”, exclama a su micrófono. Los devotos imitan el gesto desde sus butacas y se echan a reír. “Oh, Oh, Oh”, cantan y patalean. Es el rito inicial de La Misa.
El programa, que se emite desde el 11 de julio por el canal de streaming Carajo, se convirtió en un factor decisivo de la construcción de poder de Milei. En poco tiempo se transformó en un símbolo de la “batalla cultural” que lleva adelante la Casa Rosada para amplificar la difusión de las ideas del Presidente, fogonear el fanatismo e imponer la narrativa oficial en las discusiones del núcleo duro de Milei en las redes sociales. Es el universo donde los likes se cuentan como votos.
El pico de popularidad y audiencia de La Misa se produjo el miércoles pasado con la visita de Milei a los estudios de Carajo en la calle Cabrera, en pleno barrio porteño de Palermo. La transmisión de esa noche, que se extendió durante unas tres horas, tuvo unas 50 mil personas en vivo; más de 500 mil vistas en on demand y más de 55 mil interacciones. Hace unas semanas por allí también había desfilado Santiago Abascal, líder de Vox, partido de extrema derecha en España.
Con el estilo agresivo y provocador de Milei, el ciclo que protagoniza Parisini, un médico pediatra y genetista que ahora mutó en la piel de empresario y líder de opinión de la feligresía de La Libertad Avanza (LLA), apuesta a inflamar las pasiones y el enojo con la política tradicional. También se ocupa de castigar a los “enemigos” del modelo del Gobierno. Antes que nada, Parisini y sus monaguillos ponen énfasis en enaltecer la figura de Milei e imprimirle mística a su estilo de liderazgo.
En el Broadway, los fieles de “Dan” sienten como si estuvieran en un salón de videojuegos. Hay simpatizantes que visten gorras con la consigna “Make Argentina Great Again”. Otros se enfundaron en trajes negros, con camisa blanca y una corbata roja, para emular a Donald Trump. Hay fanáticos que enarbolan la bandera amarilla de Gadsden, emblema asociado a la revolución estadounidense, junto al lema “Don’t tread on me”. Varios jóvenes se amuchan en las escaleras del pullman del primer piso para tener mejor visibilidad. El lugar, con capacidad para 1600 asistentes, está colmado.
Pasaron pocos minutos de las 22 del viernes cuando Parisini decide poner toda la carne en el asador. Interactúa con el público y transmite el audio de un oyente. La voz que se escucha es la de Romo, jefe del bloque de LLA en Buenos Aires y entusiasta promotor del “Gordo Dan”. De hecho, actuó hace años como el nexo de Parisini con Caputo en las oficinas de Bull Market, la empresa de Ramiro Marra, quien había sido el gran scouting de influencers libertarios antes de que fuera desterrado por Karina Milei.
“Ah, y el que se mueve es gay”, remata Romo. Apenas termina la frase, las cámaras enfocan al público con un paneo. Todos sobreactúan una postura rígida. No vuela una mosca en el ambiente. Parisini y sus secuaces monitorean desde el escenario las expresiones. Ante el mínimo suspiro de un joven, el “Gordo Dan” echa una mirada enfática y se exaspera. Señala con el dedo índice a ese plateista: “¡Se movió! ¡Puto, puto, puto!”, grita. Y los fans aplauden a rabiar.
Enseguida, aparece en la pantalla un video que se burla del periodista Ernesto Tenembaum. Desde su silla, “Dan” azuza con gestos la ola de abucheos. Luego es el turno de Luis Novaresio, de quien se mofan por su orientación sexual en un informe satírico que protagoniza Francisco Pirovano, apodado “Piro”. En distintos tramos hacen comentarios racistas y homofóbicos. “¿Vieron que me quieren meter preso?”, lanza Parisini, con una sonrisa socarrona, en alusión a una demanda de FOPEA por hostigamiento digital a periodistas. Sus esbirros festejan la humorada mientras él ojea la pantalla del celular.
