POLITICA
Menos participación ciudadana: el Gobierno modificó el proceso de los jueces que quieren seguir en el cargo después de los 75 años
El Gobierno oficializó esta semana el reglamento para el nombramiento de jueces que superen los 75 años, a través de la Resolución 384/2026, firmada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Se publicó el miércoles en el Boletín Oficial.
La nueva reglamentación, que deja sin efecto la anterior de Mariano Cúneo Libarona, exige que los magistrados que quieran seguir en funciones presenten algunos requisitos más. Pero, como modificación troncal, barre de la parte administrativa, previa al envío del pliego, a una serie de organizaciones que estaban autorizadas a presentar objeciones o comentarios sobre el postulante.
La resolución centraliza esa parte del trámite solo en el Ministerio de Justicia.
Fuentes de la Casa Rosada alegaron que la nueva normativa para los magistrados de más de 75 años va en línea con el Decreto 467/2026, publicado el 16 de junio, que eliminó instancias de participación ciudadana también para el proceso de selección de integrantes de la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
El Gobierno argumentó que esta etapa previa duplicaba el proceso, porque la participación ciudadana se mantiene vigente luego en el Senado.
En el caso de los magistrados de más de 75 años, fuentes oficiales alegaron exactamente lo mismo.
En la Argentina, los jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años y quieran seguir en funciones deben conseguir un nuevo nombramiento por parte del Poder Ejecutivo, que después remitirá nuevamente su nombre al Senado para que preste acuerdo.
En ese procedimiento, antes los requirentes debían presentar sus antecedentes profesionales, la declaración jurada patrimonial y un certificado expedido por el Consejo de la Magistratura o por los Tribunales de Enjuiciamiento, que informara si el postulante a continuar en el cargo tenía sanciones disciplinarias y si existían solicitudes de jury de enjuiciamiento o de remoción del cargo en trámite en su contra.
Ahora, a eso tendrán que sumar el DNI, el título universitario y el currículum vitae que contenga los antecedentes profesionales del magistrado.
Además, el Ministerio de Justicia deberá solicitar a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que, preservando el secreto fiscal, elabore dentro de los cinco días de recibida la solicitud un informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas y previsionales del magistrado. Esto se determinó de igual manera en el Decreto 467 para los postulantes a la Corte, la Procuración y la Defensoría General.
Pero el cambio más fuerte es que, bajo el viejo reglamento, desde el día de publicación en el Boletín Oficial y por el término de cinco días hábiles, la sociedad civil, los colegios profesionales, las asociaciones que nuclean a sectores vinculados con el quehacer judicial, de los derechos humanos y otras organizaciones que por su naturaleza y accionar tuvieran interés en el tema podían hacer llegar al Ministerio de Justicia “observaciones, objeciones, posturas y demás circunstancias e interés” con relación al magistrado de más de 75 años solicitante. A eso, debían sumar una declaración jurada de su propia objetividad respecto de los profesionales en cuestión.
Ahora, esa parte es más corta. El Gobierno barre a las organizaciones y ya no forman parte del proceso previo al envío del pliego. La instancia de participación ciudadana queda solo en el Senado.
El Ministerio de Justicia, para darle difusión a la solicitud, simplemente deberá publicarla en el Boletín Oficial durante un día, con una referencia a la página web en la que cualquier interesado podrá consultar el currículum del magistrado solicitante.
En tanto, con eso y el informe de ARCA, el ministerio ya está en condiciones de elevar las actuaciones al Presidente, para que remita el pliego a la Cámara alta.
Según justifica el Gobierno en la normativa, la decisión busca “armonizar el procedimiento” con el régimen vigente y “simplificar su tramitación administrativa”.
El nuevo reglamento está a tono con el Decreto 467/2026, que derogó el artículo que permitía a la ciudadanía, universidades y ONG presentar durante 15 días objeciones o apoyos a los candidatos para la Corte, la Procuración y la Defensoría General antes de enviar los pliegos al Senado.
