A menos de dos meses y medio de la fecha límite para presentar el Presupuesto 2027, el gobierno de Javier Milei dejó entrever las proyecciones económicas que espera para el año que viene, con crecimiento, baja de la inflación y la pobreza, y detalló cómo se desenvolvió la ejecución presupuestaria durante los primeros cinco meses de 2026.

En las últimas horas, el Ministerio de Economía presentó al Congreso el Informe de Avance sobre la Elaboración del Presupuesto, en el que destaca la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento” de la economía argentina para el período 2027-2029.

Según el documento, el escenario previsto se basa en la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la mejora de los principales indicadores de la demanda agregada. “El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para el Ejercicio 2027 estará sustentado en una mejora de la inversión que redundará en mejores condiciones para el desarrollo de proyectos productivos, la recuperación del consumo privado y el sostenimiento de una contribución positiva del sector externo”, resalta el texto, que lleva la firma del ministro Luis Caputo.

Las estimaciones oficiales subrayan la relevancia de la evolución de los precios, ya que se prevé “una desaceleración significativa de la inflación”, lo que fortalecería la recuperación de los salarios reales y del ingreso disponible en los hogares. Según el equipo económico, este escenario “mejorará las condiciones para la toma de decisiones de consumo e inversión” y creará un entorno favorable para el crecimiento de la economía.

El informe proyecta que el mercado laboral mostrará una evolución positiva, con una reducción de la tasa de desempleo y una generación de empleo alineada con el crecimiento de la actividad económica. En materia social, la proyección oficial indica que “la tasa de la pobreza continuaría reduciéndose, al igual que la indigencia, que registraría una disminución gradual”. Además, se estima una mejora sostenida del coeficiente de Gini, indicador clave para medir la desigualdad, lo que reflejaría avances en la distribución del ingreso en el país.

En palabras del documento enviado por Economía al Congreso, el escenario de mediano plazo contempla “la consolidación de un proceso de crecimiento económico sostenido, acompañado por una reducción persistente de la inflación, una mejora de los ingresos reales, avances en los indicadores laborales y sociales y un fortalecimiento de los equilibrios macroeconómicos”.

Por otro lado, el texto detalla que “las estimaciones de recursos impositivos y de aportes y contribuciones de la Seguridad Social se han realizado en el marco de lo previsto en el cronograma aprobado por la Resolución N° 446/26 del Ministerio de Economía, previendo un leve incremento real anual de los recursos durante el trienio, principalmente impulsado por la variación de la actividad y el incremento de las exportaciones”. El reporte agrega que, pese a este crecimiento, la gestión continuará con su objetivo de “devolver recursos al sector privado, mejorar la competitividad y sostener la apertura económica”.

En cuanto a la deuda pública, la programación del servicio de la deuda interna y externa para el período 2027-2029 fue realizada “en concordancia con los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública, fortalecimiento del mercado de financiamiento y mantenimiento del equilibrio fiscal”. De acuerdo con el Palacio de Hacienda, estas proyecciones constituyen un insumo clave para la determinación de los límites financieros que serán comunicados a las distintas jurisdicciones y entidades.

A la vez, el informe también aborda la programación de gastos a ser financiados con préstamos de organismos internacionales y convenios bilaterales. El Gobierno anticipó que continuará con las acciones orientadas a la normalización institucional y el cierre progresivo de las Unidades Ejecutoras de Programas con Financiamiento Externo (UEPEX) cuyos programas hayan finalizado. El objetivo de esta política es “optimizar la asignación de recursos humanos y financieros y fortalecer la sostenibilidad de las cuentas públicas”, en línea con la búsqueda del equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal.

Durante los primeros cinco meses de 2026, la Administración Pública Nacional registró “un resultado primario superavitario, en base devengado, de $8.425.328,7 millones (equivalente al 0,7% del PBI)” y “un resultado financiero también positivo de $2.660.474,5 millones”, según detalla el documento oficial. Los recursos totales percibidos entre enero y mayo representaron el 40,1% del presupuesto vigente.

El grueso provino de ingresos impositivos y aportes y contribuciones a la seguridad social, que alcanzaron $34.191.171,1 millones y $20.886.294,1 millones, respectivamente. El informe incluye un dato extraordinario: los recursos de capital incorporaron $1.039.903,3 millones derivados de la licitación para la operación privada de las centrales hidroeléctricas, aunque aclaró que “sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario sería de $7.385.425,4 millones”.

Además, la cartera económica puntualizó que los ingresos impositivos experimentaron un incremento de $6.218.022,3 millones, equivalente a un 22,2% más que en igual período del año anterior, impulsados principalmente por tributos ligados a la actividad económica interna como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) neto de reintegros, los débitos y créditos bancarios y ganancias. A la vez, “los aportes y contribuciones a la seguridad social resultaron mayores en $4.466.663,2 millones (27,2%) con relación a iguales meses del año anterior”.

