POLITICA
La trastienda de la declaración jurada de Manuel Adorni: la última carta del protegido de los Milei

Manuel Adorni está, en estas horas, trabajando arduamente con su abogado y su contador. Con los nuevos ribetes que adquirió la causa en su contra por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete y sus protectores, los hermanos Milei, decidieron que él apure la presentación de su declaración jurada, sin esperar al 31 de julio, la fecha límite que fijó la Oficina Anticorrupción (OA).
“Está trabajando en eso, no puede equivocarse ni en un decimal”, reconocen cerca del ministro. La única ventaja del nivel de detalle que están teniendo las revelaciones que emanan de Comodoro Py es que Adorni tiene muy en claro que -a los fines legales- no importa cuántos dólares pagó, ni los gustos caros que se dio para refaccionar sus propiedades: solo tiene que justificar el origen de los fondos.
Es decir, no importa si gastó mucho o poco. Lo que importa es que cierren los números, aún cuando difícilmente esa contabilidad deje de escandalizar a la opinión pública.
“La va a presentar varias semanas antes del vencimiento, pero depende de cómo siga el tema judicial”, señalaron a Infobae muy cerca de Adorni. En la Casa Rosada hay quienes esperan que informe su situación patrimonial antes de que termine mayo.
En su declaración jurada, correspondiente al periodo 2025, el ministro coordinador deberá justificar el nivel de vida que alcanzó en los últimos dos años, mientras estaba desempeñándose en el Gobierno. Se espera que informe fondos de su esposa, Bettina Angeletti, y, sobre todo, que aluda a una herencia de su padre, que falleció en 2002. En Balcarce 50 hablan de un supuesto proceso de sucesión extenso que tuvo un primer mojón antes de la pandemia y que culminó recién ahora.
La decisión de Adorni de presentar su declaración jurada antes del deadline venía madurando desde el inicio de esta semana. Pero todo se aceleró en las últimas horas después de un episodio muy tenso con Patricia Bullrich, cuando trascendió que ella iba a reclamar que el jefe de Gabinete diera un paso al costado. Ese tipo de planteos va contra las reglas no escritas del mileismo: nadie puede pedir por la cabeza de un protegido de los hermanos Milei.
La ex ministra de Seguridad es una de las pocas que habla de frente con el Presidente. El resto del elenco oficialista prefiere fingir demencia. “Yo le aconsejaría a Patricia que no les haga ese planteo a los Milei”, decía un importantísimo colaborador oficial mientras avanzaba el runrún sobre el malestar de Bullrich y de varios integrantes del gabinete, que pensaban que podían cambiar de página con la presentación de Adorni en Diputados, la semana pasada.
Bullrich, finalmente, habló frente a cámara en A24: no pidió la renuncia de Adorni -hubiera sido muy fuerte- pero dejó traslucir su malestar. “La explicación del patrimonio de Adorni tiene que ser inmediata. Él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Cuanto antes, mejor. Estirar esto no tiene sentido”, soltó.

La ex ministra de Seguridad cree que hizo bien en mover el avispero. Pero Karina Milei está furiosa. “Estas cosas se hablan puertas adentro, ese es el problema con Patricia”, dijo a Infobae un importante colaborador de la secretaria General de la Presidencia.
El vínculo con la Justicia
Adorni sabía desde hacía varios días que la declaración en Comodoro Py de Matias Tabar, el contratista que hizo las refacciones en su casa del country Indio Cua, iba a ser muy problemática. O que, al menos, “no iba a ser buena”, como les anticipó el último fin de semana al Presidente y su hermana.
El jefe de Gabinete intentó hablar con Tabar antes de que testificara en los tribunales. No le salió bien: el contratista aseguró en la fiscalía de Gerardo Pollicita que fue contactado por el jefe de Gabinete por teléfono y que le ofreció asesoramiento legal.