Durante la gestión Mahiques, el caso más conocido respecto de un magistrado de 75 años que quiso renovar su cargo fue el de su padre, el camarista Carlos Mahiques. El ministro, con aval de Javier Milei, mandó ese pliego para que su familiar siga en funciones y consiguió sin mayores problemas los dos tercios de acuerdo de la Cámara alta.
Por el contrario, el Consejo de la Magistratura abrió el concurso para designar un reemplazante para el juez de la Cámara Federal Martín Irurzun, que cumplió 75 años en julio pasado. No porque Irurzun no quiera renovar su cargo. El juez batalla en la Corte Suprema de Justicia para que lo habiliten, luego de que el Gobierno decidiera no enviar su pliego al Senado.
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POLITICA
Los empleados bancarios recibieron otro aumento salarial en sintonía con la inflación: cuánto cobrarán desde septiembre
La Asociación Bancaria acordó con las cámaras empresariales un aumento del 1,9% para septiembre, que elevará el sueldo inicial de la actividad a $2.552.560,34.Y con el plus de participación en las ganancias, de $73.786,55, el ingreso total se ubicará en la cifra récord de $2.626.346,89.
Según anunció el sindicato que lidera Sergio Palazzo, el acuerdo establece que el mismo mecanismo salarial (que eleva los sueldos según la cifra exacta de la inflación) continuará durante octubre, noviembre y diciembre, con el alcance previsto en los convenios firmados hasta ahora. La negociación paritaria seguirá durante la segunda quincena de enero de 2027.
Se informó que la actualización se aplicará a todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, tanto remunerativas como no remunerativas, incluidos los adicionales convencionales y no convencionales. Con este ajuste, los salarios acumulan un aumento del 23,6% en los primeros nueve meses del año respecto de diciembre de 2025.
Por el Día del Bancario, además, ambas partes definieron que el monto mínimo será de $2.275.519,25 y deberá abonarse hasta el 6 de noviembre.
De esta forma, los sueldos de los bancarios tuvieron otra importante mejora ya que se mantiene el acuerdo de otorgar un aumento atado a la inflación.
El 6 de este mes, por otra parte, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, homologó la paritaria firmada por el Sindicato de Camioneros y las cámaras empresariales, en una convalidación oficial al aumento del 9,9% en 6 tramos hasta febrero de 2027.
Así surge de una resolución firmada por la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Mara Mentoro, que le dio amplia validez legal al acuerdo alcanzado por el gremio liderado por Hugo Moyano, que, una vez más, estuvo en sintonía con la pauta salarial del Gobierno ya que no supera la inflación prevista.
La mejora salarial, anticipada por Infobae, se pagará de esta forma: 1,8% en septiembre, 1,7% en octubre, 1,7% en noviembre, 1,6% en diciembre, 1,6% en enero y 1,5% en febrero. El entendimiento, además, contempla una suma fija no remunerativa de $18.000 para septiembre y un bono anual de $1.200.000, que se abonará en 4 cuotas de $300.000 desde enero.
La negociación incluyó un aumento de la contribución patronal extraordinaria a la obra social, que pasó de $25.000 a $29.000 mensuales por trabajador. Con cerca de 190.000 afiliados, el aporte representa una recaudación patronal aproximada de $5.510 millones mensuales para la entidad de salud del sindicato.
Mientras, como informó Infobae, los salarios formales mostraron una mejora en agosto, pero la evolución del poder adquisitivo desde el inicio del actual Gobierno exhibe diferencias marcadas entre las actividades económicas. Mientras que el salario promedio del empleo privado registrado logró ubicarse por encima del nivel de noviembre de 2023, las remuneraciones acordadas en las principales paritarias aún se encuentran por debajo.
De acuerdo con los datos provisorios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el salario medio del empleo privado registrado aumentó 1,3% real en agosto respecto del mes anterior, en la serie desestacionalizada.
En tanto, la remuneración promedio de los principales convenios colectivos de trabajo avanzó 0,9% en el mismo período. En ambos casos, las variaciones reflejan una mejora del poder de compra frente a la inflación.
