ECONOMIA
Milei quiere que los medicamentos se vendan en todos lados y encendió alarmas entre farmacias
Los medicamentos son un dolor de cabeza para Javier Milei. El Presidente avanza con un nuevo paquete de desregulaciones que promete abrir otro frente de conflicto, esta vez porque pretende liberar la venta de fármacos en supermercados, quioscos y plataformas de comercio electrónico como Mercado Libre. Ante esto, las confederaciones farmacéuticas no solo se oponen, sino que ya obtuvieron medidas cautelares que frenaron esa pretensión que Milei había volcado en dos decretos anteriores.
«Es una locura, va contra todo raciocinio», dijo a iProfesional Héctor Milanesi, farmacéutico y exconsejero del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, rechazó la iniciativa y sostuvo que «se banaliza un producto crítico que requiere control médico y farmacéutico estricto, cadena de frío y trazabilidad».
En tanto, Miguel Lombardo, titular de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) —entidad que agrupa a empresarios propietarios de farmacias—, indicó a iProfesional que ya existen fallos de la Justicia que frenaron los decretos 70/23 y 63/24, los cuales habían avanzado en el mismo sentido.
Efectivamente, hubo dos fallos judiciales que frenaron esta iniciativa impulsada por Milei y su ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes argumentan que hay que avanzar con la venta libre para bajar los precios dentro de su política antiinflacionaria.
La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativo Federal concedió una medida cautelar a la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) y a la Federación Farmacéutica (Fefara), suspendiendo varios artículos del DNU 70 vinculados a la comercialización de medicamentos y al ejercicio profesional farmacéutico.
A su vez, el Juzgado Federal N.° 2 de Mendoza falló a favor del Colegio de Farmacéuticos de esa provincia y suspendió, con alcance nacional, la venta de medicamentos de venta libre fuera de farmacias que preveían los decretos 70 y 63, restituyendo así la vigencia del artículo 1° de la Ley 17.565.
Ese artículo dispone que la preparación de recetas, la dispensa de drogas, medicamentos y especialidades farmacéuticas que requieran prescripción solo podrán ser efectuadas en todo el territorio nacional dentro de farmacias habilitadas. Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, quienes la efectúen podrán ser denunciados por infracción al Código Penal.
Desregulación de medicamentos: qué propone el nuevo proyecto del Gobierno
Entre las medidas que analizan incorporar Milei y Sturzenegger a un megaproyecto de reforma del Estado con más desregulaciones, figura la habilitación para que los medicamentos de venta libre puedan comercializarse en supermercados, otros comercios y plataformas digitales, siempre bajo un esquema de requisitos técnicos que, según el oficialismo, garantizarían la trazabilidad y la seguridad de los productos.
Sin embargo, la iniciativa encendió una fuerte alarma entre farmacéuticos y empresarios del sector, quienes advierten sobre riesgos sanitarios, pérdida de controles profesionales, aumento de la automedicación y dudas sobre la correcta conservación de los fármacos, al tiempo que descartan que la medida tenga un impacto real en la baja de los precios.
La propuesta forma parte del paquete de reformas que preparan el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto con un pedido de facultades extraordinarias para avanzar por decreto en distintos cambios regulatorios por un período de seis meses. Sin embargo, la pérdida de volumen político en el Congreso que sufre el oficialismo a medida que se acerca el año electoral dificulta la consolidación de esos consensos parlamentarios.
