El buque Danstar, un carguero de bandera chilena con capacidad para 1.389 toneladas, se prepara para zarpar desde Punta Arenas rumbo a Malvinas con frutas frescas, lácteos, madera, cemento, gas licuado y maquinaria pesada. La operación, impulsada por la naviera Easter Island bajo contrato con la Falkland Islands Development Corporation (FIDC), el organismo de desarrollo económico de la administración ilegal que gobierna las Islas, prevé inaugurar a más tardar en diciembre una ruta comercial que reduce a la mitad la distancia del actual abastecimiento desde Uruguay y reavivó una disputa diplomática y política entre Argentina y Chile con ramificaciones todavía inciertas.

El gerente comercial de la compañía, Luis Cisternas Ávila, confirmó que la travesía se realizará por el Estrecho de Magallanes -no por el paso Drake- y que el trayecto de unos 900 kilómetros demandará dos días y medio. El empresario describió la iniciativa como un negocio entre privados: es el mismo argumento que esgrimen las autoridades chilenas (comunales, nacionales y parlamentarias) para defender la ruta de una posible represalia argentina.

Con una población residente estimada en 3.400 personas, según el último censo, a las que se suma la guarnición militar británica desplegada en el complejo de Mount Pleasant y unos 400 contratistas civiles asociados a la base, las islas poseen un ingreso nacional bruto per cápita de 58.749 libras esterlinas pero producen muy pocos bienes propios. Su abastecimiento depende de un servicio marítimo mensual desde Montevideo a unos 2.000 kilómetros, navegaciones regulares desde Londres y un vuelo semanal de LATAM desde Punta Arenas.

La ruta del Danstar recortaría la distancia continental a la mitad —900 kilómetros frente a los 2.000 desde Uruguay— y abriría un coredor más cercano y, sobre todo, más barato. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, estimó que el intercambio podría superar los 20 millones de dólares anuales, una cifra que hoy captura Montevideo. “Vamos a ser como el gran supermercado, el gran home center de las islas”, afirmó.

La distancia, de acuerdo con un informe realizado por el Observatorio de Memoria, Investigación y Soberanía de la Universidad Nacional de Rosario, constituye una de “las vulnerabilidades estructurales de la presencia británica en las Malvinas y explica la importancia estratégica de sus conexiones con Sudamérica”.

En esta línea, el documento plantea que si la administración ilegal de las Islas posee una red logística diversificada, no conexiones aisladas, se convierte en un problema central para la Argentina. “La logística también consolida poder territorial. Un territorio colonial situado a enorme distancia de la metrópoli resulta más vulnerable cuanto más depende de una única cadena de abastecimiento; esa vulnerabilidad disminuye cuando dispone simultáneamente de aviones militares y civiles, puertos regionales, proveedores sudamericanos y rutas marítimas alternativas”, se sostiene en el texto. Y concluye: “Una ruta comercial no modifica el título jurídico sobre Malvinas, pero abarata, normaliza y hace más sostenible la presencia británica”.

En las rondas comerciales que se realizaron en la región de Magallanes en septiembre, funcionarios británicos explicaron sus prioridades y necesidades: acceso a mercancías de disponibilidad inmediata como alimentos perecederos, materiales de construcción, alimento para animales, ganado en pie, maquinaria pesada y vinos chilenos.

Easter Island publicó un tarifario detallado de su servicio: la carga general y los materiales de construcción arrancan en USD 183 por metro cúbico, la carga congelada en USD 193 y la maquinaria en USD 234. El alquiler de un contenedor seco de 20 pies quedó fijado en USD 812 y el de una unidad refrigerada del mismo tamaño en USD 1.523, con costos portuarios incluidos en origen y destino.

La reacción argentina

En el último mes, Argentina respondió en varios planos, tanto a nivel diplomático como político y desde excombatientes, como el CECIM, de La Plata, que envió una carta documento al canciller Pablo Quirno para que ejerciera las competencias previstas por la ley 26.659, que establece sanciones para quienes desarrollen o presten servicios comerciales, financieros, logísticos o técnicos relacionados con actividades hidrocarburíferas no autorizadas por Argentina en su plataforma continental.

El texto sostiene que la ruta constituye “el cordón umbilical logístico del proyecto Sea Lion, del abastecimiento material de la usurpación y del saqueo de los hidrocarburos que yacen bajo la plataforma continental argentina”. La preocupación no carece de fundamento: el propio gobierno de las Islas Malvinas anunció la extensión de todas las licencias de producción de hidrocarburos offshore, con respaldo explícito de Londres. La responsable de Recursos Minerales de la administración británica, Cheryl Roberts, lo expresó sin ambigüedad: “Estos son nuestros recursos para desarrollar”.