Sin embargo, el balance desde noviembre de 2023 muestra resultados diferentes. El salario promedio del sector privado registrado se encuentra 1,2% por encima de aquel nivel, mientras que el correspondiente a los principales convenios acumula una pérdida real de 6,9%.
Según la Secretaría de Trabajo, la trayectoria de ambas series también fue distinta. Después de la fuerte caída registrada en diciembre de 2023 y enero de 2024, los salarios privados iniciaron una recuperación que les permitió superar el nivel de noviembre de ese año en septiembre de 2024 y alcanzar un máximo durante el primer trimestre de 2025. Desde entonces, atravesaron fluctuaciones, aunque en agosto de 2026 conservaron una mejora acumulada.
Los salarios negociados en paritarias, en cambio, avanzaron hasta comienzos de 2025, pero desde el segundo trimestre de ese año ingresaron en una tendencia descendente que no lograron revertir por completo. El resultado agregado, de todos modos, esconde diferencias importantes entre las actividades.
Entre los sectores con mayores incrementos acumulados se destacaron las entidades deportivas, con una suba real de 15%, seguidas por la actividad gráfica, con 13,2%. Gastronomía y hoteles, y farmacias también exhibieron avances significativos, ambos del 11%.
A ese grupo se sumaron transporte de carga, seguridad, maestranza, frigoríficos e industria aceitera, que también lograron mejoras reales durante el período analizado.
En el extremo opuesto, la actividad textil registró la mayor pérdida de poder adquisitivo, con una caída acumulada de 32% respecto de noviembre de 2023. Le siguieron comercio, con una contracción de 18%; transporte de pasajeros, con 13%; y encargados de edificios, con 12,1%.
También hubo retrocesos en sectores con una participación relevante en el empleo formal. Sanidad, industria metalúrgica, alimentación y construcción acumularon bajas de entre 5% y 9% en términos reales frente al nivel de noviembre de 2023.
Corporate Events,South America / Central America,Government / Politics
POLITICA
La Justicia procesó a Diego Spagnuolo en una segunda causa por presunta corrupción en la ANDIS
El juez federal Ariel Lijo volvió a procesar a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en una causa por presunta corrupción en el organismo.
La investigación se centra en la compra de insumos médicos y ortopédicos a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves que no cuentan con cobertura médica específica.
La Justicia busca determinar si funcionarios y empresarios acordaron direccionar contrataciones públicas para beneficiar a determinados proveedores a cambio de retornos económicos.
Según informó Clarín sobre la resolución judicial, este nuevo tramo de la causa comprende operaciones que habrían generado un gasto de $75,5 millones y alcanza a otros exfuncionarios y empresarios vinculados con las firmas proveedoras.
La investigación por las compras de insumos médicos
El expediente analiza presuntas irregularidades en la adquisición de prótesis, implantes cocleares, materiales quirúrgicos, sillas de ruedas motorizadas y otros dispositivos médicos. Los insumos eran destinados a personas que reciben asistencia a través del Programa Incluir Salud.
De acuerdo con la información publicada por Clarín, la resolución judicial también menciona diferencias entre los precios pagados y los valores de referencia.
Las estimaciones incluidas en el expediente superan los $7.800 millones al sumar las comparaciones correspondientes a insumos médicos y medicamentos.
La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, que reconstruyó una segunda ruta de presuntos pagos ilegales. Las maniobras bajo análisis habrían ocurrido entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Quiénes están involucrados en la causa ANDIS
Además de Spagnuolo, el juez avanzó sobre otros exfuncionarios y empresarios. Entre ellos se encuentran Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvette y Ornella Calvette, además de distintos representantes de empresas proveedoras de insumos médicos.
Según la información difundida sobre la resolución, 19 personas fueron procesadas sin prisión preventiva, mientras que se amplió el procesamiento de otras cinco que ya estaban alcanzadas por la causa.
