POLITICA
Milei se resiste por ahora a reconocer el triunfo de Lula y suma más tensión en el vínculo bilateral con Brasil

“¿Qué pasó? ¿Apagón digital?”. La broma surgió, irónica, de un funcionario de Itamaraty, en la mañana del lunes con un destinatario concreto: el presidente Javier Milei, único mandatario de la región que hasta ahora no reconoció públicamente la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva, quien consiguió anoche una nueva reelección en su cargo, al derrotar de modo sorpresivo a Flavio Bolsonaro, aliado del mandatario libertario y ganador de la primera vuelta, hace tres semanas.
Más allá de las ironías que llegan desde Brasil, el silencio de Milei –extendido a la Cancillería, que este año salió velozmente a reconocer los ajustados triunfos de candidatos de derecha, como el colombiano Abelardo de la Espriella o la peruana Keiko Fujimori– agrega tensión adicional a una relación áspera y conflictiva entre ambos presidentes, quienes desde hace rato se evitan en cada compromiso regional o internacional en el que coinciden, y un vínculo bilateral rebajado desde agosto a la categoría de encargados de Negocios.
Fuentes de ambos gobiernos dieron por descontado que la falta de reconocimiento de Milei a Lula suma un punto más en contra de una relación armónica entre ambos gobiernos. “Todo va a seguir igual”, afirmaron desde ambas orillas, y dieron por hecho que no habrá reconciliación posible entre Lula y Milei en la cumbre de presidentes semestral del Mercosur, el 4 de diciembre en Montevideo, o en la próxima reunión del G20, en Mar-a-Lago, diez días después.
Sin planes de reconocimiento al ganador, desde el Gobierno destacan que, al margen de las cuestiones electorales, el vínculo comercial y diplomático continuará como hasta ahora. “A nivel técnico se sigue trabajando y mucho”, repite una voz autorizada de la gestión libertaria, aunque no hay novedades sobre el regreso del embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, a quien Brasil echó a principios de agosto, ni de Julio Bitelli, el embajador de Brasil en Buenos Aires, que luego de culminada la elección aguarda nuevas instrucciones.
Durante la jornada del domingo, y más desde que el triunfo de Lula da Silva, el Gobierno y la Cancillería evitaban precisar el horario de la comunicación oficial. “Seguramente va a tuitear el Presidente”, auguraban voceros oficiales bien entrada la noche, aunque la previsión no se cumplió. Hubo, sí, un retuiteo presidencial a poco de llegar a la Casa Rosada al diputado libertario porteño Juan I. Fernández, quien afirmó que “al zurdo promedio le hace ruido votar al mismo candidato que los presos, y que cuando ese candidato gana, su moneda, la bolsa y los bonos soberanos se pulverizan (…) Para que les haga ruido deberían atar cabos, pero si los ataran no serían zurdos”, escribió el legislador, reposteado por el Presidente.
Fuera de micrófono, fuentes del oficialismo conectaron la demora oficial con las palabras de Bolsonaro, quien luego del comicio denunció “fraude” por parte del PT y prometió pedir a la Justicia electoral la “anulación de las elecciones”. Recordaron que tampoco el gobierno del presidente Donald Trump reconoció la victoria de Lula da Silva, y estimó que un reconocimiento oficial “debilitaría” la inminente presentación de Bolsonaro. De todos modos, la diferencia de cuatro millones de votos es “casi imposible” de remontar, reconocieron en Balcarce 50.
Antes de la reunión de gabinete, que el Presidente encabeza a partir de las 10, el único miembro de la mesa política que opinó sobre el tema fue el asesor presidencial Santiago Caputo, quien, lejos de felicitar al ganador, redobló la apuesta.
“Los mismos que alertaban sobre ‘las derrotas de los oficialismos’ mañana van a cambiar de argumento y van a decir que se acabó la ‘ola azul”, dijo el asesor, y cerró con un mensaje a la tropa libertaria: “Tranquilos, porque todo marcha acorde al plan”.
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POLITICA
El Gobierno busca bajar la tensión con Chile por el buque que viajará a Malvinas y descarta una controversia diplomática

El Gobierno busca bajar la tensión con Chile y descarta que exista una controversia diplomática por el buque que reabrirá la conexión comercial entre Punta Arenas y las islas Malvinas. En la Casa Rosada sostienen que la relación con la administración de José Antonio Kast se mantiene en buenos términos, pese a los cruces públicos entre los cancilleres Pablo Quirno y Francisco Pérez Mackenna por las condiciones de navegación del carguero Danstar. La posición del Ejecutivo es preservar el vínculo bilateral mientras sigue los preparativos de la embarcación, que tiene previsto realizar su primer viaje en diciembre.
