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Milei vs. Milei

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Los expertos en marketing político, que proveen a los gobiernos y candidatos de instrumentos técnicos para mantenerse en el candelero y comunicarse con la opinión pública, sostienen que no hay momento que no esté atravesado por las campañas electorales. Más aún cuando se está en el poder. Todo el tiempo la política está en campaña. Siempre el dirigente político está pensando en la última razón de ser de su oficio: conseguir votos.

Cuando se está en el gobierno, la campaña se hace a través de la gestión. Es muy difícil para un oficialismo generar una imagen de sí mismo o comunicar algo distinto a lo que expresan sus medidas. Menos aún cuando se trata de política económica. Por eso el presidente Javier Milei, sabiamente, al ser consultado por la disputa política alega ser su propio rival. Debe competir contra su propia administración y sus propias dificultades.

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Milei vs. Milei; el editorial de Carlos Pagni en Odisea Argentina (14/09/2026)

El Presidente pudo mostrar la semana pasada un éxito relativo para la Argentina: alcanzar una inflación de 1,7% en un mes. Si bien a escala internacional este número sería visto como un escándalo, para lo que es la tradición reciente de nuestro país en materia económica, alcanzar esta cifra es motivo de celebración. Aún cuando ese 1,7% desmiente los pronósticos del propio Milei.

Para el núcleo del poder, bajar la inflación sigue siendo el único objetivo, lo cual también puede ser leído como una estrategia de campaña. Los expertos en esta materia suelen recomendar algo difícil de practicar: jamás desviarse del objetivo explícito con el que empezó una política.

El logro es, asimismo, un drama para Milei. La baja de la inflación se produce dentro de una lógica económica y con un programa que genera recesión, que no despierta a los sectores que tienen mayor impacto popular. Al mismo tiempo que el Indec mostraba un descenso de la inflación para el mes de agosto, consignaba que la industria y la construcción cayeron un 5% y un 4,6% respectivamente. Se trata de dos sectores muy ligados al empleo, al dinamismo general de la economía y a la percepción de si un modelo funciona o no.

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El empeoramiento de ciertos indicadores tiene un nexo político: hace pensar a una gran parte del electorado sobre la posibilidad de un reflujo “populista” hacia posiciones económicas distintas de las de este Gobierno. Un trabajo de Mora Jozami para Casa Tres, que se pregunta “¿El kirchnerismo está terminado?”, logra graficar la nueva tendencia. En enero de 2026, el 48% de los encuestados creía que no. Siete meses después, esa cifra trepó al 55%. En el mismo sentido, quienes opinaban por la positiva pasaron de representar el 41% de la muestra a caer al 32%.

No se trata de una impresión que responda a un rejuvenecimiento de ese movimiento, a nuevas propuestas por parte de sus líderes o a una renovación de sus dirigentes. Las fluctuaciones en el pensamiento de la gente están ligadas a la suposición de que el clima aletargado en la construcción, industria y comercio le dan un argumento al kirchnerismo para pensar en un regreso.

En la realidad actual tanto del peronismo como del kirchnerismo, estas cifras se vuelven, sin embargo, dudosas. No hay un panorama claro. Su principal líder, Cristina Kirchner, no puede ser candidata. En consecuencia, tampoco puede disciplinar la interna al amenazar con presentarse. Además, le apareció una disidencia donde menos pensaba que le iba a aparecer: en Axel Kicillof, con quien no tiene diferencias importantes en materia ideológica. Y esa disidencia ocurre en la principal plataforma territorial de poder del kirchnerismo, que es el conurbano bonaerense. Allí se libra la batalla.

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Esas disidencias alimentan las fantasías de Sergio Massa, que registra pésimos números en las encuestas. Pero él pretende, de todas maneras, ofrecerse a la expresidenta como quien puede zurcir la unidad del movimiento y dar garantías a ella de volver al poder. Para ciertos dirigentes peronistas, la pugna con Kicillof resultó en un milagro: que la expresidenta piense en depositar cierta confianza en Massa, alguien que siempre ha sido poco confiable para ella. Esta es la realidad actual de un movimiento que intenta renovarse en distintos lugares del país como la Capital Federal, por medio de Juan Manuel Olmos, en la provincia de Buenos Aires con Victoria Tolosa Paz, y en Entre Ríos, mediante Guillermo Mitchell, pero que todavía no logra consolidar un candidato.