Un caso distinto fue el de Pablo Feijoo, el amigo de Adorni (hijo de una de las jubiladas) que supuestamente le prestó al jefe de Gabinete 65.000 dólares para las remodelaciones del departamento de Caballito. En aquel momento, el jefe de Gabinete le prometió a los hermanos presidenciales que esa declaración iba a esclarecer su caso, porque Feijoo explicaría que él no desembolsó dinero para el inmueble, sino que hubo un préstamo. Pero luego apareció Tabar y Adorni perdió, otra vez, el control sobre la causa. Un nuevo plot twist (el capítulo “Cascada”) que obligó a repensar la estrategia y a acelerar la presentación de la declaración jurada.
La otra carta que prepara Adorni es una contradenuncia por falso testimonio contra Tabar, que declaró en los tribunales que Adorni hizo gastos por 245.000 dólares -en negro- para remodelar a su gusto la casa de Indio Cua. El jefe de Gabinete asegura que no gastó ese dineral. ¿Cómo va a contrarrestar la pericia sobre el celular de Tabar, que seguramente guarda información sobre presupuestos de obra y pagos?

Las erogaciones de Indio Cua se sumarán a la pericia contable que Pollicita le ordenó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF). Adorni -que es contador de profesión- tiene que lograr que su declaración jurada esté alineada con las conclusiones que puedan sacar los expertos de ese organismo.
Mientras, el jefe de Gabinete tiene que disimular su enojo con el devenir de la causa en su contra. El affaire se volvió tóxico para el Gobierno porque generó tensiones impensadas, incluso entre “karinistas”. No son pocos los que escucharon a Adorni quejarse por la información (detallada y veloz) que fluye de los tribunales a la prensa, un tiro por elevación al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que es amigo de Pollicita.
El jefe de Gabinete jamás podrá reconocer públicamente ese malestar, mientras asegura que respeta la independencia de poderes. Y tiene otro problema: Karina Milei no cuestiona la performance de Mahiques como principal enlace del Gobierno con los tribunales. Lejos de eso, llevará al ministro de Justicia hoy a la exposición de minería en San Juan, junto con Martin Menem. Hay un factor de poder cada vez más afianzado entre Mahiques, el titular de Diputados y su primo, Lule Menem.
Algo que resulta muy llamativo es que, con excepción de Adorni, nadie en el karinismo está criticando al fiscal del caso. “Pollicita siempre se manejó así con las causas y la información a la prensa. Está trabajando bien, cuanto más rápido avance la investigación, mejor”, dijeron a Infobae muy cerca de la secretaria General de la Presidencia.
Otros en el oficialismo creen que no importa cuanto se conozcan Pollicita y Mahiques, porque el fiscal está jugando alineado a los intereses de Ariel Lijo, que es el juez del caso. Y que el problema de fondo es la puja entre el Poder Ejecutivo y ese sector de los tribunales por las vacantes en la Justicia, con la causa Adorni como variable de presión.
“El Gobierno se entera de las medidas de prueba por los medios, antes de que los oficios lleguen a los organismos públicos”, comentó esta semana un importante colaborador oficial.
El manejo del caso Adorni se ve atravesado, como casi todos los asuntos del Gobierno, por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. El asesor -que cada vez se pronuncia menos en las reuniones de mesa política y prefiere hablar directamente con el Presidente- intenta poner sobre relieve que las causas contra el Gobierno no hicieron más que acelerarse desde que a él le sacaron el joystick oficial del vínculo con la Justicia. A Caputo, los Menem también le obturaron el manejo de las cuestiones legislativas. El gurú de los Milei todavía mueve algunos hilos en los otros dos poderes del Estado.
El Presidente no se embarra con esas discusiones y hace gestos para todas las tribus. Esta semana recibió a un grupo de influencers en la quinta presidencial, en una cita que organizaron los diputados ultraoficialistas Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.