La interpretación política que circula en Balcarce 50 apunta principalmente hacia Londres. En sectores del Gobierno sospechan que el Reino Unido busca provocar tensiones entre la Argentina y Chile antes de que se concrete la primera navegación. Consideran que una confrontación bilateral podría favorecer los intereses británicos al desplazar la discusión sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur hacia un enfrentamiento entre dos países que mantienen una relación estratégica.
En el Ejecutivo aseguran que la comunicación entre ambas Cancillerías es fluida y permanente, pero evitan precisar si existieron intercambios específicos sobre el viaje del Danstar. No niegan conversaciones recientes entre Quirno y Pérez Mackenna por el tema. La posición oficial es que los dos países cuentan con marcos normativos para abordar situaciones de estas características y que las diferencias expresadas públicamente no constituyen, por el momento, un conflicto diplomático.
El principal dato que manejan en la Casa Rosada está relacionado con el contenido del cargamento. En Nación sostienen que la información disponible indica que el Danstar no transportará suministros destinados al proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. La evaluación coincide con la postura de la empresa chilena Easter Island, que negó cualquier participación en el abastecimiento de la explotación hidrocarburífera. Sin embargo, no se difundió una verificación oficial independiente sobre el destino final de la totalidad de las mercaderías.
El buque llegó este lunes a Punta Arenas después de partir de Valparaíso el 29 de octubre y completar su navegación por los canales australes. Antes de iniciar las operaciones comerciales, ingresó a instalaciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada chilena para realizar trabajos técnicos. El primer viaje hacia las Malvinas está previsto para el 17 de diciembre, según el cronograma difundido para la reactivación de una ruta marítima directa que dejó de funcionar en 2011. La conexión permitirá transportar alimentos, materiales de construcción y otros productos de consumo hacia las islas.
La evolución del recorrido había generado inquietud en ámbitos militares argentinos. La semana pasada, antes de confirmarse su llegada a Punta Arenas, fuentes vinculadas con el seguimiento marítimo advirtieron que el carguero había dejado de aparecer temporalmente en los sistemas públicos de localización. En ese momento circulaban especulaciones sobre la posibilidad de que adelantara su salida y comunicara el viaje con poca anticipación. La confirmación posterior de su arribo y del cronograma de diciembre modificó ese escenario.
Los cruces entre los gobiernos comenzaron a tomar dimensión pública después de las declaraciones de Quirno sobre el régimen de navegación hacia las Malvinas. El canciller argentino sostuvo que las embarcaciones deben cumplir las exigencias previstas en la legislación nacional cuando atraviesan aguas jurisdiccionales argentinas. Pérez Mackenna respondió que Chile reconoce el derecho de libre navegación establecido internacionalmente y descartó que su país deba solicitar un permiso por una operación comercial privada. La discusión gira alrededor de las obligaciones que debe cumplir el buque, sin que se haya anunciado una medida diplomática contra alguno de los dos Estados.
POLITICA
Identificaron irregularidades de más de $82 millones en un registro automotor y el ex titular enfentaría acciones penales

El Gobierno nacional identificó una serie de irregularidades vinculadas al manejo de fondos, que debían ser depositados a favor del Estado nacional, en uno de los registros automotores de Rosario, provincia de Santa Fe. La deuda total supera los 82 millones de pesos.
De acuerdo con lo establecido por la Resolución 559/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial, el monto corresponde al dinero que el Registro Seccional de la Propiedad del Automotor de Rosario N° 12, a cargo de Alejo Uribe Escobar, tenía que girar al Ejecutivo nacional.
De hecho, dado que Uribe Escobar había renunciado a su función antes de la conclusión del expediente, el Ministerio dispuso registrar en su legajo personal la sanción que habría recibido de mantenerse en el puesto, que sería la remoción. Además, ordenó a sus áreas competentes avanzar con las medidas administrativas o judiciales necesarias para procurar el recupero de los fondos.
El procedimiento fue abierto mediante la Resolución N° 224/2024 del Ministerio de Justicia, con el objetivo de establecer la eventual responsabilidad del entonces titular del registro en la provincia de Santa Fe.
