POLITICA
Marcela Pagano lleva realizadas más de 30 presentaciones contra el Gobierno en la Justicia
La diputada nacional Marcela Pagano se transformó en algo más que una pieza suelta en el Congreso para el oficialismo: desde hace por lo menos dos meses, la periodista que en 2023 acompañó a Bertie Benegas Lynch al tope de la lista de candidatos de La Libertad Avanza (LLA) bombardea sin descanso a la cúpula del Gobierno desde Comodoro Py con denuncias de todo tipo.
Su nuevo rol de “denunciadora serial” quedó reflejado en los números que cosechó en todo ese último tiempo: entre denuncias y ampliaciones, la diputada contabiliza presentados en la Justicia un total de 31 escritos.
En muchos casos, sus señalamientos se hacen eco de noticias periodísticas; en otros, se fundan en datos propios. En ocasiones, es patrocinada por su pareja, el abogado penalista Franco Bindi.
La nueva rutina de la diputada en los tribunales comenzó el 11 de marzo con la denuncia del viaje que llevó a Bettina Angeletti, la mujer de Manuel Adorni, a Nueva York como parte de la comitiva oficial.
Pasó sin hacer mella: el juez Daniel Rafecas la cerró a instancias de la fiscal Alejandra Mángano, que consideró que no había delito. Pero otras que la siguieron se encuentran activas y al menos dos se convirtieron en un dolor de cabeza permanente para el Gobierno.
Una es la que investiga al jefe de Gabinete por su vuelo en avión privado a Punta del Este durante los feriados de carnaval. El juez Ariel Lijo se encamina a indagar al funcionario por aquel viaje junto a su familia y su amigo, el periodista Marcelo Grandio, quien habría pagado los pasajes según los registros en manos de la Justicia.
Fue en el marco de ese expediente que la diputada dejó en claro que Comodoro Py sería su nuevo hábitat. El 29 de abril, cuando Adorni presentaba su informe de gestión en la Cámara de Diputados, Pagano eligió darle la espalda al Congreso para visitar una vez más los tribunales de Retiro y ampliar su denuncia original, incorporando a la causa información sobre una sociedad de Grandio en Uruguay, a la cual, dijo, fluirían los fondos de sus contrataciones con el Estado.
La exoficialista también dio inicio a la causa por enriquecimiento ilícito que revisa los números de Adorni y tiene contra las cuerdas al funcionario desde hace dos meses. Pagano ofreció información del departamento de la calle Miró, en el barrio de Caballito, y de la casa en el country Indio Cuá, las dos propiedades que Adorni sumó a su patrimonio como funcionario público.
Pero también fueron blanco de ataque el entorno de Adorni y otros muchos funcionarios y legisladores. Pagano denunció al hermano del jefe de Gabinete, Francisco Adorni, por enriquecimiento ilícito; a su mujer, Bettina, por un presunto uso indebido de su custodia y por los contratos que trabó con empresas ligadas al Estado; al senador Joaquín Benegas Lynch, por enriquecimiento ilícito, y a su antiguo compañero de bancada, el diputado Santiago Santurio, por el crédito al que accedió en el Banco Nación, entre otros.
Casi no hubo polémica del Gobierno que no estuviera acompañada de una presentación de Pagano en la Justicia. Por el uso dispendioso de las tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica, también Demian Reidel quedó alcanzado por una de sus presentaciones.
Durante la semana pasada, la legisladora sumó información a una causa que inició contra la hermana del Presidente, Karina Milei, por supuestas irregularidades en la contratación millonaria de un servicio de jardinería en la quinta de Olivos.
Su actividad en los tribunales se extendió hasta última hora del último vierns. En una denuncia que quedó radicada en el juzgado de Daniel Rafecas, la diputada apuntó contra la polémica cuenta en X de @PeriodistaRufus, atribuida a Martín Menem y eliminada tras un traspié digital que habría dado cuenta de que esta pertenecía, en efecto, al presidente de la Cámara de Diputados.
