El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 40 dictó el procesamiento y la prisión preventiva de Anabela Sabrina Olmedo (33), la presunta viuda negra acusada de haber asesinado a Daniel Antonio Osorio Peñaloza el último 6 de junio. La imputada enfrenta cargos por homicidio “criminis causae”, es decir, matar para facilitar otro delito –en este caso, robo– y robo agravado.

Osorio Peñaloza, gerente general de GENTECH y socio cercano de Martín Menem, fue hallado sin vida en su departamento ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, en el barrio porteño de Caballito. Las pericias médicas y forenses determinaron que murió a raíz de congestión y edema pulmonar y encefálico, estado que, según la investigación, habría sido provocado por la ingesta de clonazepam suministrado de manera clandestina.

De acuerdo a la resolución, a la que tuvo acceso Infobae, la investigación concluyó, a partir de pericias toxicológicas y cámaras de seguridad, que Olmedo fue la última persona que estuvo con la víctima entre las 7:39 y 8:42 de la mañana del día de su muerte. Los videos muestran cómo la imputada ingresó al edificio junto a Osorio Peñaloza y se retiró sola, con llaves en sus manos y una bolsa que no llevaba al ingresar. Al poco tiempo, amigos preocupados por la falta de respuesta del directivo descubrieron su cuerpo.

Según la reconstrucción judicial, Olmedo suministró a la víctima una sustancia hipnótica en su bebida con el fin de anular su voluntad y facilitar el desapoderamiento de sus bienes: las llaves, y una caja fuerte que contenía entre 30.000 y 60.000 dólares. La autopsia confirmó la presencia de clonazepam y descartó intervención de terceros.

Fuentes del expediente indican que Olmedo no poseía conocimientos médicos para administrar dicha sustancia con seguridad, lo que para la Justicia incrementó el grado de desprecio por la vida de la víctima. Además, la causa suma agravantes debido a la existencia de al menos dos causas más en trámite contra la imputada por hechos similares.

La jueza Paula Verónica González consideró que la prisión preventiva resultaba imprescindible ante la gravedad del delito y los riesgos procesales: peligro de fuga, débil arraigo y posibilidad de entorpecimiento de la investigación. Si bien Olmedo no tiene condenas penales previas, sí enfrenta otras acusaciones recientes por delitos contra la propiedad y al momento de su detención intentó deshacerse de evidencia, según constataron los efectivos de la Policía de la Ciudad.

El Juzgado evaluó que el domicilio de la imputada era inestable, con mudanzas frecuentes y dificultades para notificarla, lo que configura un riesgo relevante de que evada la Justicia si se le otorgara la libertad.

Junto a la prisión preventiva, la magistrada ordenó el embargo de los bienes de Olmedo por 50 millones de pesos, con el propósito de cubrir posibles indemnizaciones civiles y costas procesales.

El caso ha causado impacto en la escena política y empresarial, dada la cercanía de la víctima con Martín Menem, quien se comunicó activamente con los allegados de Osorio Peñaloza durante el fin de semana en que se produjo el crimen.

Mientras avanza la causa y se completan nuevas pruebas forenses, Olmedo permanecerá detenida a la espera del juicio oral por homicidio “criminis causae” y robo agravado, enfrentando una de las penas más graves del Código Penal argentino.

La detención de Olmedo

El pasado lunes 15 de junio, agentes de la Policía de la Ciudad detuvieron a Olmedo por ser la principal sospechosa de haber cometido el crimen del empresario venezolano Osorio Peñaloza, directivo de GenTech Argentina que fue encontrado muerto en su departamento.

La captura fue realizada por efectivos de la División Homicidios en la localidad bonaerense de José C. Paz, tras una investigación encabezada por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 22 y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40.

De acuerdo con fuentes con acceso al expediente, la mujer fue identificada la semana pasada a partir del análisis de cámaras de seguridad, pero permaneció prófuga mientras los investigadores avanzaban en distintas tareas para determinar su ubicación y concretar su arresto.

La detención se produjo una semana después de que trascendiera la muerte del empresario. Desde las primeras horas de la investigación, los detectives analizaron la posibilidad de que Osorio Peñaloza hubiera sido víctima de una “viuda negra”, una hipótesis que este medio reveló el mismo día en que se conoció el caso y que, con el avance de las medidas judiciales, se consolidó como la principal línea investigativa.

Osorio Peñaloza tenía 46 años, era ciudadano venezolano y se desempeñaba como gerente de GenTech Argentina, la compañía tecnológica fundada años atrás por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Además de mantener una relación profesional, el ejecutivo era amigo personal del dirigente riojano.

El cuerpo fue encontrado el domingo 8 de junio en el departamento que ocupaba sobre la avenida Díaz Vélez al 5500. El hallazgo ocurrió luego de que allegados y familiares manifestaran preocupación por la falta de contacto con el empresario y solicitaran verificar qué había sucedido.

Desde ese momento, la investigación avanzó sobre una reconstrucción detallada de sus últimas horas de vida. Los detectives analizaron registros telefónicos, testimonios y una importante cantidad de imágenes captadas por cámaras de seguridad públicas y privadas.

El análisis de cámaras que llevó a la sospechosa

La clave de la investigación estuvo en el análisis de las cámaras de seguridad del edificio y de los alrededores. Fuentes con acceso al expediente indicaron que los detectives de la División Homicidios de la Policía porteña reconstruyeron que Osorio Peñaloza ingresó a la mañana temprano del sábado a su departamento. Y estaba acompañado por una mujer.

Las imágenes registraron a ambos al entrar al edificio de la avenida Díaz Vélez. La mujer llevaba una gorra y quedó filmada por distintos dispositivos de seguridad instalados tanto en el acceso como en sectores internos del inmueble.