Este panorama se despliega en un contexto internacional que, desde el punto de vista económico, es adverso para el Gobierno. Existe una incertidumbre en los mercados del mundo que no cesa, y que tiene como principal agente a Donald Trump. La falta de certezas se inspira en un conflicto de Medio Oriente sin solución a la vista. La globalización del enfrentamiento se produce a través del encarecimiento del precio de los combustibles, produciendo en Estados Unidos números de inflación inconvenientes y anticipando una suba de la tasa de interés. Sin ir más lejos, la tasa del bono de 10 años del Tesoro de EE.UU. llegó al 5%.

Este panorama incierto es motivo de preocupación tanto para Milei como para el titular del Palacio de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, debido a que la Argentina no solo tiene vencimientos importantes en el año electoral. Además, en el equipo económico crece la idea de emitir un bono para vender en el mercado internacional, algo que ocurriría por primera vez en muchos años. Sin embargo, en el clima mundial actual, emitir dicho bono para financiar al Tesoro argentino con dólares se torna complicado justamente por la suba de la tasa de interés. Milei es especialmente sensible a no pagar más de lo que él cree razonable.

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La política comercial, económica y bélica de Trump complican a un Milei que considera al presidente de los Estados Unidos como un gran aliado personal. Se desprende aquí una segunda cara de cómo le está jugando el mundo al líder de La Libertad Avanza. Se ha configurado alrededor de la situación en Medio Oriente un tipo de alineamiento internacional que hace que algunas potencias como el Reino Unido, Canadá o Francia se enfrenten cada vez más con Israel. La semana pasada estuvo dominada por condenas del Reino Unido por la ocupación de colonos israelíes sobre la región de Cisjordania, reclamada como propia por Palestina. La derecha israelí ofreció respuesta a Londres con un argumento que toca una fibra sensible de la Argentina: el Reino Unido no tiene derecho a hablar sobre ocupación de territorios cuando están ocupando Malvinas. Estas declaraciones derivaron en un debate parlamentario y permitieron a Milei dar cuenta de que tenía en Israel y Benjamin Netanyahu otro aliado en la materia. La discusión intencional en torno a la soberanía de Malvinas permite al Gobierno también recomponer el vínculo con una opinión pública que, por razones económicas, lo miraba cada vez con mayor antipatía.

De acuerdo con un estudio, el impacto de la cadena nacional por Malvinas en las redes sociales, llevado a cabo por Natalia Arruguete, se realizaron al menos 453.839 publicaciones en Twitter (X) al respecto. El 83% de quienes intervinieron en el debate en las redes creen que es un reclamo importante. Por último, el 40,6% sostiene que el posicionamiento de Milei en esta temática mejora su imagen. Arruguete suele seguir de cerca la discusión en las redes. Ella enseña esa disciplina en el CIAS, del jesuita Rodrigo Zarazaga. El CIAS, que es un instituto de capacitación para el liderazgo, está inscribiendo a los alumnos a partir del viernes.

La “malvinización” fue aprovechada por el oficialismo como una posibilidad para recuperar el consenso social, operación impulsada por el “Mago del Kremlin”, Santiago Caputo.

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Hoy el Gobierno apunta a recalibrar. Existió cierto atolondramiento con la causa, que hizo que algunos funcionarios dijeran que todo aquel que haga negocios con los kelpers sería sancionado e impedido de hacer negocios con la Argentina, sobre todo en el rubro petrolero. Existe un proyecto que viene desarrollándose desde hace años bajo el nombre de Sea Lion, desplegado en aguas argentinas, que extrae petróleo por medio de licencias otorgadas por el gobierno griego.

El Gobierno denuncia aquella actividad como ilegal, adelanta demandas penales y promete castigos. A medida que se fue avanzando en esta agresiva estrategia, el ministro de Economía, Luis Caputo, empezó a prestarle especial atención. Se estableció entonces un filtro razonable sobre las denuncias, teniendo en cuenta los bancos que están detrás tanto de Sea Lion, Navitas y Rockhopper, algunos de los cuales cuentan con negocios en el país y que financian proyectos.

Entre las demandadas iba a estar la empresa Bluewater, nada menos que la encargada de poner el barco que va a permitir la extracción y almacenamiento del petróleo que se extrae en aguas alrededor del Malvinas. Al mismo tiempo, es la compañía encargada de hacer las boyas donde se sostendrá el oleoducto del que se sacará petróleo en Vaca Muerta. Por ende, aquella denuncia se detuvo hasta el próximo aviso. No es una novedad que, en el negocio petrolero, no son tantos los actores, y todo están conectados en distinta medida.