El negocio detrás del fenómeno
Conquistar votantes libertarios en las redes no solo es un instrumento para hacer política, sino un gran negocio para el “Gordo Dan” y sus socios en Carajo: el empresario Augusto Marini, el mayor accionista e inversor, y el consultor Sebastián Tabakman. Ante la consulta de , los dueños de Carajo sostuvieron que el canal se sustenta con las ganancias de los más de 207 mil suscriptores que ostentan en YouTube -monetizan esos ingresos en dólares- y los aportes de auspiciantes publicitarios. Niegan tajantemente que reciban fondos provenientes del Gobierno. “No hay ningún intercambio económico con el Ejecutivo; el medio demostró que es más que sostenible. Y vamos a ampliar la programación en 2025. Es un modelo rentable”, insiste Marini, de 29 años.
No obstante, el proyecto avanza rodeado de enigmas por la cercanía entre “Dan” y Caputo, el poderoso asesor que mueve los hilos de la gestión de Milei. Por caso, hay empleados -aseguran que ya son más de 30 entre los “directos e indirectos”- que consiguieron contratos transitorios con el Estado, como Iván Gómez, editor en Carajo y coordinador de gestión de comunicación digital en el área de Manuel Adorni, vocero presidencial.
Tabakman fue quien unió los caminos de “Dan” y Marini, titular del holding de inversión CaleGroup, con presencia en la industria ferroviaria -adquirió en 2023 la filial local de la compañía rusa THM, ahora Motora Argentina SA-, el sector energético, de infraestructura y en el área de salud. “Aceleramos las inversiones porque lo que sucede en la Argentina es bueno. Con cepo o sin cepo [cambiario], vamos a apostar por el país en este momento”, asegura Marini, quien procura mantener cierta equidistancia con el Gobierno. Es sabido que también invierte en el canal Blender, que apunta al nicho kirchnerista o progresista del universo digital.
Rodeado por animadores y comunicadores militantes que defienden a ultranza el proyecto libertario, el “Gordo Dan” hace un culto a la personalidad de Milei y contribuye a la estrategia de propaganda del oficialismo. En La Misa no hay margen para los cuestionamientos al “Javo”, como llaman al primer mandatario.
Con la misma impronta presidencial, humillan a opositores y hostigan sin tapujos a los periodistas críticos que son apuntados por el jefe de Estado o la cúpula gubernamental. Recrean una charla entre amigos en un asado y apelan al humor para conquistar a la militancia digital. “Es lo más puro de los libertarios. Queremos crear sentido de pertenencia y que haya una simbiosis con las bases. Por eso hay un ida y vuelta permanente con el chat en vivo con los espectadores. Nadie nos va a moderar; al contrario”, se envalentona uno de los protagonistas de La Misa.
¿Manipulan la realidad y hacen recortes para exacerbar éxitos o justificar traspiés y derrotas de Milei? “Nadie nos baja línea; compartimos la ideología”, sostienen. No obstante, quienes pasaron por el canal deslizan que el contenido siempre debe estar en sintonía con el relato que emerge desde el primer piso de la Casa Rosada. No por nada Parisini ha visitado a Caputo, su gran patrocinador, en Balcarce 50. Y hasta suele recetar remedios a funcionarios, según fuentes del espacio. Es que los autores de La Misa están al servicio de la gestión de Milei.
Trastienda del “show”
En La Misa del viernes todo puede pasar en cualquier momento. Cuando irrumpe “Marilú”, la cronista callejera de Carajo, una banda sube al escenario para tocar en vivo. Entre tanto, la joven recorre las tribunas para entrevistar a los asistentes. Es parte de un nuevo sketch. “Marilú” encara a joven con pelo largo, que luce desaliñado y viste una camiseta de fútbol. A su lado, aparece una mujer disfrazada con una remera de La Cámpora. “Soy peronista de Perón. Vine a ver qué están haciendo con la nuestra”, exclama. La notera les habla a los conductores de La Misa: “¡Se infectó de kukas! No sé qué acaba de pasar”. De inmediato, el especialista en seguridad Daniel Adler, disfrazado de barrendero, se baja del escenario y saca del lugar a los jóvenes imitadores. En otro pasaje “Marilú” actúa como si estuviera poseída o exorcizada por los “kukas” o “peronistas”. Estira el brazo y les hace la “V” de la victoria, un ícono justicialista. Para ahuyentarla apelan a canciones religiosas, como “Alma Misionera”. El “Gordo Dan” canta con entusiasmo.
