El Gobierno planea profundizar los recortes y reestructurar organismos públicos antes de que comience plenamente la campaña electoral de 2027. En el Ejecutivo aseguran que iniciaron una nueva “revisión integral” de la administración nacional para detectar estructuras que puedan eliminarse, fusionarse o reducirse durante los próximos meses.

“Se está trabajando. No está cerrado qué entra y qué no”, expresan en Nación. La evaluación abarca en principio los organismos alcanzados por la reforma que el Ejecutivo impulsó mediante decretos delegados en 2025 y que luego quedó sin efecto por el rechazo del Congreso, pero en la Casa Rosada adelantan que también hay otras dependencias bajo análisis.

En Balcarce 50 sostienen que la nueva revisión integral apunta a profundizar la reorganización de la administración pública antes de 2027. El proyecto bajo análisis busca dar respaldo legislativo a parte de las transformaciones sobre organismos que el Ejecutivo había impulsado por decreto y que luego quedaron sin efecto tras el rechazo del Congreso. Además, el oficialismo asegura que analiza incorporar nuevas modificaciones sobre otras estructuras del Estado.

El antecedente inmediato incluye la disolución que se había dispuesto para Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito; la eliminación de la ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena y el Instituto Nacional de Semillas; y la transformación del INTI, el INTA, el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Tras el rechazo parlamentario, el Ejecutivo debió restablecer las estructuras anteriores.

La diferencia respecto del proyecto que comenzó a redactar el Ministerio de Desregulación a principios de año es que la nueva revisión no parte de una nómina cerrada. Los equipos de Federico Sturzenegger cruzan funciones, presupuesto, dotaciones, presencia territorial y superposición con provincias y municipios antes de definir qué organismos integrarán la propuesta. En Nación sostienen que la intención es que el paquete no sea una copia exacta de los decretos rechazados.

El plan incluye además continuar con la reducción de personal mediante la no renovación de contratos, retiros voluntarios, pases a disponibilidad y recortes en la planta permanente cuando existan procesos de reestructuración. El último informe oficial de Desregulación sostiene que entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 se eliminaron 71.029 puestos de trabajo en el sector público, equivalentes al 14,1% de la dotación, y calcula un ahorro acumulado de US$2814 millones.

El documento muestra que la baja fue mayor en la Administración Pública Nacional y en las empresas estatales. La APN redujo su personal un 20,1% y las empresas públicas un 21,5%, mientras que dentro de la administración nacional la caída fue del 11,3% en las áreas centralizadas y del 15,9% en las descentralizadas. Los contratos bajo la Ley Marco bajaron 26,4% y los convenios con monotributistas retrocedieron 48,6%, frente a una reducción del 15% en las plantas permanente y transitoria.

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El informe del Indec publicado este jueves ubica la dotación total de junio en 271.696 personas: 184.202 en la Administración Pública Nacional y 87.494 en empresas y sociedades. La reducción interanual fue del 6,8% en la APN y del 4,5% en las compañías estatales, mientras que solo durante junio la plantilla total bajó alrededor del 0,6%.

La meta política que se había fijado el oficialismo para 2026 era reducir otro 10% de la dotación existente al comenzar el año, lo que representaba cerca de 27.000 puestos sobre una planta próxima a 279.000 empleados. En el Gobierno no confirman si ese objetivo se cumplirá de manera uniforme, pero sostienen que continuará funcionando como referencia para los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

La instrucción genera resistencias dentro de la propia administración. En algunas carteras advierten que “no hay más margen para recortar” sin afectar funciones operativas y reclaman que las próximas reducciones se concentren en organismos con estructuras duplicadas o en áreas con menor carga de trabajo. El Ejecutivo rechaza fijar un porcentaje idéntico para cada dependencia y asegura que la revisión será caso por caso.

La profundización del ajuste también está vinculada con la situación fiscal. Junio cerró con un déficit primario de $696.843 millones y un resultado financiero negativo de $1,025 billones, aunque el primer semestre mantuvo un superávit primario cercano al 0,6% del PBI y uno financiero del 0,1%. Los ingresos mensuales crecieron 22,3% interanual y los gastos primarios 37,7%, en parte por la postergación de Ganancias y el pago de aguinaldos previsionales.

