POLITICA
Milei enviará mañana la reforma electoral al Congreso: elimina las PASO e incluye ficha limpia
El presidente Javier Milei anticipó este martes por la tarde que el Ejecutivo enviará mañana -el miércoles- el proyecto de reforma electoral al Congreso. A través de un breve posteo en X el jefe de Estado anticipó que la iniciativa incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento y la implementación de ficha limpia. “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda. Viva la libertad carajo”, coronó el mandatario en la plataforma.
La reforma había comenzado a cobrar forma el viernes pasado en Casa Rosada, durante una de las últimas reuniones de la mesa política. Allí se delinearon los puntos principales de la iniciativa. Entre ellos, la inclusión de ficha limpia, un anzuelo para captar a aquellos bloques de oposición que reclaman su puesta en marcha.
En 2024, el oficialismo postergó en dos oportunidades su tratamiento en la Cámara de Diputados y, cuando finalmente llegó la posibilidad de convertirla en ley en el Senado, en mayo del año pasado, dos senadores misioneros que responden a su jefe político, Carlos Rovira, lapidaron el proyecto con su voto en contra; en medio del escándalo, Rovira adujo por entonces que respondía a un llamado del propio presidente.
Dos años después, bloques de la oposición -tanto en la Cámara baja como alta- intentaron recientemente reinstalar la discusión. Toda una estrategia que pareció orquestada para apurar al Gobierno, al que nunca vieron convencido del todo para impulsar la iniciativa. Lo cierto, como precisó esta mañana, es que ahora la Casa Rosada reflota la propuesta, pero la inscribe dentro de una reforma político electoral integral que tiene como objetivo central eliminar las elecciones primarias, o al menos suspenderlas una vez más.
Respecto de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, distintas vertientes se resisten a avalarla porque, en medio del desorden partidario que transitan, reconocen que necesitan de esta instancia para definir las candidaturas que eventualmente compitan con el oficialismo en las elecciones del año próximo.
Así las cosas, el Ejecutivo asume que le será difícil reunir la mayoría de los votos (129 en Diputados y 37 en el Senado) para eliminar las primarias, ya que ni siquiera sus aliados –Pro y la UCR- estarían dispuestos a acceder.
Frente a esta situación, en la mesa política del Presidente se acordó finalmente incluir en el proyecto de reforma política la propuesta de ficha limpia a manera de incentivo para que los bloques reticentes se sientan al menos obligados a considerar la iniciativa y no la cajoneen como sucedió en anteriores oportunidades. Allí se decidió, también, que el proyecto sería enviado al Senado, una cámara más accesible para conseguir las mayorías necesarias.
El proyecto oficialista propone una modificación de la ley Orgánica de Partidos Políticos (N°23298) que, en su artículo 33, enumera una serie de restricciones para quienes deseen integrar listas partidarias.
Según estipula la normativa, no pueden ser candidatos quienes estén “excluidos del padrón electoral como consecuencia de disposiciones legales vigentes” y las personas procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y violaciones de derechos humanos, entre otros actos.
Tampoco pueden competir en elecciones el personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad; magistrados, funcionarios o miembros del Poder Judicial; y los directores o apoderados de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o autoridades de entidades que “exploten juegos de azar”.
Quienes estén alcanzados por estas restricciones para postularse a cargos estarán impedidos de ser designados como funcionarios públicos: no podrán ejercer el rol de jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de organismos descentralizados o de la Seguridad Social. Tampoco se les permitirá tener cargo de diplomático o ser directores de empresas con participación estatal.
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POLITICA
El Gobierno reglamentó artículos de la reforma laboral: cambios en convenios, sindicatos y recibos de sueldo
El Gobierno reglamentó artículos de la ley de modernización laboral y estableció nuevas reglas para los convenios colectivos, las asociaciones sindicales, las plataformas digitales de reparto y movilidad, y las empresas de servicios eventuales. También se creó un nuevo formato obligatorio para los recibos de sueldo, que deberá mostrar el costo laboral total asumido por el empleador y el detalle de los distintos aportes y contribuciones vinculados a la relación laboral.
La normativa fue formalizada mediante el Decreto 407/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Mediante la medida, el Poder Ejecutivo reglamentó disposiciones de las leyes de contrato de trabajo, convenciones colectivas de trabajo y de asociaciones sindicales que fueron modificadas por la ley de modernización laboral, además de introducir precisiones sobre distintos aspectos de su implementación.
Uno de los capítulos centrales de la reglamentación está vinculado con la negociación colectiva. El decreto fija criterios para determinar qué convenios colectivos deberán considerarse vencidos a los fines de convocar a una renegociación. En aquellos casos en los que no exista una fecha expresa de vencimiento o no se haya establecido un período de vigencia, la autoridad laboral podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para poner en marcha el procedimiento previsto por la ley.
Asimismo introduce modificaciones sobre los aportes, contribuciones, cuotas, retenciones y demás cargas económicas previstas en los convenios colectivos. A partir de la publicación del decreto, esos conceptos deberán computarse de manera global para verificar el cumplimiento de los límites establecidos por la legislación y no podrán fragmentarse entre distintos conceptos o beneficiarios para superar los topes legales.