En cuanto a los gastos, la Administración Pública Nacional devengó el 39,2% del nivel estimado para el ejercicio, totalizando $56.363.500,2 millones, lo que representa un aumento de $12.329.943,7 millones (28%) respecto de igual período de 2025. El gasto primario, que excluye intereses, ascendió a $50.598.646,0 millones, con una suba de $10.897.287,5 millones (27,4%) frente al año previo.

Entre los principales rubros del gasto primario, se destacan las prestaciones de la seguridad social, que sumaron $6.954.248,3 millones, principalmente por la aplicación de la política de movilidad de los haberes previsionales y la Ley de Reparación Histórica. Los intereses netos y otras rentas de la propiedad representaron $2.143.018,2 millones, mientras que las remuneraciones alcanzaron $1.314.145,6 millones en el marco de las políticas salariales vigentes. Las asignaciones familiares sumaron $1.131.830,5 millones y las compensaciones en materia energética ascendieron a $1.053.849,4 millones.

En la estructura porcentual del gasto ejecutado, los Servicios Sociales representaron el 73,9% del total, con una fuerte incidencia de la Seguridad Social (59,7%), Educación y Cultura (4,9%), Salud (4,9%) y Promoción y Asistencia Social (2,3%). La finalidad Deuda Pública explicó el 10,3% y los Servicios Económicos el 6,7%, con énfasis en Energía, Combustibles y Minería (4,1%) y Transporte (2%).

El gobierno bonaerense intervino en el conflicto y congeló por 15 días la decisión de la empresa de despedir a 150 trabajadores

01/07/2026 – 18:02hs

La conciliación obligatoria llegó a tiempo para 150 trabajadores de Tenaris SIAT. El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires suspendió este miércoles los despidos que la compañía del Grupo Techint tenía previsto comenzar a efectivizar desde este 1° de julio en su planta de Valentín Alsina, partido de Lanús.

La medida congela el conflicto por un plazo inicial de 15 días. Durante ese período, la empresa deberá retrotraer la situación al inicio de la disputa y sentarse a negociar con el sindicato.

La cartera laboral, encabezada por Walter Correa, dispuso retrotraer la situación al inicio del conflicto y convocó a la empresa y al gremio a una audiencia de conciliación para el próximo 13 de julio, con el objetivo de abrir una instancia de negociación.

La resolución ministerial calificó el caso como de «extrema gravedad». Los despidos masivos comunicados por la empresa justificaron la intervención del Estado provincial para «promover una solución pacífica legal al conflicto existente».

Las desvinculaciones alcanzaban a alrededor del 43% de la dotación de la planta. Hasta esta semana, unos 350 operarios trabajaban en el establecimiento de Valentín Alsina, dedicado a la fabricación de tubos para obras de infraestructura energética.

Despidos en Tenaris: cómo sigue el conflicto, tras la conciliación obligatoria

La conciliación obligatoria impone reglas claras a ambas partes. El sindicato deberá suspender cualquier medida de acción directa mientras dure la negociación.

Del otro lado, la empresa deberá «abstenerse de tomar represalias de ningún tipo con el personal». También está obligada a retrotraer las decisiones que dieron origen al conflicto, lo que en los hechos deja sin efecto las desvinculaciones mientras dure el proceso.

«Tenemos el compromiso con el pueblo bonaerense de estar presente como Estado ante cada conflicto laboral y acompañar la paz social como una herramienta de bienestar de nuestra comunidad, máxime teniendo en cuenta que Tenaris es el principal contribuyente del municipio de Lanús«, afirmó Correa.

El ministro apuntó directo contra la compañía. Sostuvo que «los trabajadores no pueden ser la variable de ajuste de este modelo, y menos en un conflicto inducido».

Por qué Tenaris decidió despedir a 150 operarios de su planta

El trasfondo del conflicto arranca varios meses atrás. La planta SIAT de Valentín Alsina arrastra desde abril un esquema de suspensiones acordado con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) como consecuencia de la menor carga de trabajo.

La fábrica había vivido su mejor momento durante la construcción del entonces Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. En ese período, llegó a emplear a más de 550 trabajadores bajo convenio y operó en tres turnos para abastecer la demanda de caños destinados a esa obra.

Pero una vez finalizados esos proyectos, la actividad comenzó a desacelerarse. La planta quedó a la espera de nuevas contrataciones de magnitud que nunca llegaron.

El golpe más duro vino cuando Tenaris perdió la licitación para proveer los tubos del gasoducto vinculado al proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) de Southern Energy. Ese contrato finalmente fue adjudicado a la empresa india Welspun.

Para el ministro Correa, el conflicto está directamente vinculado a esa decisión comercial. La compañía quedó fuera de dos licitaciones abiertas por el Gobierno nacional relacionadas con la iniciativa para exportar GNL desde Vaca Muerta.

La conciliación obligatoria abre ahora una ventana de negociación entre la empresa y el sindicato. El objetivo es destrabar un conflicto que impacta sobre una de las principales plantas industriales del Grupo Techint dedicada a la fabricación de tubos para obras de infraestructura energética.

