POLITICA
Ordenan peritajes sobre la quinta de Pilar y la colección de autos de lujo que se adjudican a la AFA
El juez federal de Campana Adrián González Charbay ordenó un profundo peritaje contable y otro patrimonial sobre la quinta con helipuerto de Pilar que se adjudica a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la flota de más de 50 autos de alta gama encontrados allí, otras casas en barrios cerrados, obras de arte y un terreno en el Sofitel Cardales. Lo mismo solicitó sobre las cuentas de la entidad rectora del fútbol.
González Charbay centraliza casi todas las causas contra la AFA y su presidente, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia.
La cuestión sobre qué juez es competente para investigar esta causa la va a definir la Cámara Federal de Casación Penal, que determinará si el caso se queda en Campana, como quiere Chiqui Tapia y los propietarios en los papeles de esa quinta, o si regresa a la Justicia federal o el fuero penal económico de la Capital Federal, como quiere la fiscalía.
El juez González Charbay ordenó peritar millonarios contratos de representación, vuelos privados, caballos de carrera y los gastos de una tarjeta de crédito corporativa.
El juez busca determinar la ruta del dinero y verificar si los fondos derivados de los cobros de la AFA a empresas sin giro comercial coinciden con los fines estatutarios de la institución deportiva.
El juzgado ordenó la realización de una profunda pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia sobre las cuentas de la AFA y los fondos cobrados en el exterior.
Uno de los puntos de esta auditoría se centra en una tarjeta corporativa American Express emitida a favor de la AFA, pero a nombre de Luciano Nicolás Pantano.
Se trata de quien aparece como propietario de Real Central, la firma dueña de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas con helipuerto, caballerizas y 54 autos de alta gama. Se sospecha que Pantano es testaferro de las autoridades de la AFA.
Los peritos deberán desmenuzar esa tarjeta de crédito, a qué correspondió cada consumo, si fueron abonados con fondos de la AFA y si esos gastos se encuentran justificados dentro de las actividades propias del estatuto de la asociación o si, por el contrario, resultan ser gastos ajenos y se trata de un desvío de fondos.
Además, la Justicia busca constatar si la totalidad de las ganancias derivadas de los contratos celebrados por la AFA desde el año 2019 ingresaron efectivamente a sus arcas y si están reflejadas en sus balances.
Investigarán los contratos con TourProdEnter LLC, la empresa que cobraba en el exterior a las empresas que invertían en la selección nacional, pero poniendo especial énfasis en analizar si la contraprestación del 30% acordada con la firma se ajusta a los valores normales de mercado.
Por otro lado, el tribunal investiga las transferencias de dinero realizadas hacia la empresa Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), y se busca si existe respaldo documental que justifique estas transacciones, si los servicios fueron efectivamente prestados y cómo se originó el vínculo comercial con la AFA.
El patrimonio inmobiliario de los investigados es otro de los ejes centrales de los peritajes.
La Justicia identificó una serie de inmuebles, entre los que se destacan propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza en Pilar, lotes en la ciudad de Buenos Aires y terrenos en el Barrio Cerrado Diciembre SA (Sofitel Cardales).
Estos incluyen el predio de cinco hectáreas de Pilar, vendido por el exfutbolista Carlos Alberto Tévez en febrero de 2019.
Para avanzar sobre este punto, el tribunal requirió copias de las escrituras a diversos colegios de escribanos y exigió que los notarios intervinientes aporten la documentación respaldatoria que las partes debieron presentar, en su carácter de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), para garantizar el origen lícito de los fondos utilizados en esas millonarias compras.
Asimismo, se ordenó a la Corte Suprema la tasación a valor de mercado de cada propiedad al momento de su adquisición.
También se analizarán los 54 autos de alta gama hallados en la quinta de Pilar. El juzgado solicitó la tasación y el análisis del origen de los fondos para la compra de la flota.
Se incluyen autos deportivos como un Audi R8, una Ferrari F430 y varios Porsche: 911, Carrera, Cayman, Panamera y Macan. También una colección de autos clásicos Chevrolet, Ford y Dodge, además de motocicletas de alta cilindrada como Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph.
Al igual que con los inmuebles, se requirió a los Registros de la Propiedad del Automotor que informen sobre las justificaciones de fondos presentadas bajo la ley antilavado.