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Es lógico, porque en el negocio petrolero no son tantos los actores y están todos más o menos conectados. Es muy probable que una empresa como Bluewater, que realiza extracciones de petróleo en aguas profundas -como en Malvinas- tenga una gran conexión con Vaca Muerta que es una gran formación que atrae a todo el mundo.

Las empresas que comercian petróleo en todo el mundo son solo cuatro, que si no operan en la Argentina, lo van a hacer en un futuro. Entonces, empezó una moderación en esta embestida o arrebato que obliga a ver hasta dónde la cuestión Malvinas, con toda la legitimidad que tiene, no complica propósitos más inmediatos del Gobierno que tienen que ver con la minería, la financiación de proyectos productivos y Vaca Muerta. Esto llevó a la intervención de Luis Caputo, que se convirtió en una especie de controlador de las denuncias que se hacen desde la Procuración del Tesoro, que lleva adelante Sebastián Amerio.

Ahora, todo el episodio de Malvinas sirvió para que se reactive la interna dentro del Gobierno. Es decir, Santiago Caputo aprovechó para pedir más presupuesto en la SIDE y Defensa, que maneja él. Se trata de disputas de poder que del otro lado tienen a Karina Milei y a los Menem. Hay gestos interesantes del “Mago” que son una especie de bandera que planta en esta guerra interna, que ya no es general en el Gobierno, sino que se reproduce en cada repartición. La conducción del PAMI empezó a reportar a los Menem y Caputo fue en persona a la asunción de la jefa de la administración, Verónica Pérez, como mostrando que quien tiene el manejo es suya. Es un mensaje para todos, prestadores, laboratorios, droguerías: “La cosa pasa por aquí”.

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Es interesante por algo que no llama la atención pero debería hacerlo: Caputo no es funcionario pero maneja presupuestos incalculables dentro del Estado. Tiene un contrato de prestación de servicios con la Secretaría General de la Presidencia, casualmente con su rival la señorita Milei, y no le debe rendir cuentas a nadie. Algo similar a lo del PAMI pasó en la Aduana, donde se acaba de designar a un funcionario estratégico: la administración del courier de Ezeiza. El funcionario es Carlos Mechetti. Si hay contrabando, pasa por ahí. En 2010, su padre, también Carlos Mechetti, terminó preso por contrabando ejerciendo el mismo cargo que su hijo. Por supuesto, esto no dice nada respecto del actual funcionario. Caputo, por su parte, apareció en Ezeiza para la designación.

La presencia del poder de Caputo en la Aduana tuvo una consecuencia muy interesante: el juez Pablo Yadarola fue ascendido a camarista y, antes de dejar el juzgado, cerró la causa que se suponía que investigaba la llegada del avión de Leonardo Scatturice con Laura Belén Arrieta y varias valijas que no fueron pasadas por la Aduana. Allí se investiga qué pasó con Silvana Abalsamo, funcionaria de la Aduana que, por un llamado telefónico, recibió esa mañana la orden de no revisar las valijas.

El juez argumentó que no podía investigar porque la empresa Telecom -en la que se realizaron los llamados- se equivocó al mandar la información. Según dijo el juez, en lugar de enviar datos sobre los llamados que recibió Abalsamo el 25 de marzo de 2025, fueron mandados los de 2026. Telecom asegura que no cometió ese error, sino que se equivocaron desde la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO). ¿Fue un error o fue una jugada para que no se investigue nada? Curiosamente, al frente de esa repartición estaba Juan Rodríguez Ponte, que ahora es juez federal puesto por el Gobierno en Lomas de Zamora. ¿Hubo un premio por el “error”? Son grandes interrogantes.

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En medio de estas anomalías aparece el cese de operaciones de Flybondi, una empresa que compra Scatturice y que no puede volar. Ahora, Oca-la otra empresa que compró apenas llegó este Gobierno- presta servicios de rampa en Ezeiza.

Scatturice y su avión aparecieron esta semana en una nota muy interesante de Hugo Alconada Mon y Damián Nabot en : “Los tentáculos de Scatturice, un oscuro abogado y la influencia de De Paul se filtraron en la pelea entre Tini Stoessel y sus padres”. En un video que publicó la propia cantante se la ve viajando en la aeronave del empresario a París para comprar su vestido de novia.

