Ceuta intenta volver a la normalidad luego de que decenas de miles de personas llegaran a esa ciudad desde Marruecos, configurando uno de los episodios migratorios más graves en la historia reciente de España. El caso implicó un sacudón político al interior de la Unión Europea luego de que 22 de sus socios cuestionaran abiertamente la política migratoria del gobierno de Pedro Sánchez y pidieran mayores medidas para “combatir la inmigración ilegal”.

Esta crisis no se quedó solamente en territorio europeo, sino que generó una repercusión inmediata en los principales países de Occidente. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agarró el episodio y opinó que “eso es lo que va a pasar en tres años si el bando equivocado llega al poder”. El mandatario calificó lo sucedido como “una invasión” y auguró que eso es lo que sucederá si es que “los demócratas llegan al poder” en su país.

No es una interpretación diferente a la que hizo el gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, el Presidente compartió en su cuenta personal de X diferentes interpretaciones por parte de figuras del ámbito libertario. Uno de los textos más extensos fue el del Director Ejecutivo de la Fundación Faro, Agustín Laje, que atribuyó esa crisis a varios actores y estructuras.

Laje afirmó que “Bruselas impone una agenda migratoria abierta y castiga a los gobiernos que intentan recuperar el control soberano de sus fronteras”, señalando así a los “globalistas al frente de la Unión Europea” como uno de los principales culpables. Además, responsabiliza a la “industria de las ONG”, a la “ideología multicultural” y al “wokismo”, al que define como “un complejo de culpa autoinducido en los europeos: opresores históricos de buena parte del mundo según esta narrativa habrían contraído una deuda moral permanente que hoy debería saldarse mediante políticas de fronteras abiertas”.

Se trata de lecturas que apuntan directamente sobre el funcionamiento de la política migratoria europea, pero que sugieren que puede haber aspectos que puedan seguir reviéndose en el plano local.

Infobae consultó con una fuente inobjetable del Poder Ejecutivo y supo que Javier Milei está muy atento a la crisis migratoria en Ceuta. Ante la consulta sobre si hay en evaluación más medidas vinculadas a la normativa migratoria argentina, la respuesta fue “lo estamos monitoreando”.

Por pura coincidencia, horas antes de que emergieran las primeras novedades desde Ceuta, el Gobierno había anunciado el miércoles por la noche la publicación de un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que habilita impedir el ingreso y expulsar del país a extranjeros que emitan mensajes de odio, discriminación o violencia contra la Argentina o sus ciudadanos por su nacionalidad, así como a quienes ultrajen símbolos patrios, una decisión que en Casa Rosada atribuyeron como respuesta a la supuesta “campaña antiargentina”.

La Oficina del Presidente sostuvo que el endurecimiento del régimen migratorio busca preservar la integridad social, el respeto hacia la Argentina y sus símbolos, además de prevenir situaciones que puedan afectar la convivencia y el orden institucional. La comunicación oficial afirmó que la decisión responde a episodios recientes de tensión derivados de declaraciones interpretadas como ofensas a la República y a sus habitantes.

Un funcionario del Gobierno atribuyó esta medida a algo más vinculado a la denominada “batalla cultural” y que su disparador no se debió a algún tipo de preocupación ligada a la inmigración. Aun así, vistos los episodios recientes, la normativa migratoria podría estar sujeta a nuevas modificaciones, si es que el Presidente lo considera apropiado.

De todas maneras, uno de los miembros de la mesa política del Gobierno ratificó ante Infobae que “al momento no se está hablando de eso”.

La administración libertaria ya había realizado cambios en mayo del año pasado a través de la publicación de otro DNU, el 366/2025, el cual modificó la Ley de Migraciones, endureciendo las condiciones de admisión y permanencia de extranjeros.

Allí, el Poder Ejecutivo redefinió categorías de residencia e incorporó criterios más estrictos para la admisión y permanencia en el país. El objetivo declarado era impedir el ingreso de personas que puedan “representar un riesgo” para la seguridad pública y asegurar que quienes entren lo hagan de manera legal y con intenciones claras.

La normativa publicada puso de manera tácita que los extranjeros deben presentar una declaración jurada al ingresar a la Argentina. Allí deben informar los motivos de su entrada y comprometerse a no desvirtuarlos. El texto también refuerza el control sobre la documentación migratoria y endurece las sanciones para quienes ingresen de forma irregular o utilicen documentos falsos.

En la plataforma que la alianza nacional de La Libertad Avanza presentó ante la Cámara Nacional Electoral se establecieron las siguientes propuestas en términos de política migratoria: 1) “Prohibir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales”; 2) “Incorporar sensores móviles, vehículos, drones, satélites y todo equipamiento necesario para el control de fronteras y lograr la recopilación de información para prevenir delitos complejos y monitorear fronteras de manera remota”; y 3) “Deportación Inmediata de extranjeros que cometan delitos en el país”.