Horas más tarde, las cámaras volvieron a captar a la misma persona. Esta vez aparecía sola. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, la mujer abandonó el edificio sin compañía y utilizó la llave para salir de la propiedad.

Ese detalle llamó especialmente la atención de los detectives y se convirtió en uno de los principales elementos de análisis del expediente. A partir de esas imágenes y de otras medidas complementarias, los investigadores identificaron a la sospechosa.

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La Libertad Avanza presentó una acción popular de inconstitucionalidad -única provincia que lo aplica- ante la Corte de Justicia de Salta para frenar la reforma electoral provincial que ya fue aprobada en ambas cámaras.

La presentación, que fue confirmada a Infobae por el senador Roque Cornejo Avellaneda, cuestiona el mecanismo que permite que los votos de distintas listas de un mismo frente se sumen para definir al espacio más votado en las categorías de legisladores e intendentes, aunque excluye la de gobernador. Esto -sostuvo el legislador- “puede alterar el resultado en los próximos comicios».

La iniciativa de la reforma electoral había obtenido el rechazo de los 9 diputados provinciales de La Libertad Avanza, la radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista. El proyecto pasó al Senado y también se aprobó.

La nueva ley de reforma electoral autoriza hasta cuatro listas por frente, elimina los pisos mínimos de votos para acceder al reparto de cargos y mantiene el sistema D’Hondt.

Ahora, ante este recurso jurídico presentado por LLA, el máximo tribunal provincial deberá resolver si la norma es compatible con la Constitución de Salta o si alguno de sus puntos debe ser invalidado antes de su aplicación electoral.

La demanda contra el mecanismo de acumulación de votos

El espacio libertario sostiene que la reforma habilita una mecánica por la cual el resultado final puede beneficiar a una fuerza política mediante la acumulación de votos entre distintos sublemas, incluso si un candidato individual no fue el más votado.

En un comunicado, LLA Salta definió la ley como “un atropello a la democracia y a las instituciones republicanas”. También afirmó que el sistema aprobado “distorsiona la representación real del elector”, porque desvirtúa el principio de elección directa de los representantes.

Para el partido, la reforma modifica el sentido del sufragio ciudadano y favorece a las estructuras con mayor capacidad territorial y organizativa. La fuerza insiste en que se trata de una ley de lemas encubierta, una caracterización que ya había utilizado durante la discusión parlamentaria.

La herramienta elegida fue una acción popular de inconstitucionalidad, prevista en la legislación salteña. Ese mecanismo permite a cualquier ciudadano pedir a la Corte la invalidez de una norma por presunta contradicción con la Constitución, sin necesidad de acreditar un perjuicio personal y directo.

La defensa del oficialismo y las críticas opositoras

Durante el tratamiento legislativo, el oficialismo rechazó esas críticas y sostuvo que la modificación actualiza el sistema electoral de la provincia. El objetivo declarado de la iniciativa fue ampliar la participación, ordenar la competencia tras la eliminación de las PASO y fijar nuevas reglas para la presentación de candidaturas.

El diputado Gustavo Dantur sostuvo entonces que la reforma “permitirá mayor claridad sobre las posturas políticas” y pidió “no subestimar al electorado”. En la misma discusión, la diputada Socorro Villamayor afirmó que el nuevo esquema “ordena la legislación después de los cambios de las PASO y amplía la participación ciudadana”.

La norma también incorporó exigencias adicionales para los postulantes, entre ellas narcotests obligatorios, y redefinió los plazos de presentación de listas. Para sus impulsores, esos cambios aportan transparencia e idoneidad; para sus detractores, forman parte de un rediseño que concentra poder en las cúpulas partidarias.

Las objeciones no provinieron solo de LLA. La radical Soledad Farfán y José Gauffín, del Bloque de la Reconquista, también cuestionaron el proyecto en la Cámara de Diputados salteña y advirtieron sobre una posible distorsión de la representación y sobre el costo político e institucional del nuevo esquema.

Con la demanda presentada, la controversia dejó de estar concentrada en la Legislatura y pasó al terreno judicial. La decisión de la Corte de Justicia de Salta determinará si la reforma puede aplicarse en los próximos procesos electorales o si el texto deberá ser revisado por sus presuntas incompatibilidades constitucionales.

Qué es una acción popular de inconstitucionalidad

La acción popular de inconstitucionalidad, consagrada en el artículo 92 de la Constitución Provincial, tiene por exclusivo objeto la declaración de inconstitucionalidad de una norma de alcance general contraria a dicha Constitución.

“Salta es la única provincia del país que la aplica en donde cualquier ciudadano puede presentar ante la Corte de Justicia esta acción jurídica”, sostuvo Cornejo Avellaneda a Infobae. Además, deberá contener cita expresa de la cláusula que sostenga haberse infringido y los fundamentos que motivan la pretensión, bajo pena de inadmisibilidad.

En su artículo 2 expresa que tramitará bajo las reglas del juicio sumario previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, como cuestión de puro derecho. Y en el siguiente articulado que la demanda se interpondrá ante la Corte de Justicia dentro del plazo de treinta días hábiles, computados desde la publicación de la norma de alcance general contraria a la Constitución Provincial.

A su vez, el Presidente de la Corte dará traslado de la demanda por ese lapso al Fiscal de Estado, salvo que la acción haya sido interpuesta por éste, como así también a los representantes legales de los municipios o a los funcionarios que ejerzan la titularidad de los organismos involucrados, cuando los preceptos emanaren de dichas entidades.

Roque Cornejo Avellaneda