Cuando “Marilú” se da vuelta, se topa con un imitador de Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA y aliado de Martín Lousteau. “Vine a chusmear qué están haciendo con la guita de las universidades”, comenta el actor que personifica a Yacobitti. Ese es el pie del guión para que salga a escena Alejandro Álvarez, funcionario de Milei. Lo veneran por haber “domado” a Yacobitti en un debate de octubre en el canal TN sobre los recortes al presupuesto universitario tras el veto presidencial. Álvarez saluda a su esposa. “Dios, patria y familia”, dice ella cuando Marilú le pide que describa a “La Misa” en tres palabras. El auditorio estalla. Poco después, Caputo ríe como un niño después de que termina un falso comercial de una bebida alcohólica de la marca “lágrimas de zurdo”.
La historia del “ritual”
El “Gordo Dan” ideó el nombre La Misa para bautizar su foro de Twitter (ahora X) hace más de tres años. Lo pensó para contrarrestar las críticas de los seguidores de Cambiemos -los denomina de forma despectiva “Mabeles”- al “mesianismo” que había en torno a la figura de Milei cuando irrumpió en política. Para Parisini, Milei es el “hombre gris”, protagonista de las profecías de Benjamín Solari Parravicini, desde que lo vio en Animales Sueltos en 2017. En 2021 usaba el término “oremos” para interactuar con los feligreses de Milei en los spaces. Después, optó por denominarlo La Misa. Al poco tiempo, sería convocado por el ahora funcionario Ezequiel Acuña (@elpasanteok), co-fundador de La Derecha Diario junto con “Doe”, para mudar al ciclo a Madero Radio, que pertenecía a Fernando Cerimedo, el consultor que manejaba los trolls de Milei.
Con tono transgresor y mordaz, “Gordo Dan” y sus acólitos siguen la hoja de ruta trazada por Caputo, el alter ego de Milei en la gestión. El contenido del programa, que se emite de lunes a viernes de 21 a 23 a través de la plataforma Carajo, no requiere de una planificación meticulosa. Como una especie de “6,7,8″ de la era libertaria, repasan los temas de actualidad en un panel de debate.
El “Gordo Dan”, un tuitero que tiene línea directa con Caputo, modera la discusión. Oficia como el sacerdote y usa el discurso como arma política. Los “gordos de mierda” se vanaglorian de tener una “ira espartana” contra el periodismo y quieren ver de rodillas al “kukismo”, como llaman a los seguidores del kirchnerismo.
En la mesa de “Dan” se sientan “Tonio”, un productor de Carajo que se ganó un lugar en el ciclo y se ocupa de preparar los temas de actualidad. No obstante, el contenido suele estar guiado por la línea editorial de La Derecha Diario. En el altar nunca faltan el “gordo Pablo”, un amigo de Parisini que aporta los toques de humor con impronta mileísta; el “gordo Matrix”, un animador del show libertario; “Piro”, panelista en Carajo y sobrino de Carlos Pirovano, titular del Incaa; el periodista y youtuber Mariano Pérez, fundador de Breaking Point; y Nicolás Promanzio, encargado de los informes vinculados al área de Defensa, entre otros. Todos ellos cobran un sueldo por sus tareas, según indicaron desde la empresa. Desde Carajo evitaron precisar las cifras de los contratos.
Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias de Milei, a quien los libertarios le dicen “El Profe”, concurre con frecuencia al programa para hablar sobre historia y relatar “grandes verdades de la humanidad”.
De las redes al territorio
La Misa actúa como una usina de acción política. Sus autores buscan fidelizar la identidad del modelo de Milei, según relatan fuentes de LLA. Intentan imprimirle mística al Gobierno. De hecho, Parisini, quien coquetea con la chance de ser candidato a diputado en 2025, es uno de los líderes de la flamante agrupación Las Fuerzas del Cielo que se presentó en un controvertido acto en San Miguel como el “brazo armado” o la “guardia pretoriana” de Milei, por su manejo de las tecnologías y las redes.
