POLITICA
Ricardo Lorenzetti habló tras el fallo por la Ley de Tierras: “La Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales”
El juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti analizó durante la tarde de este viernes el fallo del máximo tribunal que suspendió el artículo del DNU 70 que derogaba la Ley de Tierras y repuso los límites sobre la venta a extranjeros. En ese sentido, resaltó que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.
En una entrevista con A24, el magistrado justificó la medida basándose en “tres aspectos”: “Uno, los hechos concretos. El otro es la cuestión ambiental, los recursos naturales. Y el tercero es algo que para mí es muy importante, que es el debilitamiento de la participación social en el Estado democrático, en el Estado de derecho”.
“Nadie puede sorprenderse porque yo firme una medida cautelar en materia ambiental. Tampoco pueden sorprenderse de que la Corte lo haga”, esgrimió Lorenzetti.
El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.
La decisión se tomó con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci y suspendió los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023. Dicho artículo disponía la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales.
El máximo tribunal del país entendió que el planteo de la demanda versa sobre “asuntos concernientes a la tutela del daño ambiental”, por lo que resultó necesario dictar “una medida interina, a fin de asegurar la tutela judicial efectiva, y evitar la producción de daños irreparables”.
En ese sentido, la Corte resaltó que “el particular trámite impreso a esta causa por parte de los tribunales intervinientes ha dejado sin respuesta las peticiones formuladas en la demanda” y “la naturaleza de los derechos invocados (entre los que se encuentran el derecho de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno y el derecho a la protección del medio ambiente)”.
El fallo de la Corte remarcó que el primer deber de los jueces es “ser celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes”, y señaló que la confianza en el Poder Judicial requiere la aplicación razonable de las normas “a las circunstancias particulares de cada caso”. Por lo tanto, agregó, la decisión en el expediente “Árbol de Pie” respondió “específicamente a los planteos de los actores”, vinculados con la protección del ambiente.
“Nosotros hace muchísimos años que tenemos una línea coherente en materia de protección ambiental. En este caso, el doctor Rosatti y yo interpretamos que la ley ambiental, en el artículo 32, permite que los jueces tomen medidas aun cuando no hay una petición de parte. Es decir, nosotros hemos considerado que como este proceso no había sido tratado, se afectó el derecho de una organización, que en este caso es una organización ambiental. Entonces, hay una relación con la protección de los recursos naturales y por eso nosotros hemos interpretado, en base a este artículo 32 de la ley ambiental, que era procedente una cautelar frenando este artículo que ustedes mencionan del decreto de necesidad y urgencia, porque como no lo trataron en primera instancia, toda esta asociación quedó desprotegida durante todo ese tiempo”, argumentó su voto Lorenzetti.
La decisión se tomó con el voto de dos conjueces, ya que los tres miembros del tribunal, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, no alcanzaron la unanimidad necesaria para avanzar, por lo que el tribunal los convocó para desempatar.
En esta ocasión, Rosenkrantz no adhirió al criterio de sus colegas. Sin embargo, Lorenzetti consideró que la posición de su colega “también es legítima”.
Rosenkrantz firmó en disidencia. Entendió que, si bien la legitimación de la asociación actora difería de la de CECIM, la Corte carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina. Por lo tanto, sostuvo que debía remitirse la causa a la justicia federal de Bariloche sin dictar ninguna medida a fin de que allí se diese trámite a la causa, por lo que en los hechos implicaría dejar vigente la derogación de la ley de tierras.
“La posición del doctor Rosenkrantz también es legítima, porque él tiene una opinión más restrictiva. Es decir, esto no significa nada. Al contrario, es bueno que haya distintas opiniones en la Corte. No es que signifique un conflicto, me parece bien. Son dos opiniones diferentes, pero siempre hay una mayoría y una minoría. Yo creo que ahí se termina el asunto”, cerró el tema.
En ese sentido, Lorenzetti insistió en que “la Corte siempre defendió la protección de los recursos naturales y lo seguirá haciendo”.