La audiencia del 13 de julio será clave para definir el futuro de los 150 trabajadores cuyas desvinculaciones quedaron congeladas. Durante los próximos 15 días, las partes deberán encontrar un punto de equilibrio que permita resolver una disputa que pone en tensión la paz social en uno de los municipios industriales más importantes del conurbano bonaerense.

Por el escándalo del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la agenda del Gobierno en el Congreso sufrió una virtual parálisis y con ello, se demoró el envío de la nueva Ley de Inocencia Fiscal. Ahora, consideran que en la reunión de mesa política de la semana podría definirse como una de las prioridades de la nueva estrategia legislativa. Sin embargo, los tiempos corren tanto para la fecha de la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias como para la remonetización de la economía que busca el ministro Luis Caputo.

La postergación del proyecto genera inquietud entre asesores y contribuyentes. El ministro de Economía Caputo prometió subsanar los puntos débiles de la ley original tras reunirse con contadores, pero la crisis política frenó el avance en el Congreso. Fuentes consultadas por Infobae aseguran que, tras la asunción de Diego Santilli, la mesa política retomará sus reuniones la semana próxima, instancia en la que podría definirse la estrategia legislativa pendiente. Es más fue el presidente Javier Milei quien este miércoles le solicitó a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) que avancen a fondo con las reformas entre ellas Inocencia Fiscal.

El vencimiento para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025, previsto para fines de julio, representa un factor de presión. El retraso en la sanción de la nueva ley deja en suspenso a quienes evalúan adherir al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG). Algunos especialistas advierten que la demora podría dejar contribuyentes fuera del sistema y desalentar a quienes buscan certezas antes de exteriorizar fondos.

Desde el sector de los asesores tributarios, la preocupación se focaliza en la falta de certezas. Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti, sostuvo que el nuevo proyecto resolvía muchas cuestiones que hoy son interrogantes. “El vencimiento es el 27 de julio y todos esperábamos que esto se resuelva durante julio. Si no se trata entonces habrá clientes que van a quedar fuera del Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) mientras que otros no se va a sumar porque tiene incertidumbres particulares que lo asustan y tornan desaconsejable el Régimen”, afirmó.

Pero el impacto del retraso también se percibe entre quienes ya cumplen con los parámetros de ingreso y aguardan la sanción de la nueva norma para evitar contingencias. Noelia Girardi, gerente de impuestos de Lisicki, Litvin & Abelovich, señaló que varios contribuyentes esperan que la nueva ley quede definitiva antes de decidir si depositan los dólares no declarados.

“Muchos contribuyentes, si bien ya se encuentran en condiciones de adherir, están esperando que la ley quede definitiva para ver cuáles son los cambios finales, para poder sentirse seguros y con la previsibilidad tal de que depositar los dólares del colchón no le genere ninguna contingencia, ni ningún problema con el fisco u otro organismo”, explicó Girardi. Es que la ley actual no permite la adhesión de quienes tienen ingresos mayores a $1.000 millones, por lo que muchas personas quedan excluidas hasta que se apruebe la reforma.

En esa misma línea fue el contador Marcos Felice quien consideró que la demora complica la posibilidad de adhesión masiva al nuevo régimen. “La ley modificatoria trae muchas cosas más beneficiosas que hacen que más gente pueda adherir por contar con mayor seguridad jurídica a futuro”, afirmó en conversación con Infobae. Y que, a estas alturas, resulta inviable la aprobación en el Congreso antes de los vencimientos del 27 de julio. “Sería bueno al menos que se informe si el proyecto se aplicará recién para las declaración jurada que vencen el año que viene o que se oficialice una nueva prórroga hasta tanto salga la nueva ley”.

Pero hay quienes consideran que el impacto de la demora en el tratamiento de la nueva ley es limitado como el CEO de SDC Asesores Tributarios, Sebatían Dominguez. “Ahora se presenta la declaración jurada 2025, en general vaya a utilizar los dólares del colchón y para lo que requiere de la modificación legal, es para usarlos en 2026”. Domínguez remarcó que la reforma cobra importancia para robustecer el régimen desde el 2026, generando incentivos para que más contribuyentes formalicen sus fondos. “Cuanto más se demore la ley, tiene impacto en la demora en la remonetización de la economía”, advirtió. Además, explicó que prorrogar el vencimiento de julio traería problemas financieros a las provincias, porque Ganancias es coparticipable y los gobernadores se opondrían a una postergación, aun si la impulsa el fisco nacional.

Inocencia Fiscal fue una de las variables en las que se basó el Caputo para asegurar que a partir de mayo/junio comenzaban los “mejores 18 meses”. Es que si bien el ministro Caputo sostiene que la economía está creciendo, reconoce que el ritmo en que lo hace importa porque todavía hay argentinos que la están pasando mal. Y solo puede crecer a una mayor velocidad en la medida en que se produzca una formalización de los ahorros que están fuera del sistema, que se calculan que son USD 170.000 millones. Todavía esta por verse si el oficialismo, luego de la adhesión de varios funcionarios al RSG (pese a que no significa necesariamente que saquen los dólares del colchón), logra la aprobación de la nueva Ley en el Congreso