Al igual que Romo, Nahuel Sotelo, secretario de Culto, Álvarez o Sagaz, director titular en la empresa estatal Intercargo, quienes se convirtieron en puntos de referencia de la militancia digital, el “Gordo Dan” se jacta de contener al núcleo duro de los votantes de Milei en las redes. Apelan a una nueva forma de hacer política.
No es casual que Parisini y los dueños de Carajo hayan decidido trasladar el formato de La Misa al territorio. Se plantan como la contracara de Sebastián Pareja y Martín o Eduardo “Lule” Menem, los armadores partidarios predilectos de Karina Milei, quienes apelan a una receta tradicional de construcción política. Está claro que “Dan” y sus fieles apuestan a disputar lugares de poder, con el aura protectora de Caputo. Eso sí: se cuidan de no sobreactuar ambición. El único momento incómodo que atravesó Parisini en su show del viernes fue cuando la feligresía se subió al juego del rapero de derecha Chili Parker de promoverlo como futuro presidente. “No, no”, repetía Dan desde un rincón.
Así como alquilaron el teatro Broadway para realizar dos funciones y lograr una conexión directa con la militancia digital –los tickets costaban entre 20 mil y 30 mil pesos-, ahora planean llevar el espectáculo al interior del país para capitalizar el fenómeno libertario y apuntalar la campaña electoral del Gobierno en 2025. Los protagonistas se ufanan de transmitir el mensaje del gobierno de una forma genuina y con los códigos del universo libertario. “La Misa nos permite hacer una bajada de línea, explicar una medida de Milei o el rumbo de la gestión”, relata uno de los referentes libertarios de Milei que trabaja codo a codo con Caputo.
En el culmen del show en el Teatro Broadway, “Dan” le habla a su tropa para darles la bendición final. Ensaya un discurso con tono de arenga. Eran las 23:33 y ya se había dado el gusto de cantar Nessun Dorma. “Nunca vamos a bajar los brazos, no importa el costo. Vamos a luchar, después de tantos años de bancarnos la tiranía kuka. Yo sé que están acá porque acompañan al Gobierno, hijos de puta”, enfatiza. Caputo esboza una sonrisa y se levanta de su asiento para aplaudirlo.
Matías Moreno,LA NACION,Política
El Gobierno incorporó un nuevo funcionario a la estructura del Ministerio de Seguridad Nacional, que ocupará un lugar clave en la lucha contra la criminalidad en todo el país.
Mediante el decreto 1044/2026, se oficializó el nombramiento del abogado Pablo Francisco Argibay Molina como subsecretario de Investigación Criminal, dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.
Anteriormente, el cargo era ocupado por Marcelo Carlos Romero, quien fue designado en 2025 en el cargo. Mientras tanto, Argibay Molina se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó luego de manera transitoria la conducción de la dirección de Investigación Criminal.
En su nuevo rol, el funcionario deberá hacerse cargo de varios proyectos que impulsó el Ministerio de Seguridad, como el Consejo Federal de Delitos Económicos, mediante la publicación de la resolución 230/2026 de Boletín Oficial.
Este organismo funciona en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal, respondiendo a la necesidad de fortalecer el abordaje integral y federal de la criminalidad económica, con participación de representantes de todas las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas federales.
Para tal fin, el consejo cuenta con “un representante titular y un suplente del área con competencia en materia de Delitos Económicos de cada una de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, que adhieran a la presente, y por un representante de la Dirección de Investigación de los Delitos Económicos y un representante de cada una de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales” que dependan del Ministerio de Seguridad.
La recolección y sistematización de la información proveniente de distintas fuentes, hasta el desarrollo de indicadores y elaboración de informes periódicos.
El artículo 2 de la normativa también subraya la confección de un mapa situacional a nivel nacional, regional y provincial para proponer medidas preventivas. También el intercambio de información para generar alertas tempranas y la formación de grupos de trabajo para analizar coyunturas y situaciones específicas.
