POLITICA
Miguel Ángel Calvete evitó declarar en su nueva indagatoria por el presunto fraude en la Agencia de Discapacidad
Miguel Ángel Calvete, uno de los principales apuntados en la causa que revisa un presunto fraude dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se negó hoy a declarar en la ampliación de su indagatoria, que fue virtual por un pedido especial de su defensa. Es la misma estrategia que aplicó ayer Diego Spagnuolo, el extitular de la agencia y cercano a los hermanos Milei.
Calvete ya había sido procesado en este expediente, señalado por el fiscal Franco Picardi como uno de los jefes de la banda que habría manipulado un sistema interno de compras para favorecer a determinadas droguerías en la compra de insumos médicos.
Sin embargo, a partir de nuevos hallazgos, el fiscal lo incluyó dentro de una segunda ronda de citaciones, convocándolo junto a una treintena de otros nuevos implicados, en su mayoría vinculados a droguerías.
Según la acusación, Calvete, que no ostentó ningún cargo formal dentro de la agencia, habría oficiado como un “director paraestatal” del organismo, a partir de la enorme influencia que ejercía sobre los funcionarios que manipulaban el sistema de compras, en el que habría habido sobreprecios, direccionamiento y retornos.
Anticipando que este miércoles Calvete no iba a declarar, su defensa, en manos del abogado Juan Ignacio Pascual, solicitó que el trámite fuera virtual, para evitar el desgaste del traslado: en el marco de otro proceso, Calvete fue condenado por proxenetismo y se encuentra preso en Ezeiza, alojado en un pabellón de salud mental.
Como excepción, la Justicia accedió al pedido y la audiencia fue telemática.
Su hija, Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también está procesada en el expediente, acusada de asociación ilícita, defraudación, negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Esta segunda ronda de 36 indagatorias, que concluirá a fines de mayo, se inició ayer con la convocatoria a los tribunales de Diego Spagnuolo, el máximo responsable de la agencia durante el periodo investigado, que abarca desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025.
Spagnuolo se negó a declarar. Desde su defensa señalaron que no lo hará hasta tanto la Justicia realice una pericia sobre los audios que dieron vida al expediente, en los que una voz que sería la suya da a conocer un presunto sistema de coimas dentro de Andis.
Las grabaciones, de origen desconocido, son todavía objeto de tensiones judiciales. Amparadas en una hipotética ilegalidad, las defensas buscan anular toda la causa; el fiscal Franco Picardi, en tanto, considera que el caso se sustenta en hallazgos independientes a ese material.
Spagnuolo también fue procesado en febrero por los delitos de cohecho activo (cobro de coimas), fraude al Estado y negociaciones incompatibles.,
Entre ayer y hoy también se negaron a declarar Daniel María Garbellini, acusado como jefe de la banda, y Andrés Horacio Arnaudo, presidente de la Droguería Génesis.
Para el jueves, está prevista la indagatoria de Federico Maximiliano Santich, allegado a Calvete, y Emilio César Olguín, de la firma Expo Trauma S.A., una de las mayores beneficiarias en los rubros de insumos médicos.
la misma estrategia que aplicó ayer Diego Spagnuolo,,Federico González del Solar,Corrupción,Diego Spagnuolo,Conforme a,,Tensión con la Corte. Santiago Caputo apuntó contra Rosatti: “Necesita quedar bien para que no se lo lleven puesto”,,El show de Milei. Pulgares en alto, gestos provocadores y la frase final con la que ratificó a Adorni,,Huelga de hambre. Jones Huala inició un reclamo por “un juicio justo” y condiciones carcelarias “dignas”,Corrupción,,Busca entrar a la OCDE. La falta de transparencia le cuesta dinero a la Argentina,,Nuevo revés. Confirman el procesamiento de De Vido por enriquecimiento ilícito de unos 687.000 dólares,,Coimas para importar. Quiénes son los funcionarios investigados por cobrar para destrabar trámites
POLITICA
Los 22 países reunidos en la Cumbre Iberoamericana respaldaron el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas
Los países iberoamericanos ratificaron su respaldo al reclamo de soberanía de la Argentina sobre las Islas Malvinas. Lo hicieron mediante la aprobación unánime de un comunicado especial durante la reunión de ministros de Relaciones Exteriores en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se desarrolla esta semana en Madrid.
La cumbre reúne a representantes de los 22 países que integran la Comunidad Iberoamericana, en un escenario internacional atravesado por fuertes transformaciones geopolíticas, entre ellas las guerras en Ucrania y Medio Oriente y los cambios en el mapa político de distintas potencias.
