POLITICA
Ordenan peritajes sobre la quinta de Pilar y la colección de autos de lujo que se adjudican a la AFA
El juez federal de Campana Adrián González Charbay ordenó un profundo peritaje contable y otro patrimonial sobre la quinta con helipuerto de Pilar que se adjudica a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la flota de más de 50 autos de alta gama encontrados allí, otras casas en barrios cerrados, obras de arte y un terreno en el Sofitel Cardales. Lo mismo solicitó sobre las cuentas de la entidad rectora del fútbol.
González Charbay centraliza casi todas las causas contra la AFA y su presidente, Claudio Fabián “Chiqui” Tapia.
La cuestión sobre qué juez es competente para investigar esta causa la va a definir la Cámara Federal de Casación Penal, que determinará si el caso se queda en Campana, como quiere Chiqui Tapia y los propietarios en los papeles de esa quinta, o si regresa a la Justicia federal o el fuero penal económico de la Capital Federal, como quiere la fiscalía.
El juez González Charbay ordenó peritar millonarios contratos de representación, vuelos privados, caballos de carrera y los gastos de una tarjeta de crédito corporativa.
El juez busca determinar la ruta del dinero y verificar si los fondos derivados de los cobros de la AFA a empresas sin giro comercial coinciden con los fines estatutarios de la institución deportiva.
El juzgado ordenó la realización de una profunda pericia contable a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia sobre las cuentas de la AFA y los fondos cobrados en el exterior.
Uno de los puntos de esta auditoría se centra en una tarjeta corporativa American Express emitida a favor de la AFA, pero a nombre de Luciano Nicolás Pantano.
Se trata de quien aparece como propietario de Real Central, la firma dueña de la quinta de Pilar, de cinco hectáreas con helipuerto, caballerizas y 54 autos de alta gama. Se sospecha que Pantano es testaferro de las autoridades de la AFA.
Los peritos deberán desmenuzar esa tarjeta de crédito, a qué correspondió cada consumo, si fueron abonados con fondos de la AFA y si esos gastos se encuentran justificados dentro de las actividades propias del estatuto de la asociación o si, por el contrario, resultan ser gastos ajenos y se trata de un desvío de fondos.
Además, la Justicia busca constatar si la totalidad de las ganancias derivadas de los contratos celebrados por la AFA desde el año 2019 ingresaron efectivamente a sus arcas y si están reflejadas en sus balances.
Investigarán los contratos con TourProdEnter LLC, la empresa que cobraba en el exterior a las empresas que invertían en la selección nacional, pero poniendo especial énfasis en analizar si la contraprestación del 30% acordada con la firma se ajusta a los valores normales de mercado.
Por otro lado, el tribunal investiga las transferencias de dinero realizadas hacia la empresa Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), y se busca si existe respaldo documental que justifique estas transacciones, si los servicios fueron efectivamente prestados y cómo se originó el vínculo comercial con la AFA.
El patrimonio inmobiliario de los investigados es otro de los ejes centrales de los peritajes.
La Justicia identificó una serie de inmuebles, entre los que se destacan propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza en Pilar, lotes en la ciudad de Buenos Aires y terrenos en el Barrio Cerrado Diciembre SA (Sofitel Cardales).
Estos incluyen el predio de cinco hectáreas de Pilar, vendido por el exfutbolista Carlos Alberto Tévez en febrero de 2019.
Para avanzar sobre este punto, el tribunal requirió copias de las escrituras a diversos colegios de escribanos y exigió que los notarios intervinientes aporten la documentación respaldatoria que las partes debieron presentar, en su carácter de sujetos obligados ante la Unidad de Información Financiera (UIF), para garantizar el origen lícito de los fondos utilizados en esas millonarias compras.
Asimismo, se ordenó a la Corte Suprema la tasación a valor de mercado de cada propiedad al momento de su adquisición.