También dispone que las convenciones colectivas que excedan esos límites deberán ser readecuadas y establece que no podrán homologarse ni registrarse nuevos acuerdos que incumplan esas restricciones, mientras que impone que determinados aportes y contribuciones previstos en convenios colectivos solo serán obligatorios para las empresas afiliadas a las entidades correspondientes.
Otro de los ejes de la reglamentación está relacionado a las asociaciones sindicales. Entre otras medidas, se establece que los cuerpos directivos deberán mantener una proporción razonable respecto de la cantidad de afiliados cotizantes y se incorporan mecanismos de control para verificar la representación sindical mediante cruces con registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y otras bases públicas.
Además, se modifican las reglas vinculadas con la actividad sindical dentro de los establecimientos. El crédito horario sindical deberá utilizarse de manera compatible con la continuidad de las actividades y requerirá una comunicación previa al empleador con una anticipación mínima de 48 horas. También se establecen nuevas pautas para la protección de candidatos sindicales y para la aplicación de la tutela.
En cuanto a la documentación laboral, el Gobierno aprobó un nuevo modelo de recibo de sueldo. El nuevo formato incorpora un apartado específico destinado a reflejar el costo laboral total afrontado por el empleador, donde deberán detallarse los gastos vinculados con aportes sindicales, seguridad social, obra social, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), aseguradoras de riesgos del trabajo, cámaras empresarias y otros conceptos derivados de la relación laboral, entre otros conceptos.
El esquema deberá organizarse en cuatro secciones diferenciadas e incluir los datos del trabajador y del empleador, las contribuciones y conceptos abonados por la empresa, el detalle de la remuneración bruta y las deducciones correspondientes, además del salario neto percibido.
La reglamentación también alcanza a las plataformas digitales de reparto y movilidad. Al respecto, se designa a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación del régimen específico previsto para esa actividad, mientras que la Secretaría de Trabajo conservará las competencias vinculadas a los convenios colectivos que puedan celebrarse dentro del sector.
Por otra parte, se aprueba un nuevo régimen para las empresas de servicios eventuales. La normativa redefine los supuestos en los que podrán asignar trabajadores a empresas usuarias, establece condiciones para los contratos permanentes discontinuos y crea un esquema de inscripción electrónica acompañado por un sistema de garantías calculadas según la cantidad de trabajadores contratados.
La reglamentación también incorpora cambios vinculados con los certificados médicos laborales, que deberán emitirse por medios electrónicos mediante plataformas registradas y profesionales habilitados, salvo situaciones excepcionales debidamente justificadas. Además, prevé la implementación de un sistema de notificaciones para informar a empleadores y agentes del sistema de salud sobre el inicio y la finalización de trámites jubilatorios.
La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral
A través del Decreto 408/2026, el Gobierno reglamentó el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), creado por la ley de modernización laboral para contribuir al pago de indemnizaciones laborales sin modificar el régimen vigente. El sistema estará destinado a empleadores del sector privado y funcionará por medio de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), mediante cuentas individuales específicas para cada empleador.
La normativa dispone que las contribuciones al fondo serán canalizadas a través de ARCA y establece mecanismos para la administración, identificación y trazabilidad de los recursos acumulados en cada cuenta. Además, regula la posibilidad de que los empleadores trasladen los fondos entre distintos vehículos de inversión autorizados, mediante un sistema de portabilidad sujeto a las condiciones y controles que establezca la CNV.
El Ejecutivo, además, fijó el procedimiento para el pago de indemnizaciones a trabajadores registrados mediante los recursos acumulados en el fondo y estableció que la responsabilidad por el cálculo de los montos indemnizatorios seguirá siendo exclusiva del empleador. Asimismo, prevé una reducción de contribuciones patronales equivalente al aporte efectuado al Fondo de Asistencia Laboral y posterga hasta el 1 de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del régimen.
Régimen de Promoción del Empleo Registrado
En tanto, se reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que tiene como objetivo la regularización de trabajadores no registrados o deficientemente registrados en el sector privado. En la medida se establece un esquema de beneficios para los empleadores que adhieran al sistema, incluyendo la condonación parcial de deudas vinculadas con aportes y contribuciones a la seguridad social.
Según el Decreto 409/2026, la condonación alcanzará al 90% de la deuda para micro y pequeñas empresas y entidades sin fines de lucro, al 80% para medianas empresas y al 70% para el resto de los empleadores. A su vez, las deudas vinculadas con obras sociales, riesgos del trabajo y el Seguro Colectivo de Vida Obligatorio quedarán condonadas en un 100%.
La normativa también prevé que la deuda remanente podrá cancelarse mediante un plan de facilidades de pago que implementará ARCA o mediante pago al contado con una reducción adicional del 50% sobre el capital e intereses no condonados. Asimismo, establece que los períodos regularizados serán computados para el acceso a beneficios previsionales y prestaciones por desempleo y contempla la baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal) para determinadas infracciones alcanzadas por el régimen.