La relación entre todos ellos se da porque todos viven en Miami, pero también aparece un personaje interesante: Alejandro “Turco” Calián, mano derecha e izquierda de De Paul, que es investigado por las SIRAS -donde supuestamente se cobraban coimas-, y el rulo con el dólar oficial. Aparentemente, Calián hizo fortunas intermediando esos movimientos de dinero. Le allanaron oficinas que no sabemos si son de él porque sus amigos dicen que no tiene nada a su nombre, ni el DNI.

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Lo cierto es que Calián se acercó a Scatturice para ver si podían hacer negocios en la Aduana. Estuvo preso hace seis años por contrabando de motos. El razonamiento de Calián es lógico: si a Scatturice le dejaron pasar el avión con las valijas de Arrieta sin revisar nada, y la Justicia no lo investiga, es la persona indicada para hacer negocios en la Aduana. Hay un ambiente de deterioro. ¿Se rompió el vínculo del “Mago” por Leonardo.

Dentro de este contexto, la novedad de estos días es que se acaban de cerrar las listas para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura y empieza la renovación de autoridades. Es importantísimo porque ahí se eligen a los jueces. Hay una lista peronista -armada por Juan Manuel Olmos-, otra hecha por Daniel Angelici, otra por el radicalismo, y, por primera vez, una de La Libertad Avanza, realizada por Karina Milei con Luis Palomino para mostrar que su partido quiere tener su propia voz.

Otra novedad de la justicia es que finalmente -en un país en que ninguna causa termina en nada- terminó preso el exgobernador peronista de Entre Ríos, Sergio Urribarri, por malversación de fondos y negociaciones incompatibles con la opinión pública. Lo que es el destino: terminó tras las rejas en la Unidad Penal N°9, de Gualeguaychú. La había inaugurado Urribarri en noviembre de 2011.

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El incómodo conflicto de intereses que enfrenta el Gobierno y traba dos proyectos clave en Diputados

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La sesión en la Cámara de Diputados que este miércoles fracasó por falta de quórum fue un llamado de atención para el oficialismo y ahora las espadas legislativas de La Libertad Avanza analizan alternativas para destrabar los dos proyectos que la Casa Rosada había marcado como prioritarios: el de Defensa de la Soberanía Nacional (Ley Malvinas) y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los principales responsables de hacer naufragar la convocatoria fueron los diputados de Provincias Unidas que, entre otros puntos, reclamaban avances concretos en la ley de biocombustibles, un lugar en el Consejo de la Magistratura -se disputan un representante con el PRO-, una rebaja en el Impuesto a los Combustibles Líquidos, fondos para las cajas previsionales provinciales y obras viales.

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Según pudo saber Infobae, el bloque donde pisan fuerte los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) no recibió hasta el momento ninguna señal concreta por parte del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre ninguno de estos reclamos.

Este viernes se venció el plazo para dictaminar en comisión la ley de biocombustibles y eso dificulta aún más la situación ya que debería tratarse en una sesión “sobre tablas” (sin dictamen) para lo que se necesita una mayoría especial de dos tercios. Fuentes libertarias adelantaron que tratar este proyecto el mismo día que el Presupuesto sería inviable porque el debate podría durar “unas 32 horas”. Por otro lado, no están seguros de poder conseguir los dos tercios.

Maximiliano Luna

Sin embargo, el proyecto que aumenta los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% es prioritario para provincias como Córdoba y Santa Fe, donde están ubicadas las grandes plantas productoras.

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En la vereda de enfrente, durante el debate en comisión el PRO propuso mantener la participación del 6% del mercado para las pequeñas y medianas empresas productoras de biodiesel, bajo el argumento de que no podrán competir con las grandes aceiteras, por lo que el mercado terminará concentrándose en muy pocos grandes jugadores. Eso frenó las negociaciones

“Primero biocombustibles, después hablamos lo que quieran. Ellos -por el Gobierno- tienen que hacer alguna propuesta”, explicaron a Infobae desde Provincias Unidas.

Cerca de Martín Menem reconocen que una solución podría ser incluir el proyecto de biocombustibles en las sesiones extraordinarias de diciembre y que el decreto de la convocatoria salga antes de la sesión prevista para la semana que viene donde se tratará el Presupuesto 2027.