No obstante, los integrantes buscan optimizar las acciones mediante la identificación de oportunidades de mejora en los procedimientos de las fuerzas policiales y de seguridad. La coordinación funcional estará a cargo de la Dirección de Investigación de Delitos Económicos, que también suministrará el apoyo técnico-administrativo necesario. En cuanto a las tareas conjuntas, se espera que el Consejo convoque a especialistas en distintas temáticas para ser abordadas durante los encuentros.
Pueden ser representantes de organismos gubernamentales, nacionales o internacionales, o de entidades privadas o de la sociedad civil, así como cualquier otra persona, organismo o institución, con una participación justificada. Asimismo, deberán reunirse al menos una vez por año, manteniendo comunicación permanente con las jurisdicciones adherentes “en pos de generar y mantener actualizado el estado de situación de la criminalidad económica en el territorio nacional y medidas para su afección”.
Este hecho se da en medio de compromisos internacionales que el Gobierno asumió para identificar bienes y recuperar activos de origen ilícito, en cumplimiento de tratados como la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención contra la Corrupción.
Entre los argumentos esgrimidos por la cartera de seguridad, menciona a la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Federales, cuya responsabilidad es “articular acciones con los organismos gubernamentales locales, provinciales y nacionales e internacionales que tengan vinculación con los delitos económicos investigados, en el marco de sus competencias”, entre otras.
En este sentido, subraya que este tipo de acciones “se ha convertido en una parte fundamental de toda investigación de casos de criminalidad compleja”, señalando que “la delincuencia económica es aquella dedicada a negocios legales-ilegales de significativa complejidad que puede implicar la participación de instituciones y/o funcionarios estatales, que generan beneficios económicos importantes”.
Entre los ejemplos más claros mencionados, figura el lavado de activos, como uno de los principales pilares; y de otros delitos económicos (tales como el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional, la evasión fiscal, etc.). Es por eso que resaltan la bimperiosidad de un “espacio común de abordaje a la problemática delictiva con el objetivo de delinear políticas de seguridad que apunten a generar mecanismos de prevención y lucha contra los delitos económicos”.
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Revelaciones de una auditoría en la UOM: el gremio pagó $2400 millones a una microempresa de 5 empleados
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) contrató a la empresa USEM para administrar cuentas y ejecutar pagos apenas 82 días después de la creación de la firma, una microempresa de 5 empleados que percibió $2.466.334.995 en honorarios durante 31 meses. Así lo revela una auditoría preliminar encargada por el interventor judicial de la UOM, Alberto Biglieri, y cuyo contenido sobre el convenio firmado durante la gestión de Abel Furlán en el gremio fue trasladado al fuero penal.
Es que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 10, a cargo de Julián Ercolini, lleva delante la causa en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos provenientes de los aportes de afiliados de la UOM. Allí están involucrados Furlán y María Soledad Calle, la militante kirchnerista que compró el departamento de abajo del de Cristina Kirchner y que fue, en forma simultánea, empleada de la UOM y una de las dueñas de la empresa USEM.
La auditoría, realizada por BDO Argentina y encargada por la intervención judicial del sindicato, identificó conflictos de intereses, debilidades en los controles internos y una estructura contractual que habría dejado a la UOM y a su obra social en una posición de desventaja.
Uno de sus principales capítulos, que figura en el primer informe de gestión de Biglieri, es el referido al polémico acuerdo firmado con USEM el 27 de febrero de 2023, con una vigencia de 10 años, y que entregó a la empresa vinculada con La Cámpora funciones sobre cuentas, obligaciones y desembolsos de la UOM y de la obra social, e incluso preveía que la firma podía rescindir unilateralmente el contrato con un preaviso de 30 días, mientras que el sindicato metalúrgico no contaba con una facultad equivalente, excepto ante concurso o quiebra del proveedor.
La consultora BDO emitió el 28 de agosto de 2026 un informe de investigación especial de carácter preliminar, que, se aclara, no constituye una auditoría integral ni determina responsabilidades civiles, penales, administrativas o laborales, pero relevó contratos, movimientos financieros, rendiciones, comunicaciones y antecedentes de las personas involucradas.
