La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la validez de la ley que habilitó la nueva integración del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz y con este fallo busca destrabar un conflicto entre los poderes del estado provincial.Con este fallo, el TSJ deberá integrarse con nueve miembros.

La disputa de poder en Santa Cruz se originó en septiembre del año pasado, cuando cuatro miembros del tribunal provincial rechazaron la ampliación del tribunal, que los dejó en minoría. Desconocieron los nombramientos de los nuevos vocales, no les pagaron el sueldo y les prohibieron el ingreso al edificio judicial. Además, removieron –sin mayoría plena– al juez Daniel Mariani de la presidencia del cuerpo.

De esta forma, la Corte convalidó la ley impulsada por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, que elevó de cinco a nueve el número de miembros del Tribunal Superior de Justicia de la provincia.

El año pasado, cuatro jueces de la Corte de Santa Cruz cercanos al kirchnerismo declararon inconstitucional esa ley y generaron una crisis institucional sin precedentes entre los tres poderes del distrito.

“Esta Corte no advierte que existan impedimentos para que los jueces designados según la ley 3949 asuman inmediatamente el cargo. Asimismo, corresponde aclarar que la presente decisión implica que la ley en cuestión vigente-recobre su plena aplicabilidad, de modo que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Santa Cruz se encuentra integrado con el número legal de nueve miembros quienes, a partir del dictado de la presente sentencia, deberán intervenir como tales -previo cumplimiento de los recaudos formales correspondientes- en todas las decisiones del tribunal”, sostuvieron los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La decisión del máximo tribunal de Justicia de la Nación llegó luego de dos exhortaciones para que la corte local enviara todos los expedientes que tramitaban en la provincia. Al analizar el caso, los ministros remarcaron los “graves defectos” en la decisión de impedir que los nuevos jueces asumieran sus cargos y en considerar la legitimidad de la asociación de empleados judiciales de la provincia para oponerse a la reforma dictada por el congreso sureño y entablar una demanda que frustró la ampliación del tribunal.

La Corte Suprema de la Nación enfatizó que “en los términos del artículo 5 de la Constitución Nacional, el gobierno federal es el garante del goce y ejercicio de las instituciones provinciales y que esta Corte Suprema tiene la responsabilidad, en el marco de sus competencias, de asegurar el cumplimiento del orden institucional establecido”.

Noticia en desarrollo

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, expuso hoy de manera breve en la comisión de Acuerdos del Senado porque integra una nómina de candidatos para ocupar vacantes judiciales impulsada por el presidente Javier Milei.

Su pliego fue propuesto por el Gobierno el mismo día que la Corte presentó una iniciativa para disminuir la “discrecionalidad” en el proceso de selección de los candidatos a jueces. El hijo del juez del máximo tribunal evitó hacer un juicio de valor sobre la iniciativa que prevé un cambio en el criterio de selección.

“La propuesta es de la Corte y está dentro de sus facultades. En mi experiencia cuando uno se postula, es con un reglamento vigente. Desconozco qué postura tomará el Consejo de la Magistratura si variará o no. Lo que entiendo es que en las instancias finales llegan los que hicieron mejor las cosas”, respondió Rosatti ante la consulta del senador Martín Soria (PJ). El hijo del juez de la Corte quedó primero en la terna gracias al último paso del concurso cuyo reglamento se busca ahora modificar.

Antes, Maximiliano Abad (UCR), le preguntó por el impacto mediático de sus eventuales decisiones en caso de acceder a la vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. “Caso mediático, ¿si influiría o no? La respuesta es no. Por los medios y las redes la gente tiene un veridicto sin siquiera haya ingresado un papel a una fiscalía o que exista una denuncia. Lo llamo justicia mediática y escribí sobre el tema. No son los mismos tiempos que los de la Justicia judicial. Es dificil para la persona que tiene que decidir desentenderse de lo que sucede en la opinión pública», dijo Rosatti sin hacer mención a su padre.

También evitó polemizar cuando fue consultado por la denominada ley antimafia. “Es una decisión exclusiva del Congreso de la Nación. Ha habido un debate y se promulgó una ley. La aplicación concreta si está fallando, es que están fallando las fuerzas federales y los operadores judiciales y se debería corregir”, consideró.

El senador santafecino Marcelo Lewandowski (PJ) abordó la problemática del narcotráfico en la provincia y le preguntó a Rosatti sobre eso. “El narcotráfico es un crimen organizado y al Estado le cuesta organizarse para combatir algo que está organizado. Tiene que haber gran diálogo entre los fiscales y los operadores judiciales para definir qué es narcomenudeo y qué es narcotráfico. También hay que coordinar entre las fuerzas provinciales y las fuerzas nacionales porque a veces se pisan las investigaciones. Mi desafío es poner empeño en que este engrenaje sea lo mejor posible, que exista diálogo”, dijo el candidato ante los senadores en una breve exposición, en la que al comienzo se leyó su curriculum vitae.

Emilio Rosatti, de 45 años, fue uno de los 88 inscriptos para cubrir una vacante en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. La prueba escrita se tomó el 6 de abril de 2022, en Rosario, y se presentaron 23 candidatos. A Rosatti le fue muy bien en ese examen: obtuvo 88 puntos y solo fue superado por un postulante de 99 (Gonzalo Fernández). El examen escrito es anónimo.

Pero a Emilio Rosatti no le fue tan bien en la evaluación de los antecedentes profesionales. Quedó noveno, con 62,6 puntos.

El orden de mérito (que contempla el puntaje del examen escrito más el de los antecedentes) quedó entonces así: Gonzalo Fernández (172,75), Walter Alberto Rodríguez (155,70), Patricio Octavio Longo (153,95) y Emilio Rosatti (150,45). Pero la subcomisión del Consejo integrada por Carlos Matterson y Diego Molea analizó las impugnaciones a las calificaciones: le bajó dos puntos en antecedentes a Fernández, el primero, y le subió cuatro a Rosatti, que quedó así en el puesto tres, desplazando a Longo.

Ese puesto no le garantizaba a Rosatti, no obstante, entrar en la terna vinculante que el Consejo envía al Poder Ejecutivo porque el Reglamento de Concursos del Consejo establece, en su artículo 44, que “deberá incorporarse al menos una mujer en la terna, siempre que la entrevista realizada haya sido satisfactoria”.

Rosatti se aseguró un lugar en la terna en el paso siguiente del concurso: las entrevistas personales. Pasó del tercer al primer lugar. Tal vez por esta razón el exministro de Justicia Soria le preguntó su opinión sobre el cambio de sistema de elección de jueces que impulsaron Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desde la Corte, pero que su padre no firmó.