Con el recuerdo de la pelea entre Lilia y Daniel Parisini (Gordo Dan) el encuentro se leyó como un desplante a los caputistas de Las Fuerzas del Cielo. Algunos de los tuiteros, no obstante, trabajan en el canal de streaming Carajo, liderado por Dan. De hecho, hubo una foto en Olivos con uno de los estandartes de los “celestiales”: es el que dejó en la quinta presidencial el diputado provincial Agustin Romo cuando se disputaban lugares en las listas de 2025.
A Milei no le interesan las peleas de cartel en su tropa: solo quiere que los suyos lo escolten en la batalla cultural contra el periodismo. Por eso cada vez son más los colaboradores y funcionarios que, para rendirle pleitesía al jefe de Estado, publican tuits agresivos contra la prensa.
El entredicho con Patricia Bullrich, en tanto, le suma más presión a otro problema no resuelto en La Libertad Avanza: el de la eliminación de las PASO. El proyecto de reforma política está en el Senado y sin modificaciones no reuniría los votos. Karina Milei reclama que se supriman las PASO pero podría bajar sus expectativas.
“De máxima es eliminarlas. Si no hay que avanzar con suspenderlas en 2027. Pero el Estado no las va a pagar”, señaló una persona del riñón de la secretaria General de la Presidencia a este medio.
La otra duda que dejan los ruidos con Bullrich es que pasará en Ciudad de Buenos Aires. Nadie confirma que la ex ministra será la candidata a jefa de gobierno de LLA, pese a que ella sigue posicionándose en la Capital Federal, en calidad de representante del distrito en el Senado.
Por ahora la senadora funciona, para el karinismo, como un elemento de presión ante Mauricio Macri, que quiere retener el pago chico. Bullrich cree que hay que hacer un acuerdo entre LLA y Pro en la Ciudad y no deja de hablar con la cúpula de su ex partido: saludó a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad y podría mantener un encuentro con Cristian Ritondo en los próximos días.
Diego Santilli, en cambio, ya tiene prácticamente despejado el camino electoral. En el karinismo ya lo bendicen como el candidato a gobernador bonaerense. Y es posible que Karina le pida que se afilie a LLA. “Ese día va a ser un suceso político”, dicen cerca de la hermana presidencial.
A diferencia de Bullrich, Santilli no hace olas en el gabinete. Entendió que, pese a lo que suele proclamar Milei, es mejor callarse ante las verdades incómodas.
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POLITICA
Caso $LIBRA: dos entidades piden que se indague a Milei por negociaciones incompatibles con la función pública

Horas después de que el lobista Mauricio Novelli pidiera el apartamiento de los inversores afectados de la “causa $LIBRA”, dos entidades reconocidas como “amicus curiae” en el expediente penal solicitaron al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que llame a indagatoria al presidente Javier Milei por la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) sostuvieron que la Justicia puede -y debe- avanzar sobre la actuación presidencial, aun cuando persistan medidas de prueba pendientes vinculadas con la trazabilidad del dinero que se encuentran demoradas por limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal.
“A fin de evitar la prolongación de demoras innecesarias, se solicita que se deslinde el objeto procesal, a fin de preservar la investigación penal relacionada con la eventual participación del Sr. Presidente de la Nación ante la hipótesis de configuración del delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, indicaron Inecip y Cipce, en un escrito firmado por sus directores, Julián Alfie y Pedro Biscay.
El planteo de las entidades se apoyó, además, en estándares de celeridad procesal y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra la corrupción, que —según señalaron— imponen una “debida diligencia reforzada” para evitar dilaciones que puedan derivar en escenarios de impunidad.
Tras sostener que “se han podido reunir múltiples elementos probatorios sobre la razonabilidad de citar a prestar declaración indagatoria” al jefe de Estado, Inecip y Cipce afirmaron que esas evidencias permiten sostener la hipótesis de un interés directo del Presidente en negocios privados vinculados a tecnologías de criptoactivos.
El planteo de los “amicus curiae”, que deberán evaluar el fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi, se presentó horas después de que Novelli solicitara la exclusión del expediente de los inversores que habían sido aceptados como querellantes. Argumentó que, transcurridos más de 15 meses desde el inicio de la pesquisa, no lograron acreditar una estafa ni su condición de víctimas.