En el informe figura que USEM S.A. fue constituida el 7 de diciembre de 2022 por Adalberto Raúl Braconi, presidente de la sociedad, y María Soledad Calle, directora suplente. Cada uno suscribió el 50% del capital social, sin cambios posteriores identificados.
La compañía no registraba actividad comercial relevante fuera de los contratos con la UOM y su obra social, asegura el informe, y aun así se le asignaron tareas como analizar, auditar y validar obligaciones de pago, administrar cuentas, efectuar desembolsos, rendir cuentas y destinar personal con exclusividad.
La revisión halló que la intervención concreta de USEM habría sido principalmente operativa: recibía instrucciones previamente autorizadas, precargaba archivos, gestionaba pagos bancarios y remitía comprobantes. No se encontró prueba suficiente de que hubiera realizado las funciones de análisis, auditoría y validación previstas en el contrato.
La auditoría realizada sobre el contrato con USEM también advirtió inconsistencias sobre la dotación comprometida. Braconi habría mantenido en períodos coincidentes una relación laboral con el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, mientras que 7 integrantes de áreas vinculadas a la operatoria de pagos dijeron no conocer ni haber trabajado con Rodrigo Braconi, identificado por USEM como responsable de pagos extraordinarios desde comienzos de 2026.
El principal conflicto de intereses documentado en la auditoría involucra a Calle, empleada de la UOM entre junio de 2021 y mayo de 2026 y, al mismo tiempo, dueña del 50% de USEM. La contratación efectuada por el gremio no contó, según el relevamiento, con una compulsa competitiva de empresas, comparación de precios, evaluación formal de antecedentes, declaración de conflicto de intereses ni mecanismos suficientes de independencia entre las partes.
La remuneración de USEM, de acuerdo con el informe, equivalía al 0,50% de los fondos ingresados a los fideicomisos, sin una relación establecida con la cantidad de operaciones, la complejidad de las tareas, el personal involucrado ni resultados verificables. El mecanismo permitía que el cobro creciera junto con la recaudación de la UOM y de la obra social, aunque la prestación no aumentara en la misma proporción.
Las cotizaciones de mercado consultadas por los responsables de la auditoría llegaban hasta $40 millones mensuales para una estructura comparable. El costo de un proveedor idóneo, aseguran, podría haber representado el 50% o menos de lo abonado a USEM.
Los balances de la empresa mostraron márgenes de rentabilidad antes de impuestos de entre 52% y 63%, dividendos en efectivo por unos $223,48 millones a valores de diciembre de 2025 y la compra de un inmueble por aproximadamente $150 millones. La documentación de esa adquisición no fue entregada a la intervención.
El análisis también estimó un impacto potencial de $901.501.216 para la UOM y de $ 2.011.316.033 para la obra social por el impuesto sobre débitos y créditos bancarios, entre enero de 2024 y mayo de 2026. La cifra deberá validarse desde el punto de vista fiscal y operativo, pero el informe considera que la carga podría haberse evitado sin la estructura de USEM.
En el informe figura, además, que los estados contables al 31 de diciembre de 2025 registraron saldos a favor de Ingresos Brutos por $196.927.433,36 cuya composición, origen, recuperabilidad y titularidad económica no pudieron establecerse. También se detectó un monto aproximado de $389 millones expuesto simultáneamente como activo y pasivo por créditos vinculados al impuesto bancario de terceros.
Parte de esos fondos, señala la auditoría, habría sido utilizada para cancelar obligaciones propias de USEM en el impuesto a las ganancias y luego devuelta. Una rendición de mayo de 2026 identificó un reintegro cercano a $34 millones, una operatoria que el personal administrativo y contable de la UOM dijo desconocer.
Las rendiciones y registraciones revisadas mostraron deficiencias en las autorizaciones previas, los comprobantes de respaldo, la identificación de beneficiarios y la separación de funciones entre quienes preparaban, aprobaban y ejecutaban los pagos.
La auditoría realizada por BDO detectó asientos manuales por pagos a proveedores sin documentación suficiente por unos $149.003.348 en la UOM y $40.041.398 en la obra social. También identificó transferencias a cuentas de personal de USEM por $3.760.919 para gastos operativos y peajes sin comprobantes o solicitudes institucionales que las justificaran.