Pagano pidió que se adopten medidas “urgentes” para identificar al titular de la cuenta y preservar su contenido. Solicitó, además, ser tenida como querellante en el expediente, argumentando que la cuenta Periodista Rufus le dirigió ataques personales durante el tiempo en que estuvo al frente de la Comisión de Juicio Político.
Se remitió así al episodio que marcó su ruptura con el Gobierno: Menem se opuso desde el primer momento a que Pagano, que contaba en ese entonces con el aval de Oscar Zago, asumiera la titularidad de esa comisión, donde se ordena el trámite de los pedidos de remoción contra funcionarios y jueces.
Pagano reunió los votos para ocupar el cargo, pero Menem nunca reconoció oficialmente la designación. Ambos quedaron enfrentados hasta que, en agosto de 2025, Pagano se abrió de la bancada oficialista con Coherencia, el bloque que hoy habita en soledad.
Hasta marzo de este año −cuando dio inicio a la avalancha de denuncias− Pagano había mantenido sus diferencias con el Gobierno en el terreno político, incluida una disputa abierta con Lilia Lemoine en la Cámara baja.
El tono de su distanciamiento lo marcó en una carta abierta en la que advertía al Presidente que su entorno lo empujaba “hacia un abismo”. “Los leones genuinos fueron expulsados del reino, y lo que queda es una corte de adulones que le susurran al oído lo que quieren que escuche”, decía en el escrito.
El enfrentamiento de Pagano con el Gobierno se corrió a la Justicia y recientemente terminó por trepar hasta el Poder Ejecutivo. Fue después de que la diputada, afuera de los tribunales, vinculara el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni con la criptomoneda digital $LIBRA. El 5 de mayo, en un canal de televisión, agitó la versión de que el funcionario movió dinero proveniente del activo y al otro día, salió a su cruce el presidente Milei, cuando sostuvo en LN+ que Adorni tenía todos los papeles listos y presentaría en breve su declaración jurada.
“Está hablando para justamente poder presentarlos antes y que se terminen todas estas fantasías y mentiras engendradas por una gran mentirosa como la señora Pagano”, dijo el Presidente, que abandonó el tono cortés en sus siguientes apariciones para referirse a la diputada como el “lechón iraní”.
El contrapunto nacido en los canales de televisión tuvo su correlato en los tribunales. El 15 de mayo, por primera vez, Pagano denunció directamente a Milei. En su escrito sostuvo que el Presidente omitió denunciar un “intento de golpe de Estado” −episodio al que había referido en una entrevista con Neura− y un intento de corrupción por parte de un empresario, que le habría ofrecido dinero.
“Lo que estoy haciendo no es más ni menos que mantener las promesas que hicimos en campaña −le explica Pagano a − cuando militábamos que la transparencia era uno de los pilares fundamentales de nuestro contrato social”.
“El propio Presidente decía que si encontraba la más mínima irregularidad en el accionar de un funcionario iba a invertir la carga de la prueba y lo iba a apartar preventivamente, hasta tanto pudiera demostrar su inocencia, y que se tenía que defender ante la Justicia”, recuerda.
Este lunes, Milei volvió a recrudecer el conflicto al darle difusión a un mensaje en redes en el que la diputada Leila Lemoine acusaba a Pagano de haber grabado gente dentro del Congreso y dedicarse al “chantaje y la extorsión”.
“Ya hemos confirmado que a través de Bindi tiene llegada a jueces y fiscales que, por estar implicados en situaciones non sanctas, son capaces de actuar por ellos”, dijo su excompañera de bancada, que habló también de un “intento” de Pagano y Bindi de “tomar la comisión de Juicio Político para tirar al Presidente”.
Entre la ruptura política con el oficialismo y el inicio de la embestida judicial de Pagano, hubo otro episodio en los tribunales. En septiembre, cuando en medio del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo sobre supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Gobierno presentó una denuncia por presunto espionaje ilegal y en ella incluyó a la pareja de Pagano, Bindi. Lo señaló como ligado a agentes inorgánicos de inteligencia y como posible autor intelectual de “algunos tramos” de la difusión de aquellos audios.
