Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.

“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.

El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.

Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.

El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.

Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.

Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.

Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.

Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.

Complicaciones

El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.

A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.

Martín Ruíz, intendente de la localidad de Pueblo Brugo, en Entre Ríos, fue agredido el martes por la tarde por un concejal durante una acalorada discusión que surgió a raíz del cobro de un canon por la instalación de puestos para un festival.

Pueblo Brugo es una localidad del departamento de la capital entrerriana, sobre la costa del río Paraná. Ruiz, de afiliación peronista, llegó al gobierno local en 2019, poco después de que la población obtuviera el rango de municipio mediante el Decreto 501/19 del entonces gobernador Gustavo Bordet. La norma determinó que en la localidad viven 1600 personas, suficientes para que el lugar sea un municipio. Hasta entonces era considerado un puerto.

Así, Ruiz se convirtió en el primer intendente de la historia de Pueblo Brugo. El dirigente peronista fue reelegido en 2023 para un segundo mandato por la lista Más Entre Ríos, junto a la viceintendenta Betina Cosnard. Antes de llegar a la función pública, trabajaba como empleado de maestranza en una escuela de la localidad.

El intendente suele referirse a esta mayor autonomía como una oportunidad para revertir el estancamiento económico y demográfico del pueblo a lo largo del siglo XX, cuando llegó a tener unos 4500 habitantes. En distintas entrevistas puso el foco en el turismo, la pesca, los balnearios y la infraestructura como motores para impulsar el desarrollo local.

Su carrera política se desarrolló casi exclusivamente en el ámbito municipal, sin buscar proyección provincial. Sus apariciones en medios entrerrianos suelen estar vinculadas a inauguraciones, obras públicas o reclamos de infraestructura.

Si bien nunca había alcanzado repercusión nacional, Ruiz protagonizó otro conflicto durante su gestión. Uno de los más resonantes ocurrió en 2023, cuando denunció la contaminación del balneario municipal pocos días antes de su inauguración. En ese momento responsabilizó a una firma ganadera por el vertido de líquidos que obligó a suspender actividades previstas para la temporada, según publicó el medio Costa Paraná.

La agresión

Ruíz señaló al concejal Ariel Lemos, integrante de su propio espacio político, como responsable de la agresión y mostró que terminó con lesiones en su cabeza. “Estaba todo el grupo del Concejo Deliberante, que están de testigos de cómo fue la cosa”, dijo el jefe comunal. Tras el episodio, presentó una denuncia por daños físicos.

Según informó el medio local El Entre Ríos, la pelea surgió a partir del cobro del canon por la instalación de cierta cantidad de puestos en un festival de jineteada que se desarrollará el próximo fin de semana. La discusión se produjo en el ámbito del Concejo Deliberante.

De acuerdo con el relato de Ruíz, él se había acercado al Concejo para consultar de qué manera se implementaría el cobro del canon. La ordenanza aprobada establecía que los puesteros debían efectuar el pago antes del viernes 19 de junio. Sin embargo, sostuvo que resultaba más conveniente permitir que quienes participaran del evento abonaran el importe correspondiente el mismo día de la actividad.

A partir de ese intercambio de posiciones, y según consignó el medio local citado, Lemos atacó al intendente con golpes de puño. Los impactos alcanzaron la zona del cráneo del mandatario municipal. Tras eso, Ruiz se realizó una revisión médica para constatar las lesiones.

“Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó Ruíz al medio Uno de Entre Ríos al referirse a lo ocurrido durante el encuentro.