En diciembre de 2025, durante el allanamiento de la quinta de Pilar, la Policía Federal identificó una serie de esculturas y obras de arte que ahora deberán ser valuadas pecuniariamente por los peritos tasadores de la Corte Suprema, utilizando como base los registros fílmicos y fotográficos obtenidos en el procedimiento.
En una línea investigativa paralela que busca rodear todo el nivel de vida de los involucrados, el juzgado libró oficios al Stud Book Argentino, al Senasa y a la Asociación Argentina de Fomento Equino para averiguar si las personas y empresas investigadas figuran como propietarios de caballos pura sangre de carrera o caballos de silla.
Finalmente, la Justicia federal ordenó rastrear los movimientos logísticos y de transporte de los implicados.
Para ello, requirió a la empresa Flyzar que detalle quiénes contrataron y cómo se pagaron los servicios de vuelo de la aeronave matrícula LV-FKY desde abril de 2025 en adelante, exigiendo conocer la póliza de seguros y si existía un manifiesto obligatorio para identificar a los pasajeros de esos viajes privados.
De manera complementaria, se ordenó a la operadora de la red Telepase que informe si las personas físicas y jurídicas investigadas son clientes del sistema, con el claro objetivo de reconstruir sus rutas y desplazamientos vehiculares.
Lo que está bajo investigación es una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complicado circuito financiero.
Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante el cobro de comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de AFA, sostiene el dictamen.
Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de sociedades y luego desviados ilícitamente a empresas constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.
Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).
TourProdEnter LLC,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona,,Autos de alta gama y millones en el banco. Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención vinculado a Chiqui Tapia,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo y amenaza con detenerlo
El Tribunal Oral Federal 7 retomó hoy la indagatoria a Hilda Horovitz, la exmujer de Oscar Centeno, cuya declaración fue suspendida el martes pasado porque se descompensó en la sala de audiencias.
Horovitz tuvo que ser asistida por personal del SAME durante el interrogatorio sobre mensajes vinculados a reclamos económicos y de vivienda dirigidos a Miriam Quiroga y a Roberto Baratta. Tras esa situación, los jueces decidieron suspender la audiencia por cuestiones “humanitarias y de salud” de la testigo.
Durante el juicio se reprodujo un audio en el que le agradeció a la exsecretaria del expresidente Néstor Kirchner, en el que le agradeció por una salida con cena incluida, y otro en el que se escuchó preguntándole si pudo encontrarse con el exfuncionario del exMinisterio de Planificación Federal. Horovitz dijo que hablaba con ambos.
Las claves de las declaraciones de Hilda Horovitz
En su declaración del martes Horovitz ratificó que Centeno la usó como testaferro para la adquisición de bienes y que el remisero se quejaba de las “migajas” que recibía de Baratta.
La expareja de Centeno dijo: “Los cuadernos sí los vi, estaban en el armario del dormitorio y ahí tenía todo: los cuadernos, las libretas, las carpetas de los autos, las casas, todo”. Dijo que cuando los encontró, hizo “como que abría las hojas, pasándolas” pero que no los leyó.
La mujer declaró: “Vi cuadernos cuando junté papeles que no tenían que ver con Baratta, eran todos de Centeno y se los di a Miriam Quiroga. Ella se los dio a Baratta y los hizo desaparecer».
Para hoy también estaba citada Quiroga, exsecretaria de Néstor Kirchner, pero presentó ante el TOF un certificado médico para fundamentar su imposibilidad de comparecer a declarar como testigo. Los jueces aún no resolvieron si volverán a citarla.
Quiroga, que se desempeñó en el área de Ceremonial de la Presidencia, es considerada una testigo de relevancia en el expediente. En la etapa de instrucción ante el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli ya había declarado sobre supuestos movimientos de dinero en bolsos durante el kirchnerismo, vinculados en particular al fallecido exsecretario Daniel Muñoz.
En 2013, además, había realizado declaraciones públicas en las que relató traslados de fondos en aviones oficiales hacia la Patagonia.
El resto de los citados
Hoy están citados también los empresarios Ignacio Laplacette y Orlando Ramón Jancik.
El martes 2 de junio está programada la comparecencia del exministro de Economía Roberto Lavagna, el financista Leonardo Fariña y la diputada nacional Mariana Zuvic.
Posteriormente, el 4 de junio se espera la declaración de Sergio Oscar Velázquez, Osvaldo Alejandro Caeiro, Hugo Marcial Balmaceda, Eduardo Raúl Giosa, Sergio Pablo Bruno y Claudio Mario Sacchi.