POLITICA
El Banco Central se niega a identificar a las entidades con las que se realizó la cobertura del oro
El Banco Central adoptó una posición de estricto hermetismo respecto de la o las entidades con las que se hizo la cobertura del oro en 2025. La tesitura se repite igual en el Gobierno. Esto, después de que la Auditoría General de la Nación (AGN) señalara que esas operaciones le generaron a la autoridad monetaria una pérdida de US$1.023 millones, pagada con divisas.
Tanto el BCRA como la Casa Rosada puntualizaron en que la AGN -liderada por el peronista capitalino Juan Manuel Olmos– tuvo una intención “puramente política”. Alegaron que las posiciones en oro del Central, incluidas las coberturas, arrojaron una ganancia neta de US$2505 millones.
Sin embargo, desde la entidad comandada por Santiago Bausili evitaron dar a el detalle de quién fue la contraparte de la cobertura.
“Es una información que por ahora el BCRA no hará pública”, alegaron desde el Banco Central, sin mayores detalles sobre el porqué y en medio de las especulaciones que ya sembró la oposición.
Tanto en el Gobierno como en el Ministerio de Economía, previamente, habían remitido las consultas de este medio al BCRA.
El martes, el vocero presidencial, Adrián Ravier, también evitó ante responder sobre la o las entidades con las que se hizo la operación. “No tengo el nombre de la empresa que tomó la cobertura”, dijo.
Si el vocero tenía preparada una respuesta para defender la medida. Ravier sostuvo, primero, que las posiciones en oro del Banco Central derivaron en US$2500 millones de ganancia. “Si miramos el punto del oro, representa 20% de las reservas internacionales. Esto habla de un activo muy importante. La política habitual de los bancos centrales, incluso de este en períodos anteriores, es tratar de darle estabilidad a un activo tan importante. En otro tiempo se podría haber dicho que el oro era muy estable por sí mismo, pero la realidad es que hoy estamos observando mucha volatilidad con el precio; entonces, no es un error tomar una cobertura, un seguro, para cubrirse de la dinámica y la volatilidad del precio”, justificó.
En eso, el vocero del Presidente comparó la cobertura con un seguro para un auto. Dijo que si cualquier persona paga una póliza y durante todo el año no tiene ningún accidente, podría pensar que perdió dinero por haberla contratado. “Aquí es lo mismo: con el diario del lunes es fácil decir que el BCRA perdió dinero con la cobertura, pero la realidad es que no sabíamos un año atrás que el precio del oro iba a subir lo que subió, mas de 60%”, marcó.
Acto seguido, hizo esta cuenta: “Producto del aumento del precio del oro, el activo del Banco Central tuvo una ganancia de US$3500 millones. La cobertura implicó una deducción de US$1000 millones. La ganancia supera los US$2500 millones″.
Entonces, Ravier planteó que si el valor del oro hubiera bajado, el Central hubiera tenido con qué cubrirse y denunció una “politización” de la AGN.
“La auditoría en el informe habla de una ‘acción especulativa’ del Central y, después, de una ‘cobertura’. O es una; o es la otra. ‘Especulativa’ sería si no se hubiera tomado la cobertura porque el BCRA hubiese especulado que el precio iba a ir subiendo, no iba a necesitarla e iba a ganar con ese aumento. Como no quiere el Gobierno especular qué va a pasar con el precio del oro, se cubre con un seguro, tratando de darle estabilidad”, dijo para defender la movida.
La definición de Ravier fue en total sintonía con lo que había explicado el Central apenas se conoció el informe de la AGN. En ese momento, la autoridad monetaria sostuvo que este tipo de operaciones son una práctica habitual desde 2007.
En el reporte que generó la controversia, la AGN definió que los estados contables del Central al 31 de diciembre de 2025 “son razonables, en sus aspectos técnicos, sobre la situación patrimonial de la entidad”, pero hizo un “señalamiento” sobre el resultado de las operaciones vinculadas a las reservas de oro.
“Durante 2025, el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió US$1023 millones, según surge de las registraciones contables”, planteó la AGN en el informe que presentó Olmos y que desató la reacción de la Casa Rosada y el BCRA, que igual siguen sin decir quién fue la contraparte.
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