El Gobierno reconoce preocupación por la suba del riesgo país y espera una recuperación de la actividad económica en agosto, después de la fuerte caída que registró el último informe del INDEC. En la Casa Rosada admiten que el deterioro de los bonos argentinos se produjo antes de lo que proyectaban para el calendario electoral de 2027 y buscan evitar que la incertidumbre financiera se traslade a las expectativas sobre el programa económico. El Ejecutivo apuesta a una mejora de los indicadores durante los próximos meses y considera que el repunte de la actividad puede contribuir a estabilizar el escenario.

“Nos preocupa la suba del riesgo país porque esperábamos que sucediera eventualmente, pero no tan lejos de la elección”, reconocen en Nación. Admiten que existen factores domésticos que inciden sobre el indicador, aunque mantienen que el contexto internacional explica una parte importante de la presión reciente sobre los activos argentinos. La expectativa oficial es que las tensiones comiencen a reducirse después de las elecciones legislativas de noviembre en Estados Unidos y que el país atraviese un verano con menor volatilidad financiera.

El riesgo país superó este martes los 700 puntos básicos por primera vez en el año y llegó a tocar las 710 unidades, antes de retroceder hacia los 680 puntos. El índice elaborado por JP Morgan había alcanzado un mínimo cercano a los 402 puntos en julio y acumuló desde entonces un deterioro significativo. El movimiento refleja la caída del precio de los bonos soberanos en dólares y una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para financiar al Estado argentino.

La explicación oficial combina el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, la incertidumbre electoral y las dudas sobre la continuidad del programa económico. El Gobierno pone el foco sobre el aumento de las tasas de interés de Estados Unidos y los conflictos geopolíticos, especialmente en Medio Oriente. Sin embargo, reconoce que la dinámica política local también tiene consecuencias sobre la valuación de los bonos. En la Casa Rosada esperan que una reducción de las tensiones externas y un escenario electoral más ordenado permitan recuperar parte del terreno perdido.

La principal apuesta internacional del Ejecutivo es que las tasas estadounidenses comiencen a bajar después de las elecciones de noviembre, junto con una eventual normalización del conflicto en Medio Oriente. Esa expectativa enfrenta, por ahora, un escenario financiero adverso: la Reserva Federal elevó en septiembre su tasa de referencia al rango de 3,75% a 4% y los pronósticos de mercado siguen contemplando nuevos aumentos durante los próximos meses. Una reducción de los rendimientos internacionales no está garantizada y dependerá de la inflación y de las decisiones de la autoridad monetaria estadounidense.

La situación económica e internacional también formó parte de la reunión de la mesa política que encabezó Karina Milei este martes en la Casa Rosada. Según informó oficialmente el Gobierno, se analizaron el contexto político y económico externo, con especial atención a los conflictos sociales en Francia e Italia. Luis Caputo brindó además detalles de la cumbre con el Fondo Monetario Internacional realizada la semana pasada en Tailandia. En paralelo, dentro del oficialismo se viene discutiendo la necesidad de ordenar las negociaciones políticas y legislativas para reducir la incertidumbre de cara a 2027.

Milei también vincula parte del deterioro financiero con la posibilidad de un regreso del kirchnerismo al poder, una interpretación que viene expresando mediante su referencia al “riesgo kuka”. En el Ejecutivo sostienen que las declaraciones de dirigentes opositores sobre eventuales modificaciones al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) alimentan las dudas de los inversores sobre la estabilidad de las reglas económicas. La Casa Rosada mantiene que cumplirá con los compromisos de deuda y que la incertidumbre política no modifica esa decisión.

La jurista rosarina Frida María Armas Pfirter ocupa desde el 1 de octubre la vicepresidencia del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés), el órgano judicial con sede en Hamburgo que deberá decidir si frena la explotación petrolera británica en las aguas de Malvinas y que programó las audiencias orales sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina para el próximo 10 y 11 de noviembre.

Las vistas se celebrarán en la sala principal del tribunal, serán públicas y se transmitirán en vivo por la web del organismo. El caso, registrado con el número 37, plantea una controversia entre Argentina y el Reino Unido por actividades hidrocarburíferas en el Atlántico Sudoccidental, en un área vinculada con la disputa de soberanía sobre las islas Malvinas.

La decisión llega una semana después de que el gobierno de Javier Milei formalizara, el 13 de octubre, su solicitud de medidas provisionales. El canciller Pablo Quirno presentó el pedido apoyado en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), que habilita a solicitar medidas cautelares mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.