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Martín Menem y Cristian Ritondo

En cambio, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central podría sumarse el temario de la próxima sesión ya que tiene dictamen y su debate no debería ser demasiado extenso dado que ya pasó por Diputados, solo se deben ratificar los cambios que hizo el Senado.

Por otro lado, el presidente de la Cámara de Diputados tiene en sus manos otra controversia que lo obliga a hacer equilibrio. Esta semana los bloques mayoritarios enviaron a sus representantes para el Consejo de la Magistratura. La Ley 24.937 establece que el bloque mayoritario, en este caso La Libertad Avanza, tendrá dos lugares (Gonzalo Roca y Giselle Castelnuovo), mientras que la primera y la segunda minoría se repartirán un lugar para cada uno. Unión por la Patria eligió al massista Guillermo Michel, pero el cuarto lugar se lo disputan Provincias Unidas y el PRO.

Provincias Unidas postuló a Juan Brügge, porque asegura que con sus 18 diputados es la segunda minoría. No obstante, el PRO, que tiene 12 integrantes, pretende quedarse con ese lugar para la ritondista Florencia De Sensi porque según su visión Provincias Unidas en realidad no es un bloque sino un interbloque. “Es un espacio político que se hizo solo para conseguir cargos. Es lo mismo que la Corte rechazó en el caso de Luis Juez”, señalaron desde el bloque PRO.

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La Presidencia de la Cámara ya elevó los tres primeros nombres a la Corte Suprema. Pero no tomó ninguna definición respecto al cuarto lugar. “No vamos a mandar nada que se judicialice. La Corte ya fue clara: la política no debe judicializar sus temas. Esto se debe resolver puertas adentro. Es algo que tienen que charlar ambos bloques, incluso sus presidentes son del mismo partido”, explicaron en referencia a Ritondo y Scaglia, ambos formalmente parte del PRO.

“El lugar en el Consejo nos corresponde, no lo negociamos con nadie”, adelantó un importante integrante de Provincias Unidas.

Ante la consulta de Infobae, desde la mesa parlamentaria de La Libertad Avanza aseguraron que están concentrados en avanzar con la aprobación del Presupuesto 2027, que se tratará en el recinto el próximo miércoles. Según sus cálculos, los números favorecen al oficialismo, incluso sin contar con el apoyo de Provincias Unidas.

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Mansión de Pilar: la nueva pista que seguirá la Justicia para reconstruir el origen del dinero y su vínculo con la AFA de Chiqui Tapia

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La investigación por la mansión de Pilar vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrá una nueva etapa después de que la Corte Suprema resolviera que el expediente quede en manos del juez federal Daniel Rafecas. El foco estará puesto en reconstruir el origen y el recorrido del dinero utilizado para adquirir la propiedad y los vehículos de lujo encontrados en el lugar.

Según pudo saber TN, tanto la Justicia buscará determinar si existió un circuito de lavado de activos detrás de la adquisición de esos bienes, que podrían haber sido comprados con fondos provenientes de presuntas maniobras ilícitas vinculadas con la AFA.

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De esta manera, la investigación no se limitará a establecer quién es el verdadero dueño de la mansión, sino que intentará reconstruir cómo se generaron y circularon los fondos utilizados para comprarla, además de identificar a todas las personas y sociedades que pudieron haber intervenido en esas operaciones.

En ese sentido, las fuentes consultadas señalaron que el análisis tampoco se concentrará exclusivamente en Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, la sociedad propietaria de la quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar.

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La Corte y los DNU: Milei perdió un rasgo que compartía con Cristina Kirchner y entró en un grupo reducido de presidentes

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Al declarar inconstitucionales dos artículos del megadecreto 70/2023 firmado por Javier Milei al comienzo de su mandato, la Corte Suprema añadió un nuevo caso a la corta lista de fallos que invalidaron, total o parcialmente, decretos del Poder Ejecutivo.

Desde la reforma constitucional de 1994 hasta fines de 2025 se firmaron más de 970 decretos de necesidad y urgencia y en apenas 18 ocasiones la Corte Suprema declaró inconstitucional su contenido, de acuerdo a un relevamiento elaborado por Gustavo Arballo, doctor en Derecho y constitucionalista, publicado en agosto y actualizado a partir de la nueva resolución.