Novelli planteó una “excepción de falta de acción”, al afirmar que la investigación judicial “se ha convertido en un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”. Según el lobista, durante el último año y medio no se logró identificar “una sola afirmación objetivamente falsa” atribuible a él, a Hayden Davis, Manuel Terrones Godoy o al presidente Milei, entre otros.
Para el Inecip y el Cipce, sin embargo, esa interpretación resulta incompatible con la evidencia reunida hasta el momento, que —según indicaron— surge de informes técnicos, peritajes sobre dispositivos electrónicos, registros de comunicaciones y otras fuentes incorporadas al expediente.
Tras repasar esos elementos, los amicus curiae argumentaron que la intervención del Presidente en la gestación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, el 14 de febrero de 2025, mediante un posteo en su cuenta de la red social X, “no se habría limitado a la mera reproducción de información de acceso público, sino que podría haber implicado un grado de vinculación o conocimiento previo que debe ser esclarecido en el marco de la presente investigación”.
Entre los elementos mencionados figura un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Datip), que analizó metadatos de una imagen hallada en el teléfono de Novelli con la frase en inglés “hola muchachos, este es el acuerdo final tal como se discutió con H.””. Según los amicus, ese texto detallaba un acuerdo por unos US$ 5 millones que incluía un pago atado a que Milei anunciara como su asesor a Hayden Davis en la red social X y otro por la firma del presidente y el estadounidense de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial para el Gobierno.
Complicaciones
El otro informe mencionado por los “amicus curiae” es de la Superintendencia de Investigaciones Federales (Dirección General de Cibercrimen) de la Policía Federal, que concluyó que $LIBRA tuvo “un origen único” en la red Solana, con una asignación inicial concentrada en una sola dirección, lo que evidenciaría “control primario absoluto” por parte de un actor no identificado.
A partir de ese dato, Inecip y Cipce sostuvieron que la dirección del contrato difundida por Milei el 14 de febrero no se encontraba disponible previamente en circuitos públicos, lo que —según plantearon— constituye un indicio de acceso anticipado a información relevante, lo que refuerza la necesidad de avanzar sobre las responsabilidades del presidente . En otras palabras, llamarlo a indagatoria.
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La Justicia falló a favor de la AFA y convalidó el traslado de su sede a Pilar

La Justicia falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y convalidó el traslado de su sede a Pilar. La Cámara Civil también declaró nula la resolución del Ministerio de Justicia que designaba veedores en la entidad liderada por Claudio “Chiqui” Tapia. Con este cambio, el organismo queda fuera de la órbita de investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que tiene jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires.
La AFA se había presentado en la Justicia en rechazo a la designación de veedores en la entidad, a pedido de la IGJ por supuestas “graves irregularidades” en sus procesos administrativos. La institución consideró que la designación de funcionarios ajenos a su estructura es una medida “ilegítima”, tomada con una “finalidad política ajena a la ley”.
Ahora, la Cámara Nacional en lo Civil dio por cancelada la inscripción de la AFA en el Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia y determinó que los controles de la institución pasan a estar bajo la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense. Fue a partir del cambio de sede social a Pilar resuelto en Asamblea en 2024 y de la inscripción de la “Asociación del Fútbol Argentino” en jurisdicción bonaerense.
Para el tribunal “quedó definitivamente consolidado bajo este organismo el control de legalidad y las facultades de fiscalización sobre esta entidad”, en relación a la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, que depende del gobierno de Axel Kicillof.
El tribunal admitió las quejas de la AFA, declaró “la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por el Sr. Inspector General de Justicia el 18 de febrero de 2026 y por ende tener por cancelada la inscripción de la Asociación Civil – ‘Asociación del Fútbol Argentino’ del Registro Público a cargo de la Inspección General de Justicia”.