También se analizarán los 54 autos de alta gama hallados en la quinta de Pilar. El juzgado solicitó la tasación y el análisis del origen de los fondos para la compra de la flota.
Se incluyen autos deportivos como un Audi R8, una Ferrari F430 y varios Porsche: 911, Carrera, Cayman, Panamera y Macan. También una colección de autos clásicos Chevrolet, Ford y Dodge, además de motocicletas de alta cilindrada como Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph.
Al igual que con los inmuebles, se requirió a los Registros de la Propiedad del Automotor que informen sobre las justificaciones de fondos presentadas bajo la ley antilavado.
En diciembre de 2025, durante el allanamiento de la quinta de Pilar, la Policía Federal identificó una serie de esculturas y obras de arte que ahora deberán ser valuadas pecuniariamente por los peritos tasadores de la Corte Suprema, utilizando como base los registros fílmicos y fotográficos obtenidos en el procedimiento.
En una línea investigativa paralela que busca rodear todo el nivel de vida de los involucrados, el juzgado libró oficios al Stud Book Argentino, al Senasa y a la Asociación Argentina de Fomento Equino para averiguar si las personas y empresas investigadas figuran como propietarios de caballos pura sangre de carrera o caballos de silla.
Finalmente, la Justicia federal ordenó rastrear los movimientos logísticos y de transporte de los implicados.
Para ello, requirió a la empresa Flyzar que detalle quiénes contrataron y cómo se pagaron los servicios de vuelo de la aeronave matrícula LV-FKY desde abril de 2025 en adelante, exigiendo conocer la póliza de seguros y si existía un manifiesto obligatorio para identificar a los pasajeros de esos viajes privados.
De manera complementaria, se ordenó a la operadora de la red Telepase que informe si las personas físicas y jurídicas investigadas son clientes del sistema, con el claro objetivo de reconstruir sus rutas y desplazamientos vehiculares.
Lo que está bajo investigación es una red internacional de intermediarios financieros que habrían operado entre los años 2021 y 2025, y que habrían canalizado fuera del circuito bancario argentino fondos obtenidos por la AFA mediante un complicado circuito financiero.
Bajo el pretexto del cepo cambiario y mediante el cobro de comisiones del 30%, se habrían desviado y ocultado del patrimonio de AFA, valiéndose de empresas constituidas en el exterior (algunas en paraísos fiscales y con cuentas bancarias off shore), con la participación o aquiescencia de dirigentes de AFA, sostiene el dictamen.
Se sospecha que aquellos fondos vinculados a la actividad comercial de AFA habrían ingresado a las cuentas bancarias en el extranjero de sociedades y luego desviados ilícitamente a empresas constituidas en los Estados Unidos, Reino Unido y Uruguay.
La mayoría de estas sociedades carecerían de operaciones comerciales comprobables, no tendrían oficinas reales ni actividades acordes a los montos recibidos, y habrían sido utilizadas como vehículo de lavado de activos para ocultar la verdadera trazabilidad y destino final del dinero, según la fiscalía.
Asimismo, se anotició la existencia de empresas vinculadas a actividades ecuestres privadas, ajenas a la actividad de la AFA, que habrían recibido sus fondos. Ellas son Carbello SRL (dedicada a la compraventa de caballos), M&H Horses Services (empresa francesa de transporte de caballos) y Equestrian (dedicada a la compraventa de caballos de salto).
TourProdEnter LLC,AFA,Claudio Chiqui Tapia,Conforme a,AFA,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo, tras el pedido de detención que hizo la fiscal Incardona,,Autos de alta gama y millones en el banco. Quién es Ariel Vallejo, el financista con pedido de detención vinculado a Chiqui Tapia,,El financista de la AFA. El juez volvió a citar a Ariel Vallejo y amenaza con detenerlo
POLITICA
Signos de alivio y sugestivo silencio oficial en la Armada tras la sentencia judicial por el ARA San Juan
Con sorpresa y alivio se recibió en la Armada el fallo judicial que absolvió a tres oficiales superiores y condenó –con una pena de ejecución condicional- al capitán de navío Claudio Javier Villamide en el juicio por la tragedia del ARA San Juan.