En el Congreso argentino, el bloque de Unión por la Patria presentó dos iniciativas. El diputado Guillermo Michel (PJ-Entre Ríos) impulsó un proyecto de ley para denunciar el Tratado de Promoción y Protección Recíprocas de Inversiones y el Convenio de Doble Imposición Fiscal vigentes con Chile. En paralelo, el excanciller Santiago Cafiero encabezó junto a Nicolás Trotta y otros integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores un proyecto de resolución para convocar al embajador chileno, Gonzalo Uriarte Herrera, a explicar los alcances de la ruta y si podría servir de soporte logístico al proyecto petrolero Sea Lion.

A nivel provincial, la Legislatura de Tierra del Fuego tramita un proyecto de declaración de rechazo impulsado por la legisladora María Victoria Vuoto (PJ), que solicita al Poder Ejecutivo Nacional gestiones diplomáticas ante Chile y un informe sobre el itinerario, las cargas y las autorizaciones otorgadas.

Sin embargo, el propio Quirno reconoció las limitaciones de Argentina y la buena sintonía entre los gobiernos de Milei y José Antonio Kast. El gobierno se ocupó de no escalar la tensión. En una entrevista con A24, el canciller fue categórico: “Nosotros no podemos frenar el paso inocente”, señaló en relación al buque Danstar. En una cena organizada por el CARI, sin embargo, sostuvo: “Quien contribuya, directa o indirectamente, a la exploración o explotación ilegítima de los recursos que pertenecen a todos los argentinos, difícilmente podrá aspirar a compartir los beneficios del crecimiento de nuestro país”.

En tanto, los excancilleres chilenos Alfredo Moreno Charme y Alberto van Klaveren publicaron una columna conjunta en la que pidieron prudencia y advirtieron que la relación bilateral “es demasiado importante para quedar a merced de declaraciones desafortunadas o interpretaciones mal intencionadas que generan coyunturas espinosas”.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), ratificada por Argentina mediante la Ley 24.543, garantiza en su artículo 17 el derecho de paso inocente a través del mar territorial. Y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 obliga a la Argentina a mantener “en cualquier tiempo y circunstancias” el derecho de los buques de todas las banderas a navegar de forma expedita hacia y desde el Estrecho de Magallanes.

En paralelo a esta tensión, Argentina presentó el 13 de octubre una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir la explotación de hidrocarburos por el Reino Unido en la Cuenca Malvinas Norte, la primera vez que el país acude a esa instancia por la cuestión. Las audiencias comenzarán el 10 y 11 de noviembre.

Tierra del Fuego contra la ruta comercial

En tanto, el gobierno de Tierra del Fuego trabaja en una iniciativa legislativa propia para regular las operaciones marítimas dentro de las doce millas del departamento Islas del Atlántico Sur y que incluirá un régimen sancionatorio contra las empresas que operen sin autorización del gobierno provincial.

“Es la primera vez que estamos pensando específicamente una ley provincial en clave departamento Islas del Atlántico Sur. Siempre pensábamos desde el lado del resto de Tierra del Fuego y no específicamente desde las islas”, explicó a Infobae el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia patagónica, Andrés Dachary.

Según el funcionario, el nuevo proyecto apunta directamente al territorio insular: prevé la detección de empresas que operen en la zona, la aplicación de sanciones y la prohibición de que esas compañías actúen en cualquier otra parte del país. “En el vínculo que tenés entre Chile y Argentina, una sanción de estas características, entendemos que en lo que tiene que ver con el capital reputacional de las empresas, lo van a pensar dos veces antes de seguir”, sostuvo. La norma no distinguirá por bandera: aplicará por igual a buques que zarpen de puertos chilenos, uruguayos o de cualquier otro origen.

Consultado sobre los tiempos —dado que el Danstar podría zarpar en un mes—, Dachary descartó una carrera contrarreloj: “No buscamos darle tanta entidad a este primer viaje, sino contar con las herramientas normativas necesarias con todo el análisis y el debate, porque lo que buscás es la eficacia de la ley”.

El funcionario cuestionó la contradicción de Chile al apoyar el reclamo argentino de soberanía y, al mismo tiempo, negociar comercialmente con las autoridades isleñas. “Si apoyás el reclamo argentino, implica reconocer su soberanía y jurisdicción. No podés tener un equilibrio de negociar con el pretendido gobierno de las islas y a su vez estar a favor de Argentina”, afirmó.

Sobre el argumento de que se trata de un negocio entre privados, sostuvo que “deja de serlo cuando tenés al alcalde de Punta Arenas sacándose fotos abrazado con las pretendidas autoridades de las islas”. Dachary, por último, puso en perspectiva la escala económica de la disputa: “El comercio bilateral entre Chile y Argentina son ocho mil millones de dólares. Todo este quilombo es por 20 millones”.