La jueza argentina en el tribunal

Armas Pfirter nació en Rosario, Santa Fe, el 30 de septiembre de 1957. Se recibió de abogada en la Universidad Católica Argentina en 1983 y obtuvo su doctorado en Derecho Internacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1992. A lo largo de su carrera acumuló becas de posgrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica, la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas en Ginebra y la Universidad de las Naciones Unidas.

Su nombre está ligado de manera inseparable a la plataforma continental argentina. Durante más de 25 años —entre 1997 y 2023— dirigió la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el equipo interdisciplinario que logró extender un 35% los espacios marítimos del país. Ese trabajo, que combinó análisis jurídico, científico y técnico, fue reconocido como una política de Estado que trascendió gobiernos de distinto signo.

En 2023, fue declarada Personalidad Destacada de las Ciencias Jurídicas por el proyecto del diputado Claudio Romero (VJ), en la Legislatura porteña. “Para los que hemos dedicado nuestra vida al derecho, tomándolo con pasión y como vocación, esta distinción que me han otorgado es un honor pero también es una responsabilidad inmensa”, señaló Armas Pfirter en la entrega de diplomas.

Antes de llegar al tribunal, se desempeñó como conciliadora y árbitra de Argentina en el sistema de solución de controversias de la Convemar, como experta en el área de pesquerías bajo el Anexo VIII de la convención, y como miembro de la Comisión Jurídica y Técnica y del Comité de Finanzas de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Es profesora titular de Derecho Internacional Público en la UBA y en la Universidad Austral, y autora de tres libros y numerosos artículos especializados. Además, es miembro del Comité Ejecutivo del CARI.

En junio de 2023, durante la 33° Reunión de Estados Parte de la Convemar, fue elegida jueza del ITLOS con 154 votos para un mandato de nueve años (2023-2032). Asumió el 1 de octubre de ese año. Tres años después, el 1 de octubre de este año, sus pares la eligieron vicepresidenta del tribunal junto con Kamga como presidente, para el período 2026-2029.

Cómo está integrado el Tribunal del Mar

El ITLOS fue creado por la Convemar, firmada en 1982, como el órgano judicial independiente encargado de resolver controversias sobre la interpretación y aplicación del tratado. Tiene competencia en disputas sobre delimitación de zonas marítimas, navegación, conservación de recursos vivos, protección del medio marino e investigación científica.

Está compuesto por 21 jueces independientes elegidos por los Estados Parte de la Convemar entre personas de reconocida reputación por su imparcialidad, integridad y competencia en derecho del mar. Los miembros cumplen mandatos de nueve años y pueden ser reelegidos. La composición garantiza la representación de los principales sistemas jurídicos del mundo y una distribución geográfica equitativa: no puede haber dos jueces de un mismo país.

La composición actual del tribunal, tras la jura de cinco nuevos miembros el 1 de octubre de 2026, incluye jueces de Camerún, Argentina, Malta, Ucrania, Islandia, Rusia, Países Bajos, Chile, China, Jamaica, Italia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur, Sierra Leona, Polonia, Túnez, Ghana, India, Vietnam y Brasil.

El Reino Unido no cuenta con un juez propio en el tribunal. Mientras Argentina tiene a Armas Pfirter como vicepresidenta del organismo, Londres carece de representación directa en el cuerpo, aunque el Estatuto del tribunal le permite designar un juez ad hoc para intervenir en la controversia, una figura prevista para garantizar que ambas partes cuenten con representación en el cuerpo que resuelve el caso.

Qué pide Argentina y por qué eligió la vía ambiental

El escrito de 49 páginas presentado ante el ITLOS, firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, solicita cuatro medidas provisionales: que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en la cuenca norte de Malvinas; que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos; que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales de Argentina; y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.

La estrategia jurídica descansa sobre un eje ambiental que permite al tribunal actuar sin pronunciarse sobre la soberanía del archipiélago. La presentación cita el fallo del arbitraje del Mar del Sur de China para sostener que las obligaciones de protección del medio marino “se aplican a todos los Estados respecto del medio marino en todas las áreas marítimas” y que, por lo tanto, las cuestiones de soberanía son irrelevantes para la aplicación de esas normas.