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Para el experto, esto, sumado a otros factores, como el sistema de control previsto por la ley, configuran un escenario que termina funcionando como un “estímulo” para que los presidentes recurran a los DNU. “El sistema no solo normaliza, sino estimula una vía que debiera ser muy restrictiva”, señala el autor del trabajo.

Alberto Fernández firmó 179 decretos de necesidad y urgencia, Mauricio Macri 71 y Cristina Kirchner 81.

Otros datos de la investigación ayudan a poner en contexto la decisión de la Corte. Hasta este jueves, Milei podía jactarse, junto a Cristina Kirchner, de la vigencia de todos sus decretos. Ahora, esa condición -por el momento- la ostenta en soledad la expresidenta, que fue quien más tiempo estuvo en el Poder Ejecutivo.

A favor de Milei jugaba el tiempo: la historia reciente muestra que la Corte tarda, por lo general, varios años en declarar inconstitucional un DNU. Según el relevamiento de Arballo, la mediana de tiempo transcurrido entre la firma de los decretos y los fallos que los invalidaron fue de 48 meses, el equivalente a un mandato presidencial completo. Esa demora es otro de los factores que, según Arballo, contribuyen a que el sistema termine estimulando el uso de los DNU.

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Arballo es profesor de la Universidad Nacional de La Pampa

En el caso del megadecreto de Milei, firmado en diciembre de 2023, transcurrieron casi tres años. Durante ese tiempo, la norma siguió vigente, pese a que el Senado la había rechazado en marzo de 2024.

Con la resolución del alto tribunal, Milei pasó a integrar el grupo de los cinco presidentes que recibieron ese revés judicial mientras todavía estaban en el poder. Los otros cuatro son Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde y Alberto Fernández.

El decreto que más rápidamente recibió un revés de la Corte fue uno de Alberto Fernández. En mayo de 2021, apenas 19 días después de que el entonces presidente suspendiera por esa vía las clases presenciales durante la pandemia, el máximo tribunal declaró que esa decisión había violado la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.

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Del otro lado de este registro figura un decreto de Menem sobre aportes previsionales de la Gendarmería, que fue invalidado en octubre de 2021, 24 años después de su firma.

“Si uno mira la actuación en general de la Corte frente a los DNU, se advierte una extraña combinación, de una retórica de fuerte control, combinada con una práctica en donde la reacción judicial deja mucho margen al Poder Ejecutivo: la Corte ha dictado pocas invalidaciones y, salvo excepciones, lo ha hecho tomándose sus tiempos, convirtiendo en estadísticamente raro el caso en el que un decreto se declara inconstitucional dentro de la propia gestión presidencial”, valora Arballo.

La resolución

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El reciente fallo de la Corte apunta únicamente contra dos artículos del DNU 70/2023, una de las principales herramientas utilizadas por Milei para impulsar programas de reformas económicas. Se trata de las disposiciones que eliminaron las facultades del Estado para controlar los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Sin embargo, el razonamiento utilizado por la Corte, señalan Arballo y otros especialistas, podría proyectarse sobre otros aspectos del megadecreto, aunque el tribunal aclaró que no se pronunciaba sobre la validez del resto de sus disposiciones.

“En ‘Bobbio’ la Corte reafirma las pautas fijadas en ‘Cencosud’ y suma criterios importantes, sobre todo frente a un DNU anómalo y ómnibus como lo es el DNU 70/23”, sostiene el autor. Según explica, el alto tribunal consideró que invocar una crisis en el sistema de salud y la necesidad de mejorar la competitividad de las prepagas era una afirmación genérica, insuficiente para justificar el uso de una herramienta legislativa excepcional», destaca la constitucionalista Lorena González Tocci.

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Los llamados decretos “ómnibus”, señala, constituyen “una modalidad de abuso del derecho” porque reúnen una gran cantidad de reformas sobre materias que no guardan relación entre sí y modifican o derogan numerosas leyes.

“Ese es solo un hecho, fácilmente comprobable, que demuestra que no había ni necesidad ni urgencia en dictarlos, dado que supone que estuvieron precedidos de un profundo estudio de esa legislación, con lo cual, esa tarea bien podría haberla hecho el Congreso, depositario natural de la función legislativa”, advierte.

De ahí la importancia que le atribuye al fallo de la Corte Suprema: “No bastan invocaciones genéricas de crisis o emergencia, y debe existir una conexión concreta entre la urgencia alegada y cada medida adoptada”, remarca sobre la decisión de la Corte.

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Federico González del Solar,Conforme a

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