Entre las operaciones bajo revisión figuran pagos por $98 millones registrados en mayo de 2026 con el concepto “Aires del Sur”. El dinero fue distribuido mediante múltiples transferencias de $1 millón a distintas cuentas, sin respaldo que permitiera determinar el objeto de los desembolsos, las autorizaciones otorgadas o los beneficiarios finales.
La revisión encontró, además, que una misma persona de USEM preparaba y autorizaba transacciones bancarias. Esa concentración de tareas, junto con conceptos genéricos en las rendiciones y reposiciones de caja chica sin criterios uniformes, impidió reconstruir una trazabilidad transparente de los fondos.
La intervención judicial suspendió preventivamente la operatoria de USEM y recuperó la administración directa de los fondos. En la próxima etapa, como explica en el informe de gestión de Biglieri, deberá preservar pruebas, reconstruir circuitos de autorización, conciliar fondos y rendiciones, validar el tratamiento tributario y requerir explicaciones a los involucrados antes de evaluar la resolución de los contratos, el recupero de sumas y eventuales acciones administrativas, civiles o penales.
Contraofensiva de Furlán
Hace 24 horas, como anticipó Infobae, el abogado de Furlán, Alejandro Rúa, reclamó al juzgado de Ercolini el cierre definitivo de la causa por supuesta administración fraudulenta al afirmar que las acusaciones de la intervención judicial carecen totalmente de sustento de hecho y de derecho.
El escrito sostiene que la intervención de Biglieri no sólo incumplió su única misión —convocar a nuevas elecciones—, sino que además aplicó cuestionamientos infundados sobre la gestión financiera de la UOM aunque los propios balances y auditorías internas, según se afirma, desmienten todas las sospechas.
La defensa de Furlán señaló que la contratación de USEM respondió a la exigencia contractual del nuevo convenio de fideicomiso con el Banco de la Nación Argentina, y la constitución de la empresa 82 días antes de iniciada la relación comercial obedeció a “la necesidad de contar con un intermediario para la gestión bancaria en beneficio de las seccionales de todo el país”.
El escrito enfatiza que la contratación cumplió con todos los procedimientos internos requeridos: por “unanimidad del Secretariado Nacional” de la UOM, con derivación directa del Consejo Directivo en julio de 2022 y tras debates y asesoramiento técnico previos a resoluciones formales. La comparación con la contratación pública —pilar de la denuncia mediática y la intervención judicial—, según el escrito, es “sin sustento jurídico ni normativo”: ni la Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales, ni el estatuto de la organización, ni las normas para entidades sindicales imponen prohibiciones automáticas para contratar con sociedades en las que participen empleados o ex empleados, ni exigen licitaciones competitivas obligatorias como en el Estado.
Para la defensa, la supuesta “incompatibilidad” es un error conceptual: “No existió, en definitiva, autocontratación, decisión sobre intereses contrapuestos ni intervención de Calle desde ambos lados de la relación jurídica”, reza el texto.
Añade que no hay indicio alguno de perjuicio patrimonial para el gremio metalúrgico: la remuneración de USEM era variable según la recaudación, los servicios efectivamente prestados están documentados en contratos, facturas, registros y la operatoria con las 53 seccionales del país, y todos los circuitos quedaron auditados bajo norma ISO 9001:2015.
La presentación argumenta incluso que el reemplazo del sistema anterior por el administrado junto a USEM posibilitó una reducción de comisiones, impuestos e intereses, además de ampliar las posibilidades de inversión sindical —punto del que deriva la cifra de ahorro millonario y el refuerzo patrimonial—, dejando sin sustento la hipótesis de daño económico.
Abel Furlán,Unión Obrera Metalúrgica,sindicalismo
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Javier Milei y sus medidas, en vivo: el Presidente consideró como “matices de opinión” las internas en el Ejecutivo
Dos diputadas radicales denunciaron un presunto caso de adoctrinamiento en una escuela primaria de Formosa. Agostina Villagi y Carla Zaiser difundieron imágenes tomadas el viernes durante un acto en un establecimiento educativo de la pequeña localidad de Gran Guardia, a 80 kilómetros de la capital formoseña.
