POLITICA
Milei anunció la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras que operen en Malvinas

Javier Milei anunció que enviará al Congreso un paquete de proyectos para resguardar la soberanía en las Islas Malvinas. También, la construir una base naval en Tierra del Fuego y endurece las sanciones a empresas extranjeras que operan en el teritorio. “Las Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, aseguró.
Punto por punto, cuáles son las medidas que anunció Javier Milei
“Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto”, indicó Javier Milei al iniciar su comunicado.
“Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos”, indicó el Presidente.
“Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”, agregó.
A continuación, agregó: “Eso exige leyes adecuadas, organismos del Estado coordinados y herramientas efectivas para avanzar en un objetivo que trasciende a cualquier gobierno”.
En su mensaje el jefe de Estado nacional advirtió que desde hace 50 años, las Naciones Unidas solicitan a la Argentina y al Reino Unido no realizar acciones unilaterales sobre el territorio mientras se resuelve la controversia de soberanía, incluyendo la explotación de sus recursos naturales. A pesar de ello, agregó, “el proyecto Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos”. “Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar”, enfatizó Milei.
“Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos”, insistió en su mensaje.

Detalle del decreto reglamentario dictado hoy, según precisó Milei:
1. Instruir a enviar la información de los distintos organismos del Estado que tomen conocimiento de los incumplimientos legales a Cancillería para que pueda impulsar las sanciones.
2. Reglar el procedimiento para darle mayor coordinación y celeridad.
3. Incorporar DDJJs en trámites hidrocarburíferos y el RIGI para asegurar el cumplimiento de la ley y evitar que se permitan actividades a aquellos que están explotando en la Plataforma Continental Argentina sin reconocer nuestra soberanía.
En otro de los puntos, señaló: “La Ley N° 26.659 tiene gran relevancia para sancionar a quienes no reconocen nuestra soberanía y avanzan en la explotación de nuestros recursos. Corresponde, sin embargo, modificarla para mejorar las herramientas que nos otorga actualmente para combatir este avance sobre el territorio argentino, endurecer sus sanciones y ampliar su alcance para extender ciertas consecuencias, tanto penales como administrativas, a las empresas que presten servicios a aquellos que realizan explotaciones hidrocarburíferas».
“El Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, además de modificar la Ley N° 26.659, creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal. Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas», detalló.
“También establecerá un régimen de protección infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima -continuó-. De este modo, se profundiza en la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país”.

La construcción de una base naval
En su discurso, el Presidente adelantó: “El Gobierno Nacional ampliará los recursos del Ministerio de Defensa para avanzar en la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. La Base permitirá convertir a la Argentina en un polo logístico central del Atlántico Sur y fortalecer nuestra proyección geopolítica en una región estratégica para el futuro del país”. “Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional”, aseguró.
Milei: “Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección”
“Para eso, la Argentina necesita recuperar su capacidad de pensar estratégicamente, fortalecer a sus Fuerzas Armadas y construir una verdadera política de seguridad nacional de largo plazo”, dijo Milei en este pasaje de la cadena nacional.
“La seguridad nacional no es solamente la defensa física de nuestro territorio. También significa proteger nuestros recursos estratégicos, nuestra economía, nuestra infraestructura crítica y nuestra capacidad de decidir nuestro propio futuro”, agregó.
En este sentido, completó: “Por eso, Defensa, Seguridad, Inteligencia, Cancillería y Economía deben actuar de manera coordinada. Una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía”.
Cómo se dio el retorno a la agenda de la causa Malvinas
El tema Malvinas volvió a instalarse el 31 de agosto, cuando Donald Trump fue consultado en la Oficina Oval sobre una eventual revisión de la posición de neutralidad de Estados Unidos en la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido. El presidente estadounidense respondió que revisa todas las posiciones y que esa era “solo una de muchas”, en un contexto de presiones de Washington a Londres para que incremente su inversión en defensa dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
Sus dichos motivaron una respuesta del Reino Unido y de la administración británica de las islas, que ratificaron la soberanía británica y el respaldo al derecho de autodeterminación de los habitantes del archipiélago. El debate coincidió, además, con la discusión en Londres sobre el acuerdo con Mauricio por el archipiélago de Chagos, citado por la Argentina como antecedente de una controversia territorial resuelta por medios pacíficos.
La situación se dio mientras avanzaba el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration comunicaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para la primera etapa del desarrollo. La Cancillería argentina rechazó esa iniciativa, a la que consideró una explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa de soberanía. En ese escenario, Javier Milei anunció una cadena nacional para referirse a la cuestión Malvinas.
La actividad de las petroleras que cuestiona el Gobierno argentino

La israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration avanzan en el desarrollo del yacimiento offshore Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros al norte de las islas Malvinas y a aproximadamente 240 kilómetros de Puerto Argentino. El campo fue descubierto en 2010 por Rockhopper, que posee el 35% del proyecto, mientras que Navitas controla el 65 por ciento.
En diciembre de 2025, las compañías comunicaron la decisión final de inversión para la primera fase de Sea Lion. Navitas informó entonces una inversión de USD 1.170 millones para esa etapa. De acuerdo con información posterior sobre el proyecto, la Fase 1 contempla una inversión total de USD 1.800 millones, una producción estimada de 50.000 barriles diarios y el inicio de la extracción en 2028. Las estimaciones sobre el volumen recuperable mencionadas en las notas rondan los 819 millones de barriles.
La Cancillería argentina rechazó el desarrollo del yacimiento y sostuvo que las empresas no cuentan con autorización de las autoridades competentes del país. También calificó la iniciativa como una explotación unilateral de recursos naturales en un área sujeta a una disputa de soberanía con el Reino Unido. En ese sentido, citó las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Gobierno recordó que Rockhopper Exploration fue declarada clandestina e inhabilitada para operar en la Argentina durante 20 años mediante la Resolución 133/2012 de la Secretaría de Energía. Navitas Petroleum recibió una sanción equivalente a través de la Resolución 240/2022, por operaciones hidrocarburíferas sin habilitación argentina. La posición oficial también alcanza a las concesiones, las contrataciones de proveedores y otras acciones asociadas con el avance del proyecto hacia su etapa productiva.
Según precisió hoy el medio británico The Telegraph, las empresas Rockhopper y Navita planean comenzar a perforar el yacimiento offshore Sea Lion -al norte de las islas- en los próximos meses. Según señaló el portal, existe la posibilidad de “enviar petróleo de regreso a Europa y al Reino Unido desde principios de 2028”. “El yacimiento petrolero se encuentra a unas 137 millas al norte de las islas y se espera que produzca petróleo durante más de 30 años”, indicó el medio europeo.

El comunicado de la oficina del Presidente tras la cadena nacional
Ciudad de Buenos Aires, 3 de septiembre de 2026.- La Oficina del Presidente informa que el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, ha dispuesto la firma de un decreto reglamentario y el envío de un proyecto de ley al Honorable Congreso de la Nación, en respuesta al avance del condenable proyecto Sea Lion hacia la explotación de petróleo en las Islas Malvinas sin autorización de la República Argentina.
Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinos. Por historia y por derecho. Las Islas formaron parte del territorio argentino desde los orígenes de nuestra Nación. En 1833, el Reino Unido ocupó las Malvinas, expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que continúa hasta nuestros días.
Recuperar el ejercicio pleno de nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas es un mandato de la Constitución Nacional y un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Por eso, no alcanza con sostener nuestro reclamo: el Estado argentino tiene la obligación de utilizar todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender nuestra soberanía y nuestros recursos.
Hoy nuestra soberanía enfrenta un peligro concreto y urgente. Sea Lion implica algo especialmente grave que no había sucedido nunca: la extracción de un recurso no renovable que pertenece a los argentinos. Si no actuamos, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar.
Además, el avance de esta explotación generará un incentivo para que el Reino Unido profundice la ocupación de las Islas y continúe explotando nuestros recursos.
Frente a esto, se enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que creará un Consejo de Seguridad Nacional para definir la política de seguridad nacional y que esta se aplique de forma transversal. Esto permitirá una estrategia coordinada en la defensa de la soberanía y del territorio nacional, y en la recuperación de las Islas Malvinas.
Además, se establecerá un régimen de protección de infraestructuras críticas y un marco de protección aeroespacial y marítima. De este modo, se profundiza la protección ante posibles ataques de todo tipo a la integridad territorial de nuestro país.
La Defensa, la Seguridad Nacional, la Inteligencia de Estado, la Cancillería y el Ministerio de Economía deben actuar de manera coordinada. Una Argentina próspera, políticamente relevante y militarmente respetable está en mejores condiciones de defender su territorio, sus recursos y su soberanía.
Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido político. Es una causa nacional. Podemos tener diferencias sobre cualquier otra cuestión, pero la defensa de nuestra soberanía exige que los argentinos mostremos un frente unido al mundo. Defender nuestra soberanía requiere pensar en las próximas generaciones y no solamente en la próxima elección.
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POLITICA
Cuadernos de las coimas: declararon dos policías que participaron de allanamientos

