POLITICA
En Colombia, los dinosaurios siguen en pie. Crónica de una ciudad que, a dos meses del terremoto, todavía se derrumba

CALI, Colombia.- Los dinosaurios están en una repisa exhibidora. Son 29. Veintitrés de ellos siguen ubicados en sus compartimentos correspondientes, todos parados sobre sus minúsculas patitas de plástico. Un tiranosaurio con la boca abierta, uno de cuello largo, otro con placas en el lomo, de esos que se compran en cualquier juguetería y que un chico ordena con una seriedad que los adultos no le dedicamos a casi nada. Ninguno se cayó.
Es la imagen del dormitorio de un niño. Una postal que pudimos observar porque su habitación, de un segundo piso, ya no tiene pared. El terremoto se la llevó y la dejó abierta a la calle, como una casa de muñecas, en un edificio partido que Cali va a tener que demoler. Los juguetes están intactos.
El lunes 10 de agosto, a las 7.34, la tierra empezó a moverse en San José del Palmar, en el Chocó, a unos 100 kilómetros de profundidad. Fue un sismo de magnitud 7,4, el más fuerte que registró Colombia en lo que va del siglo. Golpeó de lleno al occidente del país: Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia. El epicentro estuvo del otro lado de la cordillera, pero la ciudad con más muertos fue Cali, con 154. Llegamos a ella casi un mes después, el 7 de septiembre, acompañando a Enrique Piñeyro, fundador de la ONG Solidaire, a entregar donaciones de la Cruz Roja.
Como había sucedido en La Guaira, Venezuela, algunas semanas atrás, edificios enteros se desplomaron en segundos con familias adentro. Las calles se llenaron de escombros, de sirenas, de gente buscando a los suyos con las manos. Uno imagina que a esa altura una ciudad ya está en otra etapa, juntando los pedazos, reparando. Pero no. Cali todavía está rompiéndose.
Lo primero que desconcierta en Cali es la arbitrariedad. No hay una zona arrasada y otra a salvo, una línea clara que separe a los que perdieron de los que no. Hay un edificio de pie, con sus ventanas enteras y la ropa tendida en el balcón, y al lado otro que ya no existe. Mismo barrio, misma cuadra, mismo sacudón de las 7.34. Una zona intacta, con gente comprando en el almacén y, en la siguiente, un edificio inclinado, sostenido por quién sabe qué, rodeado de cintas.
Uno se vino abajo con familias adentro y el otro amaneció como cualquier lunes. Recorrer Los Cámbulos o Pampalinda es caminar por una lotería que nadie eligió jugar. Es el mismo sinsentido del estante de los dinosaurios, pero en escala de ciudad: lo que quedó en pie y lo que no parece repartido al azar.
Y el azar se agranda cuando se mira el mapa entero. El epicentro estuvo en el Chocó, del otro lado de la cordillera. Cali, más lejos, fue la ciudad con más muertos del país. En Armenia, con un impacto sísmico parecido, no murió nadie. La tierra se movió para todos más o menos igual. La pregunta es por qué no cayó igual para todos. Y ahí la injusticia deja de parecer azar.
El mismo día que llegamos, otro edificio más se había venido abajo. Esta vez, por decisión de la alcaldía. Después de un terremoto hay meses, si no años, de destrucción antes de la reconstrucción. Cuando llegamos, los cálculos de los especialistas en conjunto con el estado arrojaban por lo menos 765 construcciones que tenían que ser demolidas por completo.