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El Gobierno apura el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y trabaja para votarla el miércoles 19 de agosto en la Cámara de Diputados. En la Casa Rosada aseguran que el oficialismo cuenta en principio con los respaldos necesarios, aunque reconocen que la mayoría todavía es ajustada. “Creemos que nos van a acompañar, pero sólo vamos a abrir el recinto con los votos cerrados”, expresan en Nación.

El proyecto ya ingresó formalmente a la Cámara baja y el lunes será girado a las comisiones que intervendrán en el debate. En el oficialismo mencionan principalmente a Presupuesto y Hacienda y Legislación General, aunque el esquema definitivo dependerá de la resolución que firme el presidente de Diputados, Martín Menem.

La primera etapa estará centrada en reuniones informativas con funcionarios y especialistas. La Libertad Avanza apunta a acelerar esas exposiciones y conseguir dictamen durante la semana que comienza el 10 de agosto, de manera de dejar habilitado el tratamiento en el recinto nueve días después.

Menem encabezará la negociación con los bloques dialoguistas. El oficialismo ya recibió señales favorables de dirigentes del PRO, la UCR y el MID, pero todavía debe terminar de cerrar los votos de fuerzas provinciales que responden a gobernadores. “Creemos que tenemos los votos. Nadie se va a poner enfrente de la reforma”, agregan en Balcarce 50.

La Casa Rosada pretende convertir la sesión del 19 en una votación amplia de su agenda económica. Además de la reforma del BCRA, busca incorporar los nuevos cambios a la Ley de Inocencia Fiscal y el paquete de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, siempre que esta última iniciativa obtenga media sanción esta semana en el Senado.

La discusión de Inocencia Fiscal comenzará formalmente en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal. El Gobierno quiere reforzar el denominado “tapón fiscal”, reducir las posibilidades de revisión de períodos anteriores por parte de ARCA y ampliar las garantías para que los ahorros no declarados ingresen al sistema financiero.

El tercer componente depende del Senado. La Cámara alta pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto para continuar el tratamiento del paquete de propiedad privada, que incorpora cambios en materia de expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y adquisición de tierras rurales por extranjeros. La postergación fue aprobada el 16 de julio por 63 votos afirmativos.

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En Diputados advierten que el temario todavía puede sufrir modificaciones. Los aliados reclaman que se incorporen proyectos propios como condición para facilitar el quórum y acompañar la convocatoria, mientras que los gobernadores buscan discutir obras, recursos y otros compromisos de cara al Presupuesto 2027.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita sumar al menos 34 legisladores para abrir el recinto. El antecedente de Inocencia Fiscal muestra una base posible: su primera versión obtuvo media sanción en diciembre de 2025 con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 19 abstenciones.

El proyecto del Banco Central busca restablecer como misión principal de la entidad la preservación del valor de la moneda y prohibir el financiamiento directo e indirecto del Estado nacional, las provincias y los municipios. También veta la compra de títulos públicos nacionales en el mercado primario.

La iniciativa restringe además la distribución de utilidades originadas en resultados por tenencia, elimina las Letras Intransferibles y establece que determinados resultados de la cartera del BCRA solo podrán transferirse al Tesoro para cancelar deuda. El texto deja afuera, en cambio, el refuerzo institucional del INDEC que llegó a analizar el Ejecutivo.

Otro de los puntos centrales es el procedimiento de remoción del presidente y los directores del Banco Central. El Gobierno propone exigir el voto de dos tercios de Diputados y del Senado para desplazarlos, mientras conserva el mecanismo vigente para su nombramiento: designación del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara alta.

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Si Diputados aprueba la reforma el 19 de agosto, la Casa Rosada buscará que el Senado la trate durante los primeros días de septiembre. El calendario responde también a la intención de cerrar esa discusión antes de que comience el debate del Presupuesto 2027, que debe ingresar al Congreso antes del 15 de septiembre.

Las negociaciones en la Cámara Alta las encabeza la jefa de bloque de La Libertad Avanza, que quiere sesionar todos los jueves hasta septiembre. El oficialismo adviere que necesita preservar la coordinación institucional con Victoria Villarruel y evitar que la interna con la vicepresidenta complique la agenda de la Cámara alta, que además incluye Hojarasca, Salud Mental, Etiquetado Frontal y pliegos judiciales.

Una vez sancionada la nueva Carta Orgánica, el Gobierno buscará votar el pliego de Santiago Bausili. El titular del BCRA ejerce en comisión desde diciembre de 2023 y fue designado para completar un período que vence el 23 de septiembre de 2028. La secuencia que proyecta el Ejecutivo es aprobar primero las nuevas reglas de gobernanza y después formalizar su nombramiento para reforzar su continuidad hasta esa fecha.

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