En el clip se puede ver a una delegada zonal que les recuerda a los alumnos que los guardapolvos, útiles escolares, zapatillas y el servicio de comedor que reciben son entregados por el gobernador Gildo Insfrán.
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Una semana después de haber enviado al Congreso un proyecto de ley de presupuesto que avanzaba sobre el corazón de la ley de discapacidad, el Gobierno empezó a desandar parte de ese camino. Los libertarios negocian con sus principales aliados un nuevo proyecto que mantendría el nomenclador y la actualización automática de las prestaciones, dos puntos que el texto del Poder Ejecutivo proponía eliminar. A cambio, buscan endurecer los criterios para otorgar las pensiones.
Es la salida intermedia con la que el oficialismo intenta cerrar una crisis que volvió a abrir roces hacia adentro del gabinete y a enfrentar al Gobierno con sus socios parlamentarios.
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La carrera electoral para renovar el Consejo de la Magistratura a fin de año ya comenzó. Los cambios en el organismo que designa y remueve a los jueces federales y nacionales de todo el país anticipan alteraciones en la actual distribución de poder, donde los jueces son los que mantienen su hegemonía.
Las elecciones de jueces y de abogados para el Consejo de la Magistratura abren un nuevo escenario, pues habrá cambios en los nombres de los consejeros pero puede haber también modificaciones en la distribución de fuerzas.
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El objetivo político de intendentes bonaerenses y del gobierno provincial de Axel Kicillof de restablecer la posibilidad de la reelección indefinida para jefes comunales y legisladores provinciales y municipales, está paralizado en una comisión del Senado de Buenos Aires.
La iniciativa lleva más de un año de presentada, pero nunca logró avanzar, afectada por la interna peronista y, ahora, por una inmovilidad que impide su paso desde una comisión (la de Legislación General), controlada por el kicillofismo, a otra (Reforma Política y Régimen Electoral), que maneja el massismo.
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Un diagnóstico aparentemente correcto y seductor, con herramientas y recursos insuficientes. Así definen sectores castrenses el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional que el gobierno de Javier Milei envió al Congreso, que a partir de las tensiones con el Reino Unido por Malvinas crea el Consejo de Seguridad Nacional y dispone que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para participar en “operaciones militares convencionales y no convencionales”.
La evaluación entre los militares se completa con el análisis de otro proyecto sensible remitido a la Cámara de Diputados; el presupuesto 2027, que aumenta los recursos asignados al área de Defensa en un 20%, un porcentaje inferior a la inflación anual que la propia administración libertaria y consultores privados estiman en un 30 por ciento.
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Los últimos cortocircuitos entre la Casa Rosada y la Cámara de Diputados abrieron un frente colateral: un nuevo desmarque de Patricia Bullrich. Por lo menos, el tercero de peso desde que asumió como jefa del bloque de LLA en el Senado. Pero ¿qué hay detrás de sus movimientos? ¿Una estrategia con miras a 2027, genuino desgaste parlamentario o un intento de marcarle la cancha a Javier Milei y, de paso, hacer valer su poder de fuego frente a Karina? “Ella juega su juego”, repiten los suyos.
“Todos los peros tienen un porqué”, refuerza la propia Bullrich en el posteo que subió tarareando la canción “No me importa”, de Lali Espósito —blanco de críticas del Presidente—, un día después de pedirle al Ejecutivo que no la tome por tonta. Toda una declaración de guerra que la Casa Rosada intentó moderar.
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El presidente Javier Milei definió este domingo como “matices de opinión” a las diferencias dentro del Gobierno, en medio de la creciente tensión entre Patricia Bullrich y los hermanos Milei. Lo hizo al responder a una publicación en X que planteaba que el oficialismo debía resolver sus internas para que la gente se sintiera segura de votarlo.
“Ayudaría mucho si esas MIERDAS HUMANAS MAL CAGADAS que se hacen llamar periodistas (95%) no mintieran tanto ni llamen internas a matices de opinión… pero eso les reduce el tamaño del sobre…”, escribió el mandatario.
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