Pero la satisfacción no es plena, dado que la sentencia generó posiciones encontradas en la Armada, admitieron a fuentes navales. Frente al silencio de la conducción de la fuerza, sectores que transmiten la posición de almirantes retirados lamentan la condena a un oficial superior.
Son varios en la Armada los que esperaban una absolución completa de los cuatro oficiales llevados a juicio, para evitar antecedentes que en el futuro les jueguen en contra a los oficiales que asuman la conducción de personal y medios de la fuerza.
En ese sentido, la preocupación expresada días atrás por sectores cercanos al Foro de Almirantes Retirados no fue acompañada con la misma energía por la conducción de la Armada, que encabeza el almirante Juan Carlos Romay.
En tanto, el Ministerio Público Fiscal, que había pedido penas de hasta cinco años de prisión para los cuatro marinos acusados, evalúa recurrir la sentencia a Casación cuando se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto.
Un detalle significativo que en la Armada no pasan por alto es que mientras las absoluciones tuvieron el voto unánime de los jueces, no ocurrió lo mismo con la condena a Villamide, que fue dispuesta por mayoría. “Iba a ser muy difícil que el tribunal absolviera a los cuatro oficiales”, confiaron a fuentes de la Armada.
Con el antecedente de la condena a quien tuvo en sus manos la dirección de la Fuerza de Submarinos en el momento de la tragedia, si bien la pena es de ejecución condicional, se cortó en un tercer nivel de la cadena de mandos la responsabilidad por el naufragio del submarino. Quedaron exceptuados el entonces comandante de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada, contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, así como el capitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, quienes cumplían funciones en la Fuerza de Submarinos. Villamide compartió con todos ellos el desgastante proceso judicial. En cambio, no fue llavado a juicio el entonces jefe de la Armada, el almirante Marcelo Srur.
La Justicia tampoco posó su mirada sobre las autoridades políticas, de cuyas decisiones se desprenden los recursos que se asignan a las Fuerzas Armadas para que los medios militares puedan estar en buenas condiciones y dar seguridad.
Sectores navales interpretan que el fallo quiebra un paradigma no escrito, según el cual el comandante de un buque es el responsable directo de lo que suceda con su unidad. La sentencia corrige ese criterio y desplaza esa carga al superior del comando o división naval, que para evitar riesgos o potenciales demandas administrará los recursos con criterios restrictivos.
“Perseguir a la estructura superior en tierra invierte un principio elemental de la profesión naval y solo prospera ante una opinión pública que desconoce cómo funciona el comando en el mar”, explicó el presidente del Foro Argentino de Defensa, Santiago Lucero Torres, al ser consultado por .
El Consejo de Guerra
Con su fallo, el tribunal concentró la exclusiva responsabilidad por el desenlace del submarino ARA San Juan en el oficial de la Armada que fue destituido por el Consejo General de Guerra, un tribunal disciplinario que se constituyó durante la gestión ministerial de Agustín Rossi, durante el gobierno de Alberto Fernández.
Villamide fue el único marino sancionado por ese organismo, que argumentó “faltas gravísimas”, al imputarle “negligencia por falta de cuidado o descuido de la tropa y del equipamiento a su cargo”. Ese castigo lo privó del grado militar, de sus haberes –su esposa recibe una pensión equivalente al 75% de sus ingresos- y le impide vestir el uniforme militar, que no pudo lucir en el casamiento de su hija. Ese mismo Consejo de Guerra le aplicó al almirante Srur –el jefe máximo de la Armada durante la tragedia del submarino- un arresto de 45 días.
En tanto, en la Armada cuestionan la sanción disciplinaria del Consejo de Guerra, que no tuvo ningún marino entre sus integrantes.