Dos efectivos de la Policía Federal que intervinieron en allanamientos del caso declararon este jueves en una de las audiencias más cortas del juicio oral de los cuadernos de las coimas.
Carlos Gastón Cidre, subcomisario de la Policía Federal, participó del allanamiento realizado en la casa del exfuncionario Roberto Baratta en el country Mapuche. Ante el Tribunal Oral Federal 7, dijo haber secuestrado un disco rígido y recordó que la casa tenía un quincho, una parrilla y un sótano. Su declaración duró apenas 10 minutos. Lo siguió Luciana Sain, oficial inspectora de la Policía Federal, que declaró de forma virtual.
Durante la instrucción, la policía participó en allanamientos, detenciones, constataciones de domicilios y aperturas de bóvedas. En un cuarto de hora, describió que fueron ocho brigadas las que trabajaron en el caso y negó haber intervenido en escuchas.
Ambos fueron parte de un grupo de testigos solicitado por la defensa de Baratta que seguirán declarando el martes próximo.
El exfuncionario, que fue la mano derecha del ministro Julio de Vido, está acusado de ser un engranaje clave en el presunto esquema de recaudación que se montó durante el kirchnerismo.
La acusación contra él y contra otros exfuncionarios, formulada por el fiscal Carlos Stornelli y sostenida en el juicio por Fabiana León, se apoya en los cuadernos de Oscar Centeno y numerosas declaraciones de empresarios y funcionarios arrepentidos.
Con sus preguntas, los abogados de Baratta apuntaron a delimitar el horario en que fueron realizados los allanamientos y sus detalles, pero la mayoría de los efectivos aseguraron tener recuerdos solo generales de procedimientos, que se realizaron hace ocho años.
Vestidor
Una de las declaraciones más ricas fue la del comisario Juan Carlos Barrales, quien lideró el allanamiento en el departamento de Cristina Kirchner de Juncal y Uruguay, en agosto de 2018. Tal como informó , ante el tribunal, el policía confirmó que detrás de la cama de la habitación del matrimonio Kirchner había un vestidor con una puerta blindada.
“Había una puerta blindada en lo que nosotros supusimos que era la habitación matrimonial, o la que ocupaba la señora, porque había almohadones con las iniciales del doctor Néstor Kirchner y de la expresidenta”, dijo el comisario.
Al término de la audiencia de hoy, el juez Enrique Méndez Signori volvió a insistir con su pedido para que las partes comuniquen antes del inicio del debate los desistimientos de testigos para “optimizar” el tiempo de las audiencias.
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POLITICA
Ritondo apuntó contra Kicillof tras el plan de dos presos para matar a una fiscal y reclamó prohibir los celulares en las cárceles

El jefe del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, volvió a cuestionar a Axel Kicillof por la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires y reclamó avanzar con la prohibición del uso de celulares en las cárceles, luego de que se conociera que dos presos organizaron desde prisión un plan para asesinar a la fiscal de San Isidro María Paula Hertrig.
A través de sus redes sociales, el diputado nacional expresó su solidaridad con la funcionaria judicial y sostuvo que el caso confirma una problemática que, según afirmó, el PRO viene denunciando desde hace años.
“Toda mi solidaridad con la fiscal María Paula Hertrig, de San Isidro. El complot para asesinarla se organizó desde dos cárceles bonaerenses, con celulares”, escribió Ritondo.
En ese sentido, cargó contra el gobernador bonaerense: “Mientras Kicillof mira para otro lado y pasea por Nueva York haciendo campaña, los penales de la Provincia funcionan como oficinas del delito”.
POLITICA
Rebajan las condenas por el crimen del mapuche Rafael Nahuel y los prefectos no irán a prisión