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El primer ministro británico, Andy Burnham, mantuvo este viernes dos conversaciones telefónicas que evidencian la ofensiva diplomática de Londres para blindar su posición sobre las Islas Malvinas: en la primera, trasladó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la importancia de respetar el derecho de los isleños a desarrollar sus recursos naturales y le expuso las consecuencias económicas de las medidas legales impulsadas por Argentina. En la segunda, le planteó al mandatario de Chile, José Antonio Kast, su interés en que los habitantes del archipiélago conserven la capacidad de ejercer la autodeterminación.

La llamada con Trump tuvo como eje el proyecto petrolero Sea Lion y el impacto de las acciones coercitivas de Buenos Aires contra empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en la zona. Según un comunicado de Downing Street, Burnham expuso al presidente estadounidense “las consecuencias económicas que las medidas coercitivas de Argentina tienen para el Reino Unido y Estados Unidos” y reiteró el derecho de los malvinenses a explotar los recursos del territorio, según informó la agencia EFE.

La conversación con Kast se produjo en un contexto particular: Chile ha respaldado de manera reiterada el reclamo argentino sobre la soberanía del archipiélago. Durante una visita de Estado a Buenos Aires en abril de este año, el presidente chileno reiteró formalmente ese apoyo, según un comunicado conjunto difundido por ambas cancillerías. Sin embargo, el primer ministro británico no dejó pasar la oportunidad de plantearle “el interés del Reino Unido en garantizar que los isleños de las Malvinas conserven la capacidad de ejercer su derecho a la autodeterminación”, de acuerdo con la nota oficial de Downing Street.

El yacimiento Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum, que posee el 65% de la participación, y por la británica Rockhopper Exploration, titular del porcentaje restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de crudo y prevé iniciar la producción en 2028, con una primera fase que alcanzaría los 50.000 barriles diarios. La aprobación del desarrollo del yacimiento fue confirmada a mediados de octubre por el secretario de Energía británico, Ed Miliband, según informó The Independent.

El gobierno de Javier Milei respondió con una batería de acciones legales. A principios de septiembre, tras un discurso televisado en el que calificó la explotación petrolera como “un peligro claro y urgente” para la soberanía argentina, el país inició procedimientos sancionatorios contra decenas de personas y empresas vinculadas a la exploración de hidrocarburos en las islas. El canciller Pablo Quirno presentó además una denuncia penal contra Navitas Petroleum, sus subsidiarias y directivos por operar con licencias otorgadas por el Reino Unido en la cuenca norte del archipiélago.

Milei envió al Congreso un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes participen en actividades no autorizadas por las autoridades argentinas, y su gobierno denunció al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar la suspensión cautelar del proyecto.

Las declaraciones previas de Trump añadieron combustible a la disputa. En septiembre, el presidente estadounidense afirmó que la posición de neutralidad de Estados Unidos sobre la soberanía de las islas era “una de muchas bajo revisión”.

Días después, durante una visita a Irlanda, el jefe de Estado norteamericano insinuó que el Reino Unido no estaría dispuesto a defender el territorio: “No estoy seguro de que vayan a recorrer esa distancia. Tienen un pequeño problema con la inmigración, un pequeño problema con la energía”, dijo a los periodistas, y agregó que, si se lo pedían, él podría “resolver” el conflicto. Esas declaraciones fueron aprovechadas por Milei, un aliado cercano de Trump, para intensificar su ofensiva diplomática y legal.

Burnham ha mantenido una postura firme desde que estalló la crisis. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, a finales de septiembre, el primer ministro declaró: “Nos mantendremos firmes ante cualquier amenaza. Defenderemos el derecho de los isleños de las Malvinas a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.

En octubre, ante la Cámara de los Comunes, prometió hacer “lo que sea necesario” para mantener las islas bajo soberanía británica y abrió una investigación tras informes de hostigamiento contra residentes del territorio atribuidos a presiones argentinas. En esa misma sesión parlamentaria, el jefe de gobierno confirmó que había planteado el asunto directamente a Trump y que el presidente estadounidense “entendió perfectamente” la posición británica.

En cuanto a la llamada con Kast, el comunicado oficial de Downing Street detalló que ambos líderes coincidieron en la necesidad de que el Reino Unido y Chile trabajen juntos para modernizar sus capacidades de defensa. Los mandatarios también destacaron el fortalecimiento de los vínculos culturales, científicos y entre ciudadanos de ambas naciones, y reconocieron la existencia de “oportunidades comerciales sin explotar” entre los dos países.

La conversación se enmarcó en un momento delicado para la relación bilateral: en septiembre, durante un encuentro en Santiago, Milei agradeció a Kast por “el tradicional apoyo del gobierno de Chile en la cuestión de las islas Malvinas” y valoró los esfuerzos chilenos para “evitar la consolidación de actividades logísticas ilegales” vinculadas a la industria de hidrocarburos en el archipiélago, según un comunicado difundido por la Oficina del Presidente argentino.