Demandas civiles
Una de las perspectivas que asoman tras el fallo del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Cruz, si bien todavía no se encuentra firme, son las posibles demandas por resarcimientos civiles que seguirán a la instancia penal.
En el juicio hubo reclamos de una reparación integral, aunque en lo inmediato se espera que la Fiscalía y las querellas se concentren en los recursos de apelaciones y planteos de nulidad para impugnar lo actuado por el tribunal.
Las familias de las víctimas no cobraron aún una indemnización por la tragedia del submarino, ocurrida hace ocho años y ocho meses. Hubo una ayuda económica que otorgó por ley el gobierno de Alberto Fernández, que exigía como condición la renuncia “a todo derecho por indemnización de daños y perjuicios”.
Mariano De Vedia,Fuerzas Armadas,Submarino ARA San Juan,Conforme a,Fuerzas Armadas,,La tragedia del submarino. La Justicia condenó a un oficial de la Armada y absolvió a otros tres en el juicio por el ARA San Juan,,Caso ARA San Juan. Preocupa en la Armada la inminente sentencia judicial contra cuatro oficiales marinos,,»Vuelos bautismo». Pilotos argentinos volaron por primera vez los aviones caza F-16 comprados a Dinamarca
POLITICA
La Justicia ordenó que Cristina Kirchner continúe cobrando su pensión de más de $15 millones mensuales por viudez
Cristina Kirchner volverá a cobrar desde agosto la pensión por viudez, por un monto de $15.683.154,06 brutos mensuales tras la decisión de la Cámara Federal de la Seguridad Socialque ordenó pagarle el beneficio a pesar de estar condenada en la causa Vialidad.
Así lo notificó la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a la Justicia. El organismo adelantó que procederá al pago para cumplir con la sentencia, aunque continuará cuestionando la decisión en instancias superiores.
La prestación corresponde a una de las dos asignaciones reguladas por la ley 24.018, derivada del fallecimiento de Néstor Kirchner, que habían sido dadas de baja en noviembre de 2024 tras la condena. La otra asignación, la correspondiente a su condición de expresidenta, permanece suspendida en virtud de esa misma sentencia.
En febrero pasado, la Cámara, integrada por Sebastián Russo y Juan Fantini, hizo lugar al pedido de restitución provisoria formulado por la expresidenta, tras revocar la decisión de primera instancia de la jueza Karina Alonso Candis, quien había denegado la medida cautelar.
Los camaristas consideraron aspectos de carácter alimentario para habilitar el pago mientras se resuelve el fondo de la demanda iniciada por CFK contra la resolución que dispuso las bajas.
Según la notificación enviada por la ANSES a la justicia previsional, el organismo procederá al restablecimiento del beneficio identificado con el número 47-6-8085213-0 a partir de agosto de 2026. Del monto bruto se descontarán los conceptos correspondientes a obra social e impuesto a las ganancias.
La prestación no incluye el adicional por zona austral que la expresidenta percibía hasta 2024, cuando declaraba domicilio en Santa Cruz pese a residir en la Ciudad de Buenos Aires.
Para acceder al pago provisorio, Cristina Kirchner prestó una caución juratoria, comprometiéndose a reparar el eventual daño al patrimonio público si la sentencia definitiva le resultara desfavorable. La ANSES había solicitado una caución real como condición para liquidar el beneficio, pero la justicia consideró cumplido el requisito con la garantía juratoria.
La batalla judicial por la pensión
La condena en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema, incluye seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En noviembre de 2024, la ANSES —dependiente del Ministerio de Capital Humano— dispuso la baja de los beneficios especiales que Cristina Kirchner percibía bajo el régimen de la Ley 24.018, tanto la asignación vitalicia por haber ejercido la Presidencia como la pensión por viudez.
La expresidenta promovió una acción judicial de nulidad contra esa resolución administrativa y solicitó la cautelar que finalmente le fue concedida.
Tanto la ANSES como el fiscal interpusieron recursos y, tras la denegación del recurso extraordinario, presentaron queja ante la Corte Suprema.