La investigación se centró en la falta de depósito íntegro y oportuno de remanentes de recaudación que correspondían a la Administración Central. En particular, las actuaciones examinaron liquidaciones vinculadas con los meses de marzo, abril y mayo de 2024.
De acuerdo con la resolución, a Uribe Escobar se le atribuyó haber retenido importes que debían transferirse al Estado nacional dentro de los plazos previstos por la normativa aplicable. El régimen interno establece que el remanente mensual debe depositarse dentro de los dos días hábiles posteriores al cierre del mes en que fue percibido.
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios había reunido documentación sobre esas irregularidades. Luego, durante la instrucción del sumario, se produjeron informes técnicos y se incorporaron distintas medidas de prueba.
La renuncia de Alejo Uribe Escobar fue aceptada por medio de la Resolución N° 310/2024. Durante el trámite, el exfuncionario cuestionó la continuidad del expediente y planteó nulidades. Entre sus argumentos, sostuvo que la aceptación de su renuncia impedía imponerle una sanción disciplinaria o dejar asentada una remoción de carácter virtual en su legajo.
También afirmó que la prosecución del sumario podía ocasionarle un perjuicio moral y económico. Sin embargo, el Ministerio rechazó los planteos de nulidad y sostuvo que la desvinculación del cargo no impedía continuar la investigación, especialmente ante la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.
La resolución citó doctrina de la Procuración del Tesoro de la Nación para sostener que el registro de la sanción que habría correspondido no constituye una medida punitiva en sentido estricto. Según ese criterio, se trata de una previsión de carácter preventivo ante la posibilidad de un eventual reingreso a la función.
El expediente también indicó que Uribe Escobar pudo consultar las actuaciones y acceder a las instancias previstas para ejercer su defensa. El Ministerio consideró que no se afectaron sus garantías, dado que tuvo vistas del material documental y pudo solicitar el acceso a instrumentos existentes en el registro.
En sus descargos, el exencargado sostuvo que había sido objeto de una “persecución política”. Además, atribuyó la falta de depósitos a una situación económica que, según su postura, afectaba al Registro Seccional de Rosario N° 12 y al sistema registral en general.
La instrucción administrativa analizó la prueba ofrecida por la defensa y concluyó que no se verificó esa hipótesis. El acto señaló que tampoco se acreditó un deterioro generalizado de los registros seccionales que justificara el incumplimiento de las obligaciones de depósito.
La resolución remarcó que el derecho de retención propio del ámbito privado no puede ser aplicado de forma unilateral por quienes ejercen funciones delegadas por el Estado, ni utilizarse como mecanismo de compensación frente a dificultades económicas.
En una etapa previa de la investigación, la instrucción había calculado un perjuicio fiscal nominal de $45.999.117,61, sin incluir intereses. Ese monto correspondía a los períodos que integraban de forma precisa el objeto del sumario administrativo.
Sin embargo, la Sindicatura General de la Nación revisó la situación y, en su Informe Técnico N° 72/2026, fijó el daño económico en $82.557.801,47 al 26 de agosto de 2026. La cifra fue considerada de relevante significación económica conforme a los criterios previstos en una resolución del organismo de control.
La resolución señaló que existían períodos adicionales con deuda, aunque algunos no formaban parte del objeto específico que motivó la apertura del sumario.
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Con base en esa determinación, el Ministerio instruyó a sus áreas competentes para que impulsen las acciones destinadas a recuperar el menoscabo patrimonial.
La medida también establece que la vía administrativa no quedó agotada. Uribe Escobar podrá optar por presentar un recurso de reconsideración dentro de los 20 días hábiles administrativos posteriores a la notificación o un recurso jerárquico en un plazo de 30 días hábiles.
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POLITICA
El peronismo se reunió en San Fernando y dejó un mensaje para Kicillof: “Unidad por encima de las aspiraciones individuales”

El peronismo federal, el Frente Renovador y dirigentes de distintas vertientes del justicialismo se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de una alternativa electoral al gobierno de Javier Milei en 2027. Sin Axel Kicillof ni representantes de su Movimiento Derecho al Futuro (MDF) entre los participantes, el encuentro dejó un mensaje que también apunta a la interna del PJ: “La unidad debe estar por encima de las aspiraciones individuales”. Una consigna similar se repitió en los actos que se realizaron por el Día de la Militancia en distintas provincias.