En materia farmacéutica, el borrador prevé lo siguiente:
- Habilitar la comercialización de medicamentos de venta libre en establecimientos distintos de las farmacias y a través de canales digitales, siempre que cumplan con las condiciones técnicas que establezca la autoridad sanitaria para asegurar la trazabilidad
- Permitir que las farmacias utilicen plataformas de terceros para la exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expendio restringido, habilitando además el envío a domicilio
- Flexibilizar el régimen de propiedad de las farmacias, las cuales podrán constituirse bajo cualquier figura jurídica
- Permitir que las droguerías despachen recetas al público si se constituyen formalmente como farmacias
- Incorporar la obligatoriedad de archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos
Los medicamentos terminan siendo un dolor de cabeza para Milei: una de las causas de mayor impacto para el Gobierno fue la investigación sobre sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se pesquisa una red de posibles coimas tras las menciones hechas por el procesado extitular del organismo, Diego Spagnuolo. Además, uno de los principales frentes del Gobierno con los Estados Unidos es la exigencia de la aceptación definitiva y puesta en vigencia de la ley de patentes para medicamentos extranjeros.
El rechazo del sector farmacéutico y las advertencias por la salud
La reacción del sector farmacéutico fue inmediata. Marcelo Peretta, titular del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos, reiteró su rechazo a la iniciativa y sostuvo que «se banaliza un producto crítico que requiere control médico y farmacéutico estricto, cadena de frío y trazabilidad».
Según Peretta, los supermercados, quioscos e internet «no garantizan la seguridad ni la correcta conservación de los remedios», lo que podría derivar en serios problemas sanitarios para los pacientes.
Además, cuestionó uno de los principales argumentos económicos del Gobierno: «Está demostrado que estas medidas no bajan los precios. En junio la inflación fue del 1,9% y los medicamentos aumentaron un 2,6%, un 52% por encima del índice general«, afirmó.
El dirigente gremial sostuvo que el problema de fondo reside en la estructura de la industria farmacéutica: «Hace 35 años operan prácticamente los mismos 300 laboratorios y los primeros 20 concentran el mercado. Allí está la verdadera falta de competencia. Desregular la venta solo beneficia a los laboratorios más grandes y no resuelve que la gente no pueda pagar los medicamentos».
Agregó que Sturzenegger actúa en beneficio de los grandes laboratorios que financian campañas electorales.
Por su parte, Héctor Milanesi, farmacéutico, exconsejero titular y actual integrante del Consejo Directivo del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires, cuestionó con dureza el proyecto y aseguró que en el sector cunde una extrema preocupación por estas reincidencias del Gobierno, a pesar de los fallos judiciales adversos.
«Esto es una locura que va en contra del raciocinio de cualquier médico o farmacéutico. La venta indiscriminada de medicamentos, aunque sean de venta libre, genera automedicación e intoxicación«, sostuvo.
Milanesi advirtió que los fármacos requieren condiciones específicas de almacenamiento: «En las farmacias controlamos temperatura y humedad. Los medicamentos no pueden permanecer al sol ni en cualquier góndola porque pierden eficacia y pueden descomponerse», explicó.
Comercio electrónico, cambios societarios y el plan global de reformas
Milanesi manifestó también su preocupación por la expansión de las ventas online. Según indicó, la compra digital masiva dificulta garantizar la trazabilidad, el traslado adecuado y la autenticidad de los productos, incrementando el riesgo de circulación de medicamentos falsificados.
El especialista cuestionó además los cambios previstos en la estructura societaria de las farmacias. A su juicio, permitir sociedades anónimas y ampliar la posibilidad de que un mismo farmacéutico figure como responsable de varias sucursales «diluye las responsabilidades profesionales» e imposibilita un control efectivo sobre la dispensa.
«El medicamento es un bien social, no una mercancía. El farmacéutico no solo entrega una caja; asesora al paciente, explica cómo debe administrarse el tratamiento y previene errores que pueden tener consecuencias graves», concluyó.