Días atrás, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen donde consideró que la Corte Suprema de Justicia debe intervenir en la causa.
Para el representante del MPF, la Corte debería apartarse de su criterio habitual de no intervenir en medidas precautorias no definitivas y declarar la inadmisibilidad de la orden de pago. “Esa condena por corrupción implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar”, señaló al respecto.
Leé también: El Gobierno analiza limitar el mandato del Procurador General y acelera el plan para cubrir vacantes en la Justicia
Permitir que la expresidenta continúe con “el cobro de la asignación mensual vitalicia en su carácter de causahabiente del doctor Néstor Carlos Kirchner, lesiona de manera irremediable el principio de cosa juzgada, que constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta nuestro régimen constitucional”, destacó Casal.
En esa línea, el procurador recordó que la condena penal firme dictada “implica la imposibilidad de cobro de pensiones como las que el pronunciamiento apelado ordena pagar“.
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POLITICA
Los gremios docentes aceptaron la oferta salarial de Axel Kicillof y se destraba el conflicto en Buenos Aires
LA PLATA.- Los docentes de la provincia de Buenos Aires aceptaron hoy la propuesta de suba salarial del gobierno bonaerense y se destraba el conflicto con el gobierno de Axel Kicillof, que este año ya enfrentó dos jornadas de paro.
La propuesta de una suba escalonada del 5% en julio, más un 2% en agosto fue aceptada por los congresos de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), que son mayoría en el Frente de Unidad Docente.
Suteba endureció su posición con el gobierno de Kicillof tras el reemplazo de Roberto Baradel por María Laura Torres como secretaria general. De modo que la aceptación de la propuesta salarial es un alivio para la gestión peronista de esta provincia.
Los docentes de este territorio suman 354.000 y son más de la mitad del total de los trabajadores públicos bonaerenses, que suman 530.000
Esta paritaria marca, en general, el ritmo del resto de las negociaciones gremiales.
La misma propuesta de los docentes se realizó a la Asociación de Trabajadores del Estado para los empleados enrolados en la ley 10.430 que rige a los empleados administrativos. Estos trabajadores también aceptaron un alza escalonada en dos meses.
Los empleados judiciales enrolados en la Asociación Judicial Bonaerense acordaron una suba con el gobierno para el primer trimestre y ahora esperan que se cierre una oferta para el segundo trimestre, al igual que los trabajadores de la sanidad.
Estos gremios serían convocados la semana que viene a negociar con el ministro de Economía de Buenos Aires, Pablo López.
La aceptación de la propuesta por parte de los docentes despeja la tensión con los gremios que han sido la mayor base de sustentación del gobierno de Kicillof desde que llegó al poder en 2019.
“Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales”, remarcó López, funcionario de Kicillof.
El titular de la cartera económica dijo que valoran la labor de aquellos trabajadores que “garantizan la seguridad, la educación, la salud y todos los derechos y servicios que el Estado provincial provee” a los ciudadanos. Por esa razón, dijo López, el Ejecutivo bonaerense hizo “un enorme esfuerzo en materia salarial”.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, afirmó: “Este acuerdo tiene un fuerte valor político porque fue una propuesta integral. No solo dio respuesta a las condiciones salariales, sino que también incorporó avances fundamentales para las y los docentes y las y los estatales en materia de derechos y condiciones laborales”.
Enseguida agregó: “Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos”.
Los acuerdos también incluyen, en el caso docente, la incorporación de una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial. Adicionalmente, el gobierno de Kicillof anunció que se creará la campaña “Cuidemos a quienes enseñan”, con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.
En el caso de la Ley 10.430, el acuerdo contempla también el pase a planta permanente para el personal ingresado entre 2024 y 2025, la modificación de los procesos de selección para cargos jerárquicos y la conformación de mesas técnicas para dar continuidad a la discusión de los convenios colectivos de trabajo, la carrera administrativa, entre otros temas.
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