En aquella causa promovida por el Gobierno se apoyaron finalmente el fiscal Franco Picardi y el entonces juez del caso Andis, Sebastián Casanello, para avanzar en la investigación sin peritar los audios, cuyo origen ya era objeto de análisis en ese otro expediente.
se encamina a indagar al funcionario,https://t.co/EBFo9twmFR,May 26, 2026,Federico González del Solar,Marcela Pagano,Javier Milei,Manuel Adorni,Conforme a,,El mensaje del tedeum. La bronca oculta de Milei con la Iglesia,,»Es una mala señal». Preocupa en la Iglesia el proyecto del Gobierno que no restringe la publicidad de las apuestas online,,La batalla por la imagen. Ignorado por la transmisión oficial del tedeum, Caputo agitó la interna con un gesto sugestivo,Marcela Pagano,,Con el respaldo de Milei. Lilia Lemoine acusó a Marcela Pagano de operar contra LLA y buscar exparejas de funcionarios para destruirlos,,Una casta alimentada desde los sótanos del poder,,»Tengo 16 kilos de mucho amor en mi vientre». A pocos días de parir, Marcela Pagano respondió a los agravios de Milei, que la tildó de “cerda”
POLITICA
Jaldo lanzó un mensaje a la interna del peronismo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia, Tucumán está primero”
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, convirtió ayer el acto por el 81° aniversario del Día de la Lealtad Peronista en una señal hacia la conducción nacional, donde reivindicó la autonomía política de la provincia y ratificó: “Nuestra provincia está primero”. La convocatoria reunió a miles de personas en el Hipódromo provincial.
El mandatario, que además es vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) tucumano, sostuvo que el oficialismo debe renovar su compromiso con la población y defender la gestión provincial. “Somos el partido mayoritario, somos el partido que gobierna la provincia, somos el partido del que dependen dos millones de tucumanos”, afirmó ante dirigentes, funcionarios, legisladores y militantes.
Jaldo destacó la presencia de agrupaciones llegadas desde distintos puntos del territorio y definió la movilización como una de las más numerosas del país. “Este 17 de octubre acá en Tucumán va a quedar grabado en la retina y en el corazón de cada uno de los que han participado de este importante acto”, expresó.
Durante su discurso, el gobernador planteó que la responsabilidad del peronismo provincial trasciende la organización partidaria. “No solo tenemos que conducir los destinos de nuestro espacio político, sino que tenemos que todos los días atender las necesidades que tienen los tucumanos y, dentro de nuestras posibilidades, ir mejorando la calidad de vida”, señaló.
El mensaje más directo estuvo dirigido a la discusión interna del justicialismo y a la relación de las provincias con los referentes de Buenos Aires. “Nadie de Buenos Aires, sea del partido que sea, me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia. Tucumán está primero”, enfatizó Jaldo.
El mandatario pidió que cada distrito conserve capacidad para definir su estrategia electoral y política. “Cada provincia tiene la autonomía y hay que practicar el verdadero federalismo dentro del Partido Justicialista”, sostuvo durante el acto, según informó Jaldo en el Hipódromo: “Nadie de Buenos Aires me va a venir a decir lo que tengo que hacer con mi provincia”.
En el plano nacional, Jaldo llamó a los distintos sectores del peronismo a alcanzar acuerdos de cara a las próximas elecciones. Y consideró que el espacio debe construir una fórmula competitiva, respaldada por un programa de gobierno.
“Seguramente, cuando se tomen las decisiones sobre los candidatos, vamos a ir todos juntos a acompañar. Poniéndonos de acuerdo vamos a elegir la mejor fórmula, la más competitiva”, afirmó. Luego aclaró que el objetivo debe ir más allá de una victoria electoral: “No una fórmula solo para ganar, sino una fórmula que nos permita gobernar bien la República Argentina”.