La discusión se inscribe dentro del amplio plan de reformas que impulsa el Gobierno, el cual contempla las siguientes iniciativas que el Poder Ejecutivo pretende acelerar mediante nuevas facultades delegadas:
- La liberación del precio de los libros
- La desregulación del mercado inmobiliario
- Cambios en el régimen de arrendamientos rurales
- La liberalización del precio de las garrafas
- Modificaciones al sistema financiero para aceptar criptomonedas como garantía
- Reformas en la navegación fluvial
- La eliminación de exigencias para traductores públicos
- Cambios en el régimen de cooperativas vitivinícolas
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ECONOMIA
Reactivar sin hacer un “plan platita”: qué medidas anunció el Gobierno para impulsar la economía y sostener el superávit
El Gobierno necesita que la actividad económica repunte antes de las elecciones presidenciales del próximo año. Sin embargo, por mandato del presidente Javier Milei, no puede apartarse del equilibrio fiscal ni —según asegura— apela a un “plan platita”. En ese marco, desde agosto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ya realizó siete anuncios que abarcan desde la flexibilización de los créditos en dólares hasta alivios para las pymes frente al fisco nacional. A la par, el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV) trabajan en otras cinco iniciativas.
El límite que plantea el Gobierno es fiscal. Caputo defendió ese criterio este miércoles durante su exposición en un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) donde rechazó la posibilidad de aumentar el gasto o incurrir en déficit para mejorar los ingresos de los hogares antes de las elecciones.
“También es muy difícil mantenerse. Escucho a ciertos colegas y veo cuán fácil pierden la convicción. Enseguida ya queremos movernos, dicen: ‘Ahora ya tenemos equilibrio; no están claras las elecciones, pongamos un poco de plata en el bolsillo de la gente’”, afirmó el ministro.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que una modificación de ese criterio tendría consecuencias sobre las necesidades de financiamiento del Estado. “Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló. También advirtió que abandonar el ancla fiscal afectaría las expectativas por los antecedentes de la economía argentina.
Esta semana, el equipo económico quedó más en evidencia respecto a sus intenciones para impulsar la actividad con la serie de medidas que Caputo comunicó durante su participación en el evento anual de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Caputo anunció tres decisiones destinadas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) en su relación con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). La primera estableció la suspensión de embargos hasta mayo de 2027.
También comunicó la extensión del plan de pagos hasta 18 cuotas. La modificación incluye deudas vencidas hasta el 31 de octubre, con lo que se amplía el alcance de esa alternativa de regularización. La tercera disposición habilita a las empresas a computar el 100% de sus saldos a favor contra impuestos aduaneros.
Los economistas consideran que esas tres medidas apuntaban a no empeorar aún más la situación de las pymes. Y que la única que podría llegar a tener un impacto sobre el nivel de actividad -aunque habría que analizar en que magnitud- es la nueva línea de créditos del Banco Nación para la compra de autos, cuya tasa será del 25% y los plazos previstos serán de tres, cuatro y cinco años.
Hasta ahora, las versiones extra oficiales indican que el financiamiento podría destinarse a vehículos de producción nacional. Esa condición todavía requiere una confirmación oficial y será relevante para determinar el alcance de la medida sobre la industria automotriz local.
Medidas para la construcción
Sin embargo, los anuncios comenzaron en agosto, cuando Caputo comunicó la flexibilización del acceso a créditos en dólares. La medida eliminó la condición que obligaba a los bancos a prestar en moneda estadounidense solo a quienes generaban divisas o contaban con la garantía de una empresa que cumplía esa condición.
La modificación amplió el universo de personas y compañías que pueden acceder a ese financiamiento. Si bien la flexibilización no tiene restricciones por sector, el ministro reconoció que apuntaban sobre todo a la construcción.
Esa medida se complementó, a posteriori, con el anuncio de licitaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Mediante esas licitaciones, el Gobierno busca fondear a los bancos con hasta $2 billones a largo plazo para que amplíen la oferta de créditos hipotecarios.
El esquema prevé licitaciones de hasta $200.000 millones. Los bancos pueden colocar fondos a un año a una tasa mínima de UVA +2,5%, o a cinco años con una tasa mínima de UVA +4,5%. La disponibilidad de recursos a plazos más extensos apunta a facilitar la originación de préstamos hipotecarios. Las entidades financieras deberán participar de las licitaciones para acceder a los fondos que ofrece el FGS dentro de este mecanismo.