La convocatoria fue el resultado de varios meses de negociaciones encabezadas principalmente por Sergio Massa y Juan Manuel Olmos, que buscan acercar a sectores del peronismo que habían tomado caminos diferentes y ampliar las alianzas hacia otras fuerzas políticas. El objetivo es consolidar un armado nacional con representación territorial y legislativa, en un escenario en el que Kicillof ya manifestó su intención de competir por la Presidencia y otros dirigentes también comenzaron a posicionarse.
Durante el encuentro, los participantes coincidieron en la necesidad de dejar atrás las divisiones y las desconfianzas para construir una propuesta política común. Aunque inicialmente desde la organización habían asegurado que Kicillof no había sido convocado, Massa dio otra versión sobre su ausencia. “Entiendo que el MDF había sido invitado y después hubo alguna desinteligencia respecto de si había oradores o no”, explicó.
El líder del FR buscó restarle importancia al desencuentro con el espacio del gobernador. “Más allá de uno u otro, tenemos que juntarnos todos porque tenemos el desafío de construir no solamente con el peronismo, sino con todos los argentinos”, afirmó. Kicillof reunirá el sábado a su propio espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro, según pudo saber TN.
Una convocatoria con peso territorial
Entre los presentes estuvieron Massa, escoltado por Gerardo Zamora y Natalia de la Sota; Olmos, Sergio Uñac, Miguel Ángel Pichetto, Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel, Leandro Santoro, Cecilia Moreau y Sebastián Galmarini. También participaron el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti, el exgobernador Juan Manuel Urtubey y dirigentes sindicales, como Cristian Jerónimo y Jorge Sola, integrantes del triunvirato de la CGT.
La representación bonaerense incluyó a los intendentes Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno; Federico Achával, de Pilar; y Juan Andreotti, anfitrión del encuentro. Además, asistieron referentes de La Cámpora como Mayra Mendoza, Teresa García, Julián Álvarez y Mariano Recalde.
La presencia de distintos dirigentes con aspiraciones presidenciales también puso sobre la mesa la discusión por las candidaturas. Massa evitó confirmar si buscará competir en 2027 y recordó que actualmente no ocupa cargos públicos, aunque conduce el Frente Renovador. “Soy un militante político”, afirmó, y mencionó a Uñac, Zamora y De la Sota como referentes con “vocación de liderar la Argentina que viene”.
En ese escenario, defendió la continuidad de las PASO, que el Gobierno de Milei busca eliminar. “Tenemos la vocación de que se siga sosteniendo la regla electoral en la que venía la Argentina”, señaló. Sin embargo, admitió que, si el oficialismo consigue modificar el sistema, el peronismo deberá encontrar otra manera de ordenar sus diferencias.
La reunión comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, continuó con una intervención del streamer El Peroncho y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que Juan Domingo Perón reflexiona sobre los problemas actuales de la Argentina y su futuro.
Distintos actos en el país
La conmemoración tuvo otras expresiones políticas fuera de San Fernando. En Formosa, Gildo Insfrán encabezó un acto en el Estadio Cincuentenario y llamó a recuperar el gobierno nacional en las próximas elecciones. “En el 2027 tenemos que volver a ser gobierno nacional”, expresó el mandatario, que convocó a la militancia a recorrer los barrios, escuchar y convencer a los ciudadanos. “Desde Formosa demostramos que la UNIDAD es la herramienta para lograrlo”, remarcó.
En La Pampa, Máximo Kirchner participó de una actividad por el Día de la Militancia junto al gobernador Sergio Ziliotto, en la localidad de Telén, y compartió en sus redes sociales videos de vecinos pampeanos que conversaron por teléfono con Cristina Kirchner.
En paralelo, La Cámpora concentró a su militancia frente al domicilio de la expresidenta, en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, bajo la consigna “Luche y vuelve”. Pese a la demora en la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre su inhabilitación para ejercer cargos públicos, el kirchnerismo mantiene en pie la posibilidad de una candidatura presidencial de Cristina Kirchner en 2027.
Las distintas convocatorias dejaron planteado el principal desafío del justicialismo para el año próximo: transformar los llamados a la unidad en un acuerdo electoral, mientras sus dirigentes mantienen abiertas las diferencias por el liderazgo y las candidaturas presidenciales.
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