El dirigente tucumano también reivindicó la decisión de su provincia de competir en los comicios y mencionó la participación de referentes del espacio, entre ellos el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla.
En otro tramo de la intervención, el gobernador se refirió a las objeciones que, según dijo, buscan impedir su postulación. “El 9 de mayo Osvaldo Jaldo va a estar en las urnas del peronismo”, aseguró, en alusión a las elecciones previstas para 2027.
Por último, el dirigente también convocó a la militancia a participar de la campaña y a defender los intereses de la provincia. El acto en el Hipódromo de ayer funcionó como una demostración de fuerza del peronismo tucumano y como un anticipo de la disputa electoral que se abrirá en los próximos meses.
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POLITICA
La UBA se desligó de los incidentes en la marcha y exigió que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario
Emiliano Yacobitti le respondió este jueves a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, quien había intentado minimizar la quinta Marcha Federal Universitaria poniendo por encima los incidentes que terminaron con 31 personas detenidas. El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que “cientos de miles de personas se movilizaron” para reclamar en favor de la educación pública y le recordó a la funcionaria que “nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente”, por lo que debería empezar por cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Monteoliva compartió en redes sociales un video con imágenes de actos violentos durante la protesta frente al Congreso, indicó que “el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia” y que “nadie está por encima de la ley”. Yacobitti respondió a ese posteo: “Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos”.
Luego, en diálogo con TN, el vicerrector destacó la “movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes”, y desligó a quienes exigían el cumplimiento de la ley por parte del Gobierno de quienes protagonizaron actos violentos.
“El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes. Obviamente, soy el primero en repudiar cualquier tipo de hecho de violencia. En ese sentido, la policía fue ineficiente porque lo primero que tiene que hacer es identificar a los violentos para que todos podamos manifestarnos con tranquilidad”, expresó Yacobitti.
Y profundizó: “La policía tiene que decir quiénes son, porque si no siempre hay una minoría que genera hechos de violencia y que pretende con eso manchar lo que fue una movilización gigantesca donde más de un millón de personas en todo el país se movilizó. Esta es la quinta Marcha Universitaria y en ninguna hubo ningún incidente”.
El representante de la UBA, si bien desligó a los estudiantes, repudió la violencia y pidió “identificar a los violentos y caerles con lo más duro de la ley”.
“Lo que no puede pasar es que alguien diga que los universitarios son violentos. La Ciudad de Buenos Aires está llena de cámaras donde se puede identificar a cualquiera. Lo que tiene que hacer la policía es, si hay gente que tira piedras, identificarla y que le caiga el peso de la ley, así como le tiene que caer el peso de la ley al Presidente por no cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”, insistió.
Para Yacobitti, los incidentes manchan un reclamo genuino por parte de la comunidad universitaria. “Es lo más funcional a lo que más reclamamos en contra. Nosotros estamos reclamando de manera pacífica que hay que cumplir la ley. ¿Cómo no vamos a repudiar con toda la fuerza posible al que va y le tira una piedra a un policía? Lo que tendría que hacer la policía, con toda la infraestructura que hay, es decir ‘estos son los responsables’“, señaló.
“Si en lugar de hablar de los cientos de miles de personas que se movilizaron en todo el país para defender las universidades, se habla de cinco gatos locos que fueron a tirar piedras al Congreso para provocar y ser funcionales a quienes no quieren defender las universidades públicas, les hace el juego. ¿Cómo puede ser que los violentos que tiran piedras nunca sean identificados?“, expuso el vicerrector.
Y concluyó: “El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?“.
POLITICA
El Gobierno denunció penalmente a los manifestantes detenidos por los disturbios en el Congreso
El Gobierno Nacional, a través del equipo jurídico del Ministerio de Seguridad, denunció penalmente a los manifestantes que protagonizaron los incidentes registrados durante la marcha universitaria de este jueves por la tarde en las inmediaciones del Congreso de la Nación. La presentación contempla los cargos de resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y delito de daño agravado.