Menos impuestos
Otra decisión se vinculó con el precio de los combustibles. En medio de la volatilidad internacional del petróleo y luego de los aumentos que las petroleras aplicaron en los surtidores tras el estallido del conflicto en Oriente Medio, el Gobierno resolvió postergar la actualización del impuesto a los combustibles.
La decisión quedó formalizada nuevamente mediante el Decreto 1305/2026, que fijó el 1° de diciembre como nueva fecha para aplicar la actualización. La ley establece que el impuesto debe revisarse cada tres meses según la inflación acumulada, pero el Ejecutivo decidió diferir ese traslado.
La medida buscó evitar una presión adicional sobre los consumidores y sobre la inflación. El impuesto forma parte de los componentes que inciden en el precio final de los combustibles, por lo que su actualización puede tener efecto sobre los valores de venta en los surtidores.
En camino
Además de los anuncios de Caputo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la CNV preparan cinco iniciativas para ampliar el crédito en pesos. El diagnóstico oficial fue expuesto por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante una ronda con inversores organizada en el marco de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en Bangkok, Tailandia, en octubre de 2026.
La primera iniciativa se dirige a empleados públicos que cobran créditos personales mediante descuentos de haberes. El BCRA eliminará el tope de tasa de interés para esos préstamos y permitirá que el código de descuento se transfiera a otra institución que reúna las condiciones exigidas.
La intención es dar más seguridad a las entidades que adquieren una cartera ya otorgada y ampliar sus alternativas de fondeo. El cambio alcanzará a los préstamos que se cobran directamente a través del sistema de haberes de trabajadores estatales.
La segunda propuesta se concentra en empleados del sector privado que acceden a créditos con descuento salarial. El plan prevé centralizar los flujos de pagos con afectación específica por medio de la Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago (Coelsa).
El trabajador conservará la facultad de asignar los fondos, mientras que el empleador no deberá asumir tareas administrativas asociadas con ese circuito. El objetivo es ordenar el flujo de cobros de los créditos con descuento de haberes en el sector privado.
La tercera medida que preparan el BCRA y la CNV apunta a los comercios. El Gobierno propone que los cupones de tarjetas sean reconocidos como instrumentos legales, digitales y transferibles. La iniciativa se dirige al tiempo que transcurre entre una venta con tarjeta y el cobro efectivo de los fondos. Con ese reconocimiento, los comercios podrán utilizar los cupones dentro de operaciones de financiamiento.
El proyecto también contempla que esos instrumentos puedan ejecutarse por procedimientos sumarísimos en caso de incumplimiento. El alcance de la medida se vincula con las ventas realizadas mediante tarjetas y con el acceso de los comercios a liquidez antes de la acreditación definitiva de los pagos.
La cuarta medida alcanzará a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR), entidades que respaldan créditos de pequeñas y medianas empresas mediante avales. El BCRA busca que las SGR puedan sostener una mayor cantidad de créditos con el mismo fondo de garantía. La medida apunta a que más pymes accedan a préstamos o mejoren sus condiciones de financiamiento, como tasas y plazos.
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- Hasta $1.212.301: $79.812,80 por hijo
- De $1.212.301,01 a $1.777.957: $53.838,46
- De $1.777.957,01 a $2.052.708: $32.564,29
- De $2.052.708,01 a $6.419.726: $16.801,94
- PNC por invalidez o vejez: $310.910,91 de básico + $70.000 de bono = $380.910,91
- PNC para madres de siete hijos o más: $444.158,46 (equivalente al haber mínimo) + $70.000 de bono = $514.158,46
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas de 65 años que no reúnen los aportes para acceder a una jubilación ordinaria: $355.326,76 de básico + $70.000 de bono = $425.326,76
- Nacimiento: $93.032,34
- Adopción: $556.214
- Matrimonio: $139.297,43
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Este viernes 6 de noviembre, los bancos no abrirán sus sucursales ni atenderán al público por el Día del Bancario. La medida alcanzará a las entidades financieras de todo el país, aunque los usuarios podrán utilizar los canales electrónicos para las operaciones que permanezcan habilitadas.
