POLITICA
La trastienda de la declaración jurada de Manuel Adorni: la última carta del protegido de los Milei

Manuel Adorni está, en estas horas, trabajando arduamente con su abogado y su contador. Con los nuevos ribetes que adquirió la causa en su contra por enriquecimiento ilícito, el jefe de Gabinete y sus protectores, los hermanos Milei, decidieron que él apure la presentación de su declaración jurada, sin esperar al 31 de julio, la fecha límite que fijó la Oficina Anticorrupción (OA).
“Está trabajando en eso, no puede equivocarse ni en un decimal”, reconocen cerca del ministro. La única ventaja del nivel de detalle que están teniendo las revelaciones que emanan de Comodoro Py es que Adorni tiene muy en claro que -a los fines legales- no importa cuántos dólares pagó, ni los gustos caros que se dio para refaccionar sus propiedades: solo tiene que justificar el origen de los fondos.
Es decir, no importa si gastó mucho o poco. Lo que importa es que cierren los números, aún cuando difícilmente esa contabilidad deje de escandalizar a la opinión pública.
“La va a presentar varias semanas antes del vencimiento, pero depende de cómo siga el tema judicial”, señalaron a Infobae muy cerca de Adorni. En la Casa Rosada hay quienes esperan que informe su situación patrimonial antes de que termine mayo.
En su declaración jurada, correspondiente al periodo 2025, el ministro coordinador deberá justificar el nivel de vida que alcanzó en los últimos dos años, mientras estaba desempeñándose en el Gobierno. Se espera que informe fondos de su esposa, Bettina Angeletti, y, sobre todo, que aluda a una herencia de su padre, que falleció en 2002. En Balcarce 50 hablan de un supuesto proceso de sucesión extenso que tuvo un primer mojón antes de la pandemia y que culminó recién ahora.
La decisión de Adorni de presentar su declaración jurada antes del deadline venía madurando desde el inicio de esta semana. Pero todo se aceleró en las últimas horas después de un episodio muy tenso con Patricia Bullrich, cuando trascendió que ella iba a reclamar que el jefe de Gabinete diera un paso al costado. Ese tipo de planteos va contra las reglas no escritas del mileismo: nadie puede pedir por la cabeza de un protegido de los hermanos Milei.
La ex ministra de Seguridad es una de las pocas que habla de frente con el Presidente. El resto del elenco oficialista prefiere fingir demencia. “Yo le aconsejaría a Patricia que no les haga ese planteo a los Milei”, decía un importantísimo colaborador oficial mientras avanzaba el runrún sobre el malestar de Bullrich y de varios integrantes del gabinete, que pensaban que podían cambiar de página con la presentación de Adorni en Diputados, la semana pasada.
Bullrich, finalmente, habló frente a cámara en A24: no pidió la renuncia de Adorni -hubiera sido muy fuerte- pero dejó traslucir su malestar. “La explicación del patrimonio de Adorni tiene que ser inmediata. Él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba. Cuanto antes, mejor. Estirar esto no tiene sentido”, soltó.

La ex ministra de Seguridad cree que hizo bien en mover el avispero. Pero Karina Milei está furiosa. “Estas cosas se hablan puertas adentro, ese es el problema con Patricia”, dijo a Infobae un importante colaborador de la secretaria General de la Presidencia.
El vínculo con la Justicia
Adorni sabía desde hacía varios días que la declaración en Comodoro Py de Matias Tabar, el contratista que hizo las refacciones en su casa del country Indio Cua, iba a ser muy problemática. O que, al menos, “no iba a ser buena”, como les anticipó el último fin de semana al Presidente y su hermana.
El jefe de Gabinete intentó hablar con Tabar antes de que testificara en los tribunales. No le salió bien: el contratista aseguró en la fiscalía de Gerardo Pollicita que fue contactado por el jefe de Gabinete por teléfono y que le ofreció asesoramiento legal.
Un caso distinto fue el de Pablo Feijoo, el amigo de Adorni (hijo de una de las jubiladas) que supuestamente le prestó al jefe de Gabinete 65.000 dólares para las remodelaciones del departamento de Caballito. En aquel momento, el jefe de Gabinete le prometió a los hermanos presidenciales que esa declaración iba a esclarecer su caso, porque Feijoo explicaría que él no desembolsó dinero para el inmueble, sino que hubo un préstamo. Pero luego apareció Tabar y Adorni perdió, otra vez, el control sobre la causa. Un nuevo plot twist (el capítulo “Cascada”) que obligó a repensar la estrategia y a acelerar la presentación de la declaración jurada.
La otra carta que prepara Adorni es una contradenuncia por falso testimonio contra Tabar, que declaró en los tribunales que Adorni hizo gastos por 245.000 dólares -en negro- para remodelar a su gusto la casa de Indio Cua. El jefe de Gabinete asegura que no gastó ese dineral. ¿Cómo va a contrarrestar la pericia sobre el celular de Tabar, que seguramente guarda información sobre presupuestos de obra y pagos?