La recaudación tributaria de junio alcanzó los $20,017 billones y aumentó 23,7% nominal interanual. Ganancias avanzó solo 11,3% por el traslado de los vencimientos de personas humanas, mientras que los derechos de exportación cayeron 27,8% por las alícuotas más bajas y una elevada base de comparación. En el acumulado de enero a junio, los recursos tributarios sumaron $109,572 billones y subieron 25,9%.

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En la Casa Rosada creen que el repunte de la actividad puede fortalecer el IVA, Ganancias y las contribuciones de la seguridad social, pero reconocen dudas sobre la velocidad de esa mejora y sobre el impacto de las futuras reducciones de impuestos. El Gobierno considera que una reforma tributaria que baje alícuotas o elimine gravámenes necesita un recorte paralelo del gasto para no poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El FMI proyecta para 2026 un superávit primario nacional del 1,4% del PBI y estima que deberá aumentar gradualmente hasta alrededor de 2,25% en el mediano plazo por el crecimiento del pago de intereses. El organismo sostiene que el cumplimiento de la meta requiere continuar limitando salarios públicos, transferencias a empresas estatales, subsidios, compras de bienes y servicios y gastos de capital, al tiempo que se avanza con reformas tributarias, previsionales y fiscales.

En la Casa Rosada aseguran además que la revisión no se limita a la reforma de organismos que quedó trunca tras la caída de los decretos delegados. En paralelo, el Ministerio de Desregulación trabaja sobre un amplio proyecto de cambios normativos que modifica competencias estatales, elimina regulaciones y redefine funciones en distintas áreas de la administración. El borrador incluye modificaciones que alcanzan organismos sectoriales y entes de regulación, junto con cambios en distintos regímenes administrativos y económicos, lo que en el oficialismo consideran parte del mismo proceso de reorganización del Estado.

Gobierno, estado, ajuste

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto reclamó al peronismo que agote todas las instancias de apoyo a Cristina Fernández de Kirchner para que recupere sus derechos políticos, al tiempo que construya una candidatura presidencial propia con legitimidad interna de cara a las elecciones de 2027. “El peronismo tiene que hacer todo: plantear un trabajo de unidad, de responsabilidad, de programa”, afirmó el presidente del bloque Encuentro Federal en una entrevista con radio Futurock, donde también trazó un diagnóstico severo sobre la situación social del país y el futuro del espacio opositor.

La declaración del legislador llegó días después de que el equipo jurídico de la expresidenta anunció que presentará el caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), con la incorporación del abogado brasileño Rafael Valim —quien integró la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato— y el español Javier Borrego, exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La defensa solicitó tres medidas cautelares al organismo: la suspensión de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el restablecimiento de la integración legal de la Corte Suprema —que funciona con solo tres miembros— y la modificación del régimen de prisión domiciliaria de Kirchner.

Valim fue categórico sobre el alcance de las decisiones del Comité: “Las decisiones del Comité son vinculantes, son parte del compromiso del Estado argentino ante las Naciones Unidas”, sostuvo, y recordó que el Código Procesal Penal Federal argentino contempla que una resolución favorable puede ser base para la revisión de una sentencia firme. La próxima sesión del organismo está prevista para octubre.

Pichetto calificó la inhabilitación especial perpetua como “una pena retrógrada” y la equiparó a las antiguas figuras del destierro griego y romano, y a la “muerte civil” del derecho civil argentino decimonónico. Describió la condena como arbitraria —“fue condenada sin prueba, por una corte que no estaba completa, con un fiscal que no era el fiscal natural”— y trazó el paralelo con el proceso que enfrentó Lula, cuya situación se resolvió tras la aparición de pruebas que evidenciaron la parcialidad del vínculo entre el juez y el fiscal que lo condenaron. “A Lula le ha ido bien porque también le ha ido bien en Naciones Unidas, donde le reconocieron que había sido mal condenado”, recordó el legislador.