La Justicia rebajó a tres años de prisión en suspenso, como máximo, las condenas impuestas a cinco integrantes de la Prefectura Naval por el crimen de Rafael Nahuel en Bariloche 9 años atrás, cuando reprimieron en un operativo de desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en el Parque Nacional Nahuel Huapi, en inmediaciones de Bariloche.
Nahuel fue muerto de un tiro por la espalda efectuado el 25 de noviembre de 2017. Patricia Bullrich era entonces ministra de Seguridad y organismos de derechos humanos criticaron su rol y responsabilidad política al haber respaldado la versión del enfrentamiento armado y justificado el accionar de las fuerzas federales.
El fallo fue dictado por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con la firma de los camaristas Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci. Los jueces revisaron las condenas e hicieron lugar al recurso de las defensas, con lo que además les quitaron la inhabilitación especial como integrantes de las fuerzas de seguridad.
Por eso dejaron sin efecto las penas impuestas por el tribunal de juicio y fijaron nuevas sanciones de ejecución condicional. Los beneficiados son Sergio Guillermo Cavia, que recibió tres años en suspenso; se aplicaron dos años y seis meses para Juan Ramón Obregón; dos años y tres meses para Francisco Javier Pintos y Carlos Valentín Sosa; y dos años para Sergio Damián García.
La causa se originó en el operativo del 25 de noviembre de 2017 en un predio de Parques Nacionales, en cercanías de la Ruta Nacional 40, cuando el Grupo Albatros ingresó para desalojar a los mapuches y algunos fueron detenidos, y otros huyeron hacia las montañas. Allí, los prefectos efectuaron disparos y Rafael Nahuel Salvo murió a raíz de un impacto de arma de fuego.
Los cinco agentes habían sido condenados por homicidio agravado por el uso de armas de fuego, con exceso en la legítima defensa: Cavia como autor y Pintos, Obregón, Sosa y García como partícipes necesarios. La revisión de la Casación se limitó exclusivamente a los cuestionamientos formulados por las defensas respecto de la determinación de las penas.
Cavia había recibido 5 años de prisión; Pintos, Obregón, Sosa y García recibieron entonces 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial por 7 años al ser considerados partícipes necesarios del mismo delito. Ahora, con estas nuevas penas, ninguno irá preso. El fallo puede aún debe ser revisado por la Corte Suprema de Justicia. Los hombres de Prefectura están en libertad.
En la resolución de la Casación se consideró que la decisión recurrida no había ponderado adecuadamente las circunstancias atenuantes ni individualizado la intervención de cada condenado. El tribunal graduó las sanciones, el arma empleada, la cantidad de disparos y las circunstancias personales de cada condenado. A Cavia le impuso la pena mayor por ser autor del disparo mortal.
Por el crimen ocurrido en Parques Nacionales en Villa Mascardi, es la segunda vez que Casación interviene sobre las penas. En junio de 2025, la misma sala, con otra integración, confirmó la responsabilidad de los cinco y la calificación de homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa.
Atenuantes
Pero había anulado los montos de las penas y ordenó al Tribunal Oral Federal de General Roca que los volviera a fijar, ponderando “en su justa dimensión” los atenuantes. En febrero pasado, el tribunal rionegrino repitió exactamente las mismas condenas. Admitió que no encontraba “buenas razones” para apartarse de ellas.
Ahora la Cámara Federal de Casación no devolvió el expediente, sino que fijó las penas, por su cuenta, después de escuchar a los cinco acusados en una audiencia de conocimiento personal el 10 de junio. En el voto que lideró el acuerdo, Borinsky sostuvo que el tribunal de juicio enumeró los atenuantes y hasta afirmó que “indudablemente” mitigaban el reproche, pero no los reflejó en las penas.
Esos atenuantes eran la falta de antecedentes penales y de sanciones administrativas, la inexperiencia en enfrentamientos armados y las condiciones personales y familiares de los acusados. También cuestionó que el tribunal evaluara en bloque a los cinco partícipes, aunque había elementos para distinguir la conducta de cada uno, como el arma que usó y la cantidad de disparos que hizo.
Como agravante común, Borinsky ponderó la gravedad del hecho y la muerte de Nahuel. Pero recordó que, según la sentencia de condena, la reacción de los prefectos fue inicialmente defensiva y luego excesiva, y que estaban en el lugar cumpliendo una orden judicial. Yacobucci adhirió a ese voto: remarcó que si Casación había dado la razón a las defensas en su primera intervención, esa decisión “ha de producir alguna consecuencia efectiva” en el resultado final.
El prefecto Pintos, al enfrentarse con los mapuches que atacaron con piedras, usó primero un arma no letal y luego los cinco dispararon con sus pistolas Beretta 9 milímetros y un subfusil MP5. Un disparo de la pistola de Cavia ingresó en el cuerpo de Nahuel por la parte posterior de la cadera izquierda y le provocó la muerte por hemorragia interna.
El criterio general fue graduar según el rol de cada uno, el arma usada y la cantidad de municiones faltantes, sobre una escala de un año y cuatro meses a seis años y ocho meses. Las condenas condicionales se justificaron en la inconveniencia de las penas cortas de prisión para quienes delinquen por única vez. Los tres jueces de Casación votaron las mismas penas, todas en suspenso y sin inhabilitación.
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