El oficialismo obtuvo en el Senado un dictamen de mayoría para modificar los subsidios al gas en las zonas frías, una iniciativa con media sanción de Diputados que, si se convierte en ley, reemplazará parte del criterio geográfico vigente desde 2021 por una segmentación basada en la vulnerabilidad económica de los hogares.

La propuesta también extiende hasta 2045 el régimen de incentivos para el desarrollo de energías renovables e incorpora un mecanismo para que las distribuidoras eléctricas regularicen sus deudas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

El cambio alcanzará a las localidades incorporadas al régimen hace cinco años, distribuidas en 10 provincias. Allí, el beneficio general dejará de aplicarse y quedará reservado para los usuarios que acrediten menores ingresos u otras condiciones de vulnerabilidad.

La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto durante el plenario de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. La funcionaria sostuvo que la ampliación aprobada en 2021 “fue una ley que buscó tener votos para las elecciones, pero no tenía ninguna racionalidad desde el punto de vista de un esquema de subsidios”.

El Gobierno estima que 1.600.000 usuarios incorporados al sistema en 2021 perderán la totalidad del subsidio, pero la reforma podría afectar a unas 3,4 millones de familias, además de pequeñas y medianas empresas y sectores medios.

La Ley 27.637, impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner, había ampliado el régimen que hasta ese momento se concentraba en la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna. La reforma sumó departamentos y localidades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja.

El nuevo esquema mantendrá los subsidios residenciales de alcance general para la Patagonia, Malargüe y la Puna. En las regiones incorporadas durante la ampliación de 2021, el beneficio dependerá de la inscripción y calificación dentro del SEF, creado por el Decreto 943/2025.

Para acceder al subsidio en las zonas templadas e intermedias, las familias deberán demostrar ingresos mensuales iguales o inferiores a tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo dos del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El límite equivale a $4.400.000 para una familia de cuatro integrantes.

La iniciativa prevé una incorporación automática para hogares con integrantes que perciban una Pensión Vitalicia a Veteranos de Malvinas o cuenten con un Certificado de Vivienda Familiar del Registro Nacional de Barrios Populares, sin importar sus ingresos. En cambio, los hogares con una persona que posea Certificado Único de Discapacidad quedarán sujetos a una evaluación posterior de la Secretaría de Energía.

El descuento ya no se calculará sobre el total facturado por las distribuidoras, sino únicamente sobre el componente correspondiente al precio del gas. El cargo fijo dejará de estar alcanzado por el subsidio.

Tettamanti planteó que la diferencia de consumo justifica una segmentación más focalizada. “En la Patagonia el consumo medio de un residencial son 4.500 metros cúbicos al año de gas, cuando en las zonas templadas son 990 metros cúbicos. En el resto de las provincias que quedaron sin subsidios tienen un consumo de 650”, afirmó.

El senador de Santa Cruz José María Carambia cuestionó que la reforma implique una suba encubierta de tarifas para los usuarios de su provincia y del resto de la Patagonia. “Si un senador de la Patagonia vota a favor de esto, está votando a favor de que se aumenten las tarifas de gas”, advirtió.

El legislador mencionó el caso de un vecino santacruceño cuya factura de $315.000, según sostuvo, pasaría a costar $500.000. También alertó que el proyecto le otorgaría al Poder Ejecutivo facultades para subir o bajar subsidios de manera discrecional.

La Secretaría rechazó esa proyección y afirmó que el grueso del consumo seguirá subsidiado en 50%, aunque el cargo fijo dejará de tener descuento. “De ninguna manera una factura de $315.000 va a pasar a $500.000 por dejar de subsidiar el cargo fijo”, respondió.

Según las estimaciones expuestas por Tettamanti, los usuarios de zonas templadas que pierdan el subsidio al gas y comiencen a pagar el cargo fijo completo enfrentarán una suba promedio de $15.000 mensuales. Para quienes viven en zonas frías y pasen a pagar el cargo fijo pleno, el aumento medio sería de $25.000 por mes.

La funcionaria sostuvo que un usuario de Santa Cruz o de cualquier punto de la Patagonia pagará el mismo cargo fijo que una persona de bajos ingresos del resto del país. También remarcó que el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas no implicará un cargo fijo más alto.

El dictamen fue firmado por representantes de La Libertad Avanza, PRO, la senadora salteña Flavia Royón, presidenta de la Comisión de Minería, la neuquina Julieta Corroza, el correntino Carlos “Camau” Espínola y los integrantes de Convicción Federal Carolina Moisés y Guillermo Andrada.

La mendocina Mariana Juri, de la Unión Cívica Radical, no acompañó el despacho, al igual que Carambia, la cordobesa Alejandra Vigo y el puntano Fernando Salino. El bloque Justicialista no participó porque todavía no designó a sus vocales para esas comisiones. El oficialismo buscará llevar la iniciativa al recinto el jueves 24 de septiembre.

Hernán Cappiello,Conforme a

El ministro de Defensa, Carlos Presti, reveló este miércoles durante su paso por ¿La Ves? que ordenó al jefe de la Armada que inicie el proceso para destituir al personal de su fuerza señalado por cobrar presuntos sobresueldos de manera irregular por $980 millones.

“Quiero guardar el alto prestigio de la Armada. La Armada no son esos cuatro, cinco o veinte delincuentes”, enfatizó Presti en una entrevista con TN. Y confirmó: “Le he impartido las órdenes al jefe de la Armada para que tome las medidas y que con un consejo de disciplina militar pasen a ser destituidos”.

En ese sentido, el ministro fue aún más lejos y afirmó: “Más allá de la Justicia federal, que espero que los encuentren culpables, que devuelvan el dinero y que vayan presos”.

Las declaraciones del funcionario se dan luego de que la propia fuerza presentara una denuncia penal por presuntas irregularidades en el pago de haberes a 23 personas, por un monto que asciende a $981.148.567,88. La denuncia fue radicada por el Jefe de Administración Financiera de la Armada, Carlos Alberto Castro Maggio, quien alertó sobre “modificaciones efectuadas sobre registros y archivos destinados a la acreditación bancaria de haberes”.

Según el escrito, entre julio de 2022 y enero de 2026 se realizaron 645 acreditaciones indebidas a favor de esas 23 personas, por importes superiores a los que correspondían según sus liquidaciones o directamente sin respaldo en haberes legítimos. El denunciante detalló que los registros generados por el Sistema de Haberes eran alterados de forma transitoria antes de su envío al Banco Nación, y luego restituidos a sus valores originales para que los cambios no quedaran reflejados en los recibos publicados.

Entre los señalados hay personal militar en actividad y en retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil jubilado, y cuatro personas sin ningún vínculo laboral ni funcional con la Armada. Una de ellas, María del Carmen Prieto —con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, la cifra individual más alta de toda la causa—, es cónyuge del entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de navío Ariel Baltasar Atanasoff.