La cámara consideró que “la IGJ se erigió por encima de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas desatendiendo no sólo un acto administrativo válido sino, a su vez, llevando a cabo facultades revisoras y/o fiscalizadoras, sobre su par, organismo que goza de las mismas facultades de control y fiscalización dentro del ámbito de su jurisdicción en la cual no tenía competencia la Inspección General de Justicia».
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Quién es Martín Ruiz, el intendente de Pueblo Brugo agredido por un concejal

Martín Ruíz, intendente de la localidad de Pueblo Brugo, en Entre Ríos, fue agredido el martes por la tarde por un concejal durante una acalorada discusión que surgió a raíz del cobro de un canon por la instalación de puestos para un festival.
Pueblo Brugo es una localidad del departamento de la capital entrerriana, sobre la costa del río Paraná. Ruiz, de afiliación peronista, llegó al gobierno local en 2019, poco después de que la población obtuviera el rango de municipio mediante el Decreto 501/19 del entonces gobernador Gustavo Bordet. La norma determinó que en la localidad viven 1600 personas, suficientes para que el lugar sea un municipio. Hasta entonces era considerado un puerto.
Así, Ruiz se convirtió en el primer intendente de la historia de Pueblo Brugo. El dirigente peronista fue reelegido en 2023 para un segundo mandato por la lista Más Entre Ríos, junto a la viceintendenta Betina Cosnard. Antes de llegar a la función pública, trabajaba como empleado de maestranza en una escuela de la localidad.
El intendente suele referirse a esta mayor autonomía como una oportunidad para revertir el estancamiento económico y demográfico del pueblo a lo largo del siglo XX, cuando llegó a tener unos 4500 habitantes. En distintas entrevistas puso el foco en el turismo, la pesca, los balnearios y la infraestructura como motores para impulsar el desarrollo local.
Su carrera política se desarrolló casi exclusivamente en el ámbito municipal, sin buscar proyección provincial. Sus apariciones en medios entrerrianos suelen estar vinculadas a inauguraciones, obras públicas o reclamos de infraestructura.
Si bien nunca había alcanzado repercusión nacional, Ruiz protagonizó otro conflicto durante su gestión. Uno de los más resonantes ocurrió en 2023, cuando denunció la contaminación del balneario municipal pocos días antes de su inauguración. En ese momento responsabilizó a una firma ganadera por el vertido de líquidos que obligó a suspender actividades previstas para la temporada, según publicó el medio Costa Paraná.
La agresión
Ruíz señaló al concejal Ariel Lemos, integrante de su propio espacio político, como responsable de la agresión y mostró que terminó con lesiones en su cabeza. “Estaba todo el grupo del Concejo Deliberante, que están de testigos de cómo fue la cosa”, dijo el jefe comunal. Tras el episodio, presentó una denuncia por daños físicos.
Según informó el medio local El Entre Ríos, la pelea surgió a partir del cobro del canon por la instalación de cierta cantidad de puestos en un festival de jineteada que se desarrollará el próximo fin de semana. La discusión se produjo en el ámbito del Concejo Deliberante.
De acuerdo con el relato de Ruíz, él se había acercado al Concejo para consultar de qué manera se implementaría el cobro del canon. La ordenanza aprobada establecía que los puesteros debían efectuar el pago antes del viernes 19 de junio. Sin embargo, sostuvo que resultaba más conveniente permitir que quienes participaran del evento abonaran el importe correspondiente el mismo día de la actividad.
A partir de ese intercambio de posiciones, y según consignó el medio local citado, Lemos atacó al intendente con golpes de puño. Los impactos alcanzaron la zona del cráneo del mandatario municipal. Tras eso, Ruiz se realizó una revisión médica para constatar las lesiones.
“Tuve una agresión por parte de un concejal, un golpe de puño, en una reunión a tratar unos temas de relevancia para el pueblo. Hubo un enojo de un concejal y un puñete en la cara”, afirmó Ruíz al medio Uno de Entre Ríos al referirse a lo ocurrido durante el encuentro.
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