Los países que integran la comunidad son Andorra, España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
El pronunciamiento sobre Malvinas se conoce en medio de la tensión con el Reino Unido por sus planes de avanzar con la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. Según denunció el Gobierno argentino, Londres pretende desarrollar esa actividad a partir de licencias que considera ilegítimas, otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas.
POLITICA
La fiscalía pidió procesar al financista Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero: sus vínculos con el juego clandestino
La fiscal federal Cecilia Incardona pidió procesar con prisión preventiva al financista Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, como jefe de una asociación ilícita dedicada a lavar dinero. Asimismo, reclamó que siga detenido.
Sur Finanzas financió a varios clubes de fúbtol con créditos que la acusación consideró usurarios. Pero lo que se destaca en el escrito de 249 páginas de la fiscal Incardona, tal como había revelado , es que Vallejo está acusado de lavar dinero de una plataforma de casino clandestino online, cuyos responsables están detenidos.
La mecánica consistía en que se valían de indigentes que recibían el dinero en sus cuentas, lo repartían a cuatro integrantes de la organización, que lo volvían a introducir en el circuito formal a través de Sur Finanzas.
El pedido de procesamiento de la fiscalía al que accedió abarca a 15 personas y seis sociedades, y fue efectuado al juez federal de Lomas de Zamora Juan Tomás Rodríguez Ponte.
Además de Vallejo, son señalados su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, y su pareja, Maite Sofía Lorenzo, y seis empresas: Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA (antes Neblockchain SA), Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA. Incardona también reclamó embargos sobre los bienes de todos los imputados y que se mantenga la prohibición a Vallejo de prestar servicios financieros.
Incardona sostuvo que Vallejo construyó entre 2020 y 2025 un conjunto de sociedades que “funcionó como una sola caja” para transformar el dinero de sus cuevas financieras en patrimonio de apariencia lícita.
Vallejo está acusado de realizar maniobras de intermediación financiera ilegal, infracciones cambiarias, evasión impositiva y previsional y lavar dinero del juego ilegal.
La operatoria
Según la reconstrucción de la fiscal, todo empezó en Concordia, Entre Ríos. Allí funcionaba Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio autorizada por el Banco Central que conducía formalmente la madre de Vallejo.
Entre septiembre de 2020 y octubre de 2022, en pleno cepo, la agencia manejó más de 100 millones de dólares, por encima del límite que había declarado, sin autorización del Banco Central.
Eran US$103.548.677 y esa infracción le permitió operar un volumen de divisas que no podía mover legalmente, con una ganancia de al menos 207 millones de pesos.
Con ese dinero, dice el dictamen, nació en noviembre de 2021 Sur Finanzas Group SA, la sociedad madre del grupo. Y cuando la agencia pidió su baja como operadora de cambio, en octubre de 2022, fue vaciada en dos meses.
Graciela Vallejo transfirió $488 millones de la agencia a su cuenta personal y desde allí, y en forma directa, $459 millones a Gestiones San Miguel SA, otra agencia del grupo. Otros $109,8 millones fueron a una cuenta en la empresa REBA.
Con esos fondos el grupo compró la Casa Central de Sur Finanzas, en la calle Seguí 764 de Adrogué, subescriturada en 45 millones de pesos. Cuatro meses después, Sur Finanzas Group compró por 400.000 dólares la casa de enfrente, que era más chica.
El paso siguiente fue comprar Neblockchain SA, una sociedad que ya tenía licencia del Banco Central como proveedora de servicios de pago (PSP) y que en 2024 pasó a llamarse Sur Finanzas PSP.
Para la fiscal, se convirtió en “la caja de entrada del grupo”: por allí ingresaba dinero mediante billeteras virtuales abiertas a nombre de personas sin capacidad económica y el efectivo que los empleados del grupo depositaban con camiones de caudales.
Por esas billeteras, sostiene Incardona, circularon fondos de una organización de juego clandestino investigada en La Plata, que captaba a personas vulnerables, abría cuentas con sus datos biométricos y las usaba para recaudar las apuestas de un casino online.
Tres de sus “receptores finales” operaban en la plataforma de Sur Finanzas. Así, por la billetera de Ignacio Marchioni ingresaron al menos $39.456 millones; por la de Juan Ignacio Campoli Sillero, $15.706 millones, y por la de Catriel Taubenschlag, $1071 millones.