El 9 de junio será el turno de Luis María Cismondi, Miguel Ángel Giamperi, Domingo Edgardo Zelaya, José Javier Videla, Alejandro Pedro Paris y José Luis Bustos, mientras que el jueves 11 declararán Walter Humberto Brun, Gustavo Javier Valverde, Hugo Marcelo Fiocca, Claudio Humberto Trerotola, Jorge Alberto Luna y Claudio Ramó Micollucci.
Leé también: Anulan el fallo que había enviado la causa de la mansión de Pilar a un juez cercano a la AFA
En las últimas audiencias se convocará a Gabriel Omar Falaschi, Carlos Martín González, Ángel Alejandro Heit, Roberto Enrique Antonio Muller, Ángel Rojo y Mariano Germán Gyenge, Mariano Gabriel Lesa-
Por último, la lista se completa con Gustavo Adolfo Lyall, Gonzalo Javier Toloza, Jorge Gerardo Molina, Héctor Ignacio Molina y Ernesto Víctor Pellizzaro.
cuadernos, juicio, Hilda Horovitz
POLITICA
Murió Guillermo V. Lascano Quintana, un abogado impulsor de la cultura y los valores republicanos
Una figura identificada con la promoción de la cultura y la búsqueda de puentes y caminos de encuentro para superar enfrentamientos, en el campo político y en otras manifestaciones de la vida del país, fue el doctor Guillermo V. Lascano Quintana, cuyo fallecimiento causó un profundo pesar entre quienes tuvieron el privilegio de conocerlo.
Con distintas iniciativas y en frecuentes tertulias contribuyó a resaltar los valores cívicos, a lo que sumaba un compromiso activo en favor de los principios republicanos, aún en tiempos complejos para la vida del país.
Había nacido en 1943. Abogado, especializado en la rama del seguro, y con una fuerte vocación por la participación política, no en sentido partidario sino más institucional, impulsó la participación de hombres y mujeres en organizaciones de la sociedad civil. Se desempeñó como subsecretario del Interior entre 1982 y 1983, durante el gobierno de facto de Reynaldo Bignone, en la etapa previa a la recuperación de la democracia.
Fue durante varios años presidente del Club del Progreso, la institución porteña creada en 1852, un año antes de la sanción de la Constitución de 1853, como un aporte para ayudar a sentar las bases de los acuerdos que permitieron encauzar el país en la senda del desarrollo, después de décadas de estériles confrontaciones.
En su gestión como presidente del club y en las distintas funciones que desempeñó en sucesivos períodos, Lascano Quintana promovió la revalorización de la historia política y la cultura argentina. Dedicó varios años de su vida a destacar la consolidación de esta institución, creada por Urquiza tras la batalla de Caseros, en un contexto de enfrentamientos profundos, que produjeron muertos, cárcel y exiliados. Al respecto, más de una vez señaló que “los difíciles momentos que atravesamos deben ser un estímulo para renovar nuestro compromiso con la patria y sus instituciones”.
En sintonía con los ideales del Club del Progreso, cultivó el ánimo de “amigar a los argentinos” y procurar reducir el clima de enfrentamiento que enturbió la realidad política en los últimos veinte años. Fueron valiosos sus aportes en el ámbito de la cultura. Su labor fue reconocida por agrupaciones políticas e instituciones de la sociedad civil, como el Partido de la Ciudad, que le entregó un diploma de “vecino distinguido”.
Lascano Quintana fue profesor de derecho constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ejerció la profesión en forma independiente. Fue coautor del libro “Contrato de seguros”, sobre su especialidad. Integró la comisión directiva de la Asociación Argentina de Derecho de Seguros y del Club de Abogados de Seguros.
Fue, además, fundador y primer director del Instituto de Derecho de Seguros del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos aires. Participó en congresos en la Argentina y en el exterior y publicó trabajos en revistas jurídicas, como El Derecho y otras de alcance internacional.
Consustanciado con los valores cristianos, ha sido miembro de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, cuya misión esencial es sostener obras del Patriarcado Latino de Jerusalén, en Tierra Santa.