Sobre la estrategia política, Pichetto rechazó el argumento de que apoyar la causa judicial de Kirchner y construir una candidatura alternativa sean objetivos excluyentes. “Hay que contener a la principal figura que tiene el peronismo, que todavía hoy mide en un nivel importante, muy importante. Hay que agotar todas las instancias de apoyo para que esa figura pueda volver a recuperar la libertad y también sus capacidades cívicas”, planteó, y agregó que la figura alternativa debe surgir de una primaria que le otorgue legitimidad al candidato. “Eso es lo que le va a dar legitimidad al candidato que surja de esa alternativa”, precisó. En esa línea, defendió la conservación de las PASO como herramienta ordenadora de la interna.

El debate sobre la candidatura de Kirchner atraviesa al Partido Justicialista (PJ) de manera transversal. Desde el kirchnerismo, el diputado Máximo Kirchner repite que “la queremos candidata” y sostiene que la expresidenta es la única figura que puede “plantarse ante el poder económico”. Al mismo tiempo, sectores del peronismo no kirchnerista leen la situación de otra manera: en el propio oficialismo circula la lectura de que “para un sector del peronismo pareciera que les viene bien Cristina detenida”, una percepción que también comparten fuentes del Gobierno nacional. Pichetto salió al cruce de esa postura: “El que quiere ser candidato a presidente tiene que tener la capacidad, la inteligencia y la virtud de hablar con todos. Mucho más cuando se trata de una figura que fue dos veces presidenta de la Argentina”.

La Casa Rosada optó por la prescindencia formal. “Nos conviene no interferir con la justicia porque de hacerlo, especulando por una cosa u otra, quedamos involucrados directa o indirectamente”, explicó un referente territorial libertario. Internamente, el oficialismo entiende que Kirchner conserva altos niveles de rechazo y que una eventual habilitación para competir no perjudicaría a La Libertad Avanza en la carrera por la reelección de Javier Milei. “Al que peor le cae esto es a Kicillof. Ella no lo odia a Milei, lo odia a Axel”, graficó un funcionario.

La tensión en el PJ quedó en evidencia este fin de semana. El gobernador bonaerense Axel Kicillof no asistió al acto que el mandatario riojano Ricardo Quintela organizó en La Rioja para conmemorar los cincuenta años del asesinato del sacerdote Enrique Angelelli, al que sí asistió Máximo Kirchner y al que la expresidenta envió una señal de respaldo desde su domicilio. Kicillof delegó su representación en la jefa de asesores, Cristina Álvarez Rodríguez. Sergio Massa tampoco estuvo presente.

En paralelo, Kicillof avanza en la consolidación de su propia estructura. Su espacio, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), realizará plenarios seccionales durante agosto en los 135 municipios bonaerenses, con el objetivo de afianzar el peso de la provincia de Buenos Aires en la negociación interna del peronismo. El primer plenario está previsto para el sábado 8 de agosto en Alberti. Los armadores del gobernador planean cerrar el ciclo con un gran acto político en septiembre, que coincidiría con el primer aniversario de la victoria del peronismo en las elecciones legislativas provinciales de 2025, cuando Fuerza Patria se impuso a La Libertad Avanza por casi 14 puntos.

Pichetto descartó que exista espacio para construcciones de centro en el escenario de 2027 y pronosticó una polarización similar a la de otros procesos electorales recientes en América Latina. “Va a haber una fórmula peronista, va a haber una fórmula que integre también a otros sectores políticos, al radicalismo, que no quiere saber nada con este gobierno, demócratas cristianos y otros sectores”, anticipó. El legislador también auguró que Victoria Villarruel competirá como candidata presidencial con un electorado propio de base nacionalista, católica y militar, y descartó que haya lugar para Patricia Bullrich dentro de la oferta oficialista.

El trasfondo del debate electoral es, para Pichetto, una crisis social que describe como “explosiva”. El diputado advirtió que el modelo económico del Gobierno dejó al 70% de la sociedad fuera del sistema, con salarios “demolidos” y una situación en los conurbanos que, a su juicio, podría derivar en “eventos no queridos”. “Nadie vota a aquellos que le hacen perder todo, que pierden el trabajo”, sentenció.

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