El argumento se apoya en documentación de las propias empresas involucradas. El Plan de Contingencia para Derrame de Petróleo presentado por Premier Oil ante las autoridades de facto de las islas establece que “existe un 30% de probabilidad de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 30 días”. Para un crudo más liviano, el mismo plan proyecta “una probabilidad del 100% de que el petróleo cruce el límite marítimo internacional hacia aguas argentinas después de 14 días”.

El proyecto Sea Lion y las empresas sin experiencia offshore

El yacimiento en disputa se ubica a 107 millas náuticas (unos 198 kilómetros) al norte de Malvinas, sobre un área de 541,40 km² dentro de la licencia PL032. La operación está liderada por la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. El campo contiene un estimado de 1.700 millones de barriles de petróleo, según las evaluaciones de los operadores.

Ambas compañías tomaron la decisión final de inversión a fines de 2025 y fijaron como meta el inicio de la producción en el primer trimestre de 2028. Según el reporte trimestral de Navitas del 24 de agosto de 2026, la campaña de perforación de la fase 1 “se espera que comience a principios de 2027”. El desarrollo completo contempla 23 pozos distribuidos en seis centros de producción, una unidad de perforación submarina y un buque de producción, almacenamiento y descarga (FPSO).

En un pasaje poco habitual para una presentación ante un tribunal internacional, el escrito argentino dedica un capítulo a cuestionar la capacidad técnica de las operadoras: ni Navitas ni Rockhopper tienen experiencia previa como operadoras de un campo offshore en producción, lo que —según la argumentación— amplifica el riesgo de un incidente ambiental en una zona donde un derrame alcanzaría aguas argentinas en cuestión de días.

La respuesta británica y el antecedente de la fragata Libertad

El Reino Unido rechazó las pretensiones argentinas por múltiples vías. Ante la Cámara de los Comunes, la ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, sostuvo que la solicitud ante el tribunal “no invalida las licencias emitidas por el gobierno de las islas, no altera la autoridad regulatoria de las islas, y no exige que las actividades legales de desarrollo de hidrocarburos cesen”. Sin embargo, confirmó que el Reino Unido participará del proceso y que, si el ITLOS dictara una orden, el país “cumple con sus obligaciones internacionales”.

En paralelo, Londres activó la legislación de Protección de Intereses Comerciales para blindar a empresas británicas de regulaciones extraterritoriales argentinas. El canciller Ed Miliband calificó de “inaceptables” los intentos argentinos de “intimidar a empresas e individuos”.

La arquitectura procesal elegida por Argentina tiene antecedentes en el propio tribunal. En la controversia entre Ghana y Costa de Marfil, el ITLOS ordenó en 2015 que Ghana no realizara nuevas perforaciones en el área marítima disputada. Otro referente es el caso de la fragata ARA Libertad, retenida en Ghana en 2012: entre el pedido de medidas provisionales y la resolución del tribunal transcurrió aproximadamente un mes, y el ITLOS ordenó la liberación inmediata e incondicional del buque.

Con las audiencias fijadas para el 10 y 11 de noviembre, los 21 jueces del tribunal —entre ellos la vicepresidenta Armas Pfirter— deberán evaluar si tienen jurisdicción prima facie, si la urgencia justifica intervenir y si las medidas solicitadas son proporcionales. Una decisión favorable a Argentina sería de cumplimiento obligatorio para el Reino Unido.

Tribunal Internacional del Derecho del Mar,sala de audiencias,derecho del mar

La negociación entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO para construir un eventual acuerdo electoral rumbo al 2027 tiene una condición previa para el partido de Mauricio Macri: mejorar la articulación legislativa antes de avanzar en un entendimiento político y electoral.

Luego de la reunión que mantuvieron este martes en la Casa Rosada, en el PRO destacaron el buen diálogo con el Gobierno, aunque plantearon que la relación entre ambos espacios necesita traducirse en una coordinación concreta en el Congreso. “No puede haber acuerdo electoral si antes no hay articulación legislativa”, advirtieron desde el partido.

En el PRO buscan que la alianza de hecho que se sostiene en el Congreso tenga un correlato en la labor parlamentaria. La intención es que exista una instancia previa de discusión con sus aliados parlamentarios y que no reciban los proyectos del oficialismo al mismo tiempo que la oposición dura, como el peronismo.

“Si somos los aliados y quieren que los defendamos, tiene que haber articulación legislativa previa”, es el planteo que transmiten desde el espacio.