El juez federal de Campana Adrián González Charbay ordenó un profundo peritaje contable y otro patrimonial sobre la quinta con helipuerto de Pilar que se adjudica a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la flota de más de 50 autos de alta gama encontrados allí, otras casas en barrios cerrados, obras de arte y un terreno en el Sofitel Cardales. Lo mismo solicitó sobre las cuentas de la entidad rectora del fútbol.

González Charbay centraliza casi todas las causas contra la AFA y su presidente, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia.

La cuestión sobre qué juez es competente para investigar esta causa la va a definir la Cámara Federal de Casación Penal, que determinará si el caso se queda en Campana, como quiere Chiqui Tapia y los propietarios en los papeles de esa quinta, o si regresa a la Justicia federal o el fuero penal económico de la Capital Federal, como quiere la fiscalía.

El juez González Charbay ordenó peritar millonarios contratos de representación, vuelos privados, caballos de carrera y los gastos de una tarjeta de crédito corporativa.

El juez busca determinar la ruta del dinero y verificar si los fondos derivados de los cobros de la AFA a empresas sin giro comercial coinciden con los fines estatutarios de la institución deportiva.

El juzgado ordenó la realización de una profunda pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia sobre las cuentas de la AFA y los fondos cobrados en el exterior.

Uno de los puntos de esta auditoría se centra en una tarjeta corporativa American Express emitida a favor de la AFA, pero a nombre de Luciano Nicolás Pantano.

Se trata de quien aparece como propietario de Real Central, la firma dueña de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas con helipuerto, caballerizas y 54 autos de alta gama. Se sospecha que Pantano es testaferro de las autoridades de la AFA.

Los peritos deberán desmenuzar esa tarjeta de crédito, a qué correspondió cada consumo, si fueron abonados con fondos de la AFA y si esos gastos se encuentran justificados dentro de las actividades propias del estatuto de la asociación o si, por el contrario, resultan ser gastos ajenos y se trata de un desvío de fondos.

Además, la Justicia busca constatar si la totalidad de las ganancias derivadas de los contratos celebrados por la AFA desde el año 2019 ingresaron efectivamente a sus arcas y si están reflejadas en sus balances.

Investigarán los contratos con TourProdEnter LLC, la empresa que cobraba en el exterior a las empresas que invertían en la selección nacional, pero poniendo especial énfasis en analizar si la contraprestación del 30% acordada con la firma se ajusta a los valores normales de mercado.

Por otro lado, el tribunal investiga las transferencias de dinero realizadas hacia la empresa Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), y se busca si existe respaldo documental que justifique estas transacciones, si los servicios fueron efectivamente prestados y cómo se originó el vínculo comercial con la AFA.

El patrimonio inmobiliario de los investigados es otro de los ejes centrales de los peritajes.

La Justicia identificó una serie de inmuebles, entre los que se destacan propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza en Pilar, lotes en la ciudad de Buenos Aires y terrenos en el Barrio Cerrado Diciembre SA (Sofitel Cardales).

Estos incluyen el predio de cinco hectáreas de Pilar, vendido por el exfutbolista Carlos Alberto Tévez en febrero de 2019.

Para avanzar sobre este punto, el tribunal requirió copias de las escrituras a diversos colegios de escribanos y exigió que los notarios intervinientes aporten la documentación respaldatoria que las partes debieron presentar, en su carácter de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), para garantizar el origen lícito de los fondos utilizados en esas millonarias compras.

Asimismo, se ordenó a la Corte Suprema la tasación a valor de mercado de cada propiedad al momento de su adquisición.

También se analizarán los 54 autos de alta gama hallados en la quinta de Pilar. El juzgado solicitó la tasación y el análisis del origen de los fondos para la compra de la flota.

Se incluyen autos deportivos como un Audi R8, una Ferrari F430 y varios Porsche: 911, Carrera, Cayman, Panamera y Macan. También una colección de autos clásicos Chevrolet, Ford y Dodge, además de motocicletas de alta cilindrada como Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph.

Al igual que con los inmuebles, se requirió a los Registros de la Propiedad del Automotor que informen sobre las justificaciones de fondos presentadas bajo la ley antilavado.

En diciembre de 2025, durante el allanamiento de la quinta de Pilar, la Policía Federal identificó una serie de esculturas y obras de arte que ahora deberán ser valuadas pecuniariamente por los peritos tasadores de la Corte Suprema, utilizando como base los registros fílmicos y fotográficos obtenidos en el procedimiento.

En una línea investigativa paralela que busca rodear todo el nivel de vida de los involucrados, el juzgado libró oficios al Stud Book Argentino, al Senasa y a la Asociación Argentina de Fomento Equino para averiguar si las personas y empresas investigadas figuran como propietarios de caballos pura sangre de carrera o caballos de silla.

Finalmente, la Justicia federal ordenó rastrear los movimientos logísticos y de transporte de los implicados.

Para ello, requirió a la empresa Flyzar que detalle quiénes contrataron y cómo se pagaron los servicios de vuelo de la aeronave matrícula LV-FKY desde abril de 2025 en adelante, exigiendo conocer la póliza de seguros y si existía un manifiesto obligatorio para identificar a los pasajeros de esos viajes privados.

De manera complementaria, se ordenó a la operadora de la red Telepase que informe si las personas físicas y jurídicas investigadas son clientes del sistema, con el claro objetivo de reconstruir sus rutas y desplazamientos vehiculares.

Lo que está bajo investigación es una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complicado circuito financiero.

Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante el cobro de comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de AFA, sostiene el dictamen.

Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de sociedades y luego desviados ilícitamente a empresas constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.

La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.

Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).