El juez, luego, manifestó su sorpresa porque a pesar de la repercusión mediática y en redes sociales del tema, solo se presentaron dos medidas cautelares ante la Justicia. Lo atribuyó a un “debilitamiento de la participación social” e instó a los ciudadanos a recurrir a los métodos oficiales de protesta y disidencia: “Hay que expresarse más en medidas cautelares, en acciones judiciales y en el Congreso, que son las instituciones. Este es un tema muy importante y nos llamó mucho la atención que en este caso prácticamente no hubo acciones”.
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Cuáles son los límites que vuelven a regir para la venta de campos a extranjeros tras el fallo de la Corte
Con el fallo de la Corte Suprema, que vuelve a suspender la derogación de la ley de tierras mediante una medida cautelar “interina”, surge el interrogante sobre cuáles son los límites que rigen ahora para la venta de campos a extranjeros.
La confusión radica en las marchas y contramarchas del máximo tribunal sobre esta cuestión. La semana pasada, la Corte revocó una sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23 de Javier Milei, mediante el cual se derogaba la ley de tierras. Para ello, invocó motivos procesales vinculados con la falta de representatividad del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (Cecim), que había iniciado la causa. Esa decisión dejó sin efecto las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
Sin embargo, este viernes el Tribunal Supremo volvió a suspender la derogación al responder un planteo de la Asociación Civil Árbol de Pie, que había presentado una acción colectiva para cuestionar la constitucionalidad del mismo artículo. La ONG ambientalista había pedido que se aclarara si el fallo anterior también alcanzaba a su presentación.
Tal como precisó , la Corte devolvió la causa al juzgado federal de Bariloche, donde se inició este caso, para que todo eso se discuta allá. Pero mientras tanto, dictó la medida cautelar “interina” que dispuso “suspender los efectos del artículo 154 del decreto 70/2023 hasta tanto el juez competente [en principio, el de Bariloche] se pronuncie sobre la legitimación de todos los actores y examine su solicitud”.
A partir de ahora y hasta que se resuelva la discusión judicial, vuelven a regir los límites establecidos por la Ley 26.737, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, para la adquisición de tierras rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
En concreto, la normativa fija un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, y establece que ninguna nacionalidad puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
La resolución de la Corte reabrió la discusión parlamentaria por la extranjerización de la tierra que derivó en la eliminación del Título III del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que aprobó el Senado a principios de agosto, y que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados.
La propuesta libertaria aumentaba el tope al 25% pese a que originalmente apuntaba a borrar cualquier límite. Asimismo, eliminaba el resto de los cupos por nacionalidad y zona núcleo (o equivalente) por titular, y prohibía únicamente la compra de tierras por Estados extranjeros.
Entre otros de los puntos controvertidos que no sumaron avales en ela Cámara alta destacan que autorizaba compras en zonas ribereñas.
En el caso de zonas de frontera, exigía la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
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Ley de Tierras: la oposición ratificó su plan para derogar el DNU de Milei y el oficialismo confía en bloquear la sesión
El fallo de la Corte Suprema impactó de lleno en la Cámara de Diputados que tiene prevista una sesión especial el próximo 15 de octubre, para, entre otros puntos del temario, derogar el DNU 70/2023 del presidente Javier Milei, donde uno de sus artículos estableció la eliminación de la Ley de Tierras rurales.
“Por ahora mantenemos la convocatoria que además incluye los temas sobre discapacidad y desendeudamiento de las familias, pero nos aleja este fallo de lograr el quorum”, admitió a TN un importante diputado de la oposición.
Mientras que el socialista Esteban Paulón planteó: “La Corte toma nota del moco que se mandó con la ley de tierras y da marcha atrás. Vuelve a poner en vigencia la normativa original. El escenario de rechazo parlamentario al DNU 70 y el repudio social que generaron su decisión le paso factura. Más allá de esta decisión, hay que voltearlo de todos modos”.