Por qué se celebra el Día del Bancario el 6 de noviembre
El Día del Bancario conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el sindicato de los trabajadores del sistema financiero, el 6 de noviembre de 1924. La fecha está contemplada en el convenio colectivo de la actividad y tiene el mismo tratamiento que un feriado nacional para el personal alcanzado.
Por ese motivo, las sucursales de bancos públicos y privados no prestarán atención presencial el viernes. La jornada implica descanso para los empleados del sector y suspende las operaciones que requieran intervención en las oficinas.
El cierre no modifica los vencimientos que puedan tener los usuarios ni elimina el funcionamiento de los servicios digitales. De todos modos, conviene prever con anticipación los trámites que exijan la presencia en una sucursal, sobre todo por la sucesión de días no operativos que habrá la semana próxima.
Cómo funcionarán los bancos el 6 de noviembre
Durante el viernes 6 no se podrán realizar trámites por ventanilla, gestiones comerciales ni operaciones cambiarias o bursátiles en las sucursales. Tampoco habrá atención para consultas presenciales vinculadas con cuentas, préstamos u otros productos bancarios.
Sí seguirán disponibles los canales habituales de autoservicio y las herramientas digitales de cada entidad. Entre las alternativas para los clientes se encuentran:
- Cajeros automáticos, para extracción de efectivo y las operaciones que admita cada terminal.
- Home banking y aplicaciones móviles, para consultar saldos, hacer transferencias y pagar servicios.
- Tarjetas de débito y crédito, billeteras virtuales y pagos con código QR en los comercios que los acepten.
La disponibilidad de esos servicios no supone que todas las transacciones se acrediten en el acto. Algunas operaciones pueden quedar sujetas a los plazos de procesamiento del siguiente día hábil, según el tipo de movimiento y la entidad interviniente.
Qué pasará con los bancos durante la visita del papa León XIV
El cierre por el Día del Bancario se encadenará con el fin de semana y con los feriados dispuestos por la visita oficial del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. El lunes 9 será feriado nacional en todo el territorio, de acuerdo con el Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Además, el martes 10 será feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba. Para esa misma fecha, el Banco Central de la República Argentina informó un feriado bancario nacional, por lo que las entidades y cámaras electrónicas de compensación no tendrán actividad.
Así, en la mayor parte del país las sucursales permanecerán sin atención presencial desde el viernes 6 hasta el martes 10, inclusive, y volverán a operar el miércoles 11. En la provincia de Buenos Aires, donde ese miércoles también será feriado por la visita papal, la reapertura se trasladará al jueves 12.
El cronograma oficial del BCRA contempla el feriado nacional del 9 y el bancario del 10. Los servicios electrónicos, cajeros y medios de pago digitales continuarán como las principales vías para operar durante esas jornadas, con las limitaciones que pueda tener cada transacción.
De cuánto es el bono por el Día del Bancario
Los trabajadores comprendidos por el convenio de la actividad financiera percibirán un adicional anual mínimo de $ 2.275.519,25 por el Día del Bancario. El importe deberá acreditarse, como máximo, el viernes 6 de noviembre, junto con la liquidación que corresponda en cada entidad.
La cifra funciona como piso y puede ser superior según la categoría, la antigüedad y otros adicionales de cada empleado. El pago se suma al salario habitual y debe figurar como un concepto diferenciado en el recibo de haberes.
El valor vigente incluye la actualización salarial del 1,9% correspondiente a septiembre, que modificó la escala del sector. Los trabajadores que registren una diferencia en la liquidación podrán revisar las condiciones de su categoría y los conceptos aplicados por su empleador.
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