Las erogaciones de Indio Cua se sumarán a la pericia contable que Pollicita le ordenó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DATIF). Adorni -que es contador de profesión- tiene que lograr que su declaración jurada esté alineada con las conclusiones que puedan sacar los expertos de ese organismo.
Mientras, el jefe de Gabinete tiene que disimular su enojo con el devenir de la causa en su contra. El affaire se volvió tóxico para el Gobierno porque generó tensiones impensadas, incluso entre “karinistas”. No son pocos los que escucharon a Adorni quejarse por la información (detallada y veloz) que fluye de los tribunales a la prensa, un tiro por elevación al ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, que es amigo de Pollicita.
El jefe de Gabinete jamás podrá reconocer públicamente ese malestar, mientras asegura que respeta la independencia de poderes. Y tiene otro problema: Karina Milei no cuestiona la performance de Mahiques como principal enlace del Gobierno con los tribunales. Lejos de eso, llevará al ministro de Justicia hoy a la exposición de minería en San Juan, junto con Martin Menem. Hay un factor de poder cada vez más afianzado entre Mahiques, el titular de Diputados y su primo, Lule Menem.
Algo que resulta muy llamativo es que, con excepción de Adorni, nadie en el karinismo está criticando al fiscal del caso. “Pollicita siempre se manejó así con las causas y la información a la prensa. Está trabajando bien, cuanto más rápido avance la investigación, mejor”, dijeron a Infobae muy cerca de la secretaria General de la Presidencia.
Otros en el oficialismo creen que no importa cuanto se conozcan Pollicita y Mahiques, porque el fiscal está jugando alineado a los intereses de Ariel Lijo, que es el juez del caso. Y que el problema de fondo es la puja entre el Poder Ejecutivo y ese sector de los tribunales por las vacantes en la Justicia, con la causa Adorni como variable de presión.
“El Gobierno se entera de las medidas de prueba por los medios, antes de que los oficios lleguen a los organismos públicos”, comentó esta semana un importante colaborador oficial.
El manejo del caso Adorni se ve atravesado, como casi todos los asuntos del Gobierno, por la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. El asesor -que cada vez se pronuncia menos en las reuniones de mesa política y prefiere hablar directamente con el Presidente- intenta poner sobre relieve que las causas contra el Gobierno no hicieron más que acelerarse desde que a él le sacaron el joystick oficial del vínculo con la Justicia. A Caputo, los Menem también le obturaron el manejo de las cuestiones legislativas. El gurú de los Milei todavía mueve algunos hilos en los otros dos poderes del Estado.
El Presidente no se embarra con esas discusiones y hace gestos para todas las tribus. Esta semana recibió a un grupo de influencers en la quinta presidencial, en una cita que organizaron los diputados ultraoficialistas Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo.
Con el recuerdo de la pelea entre Lilia y Daniel Parisini (Gordo Dan) el encuentro se leyó como un desplante a los caputistas de Las Fuerzas del Cielo. Algunos de los tuiteros, no obstante, trabajan en el canal de streaming Carajo, liderado por Dan. De hecho, hubo una foto en Olivos con uno de los estandartes de los “celestiales”: es el que dejó en la quinta presidencial el diputado provincial Agustin Romo cuando se disputaban lugares en las listas de 2025.
A Milei no le interesan las peleas de cartel en su tropa: solo quiere que los suyos lo escolten en la batalla cultural contra el periodismo. Por eso cada vez son más los colaboradores y funcionarios que, para rendirle pleitesía al jefe de Estado, publican tuits agresivos contra la prensa.
El entredicho con Patricia Bullrich, en tanto, le suma más presión a otro problema no resuelto en La Libertad Avanza: el de la eliminación de las PASO. El proyecto de reforma política está en el Senado y sin modificaciones no reuniría los votos. Karina Milei reclama que se supriman las PASO pero podría bajar sus expectativas.
“De máxima es eliminarlas. Si no hay que avanzar con suspenderlas en 2027. Pero el Estado no las va a pagar”, señaló una persona del riñón de la secretaria General de la Presidencia a este medio.
La otra duda que dejan los ruidos con Bullrich es que pasará en Ciudad de Buenos Aires. Nadie confirma que la ex ministra será la candidata a jefa de gobierno de LLA, pese a que ella sigue posicionándose en la Capital Federal, en calidad de representante del distrito en el Senado.
Por ahora la senadora funciona, para el karinismo, como un elemento de presión ante Mauricio Macri, que quiere retener el pago chico. Bullrich cree que hay que hacer un acuerdo entre LLA y Pro en la Ciudad y no deja de hablar con la cúpula de su ex partido: saludó a Mauricio Macri en la cena de la Fundación Libertad y podría mantener un encuentro con Cristian Ritondo en los próximos días.
Diego Santilli, en cambio, ya tiene prácticamente despejado el camino electoral. En el karinismo ya lo bendicen como el candidato a gobernador bonaerense. Y es posible que Karina le pida que se afilie a LLA. “Ese día va a ser un suceso político”, dicen cerca de la hermana presidencial.
A diferencia de Bullrich, Santilli no hace olas en el gabinete. Entendió que, pese a lo que suele proclamar Milei, es mejor callarse ante las verdades incómodas.
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POLITICA
Axel Kicillof criticó la decisión de la Corte que eliminó las restricciones para la venta de tierras a extranjeros