En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Milei había declarado que las islas se encontraban bajo “ocupación extranjera ilegal” y afirmó que la autodeterminación de los habitantes “no aplica en este caso, ya que la población fue implantada por la potencia ocupante en un territorio cuya soberanía está en disputa”. No obstante, el mandatario argentino descartó la vía militar y aseguró que su gobierno perseguirá el reclamo de soberanía exclusivamente por canales diplomáticos.

La delegación británica ante las Naciones Unidas respondió que los isleños “tienen tanto derecho a determinar su estatus político como cualquier otro pueblo”. En 2013, un referéndum celebrado en el territorio arrojó que el 99,8% de los votantes eligió mantener el estatus de territorio británico de ultramar, con apenas tres votos en contra de un total de 1.518 sufragios emitidos. Argentina rechazó la consulta.

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El precandidato presidencial del PRO, Hernán Lacunza, defendió la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), descartó un acuerdo electoral con el oficialismo y propuso levantar por completo el cepo cambiario, apuntalar la construcción y reducir impuestos sobre el crédito.

En diálogo con la periodista Mariana Contartessi en Radio La Red, el exministro de Hacienda sostuvo que las primarias forman parte de un mecanismo electoral que permite ordenar la competencia antes de una eventual segunda vuelta. También cuestionó la posibilidad de modificar el sistema a poco de una elección: “En un partido de fútbol no se cambian las reglas en el vestuario cuando están por salir los equipos a la cancha”.

Para el dirigente del PRO, una discusión sobre el sistema electoral puede darse, pero no debe aplicarse en una contienda que ya está próxima. Comparó esa alternativa con cambiar las reglas de un partido cuando los equipos están por salir a la cancha y la calificó como una decisión oportunista.

Lacunza afirmó que las PASO permiten resolver diferencias entre propuestas con afinidades, mientras que la primera vuelta y el balotaje cumplen otras funciones dentro del proceso electoral. “Hay que dejar elegir a la gente, no a los dirigentes a dedo”, señaló durante la entrevista.

El economista planteó que la reducción de la oferta política a dos polos beneficia a quienes se ubican en esas posiciones. Como antecedente, mencionó que la elección presidencial de 2023 se organizó en torno a “casi tres tercios”.

Consultado por eventuales acuerdos con otros espacios, Lacunza consideró que todavía es temprano para resolver alianzas de cara a la elección general prevista para 2027. “Es la hora de mostrar las propuestas, las ideas”, afirmó, y sostuvo que el debate actual debe concentrarse en alternativas de gobierno.

El precandidato agregó que mantiene una posición contraria a una alianza con La Libertad Avanza. “Con el oficialismo no voy a ir”, afirmó. En ese marco, ubicó a Patricia Bullrich dentro del oficialismo por su papel como presidenta del bloque libertario en el Senado.

Lacunza vinculó esa postura con sus cuestionamientos al estilo político del Gobierno. Sostuvo que la agresión verbal y los insultos desde el Estado afectan la convivencia democrática y advirtió que una amenaza, incluso expresada de forma verbal, puede buscar “acallar, reprimir, condicionar” o censurar.

La Justicia como un factor clave para las inversiones y la necesidad de levantar el cepo

El dirigente sostuvo también que el funcionamiento de la Justicia tiene mayor peso que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al momento de atraer proyectos de largo plazo en actividades como Vaca Muerta o la minería. “Para las inversiones de Vaca Muerta o de la minería importa más la Justicia que el RIGI”, afirmó.

A su criterio, los inversores necesitan previsibilidad para resolver eventuales conflictos con el Estado o con privados. Por eso, afirmó que es necesario recuperar el prestigio de una institución que consideró deteriorada, con mecanismos más transparentes para designar jueces y un mayor peso de las evaluaciones técnicas frente a los componentes subjetivos de las entrevistas.

También destacó una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictada en marzo, que propuso reducir la ponderación de las calificaciones subjetivas y fortalecer las pruebas técnicas en los procesos de selección.

En materia económica, Lacunza enumeró tres medidas que, según planteó, podrían adoptarse de inmediato. La primera consiste en terminar de normalizar el mercado de cambios y levantar las restricciones cambiarias que, a su entender, desalientan la inversión. “Lo primero que haría es terminar de normalizar el mercado de cambios, terminar de levantar el cepo”, señaló.

La segunda es un programa de apoyo a la construcción. “Es muy mano de obra intensivo, genera mucho empleo en las zonas urbanas”, explicó el exfuncionario, que ubicó allí parte de los problemas económicos y laborales.

Como tercera medida, propuso una reducción de impuestos sobre el crédito mediante un acuerdo con los gobernadores, sin distinción partidaria. “No tenemos que gravar” el crédito, afirmó, en alusión a la escasez de financiamiento y los niveles de morosidad que atraviesan las familias.