Cada edificio que se demuele arrastra la misma pregunta: ¿por qué este sí y el de al lado no? Colombia tiene código sismorresistente desde 1984. Parte de lo que se cayó es anterior a esa norma, o se levantó a toda velocidad entre los 80 y los 2000, sin planificación, en parte durante los años del cártel de Cali. Pero también se cayeron edificios relativamente nuevos. Los ingenieros que recorren la zona hablan de normas antisísmicas que no se cumplieron y de materiales, cemento y hierro que no eran los que tenían que ser. A lo que creció sin planificación se suma la informalidad: una de cada tres viviendas construidas en el país entre 2005 y 2018 no tuvo licencia, ni control técnico. Debajo, además, el suelo de esta zona es más blando, algo que una microzonificación sísmica pendiente debería haber advertido.
Un terremoto es impredecible. No se puede evitar que suceda, pero sí que mate tanto. Por eso la Alcaldía abrió un peritaje para determinar si hubo corrupción, atajos en la obra o falta de inspección. Las curadurías aprobaban los planos. Nadie parece haber verificado que se construyera lo que decía el papel. Los nombres de los muertos ya están grabados en una placa. Los de los responsables, todavía no. Y cuando terminen las demoliciones y las topadoras se lleven el último escombro, va a quedar la tentación de llamarlo desastre natural. La falla fue natural. Lo demás, no.
En el Hospital Departamental, se derrumbó una parte del edificio donde estaban los bebés. “Tuvieron que sacar a todos los niños y atenderlos afuera, en carpas”, me contó un caleño que nos acompañó. “Hubo muertos porque no los pudieron sacar”. En un hotel donde se hospedaban unos músicos, todo quedó ahí: las camas, las valijas, una estadía que no terminó. Todo quedó detenido en el tiempo.
Lo más extrañamente perturbador es la intimidad expuesta. En los edificios partidos, las casas de familia se ven por dentro, como si alguien hubiera arrancado la tapa de una caja: un dormitorio con la cama sin hacer, un baño con el cepillo de dientes en el vaso, un placard abierto, una foto todavía colgada en una pared que ya no da a ningún lado. Una casa es, antes que nada, el lugar donde uno puede cerrar la puerta. Es lo que nadie más ve: cómo dormimos, qué dejamos tirado, qué guardamos.
Sin esas imágenes, la magnitud del desastre se queda en cifras que nadie siente. Pero cada plano de un dormitorio expuesto es también la intimidad de alguien que no eligió exhibirla y que probablemente nunca sepa que la estamos mirando. No es una curiosidad del recorrido para documentar. Es la prueba más concreta de lo que se rompió.
Al momento de este recorrido, 45.139 familias habían sido desplazadas. Muchas de ellas siguen viviendo en refugios, o buscan cualquier departamento con una ayuda estatal de 875.000 pesos colombianos para alquilar. Hay tanta gente sin casa que no alcanzan las viviendas, y muchas terminan en hoteles con convenio, llenos de familias en lugar de turistas.
La mayoría de los caleños con los que hablé destaca que la respuesta del Estado fue rápida y eficiente, un contraste fuerte con la vecina Venezuela. Hoy, a casi dos meses, Colombia suma 335 muertos, más de 4500 heridos, más de 750 edificios colapsados y más de 36.000 viviendas destruidas en 16 departamentos. Casi medio millón de personas afectadas. Cali tiene 154 muertos, más de 1600 heridos y al menos 24 edificios caídos por completo. Unas 20.000 familias caleñas siguen fuera de sus casas. El alcalde calcula tres años de recuperación.
Los dinosaurios seguían ahí, en fila, mirando una ciudad que antes no podían ver. Alguien los había acomodado con paciencia, uno al lado del otro, bien parados, cada uno en su lugar. Esa dedicación, la de un chico que cuida lo suyo como si de eso dependiera todo, es la que faltó a las paredes que los rodeaban.
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Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte

Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.
La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.
Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.
A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.
La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.
Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.
En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
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Las filminas del cineasta de Javier Milei y su curiosa charla sobre la «batalla cultural» en Tigre

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Ley de Tierras: la oposición ratificó su plan para derogar el DNU de Milei y el oficialismo confía en bloquear la sesión

El fallo de la Corte Suprema impactó de lleno en la Cámara de Diputados que tiene prevista una sesión especial el próximo 15 de octubre, para, entre otros puntos del temario, derogar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, donde uno de sus artículos estableció la eliminación de la Ley de Tierras rurales.
“Por ahora mantenemos la convocatoria que además incluye los temas sobre discapacidad y desendeudamiento de las familias, pero nos aleja este fallo de lograr el quorum”, admitió a TN un importante diputado de la oposición.
Mientras que el socialista Esteban Paulón planteó: “La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura. Más allá de esta decisión, hay que voltearlo de todos modos”.
Antes del fallo del Máximo Tribunal los números para habilitar la sesión con 129 diputados sentados en las bancas estaban cerca, siempre que los bloques dialoguistas —como Argentina Federal— se sumen al pedido de sesión de la oposición. Pero con las novedades de este viernes, hay menos optimismo en los sectores convocantes.
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La bancada de Germán Martínez, Unión Por la Patria, sostuvo: “Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”.
“Empujada por una sociedad movilizada detrás de una causa sensible, la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023”, señalaron.
En igual sentido se pronunció el radical Pablo Juliano de Provincias Unidas: “La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”. Mientras que el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, planteó: “La cautelar es provisoria y la discusión continúa. Nuestra posición se mantiene: inversión productiva, apoyo a los productores y límites razonables a la compra de tierras por extranjeros. Esa es la responsabilidad que defendemos desde el radicalismo”.
El fallo judicial se dio ante una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La organización sostuvo, en diciembre de 2023, que la eliminación de los límites a la extranjerización afecta la protección del territorio, el medioambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Ahora enviaron otra cautelar a la justicia de Bariloche para que decida.
Debate en la oposición
Los sectores de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas, iniciaron un fuerte debate interno para resolver que postura adoptar ante este cambio de escenario. Ellos fueron los que convocaron a la sesión especial junto a la diputada Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Jorge Fernández de Primero San Luis.
El desafío será en primer término alcanzar los 129 diputados en sus bancas y obtener el quórum oficial para abrir el recinto de la Cámara baja. Un punto que busca impedir La Libertad Avanza, que incluso convocó a un plenario de comisiones para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e incluir un capítulo referido a la ley de Tierra rurales.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro expresó sobre el fallo de la Corte Suprema: “No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente! No nos distraigamos, sigamos alerta”.
Por su parte el diputado dialoguista del MID, Eduardo Falcone insistió en evitar que se derogue todo el DNU de diciembre de 2023: ”De todos modos, hay que resolver este asunto definitivamente por vía de una Ley. Y evitar que volteen todo el DNU 70, que generaría un caos legal y político”
El motivo por la cual la oposición quiere derogar el DNU es porque, en diciembre de 2023, el artículo 154 del DNU 70/2023 establece, entre otros puntos: “Derogase la Ley N° 26.737”. Esa norma regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
Para el oficialismo hay varios sectores de fuerzas provinciales que no acompañarían la derogación del DNU y por lo tanto no colaborarían con el quórum el próximo jueves.

Pese a ello la diputada Sabrina Selva de UxP afirmó: “Ahora se entiende más clarito que con artilugios procesales estos jueces definen indirectamente una cuestión de fondo. Hay que sostener la movilización social y rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Porque a pesar de este recule, la Corte sigue esquivando el control de constitucionalidad de un decreto totalmente inconstitucional”.
El plenario de comisiones
La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada buscando reincorporar un capítulo vinculado con la derogada Ley de Tierras. La nueva propuesta será diferente de la original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante las advertencias de los bloques aliados.
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Prácticamente serán las mismas que sugirieron los dialoguistas en el Senado Nacional el pasado 6 de agosto y que motivaron que directamente el oficialismo retirara el capítulo referido la extranjerización de tierras rurales y a los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
Toda la estrategia legislativa, del oficialismo y de la oposición, está en discusión a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La decisión final se tomará la semana próxima.
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