Conforme a,,Análisis. Un poder inesperado cubre la ausencia opositora,,Una orden de Karina Milei. El Gobierno veta el ascenso de una candidata a jueza por ser la cuñada de un periodista que investigó al oficialismo,,Una camporista. Sobreseen a Luana Volnovich, extitular del PAMI, en una causa por la compra de medicamentos oncológicos
POLITICA
Etiquetado Frontal: la oposición cree que el Gobierno busca derogar la ley para repuntar el consumo
Tras el nuevo lote de iniciativas que el Ejecutivo libertario envió al Congreso, la derogación del etiquetado frontal aguarda el giro a comisión en el Senado para activar su debate. Por ahora, el texto no parece más prioritario que el de salud mental -delicada de acordar- y, frente a la cautela de algunos dialoguistas, otros sectores aliados -e incluso del peronismo y kirchnerismo- creen que el articulado oficialista sólo tiene un objetivo: repuntar el consumo y la actividad económica.
“Toda ley es perfectible y sobran ejemplos en diferentes gobiernos. Quitarlo por completo está atado a una única explicación: liberar la supuesta carga negativa de los octógonos para ver si, de esa manera, levantan ventas hoy por el piso. Mi siguiente pregunta sería, con ello consumado y productos más ‘presentables’, con qué plata se van a comprar los mismos”, reflexionó ante Infobae un referente del kirchnerismo.
Desde otro despacho más ameno a Balcarce 50 marcaron la contradicción entre fomentar el adiós de los octógonos mientras que acaba de aterrizar, en la Cámara alta, el proyecto aprobado por Diputados con cambios profundos en las denominadas “zonas frías”. La norma vigente fue empujada por Máximo Kirchner y favoreció -por fuera de quienes merecen de verdad una ayuda- a que se aumentara el por entonces y ya asentado- descalabro energético.
“Nos mandaron a activar un palazo inminente en las facturas, con el invierno que se asoma y quieren, en paralelo, que discutamos las etiquetas de los alimentos. Uno trata de comprender, pero es cada vez más difícil”, se oyó. En tanto, desde un tercero, advirtieron que “la administración libertaria ya había emitido resoluciones y readecuaciones en el pasado, dentro de las potestades que otorga la ley actual, y no hubo inconveniente alguno”.
El texto del Ejecutivo para derogar el etiquetado frontal de alimentos lleva las firmas de Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Salud, Mario Lugones. En los fundamentos, se observaron situaciones “en las cuales alimentos tradicionalmente incorporados dentro de patrones” aceptados “resultan alcanzados por advertencias equivalentes a las aplicables a productos de muy distinta composición nutricional, dificultando una adecuada diferenciación entre alimentos con perfiles sustancialmente diversos y reduciendo la capacidad informativa y contextual del sistema”.
Sí es interesante el planteo que se realiza sobre “asimetrías regulatorias impactan especialmente en las Pequeñas y Medianas Empresas que enfrentan costos fijos de cumplimiento proporcionalmente más elevados, vinculados al rediseño de envases, adecuación de líneas productivas, administración de stocks, evaluación técnica del perfil de nutrientes y adaptación progresiva de procesos de producción y comercialización”.
Para Balcarce 50, “tales exigencias regulatorias generan mayores dificultades operativas y económicas para empresas con menor capacidad financiera y escala productiva, pudiendo además incentivar procesos de concentración de mercado en favor de operadores con mayor capacidad de absorción de costos regulatorios”.
Según la Casa Rosada, “la derogación propiciada tiene por finalidad avanzar hacia un esquema técnicamente más consistente, uniforme y adaptable a los avances en materia nutricional, permitiendo compatibilizar adecuadamente la protección de la salud pública, el acceso del consumidor a información nutricional suficiente, objetiva y científicamente respaldada y el normal desarrollo de las actividades productivas y comerciales”.
Anteayer, cuando se formalizó el aterrizaje de la ley en el Senado, desde un bloque aliado confiaron a este medio: “No hay apuro de nuestro lado. Además, queremos ver los estudios que justifiquen esto. En el mensaje no veo tanta evidencia”. Otro legislador confió: “Hay pendientes que importan más y me da la sensación de mucha gente ya acostumbrada a los octógonos. Sin dudas, hay cosas para cambiar y mejorar, pero pero borrarla por completo parece mucho, ¿no?”.
Infobae intentó desde el inicio de la semana conocer la opinión -y los planes para este articulado- de la jefa de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich. No respondió aún. La porteña tiene que convencer a espacios que votaron el etiquetado frontal años atrás de hacer, ahora, todo lo contrario: dinamitarla. Encima, se le acumulan reclamos por proyectos más candentes que no logra resolver.
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