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, lanzó duros cuestionamientos al fallo de la Corte Suprema que revocó la resolución que declaró la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23, que había derogado la denominada Ley de Tierras. Kicillof habló de “fallo de la infamia” y acusó al máximo tribunal de “tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”.
La norma tiene entre sus ejes la limitación de la propiedad de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras, definiendo criterios y excepciones, busca preservar la soberanía territorial y evitar la extranjerización desmedida de las tierras.
Kicillof dijo en su cuenta de X: “Hace menos de dos meses, miles de argentinos se movilizaron para rechazar la entrega de nuestro territorio y el Gobierno ‘Nacional’ tuvo que retirar su proyecto porque no conseguía los votos en el Senado”.
POLITICA
La oposición criticó a la Corte por el fallo que dejó sin límites la venta de tierras a extranjeros y llamó a otra movilización

La decisión de la Corte Suprema que revocó la inconstitucionalidad de la derogación de la Ley 26.737 provocó reacciones de dirigentes de Unión por la Patria, el Partido Socialista y el Frente de Izquierda. Los referentes reclamaron que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/2023 y, en varios casos, convocaron a movilizarse.
El tribunal hizo lugar al recurso extraordinario del Estado, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata y rechazó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. La Corte sostuvo que la asociación no acreditó legitimación para llevar adelante la acción colectiva.
La resolución dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras Rurales, que imponía límites a la titularidad y tenencia de terrenos rurales por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificó la decisión como “el fallo de la infamia”. “La Corte acaba de tomar una decisión gravísima que afecta la soberanía nacional y la voluntad popular”, escribió.
Kicillof sostuvo que el Gobierno retiró su proyecto en el Senado porque no reunió los votos necesarios. “Lo que no pudieron conseguir con el Congreso y con el pueblo, ahora pretenden conseguirlo a través del Poder Judicial”, afirmó. Además, cuestionó al presidente Javier Milei y expresó: “Argentina para los argentinos”.

El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo en una entrevista con Infobae en Vivo que, a partir de la resolución, “Argentina no cuenta con una ley que proteja las tierras rurales frente a la extranjerización o la compra por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras o de Estados extranjeros”.
Según su interpretación, el DNU 70/2023 derogó por completo la Ley de Tierras y eliminó las restricciones para la compra de propiedades rurales. El constitucionalista afirmó que el fallo de la Corte “revocó una sentencia de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que declaró la inconstitucionalidad del DNU en este punto y conservaba la plena vigencia de la Ley de Tierras”.
Gil Domínguez calificó la sentencia como “dogmática” y “arbitraria”. También cuestionó que la Corte negara legitimación al CECIM de La Plata: “¿Quién más va a estar con legitimación procesal, con representación colectiva adecuada, que un centro de excombatientes de Malvinas, que tiene dentro de su objeto social la defensa de la integridad territorial?”.
Sobre la posibilidad de una nueva judicialización, señaló: “La Corte dice ‘acá no, pero en otro caso sí’. Ahora, para la Corte solamente se puede acceder a la Justicia si se titulariza un derecho individual”.