La presentación sostiene que los implicados actuaron deliberadamente con los rostros cubiertos para evitar ser identificados. Primero dañaron bienes públicos para proveerse de objetos contundentes y luego los arrojaron contra miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales que cumplían funciones en el lugar.
La denuncia, a la que accedió Infobae, señala además que la fecha no fue casual: el Congreso sesionaba ese día, lo que lleva al Ministerio a sostener que los disturbios habrían tenido entre sus objetivos “inhibir y/u obturar en forma parcial o plena la actividad legislativa” convocada para esa jornada.
En paralelo a la redacción del texto judicial, el ministerio avanza en la recolección de imágenes que servirán como prueba para sustentar las acusaciones. El material audiovisual recopilado busca identificar a los responsables de los destrozos y las agresiones que se produjeron en la zona de la Plaza de los Congresos y su entorno durante la movilización. Esa tarea de documentación resulta central para individualizar a cada uno de los acusados en el expediente que se presentará ante la Justicia.
El escrito describe un patrón sostenido de agresiones. Los ataques con objetos peligrosos se replicaron en distintos momentos de la jornada y dejaron efectivos de las fuerzas federales con lesiones. La denuncia caracteriza a los uniformados como “sujetos pasivos y permanentes” de esa violencia, pese a encontrarse desplegados bajo el protocolo establecido por el propio Ministerio para garantizar el orden y el ejercicio del derecho a la protesta pacífica.
La jornada dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas a lo largo de los enfrentamientos que tuvieron lugar en las calles aledañas al edificio legislativo. Entre los casos que trascendieron, uno concentró particular atención: la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a un menor de 14 años en la intersección de Montevideo y Bartolomé Mitre tras ser sorprendido arrojando piedras contra un móvil policial.
Ante la situación, se realizó una consulta con la Unidad Fiscal de Flagrancia (UFLA) Este, que ordenó la intervención del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para hacerse cargo del procedimiento, dado que la normativa vigente establece un tratamiento diferenciado para menores de edad involucrados en hechos de esta naturaleza.
Los choques también dejaron heridas en las propias filas de las fuerzas de seguridad. En total, ocho efectivos resultaron lesionados durante el operativo desplegado en torno al Congreso. El desglose incluye cuatro agentes de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), dos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y dos de la Policía Federal Argentina (PFA).
Los uniformados recibieron piedras y otros objetos contundentes por parte de grupos que se desprendieron de la columna principal de manifestantes y protagonizaron las escenas de mayor tensión de la tarde.
Pero los daños no se limitaron al plano físico de los efectivos. La violencia que se desató en torno al Parlamento dejó marcas profundas en el espacio público. De acuerdo con una estimación preliminar del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los destrozos ascienden a $90 millones.
El mobiliario urbano, las veredas, los canteros y las superficies verdes de la Plaza de los Congresos y las áreas circundantes fueron los más afectados por la acción de los grupos violentos que operaron en la zona.
La protesta, convocada en defensa de la educación pública universitaria, derivó en incidentes con las fuerzas de seguridad que custodiaban el perímetro del edificio legislativo. Los desmanes se concentraron durante las horas de la tarde, cuando sectores radicalizados avanzaron sobre las líneas de contención policial y provocaron las escenas de violencia que ahora son objeto de la investigación judicial.
Con la denuncia penal en marcha, el Ministerio de Seguridad apunta a llevar adelante acciones judiciales concretas contra quienes participaron en los hechos de violencia. Los cargos elegidos —resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado— dan cuenta del encuadre que el Gobierno le otorga a los episodios frente al Congreso. La recolección de pruebas en video y fotografía, en tanto, será determinante para sostener cada una de las imputaciones ante los tribunales competentes.
Civil Conflict,Demonstrations,Riots,South America / Central America,Civil Unrest
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