Modificaciones tributarias
En paralelo, se oficializaron cambios tributarios incorporados en la ley de modernización laboral vinculados a operaciones inmobiliarias. Mediante el Decreto 406/2026, se precisó el alcance de las exenciones del impuesto a las ganancias para los ingresos obtenidos por el alquiler de inmuebles destinados a vivienda y para los resultados derivados de la venta de inmuebles y de la transferencia de derechos sobre ellos.
La norma establece que las ganancias provenientes de la locación o sublocación de inmuebles con destino a casa habitación quedarán exentas para los períodos fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2026, incluso cuando los contratos hayan sido celebrados con anterioridad.
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POLITICA
Oficializaron al nuevo miembro del equipo económico que ocupará el cargo de Secretario Legal y Administrativo
Tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, el nuevo secretario Legal y Administrativo quedó designado a través de un decreto publicado esta madrugada tras la repentina salida de José García Hamilton.
A partir de hoy, Juan Ignacio Stampalija quien hasta este momento se desempeñaba como suboprocurador del Tesoro de la Nación, reemplazará en el cargo a García Hamilton.
Sin embargo, el funcionario de Gobierno admitió que ya había sido notificado al respecto. “Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía», explicó Caputo mediante un tuit.
A su vez enfatizó: “También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, continuó diciendo, y completó el posteo señalando al nuevo titular de la Secretaría Legal y Administrativa que funciona bajo su órbita. “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, adelantó el ministro.
Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.
La cartera que dirige Caputo no cesa de tener movimientos. El último ocurrió hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura. La escandalosa salida sucedió cuando se supo que tenía propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada. Este movimiento se dio casi a la par de la investigación contra el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.
En reemplazo de Frugoni, Caputo designó a quien era secretario de Transporte, el arquitecto Fernando Herrmann, y en su lugar nombró a Mariano Ignacio Plencovich.
A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo designar a Federico Furiase, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había comenzado sus tareas en el puesto en noviembre de 2025, se fue por una propuesta de emitir bono que había sido rechazada por el propio presidente Javier Milei.
En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía para pasar a ocupar el puesto de ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.
Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.
En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina, pero que también tiene nacionalidad chilena, y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID).
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POLITICA
Cambios en Economía: Luis Caputo anunció la salida de un funcionario y ya definió a su reemplazo
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este domingo la salida de José García Hamilton de la Secretaría Legal y Administrativa de la cartera. En su lugar lo reemplazará Juan Ignacio Stampalija, que era subprocurador del Tesoro de la Nación hasta el momento.
Con un comunicado difundido en sus redes sociales, Caputo explicó que la salida de García Hamilton fue por motivos personales y le había sido comunicada con semanas de anticipación.
“Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión. También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. ¡Muchísimas gracias José!“, resaltó el ministro.
En su lugar, el funcionario le dio la bienvenida a Stampalija, a quien destacó por “toda su experiencia y capacidad profesional”. “¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión», cerró.
Stampalija fue reconocido en abril por el presidente Javier Milei por su labor a la hora de revertir el fallo en la Justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF junto a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y el resto de la Procuración del Tesoro que comanda Sebastián Amerio.
Formado en la Universidad Austral, el ahora funcionario de Economía también es profesor de Derecho Internacional Privado en esa facultad, donde además coordina una Maestría en Derecho con orientación en Arbitraje, Litigios y Contratos Internacionales y una Diplomatura en Contratos y Litigios Judiciales Internacionales.
“Hoy comienzo una nueva etapa. Gracias a Luis Caputo y a todo el impresionante equipo del Ministerio de Economía por la confianza y la oportunidad de seguir contribuyendo a este proyecto de transformación nacional. Con el mismo compromiso, convicción y vocación de servicio, asumo este nuevo desafío”, remarcó el flamante funcionario en sus redes.
Un año de salidas en el Ministerio de Economía
De acuerdo al comunicado de Caputo, la salida de García Hamilton fue mucho más ordenada que otra renuncia dentro del ministerio ocurrida poco más de un mes atrás: la de Carlos Frugoni en la secretaría de Coordinación de Infraestructura.
En aquel entonces, Frugoni fue despedido -luego en Economía dijeron que presentó su renuncia- tras haber reconocido que tenía siete departamentos en Miami que no había incluido en sus declaraciones juradas ante ARCA y la Oficina Anticorrupción.
En su lugar, Caputo designó al hasta entonces secretario de Transporte, Fernando Herrmann, y en lugar de este designó a Mariano Ignacio Plencovich.
Leé también: Ley de Lobby: las tres normas de EE.UU. en las que el Gobierno basó el proyecto y las dudas sobre su control
En paralelo, a fines de febrero la cartera económica sufrió otra baja con la salida del secretario de Finanzas, Alejandro Lew, quien finalmente fue reemplazado por un director del Banco Central muy cercano a Caputo: Federico Furiase.
El propio Lew había llegado a ese cargo tras haberse desempeñado antes como jefe financiero (CFO) de YPF en reemplazo de Pablo Quirno, luego de su salto a la Cancillería para tomar el lugar de Gerardo Werthein.
Ministerio de Economía, Luis Caputo
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