Antes del fallo del Máximo Tribunal los números para habilitar la sesión con 129 diputados sentados en las bancas estaban cerca, siempre que los bloques dialoguistas —como Argentina Federal— se sumen al pedido de sesión de la oposición. Pero con las novedades de este viernes, hay menos optimismo en los sectores convocantes.
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La bancada de Germán Martínez, Unión Por la Patria, sostuvo: “Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”.
“Empujada por una sociedad movilizada detrás de una causa sensible, la Corte Suprema de Justicia tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023”, señalaron.
En igual sentido se pronunció el radical Pablo Juliano de Provincias Unidas: “La protección de nuestra tierra no puede depender de cuánto dure una medida judicial. El 15 tenemos que sesionar y rechazar el DNU 70/23. Que el Gobierno no use este fallo como excusa para volver a esquivar al Congreso”. Mientras que el presidente de la UCR, Leonel Chiarella, planteó: “La cautelar es provisoria y la discusión continúa. Nuestra posición se mantiene: inversión productiva, apoyo a los productores y límites razonables a la compra de tierras por extranjeros. Esa es la responsabilidad que defendemos desde el radicalismo”.
El fallo judicial se dio ante una presentación de la Asociación Civil Árbol de Pie, que cuestionó la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras. La organización sostuvo, en diciembre de 2023, que la eliminación de los límites a la extranjerización afecta la protección del territorio, el medioambiente, los recursos naturales y los derechos colectivos de los pueblos originarios. Ahora enviaron otra cautelar a la justicia de Bariloche para que decida.
Debate en la oposición
Los sectores de Unión por la Patria (UxP), el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas, iniciaron un fuerte debate interno para resolver que postura adoptar ante este cambio de escenario. Ellos fueron los que convocaron a la sesión especial junto a la diputada Marcela Pagano de Coherencia, Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba y Jorge Fernández de Primero San Luis.
El desafío será en primer término alcanzar los 129 diputados en sus bancas y obtener el quórum oficial para abrir el recinto de la Cámara baja. Un punto que busca impedir La Libertad Avanza, que incluso convocó a un plenario de comisiones para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada e incluir un capítulo referido a la ley de Tierra rurales.
El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro expresó sobre el fallo de la Corte Suprema: “No tengo dudas de que la movilización y el reclamo de organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el país fueron fundamentales para esta decisión. Hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente! No nos distraigamos, sigamos alerta”.
Por su parte el diputado dialoguista del MID, Eduardo Falcone insistió en evitar que se derogue todo el DNU de diciembre de 2023: ”De todos modos, hay que resolver este asunto definitivamente por vía de una Ley. Y evitar que volteen todo el DNU 70, que generaría un caos legal y político”
El motivo por la cual la oposición quiere derogar el DNU es porque, en diciembre de 2023, el artículo 154 del DNU 70/2023 establece, entre otros puntos: “Derogase la Ley N° 26.737”. Esa norma regulaba la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros.
Para el oficialismo hay varios sectores de fuerzas provinciales que no acompañarían la derogación del DNU y por lo tanto no colaborarían con el quórum el próximo jueves.
Pese a ello la diputada Sabrina Selva de UxP afirmó: “Ahora se entiende más clarito que con artilugios procesales estos jueces definen indirectamente una cuestión de fondo. Hay que sostener la movilización social y rechazar el DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados. Porque a pesar de este recule, la Corte sigue esquivando el control de constitucionalidad de un decreto totalmente inconstitucional”.
El plenario de comisiones
La Libertad Avanza convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, para tratar el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada buscando reincorporar un capítulo vinculado con la derogada Ley de Tierras. La nueva propuesta será diferente de la original impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, ante las advertencias de los bloques aliados.
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Prácticamente serán las mismas que sugirieron los dialoguistas en el Senado Nacional el pasado 6 de agosto y que motivaron que directamente el oficialismo retirara el capítulo referido la extranjerización de tierras rurales y a los cambios a la Ley de Manejo del Fuego.
Toda la estrategia legislativa, del oficialismo y de la oposición, está en discusión a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia. La decisión final se tomará la semana próxima.
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