Otro caso que destaca el dictamen es el de Jonathan Ledesma, monotributista categoría A, beneficiario de la Asignación Universal por Hijo y deudor irrecuperable, por cuya billetera pasaron $7285 millones entre noviembre de 2024 y abril de 2025. Según la fiscal, prestó su nombre para mover dinero que era de Vallejo y del grupo.
A eso se suman $2031 millones en efectivo que entre septiembre y noviembre de 2025 tres choferes y portavalores depositaron por ventanilla en la cuenta de la PSP en el Banco Hipotecario, sin que nadie registrara de quién era ese dinero.
La fiscal sostiene además que Sur Finanzas PSP actuó como una entidad financiera sin estar autorizada. Captaba fondos del público en las billeteras, los mezclaba con los propios y los prestaba o los aplicaba a descontar cheques. Los beneficiarios eran los clubes de fútbol.
Según la documentación secuestrada en Argentinos Juniors, el club le cedió a la financiera cheques por $600 millones a una tasa nominal anual adelantada del 100% y recibió en diciembre de 2024 un préstamo de $200 millones al 40% anual más 1,5% mensual.
En San Lorenzo se encontró un reconocimiento de deuda a favor de Sur Finanzas Group por $416 millones, por préstamos y cesiones de cheques a tasas de entre el 36% y el 71,52% anual.
Entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, la cuenta de la PSP recibió 51.436 cheques de terceros por casi $189.659 millones, el 95% de todos sus créditos.
Para la fiscal, esos préstamos no pudieron hacerse con capital propio: el patrimonio neto de la sociedad en marzo de 2023 era de apenas $38 millones.
El dictamen describe un mecanismo repetido donde “una sociedad que presta su firma para que el dinero cambie de titular sin cambiar de dueño; un contador que certifica ante bancos y escribanos un origen de fondos que no verificó y que los papeles no respaldan; y una o varias personas de confianza que aparecen como titulares de lo que no es suyo”.
En el centro de ese esquema aparece Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias ni ingresos propios, presidida por Bárbara Sena Argis.
A su nombre se compraron seis departamentos en Coronel Spiro 662, en Adrogué, pagados con US$600.000 en efectivo que, según la fiscal, salieron de Ars Cambios, una casa de cambio. También un lote en el barrio Fincas de San Vicente por US$400.000, cuyas cuotas se pagaron en billetes, y la Ferrari California negra de Vallejo.
El auto se compró en 2025 por $152,1 millones y se inscribió primero a nombre de Taubenschlag –uno de los receptores del juego clandestino– y luego de Cluster Palace Beach.
Cuando el Registro del Automotor exigió justificar el origen de los fondos, el contador Carrozza firmó una declaración jurada de negativa a cumplir los recaudos antilavado.
El 30 de octubre de 2025, ocho días después de que la ARCA iniciara una fiscalización sobre la PSP, la Ferrari se vendió a una jubilada por un precio declarado de $90 millones, aunque el precio negociado fue de US$250.000.
Para probar que Vallejo conducía todo, la fiscal cita en el escrito sus propios mensajes. “Mamá, me compré una Ferrari”, le escribió a su madre por WhastsApp.
Para justificar la prisión preventiva, Incardona describió lo que hizo el grupo cuando la investigación se hizo visible. Entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025, cuando fueron los allanamientos, la cuenta de Sur Finanzas PSP transfirió $14.898 millones a Pagos Dica SA en 35 operaciones.
El 26 de noviembre, cuando le avisaron que los inspectores de la ARCA estaban “en la puerta”, le transfirió casi $2500 millones.
La madrugada del 1° de diciembre, a pedido de Vallejo, su secretaria ordenó levantar el efectivo de las sucursales y borrar las cámaras; la tesorera informó que había dejado sólo un “puchito”.
Vallejo desactivó a las 00.02 la función de localización de su iPhone. En los días siguientes los choferes escondieron camionetas y 12 computadoras fueron trasladadas a un domicilio de Adrogué.
La fiscal agregó que Vallejo mintió sobre su domicilio. Al ser detenido dijo que vivía con su madre en Banfield y que en su casa anterior residía su “ex mujer” Maite Lorenzo.
Cuatro días después, Lorenzo declaró que está en pareja con él desde hace cinco años y que viven juntos en el lote de Fincas de San Vicente comprado por Cluster Palace Beach. Además, señaló la fiscal, Vallejo dispone de dinero cuyo paradero se desconoce, entre ellos $1009 millones que declaró en efectivo al cierre de 2023.