El senador de Unión por la Patria, Mariano Recalde, afirmó que “la Corte Suprema falló en contra de la Ley de Tierras que el pueblo defendió en las calles”. También sostuvo: “Si no alcanzó con una enorme movilización, vamos a tener que hacer dos”.
“El Senado ya rechazó el DNU 70 que derogó la Ley de Tierras. Si Diputados lo rechaza completamente, frenamos la venta del país”, escribió Recalde, quien cerró su mensaje con una convocatoria: “Es ahora, en el Congreso y en las calles”.
El jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, cuestionó a los integrantes del máximo tribunal y señaló que “la misma ley” cuya derogación quedó vigente “quiso modificarse en el Senado y una enorme movilización popular lo impidió”.

“Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros”, expresó Martínez. Luego fijó los “objetivos” de su espacio: “Pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”.
La diputada Julia Strada, también de Unión por la Patria, pidió “bajar ese DNU en el Congreso” y cuestionó la decisión judicial en un mensaje que tituló: “Sobre la ley de tierras y el escándalo de los tres tipos de la Corte Suprema reviviendo un capítulo frenado del DNU 70 para vender el país”.
El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que la resolución restableció la derogación de la Ley 26.737 y afirmó que esa norma fijaba límites a la adquisición de terrenos por extranjeros.
“Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado”, planteó. También hizo “un llamamiento” a sus pares para convocar “urgente una sesión especial”.

La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman reclamó “anular el decreto 70/23” y afirmó que el tratamiento pendiente corresponde a la Cámara de Diputados. “Integrantes del Frente de Izquierda nos hemos puesto a disposición reiteradamente para llamar a una sesión especial”, indicó.
“Se necesitan 10 firmas, es increíble que no aparezcan. Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, agregó Bregman.
La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz publicó el mensaje “Argentina: se vende” y cuestionó que “después de semanas de debate y movilizaciones, tres jueces decidan por todo un país”.
“A los legisladores nos votó el pueblo y tenemos la responsabilidad de representarlo”, sostuvo Tolosa Paz. “No podemos permitirlo. Algo de la República debe quedar en pie, a pesar de este Gobierno vendepatria”, agregó.
La ex secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra también criticó la sentencia. “La Constitución dice que son nulos de nulidad absoluta, pero la CSJN vuelve inaplicable esa disposición y le permite a Milei gobernar por DNU”, expresó. Luego reclamó: “Que se muevan los diputados”.
POLITICA
Islas Malvinas: qué dijo la empresa británica Rockhopper tras las sanciones de la Argentina

A pesar de la presión y las sanciones de la Argentina, la empresa británica Rockhopper confirmó que mantiene su objetivo de extraer petróleo en las Islas Malvinas en 2028, en el balance de resultados del primer semestre que publicó la compañía.
Se trata de su proyecto Sea Lion, que la empresa confirmó que sigue vigente, para empezar a producir petróleo en el primer trimestre de 2028. La petrolera destacó que el gobierno de las Islas y Reino Unido tildaron de “ilegítimas y carentes de justificación jurídica” a las medidas del Gobierno, que esta semana redobló la ofensiva por la soberanía del archipiélago.
Este mes el presidente Javier Milei intensificó la estrategia de reclamos de soberanía de las Islas. A principios de septiembre dispuso una batería de medidas, con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), denuncia penal a petroleras, envío de una nueva ley de Soberanía al Congreso y ahora la intención de llevar al Reino Unido al Tribunal Internacional de Derechos del Mar.
Las claves de la confirmación de la petrolera Rockhopper de su plan de extraer petróleo en Malvinas en 2028, pese a las sanciones de la Argentina
Rockhopper posee el 35% de Sea Lion, mientras que la la petrolera israelí Navitas, que cotiza en la bolsa de Tel Aviv, tiene el 65%. Ambas compañías ya habían ratificado sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, además de plantear que las licencias que poseen fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno local de las islas.
El director ejecutivo de Rockhopper, Samuel Moody, habló de un “período decisivo” para la empresa, confirmó el objetivo de “lograr la primera producción de petróleo para el primer trimestre de 2028” en Sea Lion.
El directivo destacó la “reciente ampliación de capital, que garantiza la financiación total hasta la primera producción de petróleo, y al continuo y firme respaldo de los gobiernos del Reino Unido y de las Islas Malvinas”.


