Sur Finanzas se convirtió en sponsor principal de Banfield en 2022 y desde allí se expandió a Platense, Racing y Barracas Central, el club fundado por Tapia y presidido por su hijo, hasta llegar a patrocinar a la selección y a darle nombre a la Copa de la Liga Profesional en 2023 y 2024, que se llamó “Copa Sur Finanzas”.
Hernán Cappiello,Claudio Chiqui Tapia,Juego ilegal,Lavado de dinero,Conforme a
POLITICA
La ley de discapacidad se dictaminó en el Senado y quedó lista para ser sancionada en la próxima sesión
Un plenario de comisiones del Senado avanzó esta tarde con el dictamen del proyecto ya aprobado por Diputados que impone una nueva ley de discapacidad y deja atrás la actual emergencia en el área, que vence a fin del corriente año. Entre los puntos más importantes del texto se mantiene la pensión no contributiva, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.
La firma del despacho ocurrió en las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Población y Desarrollo Humano de la Cámara alta. La primera es comandada por el libertario Agustín Monteverde (Capital Federal), mientras que la segunda es presidida por la cristinista Alicia Kirchner (Santa Cruz), quien aseguró: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.
Su colega de bloque, Carlos Linares (Chubut), retiró su propuesta para prorrogar la emergencia y habló de una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato”. Además, deslizó que la iniciativa en cuestión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”. En esa línea, manifestó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.
Por su parte, la jefa libertaria en el Senado, Patricia Bullrich (Capital Federal), expresó que la norma “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”, con el fin de evitar “una pelea permanente por este tema”. La porteña resaltó la necesidad de “controles”, con “pensiones que están muy por la media de cualquier pueblo tiene”.
Bullrich calificó como “muy importante” la no incompatibilidad entre incapacidad y empleo», para que “puedan ser integradas y no elegir empleo y pensión, que generaba un doble problema”. Mismo caso en los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema. En ese sentido, advirtió sobre la “enorme duda” en pensiones entregadas “como si fuese un plan social”.
A contramano de la mayoría de bloques y, pese a la urgencia relacionada con el tema, la peronista disidente Alejandra Vigo (Córdoba) reclamó modificaciones. No cayó bien en el resto de los presentes del plenario -más tarde, la apoyó el ahora ex kirchnerista catamarqueño Guillermo Andrada-, dado el apuro para dar una señal y el consenso obtenido en Diputados, que se replicaría en el Senado.
Tras su discurso, se sumó la cristinista Juliana di Tullio como máxima autoridad de dicha bancada en el convite. La bonaerense aprovechó la ocasión para criticar a Bullrich. Contestó el libertario Bruno Olivera Lucero (San Juan). El ida y vuelta continuó con otros legisladores y la disputa se elevó luego de las palabras del mileísta Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos). No es la primera vez que genera una situación de ese estilo. Tampoco se perdió su momento su colega de espacio Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), quien mandó a siesta eterna -desde marzo- a la comisión de Trabajo que lidera. Más de siete meses.
El texto consensuado ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como principal vía para acceder a dicho beneficio, con un nomenclador universal de prestaciones y arancel unificado. Por pedido de los aliados en la Cámara baja -el Gobierno y el oficialismo tuvieron que ceder en casi todo allí-, se mantuvo la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal: habilita que las personas con CUD conserven la pensión si tienen empleo registrado o están inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.
También se garantizó que tanto las personas titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral como por discapacidad tengan el acceso a un mecanismo de salud con las prestaciones básicas de la ley 24.901 (Programa Incluir Salud). En tanto, para evitar futuros vetos o cuestionamientos del oficialismo, se detallaron las partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que se destinarán a financiar el sistema y se previeron compensaciones desde el Tesoro, si éstas resultaran insuficientes. Además, se aclaró que el Gobierno deberá asegurar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.
En otro tramo del proyecto se introdujeron mecanismos de control más estrictos. Por caso, la Secretaría Nacional de Discapacidad realizará auditorías periódicas mediante el cruce de datos con organismos como ANSeS, ARCA, Renaper y el SINTyS, con la posibilidad de suspender -de manera preventiva- un beneficio ante un incumplimiento objetivo, aunque bajo un “debido proceso inclusivo” que contempla notificación y rehabilitación provisoria.
Por último, el texto establece que si quedaran pendientes deudas con prestadores al momento de sancionarse la ley, el Poder Ejecutivo deberá difundir un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los pagos dentro de los 90 días.
joaquín benegas lynch
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