POLITICA
Militantes realizaron un “banderazo” en Parque Lezama para pedir la libertad de Cristina Kirchner

Un nutrido grupo de militantes llevaba adelante este sábado un “banderazo” en el Parque Lezama para reclamar la libertad de la expreisdenta Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
Con motivo del Día de la Bandera, y bajo el slogan “Por Argentina. Por Cristina. Banderazo en Parque Lezama”, los militantes reunidos escuchban las palabras del diputado Máximo Kirchner, quien convocó a la “unidad” peronista pero sin repetir errores del pasado.
“Es uno de los puntos centrales respecto de cómo construir la unidad en Argentina; no sea que lleguemos otra vez al gobierno y alguien se coma los mocos y otra vez vayamos todo para atrás y términos con un presidente aún peor que el actual”, advirtió, sin dar nombres.
Antes y en lo que fue una referencia al expresidente Alberto Fernández, el referente de La Cámpora señaló que “había costado mucho recuperar el gobierno en 2019, pero para muchos vino de arriba. Decidían como estadistas y no habían juntado un voto”.
Los organizadores calculaban la asistencia de “15 mil” personas en el acto.
Entre los intendentes estaban Federico Otermin (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Alejandro Granados (Ezeiza), Federico Achaval (Pilar), Gustavo Ménendez (Merlo) Damián Selci (Hurlingham), Juan Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y Leonardo Boto (Luján), además de la diputada provincial Mayra Mendoza.
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POLITICA
Lijo citó a indagatoria a Jonathan y Emmanuel Kovalivker en la causa por corrupción en la Andis

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, en la causa que investiga un presunto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el gobierno de Javier Milei.
Las declaraciones habían sido pedidas este miércoles por los fiscales federal Franco Picardi y Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que sostuvieron que la droguería de los Kovalivker había “cooptado” la Andis y organizado un esquema de cartelización y sobreprecios. En total, los fiscales solicitaron 43 indagatorias; casi todas fueron ordenadas hoy por Lijo.
Las audiencias empiezan el jueves próximo, con las declaraciones de los hermanos Kovalivker y de Diego Viner, director de Compras de la Suizo Argentina.
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Discapacidad y tierras: la sesión dejó ganadores y perdedores que no admiten la derrota

No pasaron ni 24 horas desde la última sesión de la Cámara de Diputados, pero oficialismo y oposición ya discuten sobre quién salió victorioso del recinto.
Desde La Libertad Avanza señalan que fue el oficialismo quien se impuso porque se aprobaron proyectos que nacieron desde esos bloques: la Ley de Discapacidad y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada como el éxito por la positiva. Además celebran que se haya caído la sesión sin tratar ningún tema de morosidad.
“Sacamos nuestras leyes y morosidad, cuando nosotros no teníamos el número, logramos que se caiga el quórum y que no se traten los proyectos de ellos. Todo ganancia”, dijo un legislador libertario que hoy se despertó de muy buen humor.
Sin embargo, desde la oposición también entienden que ganaron porque lograron dar vuelta buena parte del texto de la Ley de Discapacidad, con una inserción de los pedidos de casi todos —incluyendo los que hacían todas las corrientes del peronismo—. “Copiaron nuestro dictamen, nada más le sacaron la palabra emergencia”, dijo entre risas un diputado opositor que supo ser dialoguista.

“Reculararon y restituyeron la Ley de Tierras. Recularon con la Ley para personas con Discapacidad. Recularon con su proyecto de cursos de educación financiera y huyeron de la sesión. En ninguna de sus votaciones, junto a aliados y conversos, superaron los 124 votos. Una victoria pírrica que terminará costándoles más de lo que creen”, dijo el diputado Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.
En la misma línea se expresó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria que reiteró el concepto de “recularon” al referirse a la extranjerización de tierras. En el caso de Discapacidad “entregaron todo. El 75% de la ley de emergencia está dentro de lo aprobado”, y por último, Martínez dijo que en el caso de endeudamiento “huyeron y dejaron sin alivio a 20 millones de argentinos; de retirada, mal”.
Mientras los opositores señalaban sus logros, los diputados del oficialismo se reunieron y, junto a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, le cantaron el feliz cumpleaños al presidente Javier Milei.
Esto sucedió al término de la sesión en la que estuvo presente la hermana del presidente que llegó al Congreso en el momento en que se discutía la Ley de Discapacidad. La imagen de Karina Milei entrando al Palacio Legislativo en señal de apoyo al bloque que conduce Martín Menem en un debate que, si anteriormente enfrentaba a los diputados con el Ministerio de Economía, con la media sanción y como terminó siendo el proyecto, se profundizó.
Pelea por los fondos
La cantidad de cambios que se introdujeron en Discapacidad no solo tenía como objetivo asegurar la cobertura sino también los fondos. Este punto es fundamental teniendo en cuenta que hubo que “obligar” al gobierno a ejecutar vía una ley de emergencia y luego por el sistema judicial; a pesar de eso, el presupuesto para el sector fue subejecutado.
En ese sentido, la promesa no fue suficiente y finalmente tuvo que quedar todo escrito.
El problema que se presenta ahora es que desde el Ministerio de Economía aseguraron que no están de acuerdo con el proyecto. Y no lo estaban previamente a todos los cambios que se introdujeron.
Así lo había dejado claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al señalar que su iniciativa para el sector era la del Presupuesto, que establece un recorte en las prestaciones, los fondos y hasta elimina el nomenclador para el sector.
“Ahora es un tema de ellos. Lo van a tener que resolver cuando se debata el Presupuesto”, dijo un diputado peronista. “No pasa nada, copiamos y pegamos esto”, le respondió un colega libertario.
POLITICA
Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

El juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó al exdiputado nacional libertario José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos, por los 200.000 dólares que recibió en 2020 de una firma vinculada al empresario Fred Machado, condenado en Estados Unidos y vinculado a una red de fraude y lavado.
El magistrado le trabó un embargo de 1000 millones de pesos y le prohibió salir del país, informaron a fuentes judiciales.
Mirabelli advirtió que el ingreso de dinero criminal para financiar figuras políticas o campañas “constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.
En la misma resolución, Mirabelli procesó al contador de Espert Mariano Alejandro Cosentino, como partícipe necesario del lavado, con un embargo de 700 millones de pesos, y a la sociedad familiar Varianza SA, a la que le fijó un embargo de $500 millones.
Para el juez, el contrato de consultoría con una minera guatemalteca con la que Espert justificó el dinero fue “un contrato simulado que nadie esperaba fuera a cumplirse, al menos en lo que respecta a las prestaciones comprometidas por Espert”.
Y concluyó que el exdiputado “se representó la posibilidad concreta de que el dinero enviado por Machado proviniera de un ilícito penal y, aun así, realizó numerosas acciones tendientes a introducirlos en el sistema financiero y a disimularlos”.
La decisión acoge en lo sustancial el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, aunque el juez descartó dos tramos de la acusación: no dio por probado que la seña de 55.501 dólares para un lote en el fideicomiso Costa Dunas, cerca de Costa Esmeralda, saliera del dinero de Machado, por el tiempo transcurrido y porque Espert tenía otros ingresos lícitos, y tampoco que la parte en pesos del pago de su Lexus proviniera de esos fondos.
Según el fallo al que accedió , el 22 de enero de 2020 Espert recibió 200.000 dólares en su cuenta del Morgan Stanley en Miami, girados desde el Bank of America por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que el juez considera “un instrumento controlado y utilizado” por la organización de Machado y Debra Mercer-Erwin, condenada en 2023 en Texas por narcotráfico, lavado y fraude.
Espert pasó 50.000 dólares a su cuenta del BBVA en Martínez, los retiró en efectivo y tres días después pagó 47.800 por un BMW M240i. En 2024 vendió ese auto por 62.000 dólares y con esa plata compró un Lexus RX 350 de casi 130.000 dólares, con una certificación de origen de fondos firmada por Cosentino.
Según el juez, ese documento “omite deliberadamente cualquier mención al verdadero origen”. Otros 50.000 dólares ingresaron al país en junio de 2020 y también fueron retirados en efectivo.
El juez Mirabelli analizó la referencia que acompañó la transferencia: “for further credit 852017501 José Luis Espert N28FM”. N28FM es la matrícula de uno de los aviones que Machado le prestó a Espert en la campaña de 2019.
En su descargo, el exdiputado citó esa leyenda, pero omitió esas cinco letras. “No parece casual”, escribió Mirabelli, que se preguntó: “¿Qué sentido tendría consignar la matrícula de un avión prestado por Machado a Espert en el marco del pago por un contrato de una encomienda que, supuestamente, nada tenía que ver con aquellos vuelos?”.
El contrato con la minera con el que Espert buscó justificar el flujo de fondos, por un millón de dólares, fue hallado primero en la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario, “roto en pedazos, en una bolsa de consorcio, en un tacho de basura ubicado junto al quincho”.
El juez enumeró los indicios que lo llevan a pensar que el contrato es una simulación para justificar el pago. Dijo que las obligaciones de Espert eran vagas, mientras que sus honorarios eran claros; parte del texto tiene una “similitud casi literal” con dos notas periodísticas españolas sobre refinanciación de deudas de Pymes; Machado firmó como gerente general de Minas del Pueblo sin serlo, y Espert lo sabía porque se escribía con el verdadero gerente de la mina.
Además, el millón de dólares era casi el triple de la deuda que la minera declaraba en 2018 (US$372.975); Espert nunca hizo trabajo alguno, no emitió la factura de exportación que sí había emitido semanas antes a otro cliente del exterior, y nadie reclamó nunca la devolución del dinero.
El juez valoró audios de los contadores de Espert, Fernando Escobar y Mercedes Armendares, que muestran que el exdiputado les había dicho que el contrato era con el gobierno de Guatemala para reestructurar su deuda externa. Tras la detención de Machado, en abril de 2021, Escobar estalló: “Este tipo nos recontra mintió”, dijo en un audio; en otro lo llamó “un chanta total”.
Para el magistrado, esa conducta no es la de un consultor orgulloso de un gran contrato, “sino más bien como la de quien pretende esconder dicho contrato”.
Y citó un audio del propio Espert de esos días: “Él me iba para hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente terminó siendo con una empresa de él. Puede ser que el tipo, como muchos de estos ñatos, tengan sus negocios blancos”.
Por eso, el juez señaló que Espert “conocía concretamente que Machado disponía de cuantiosos bienes y dinero blancos y negros”.
Sobre Varianza, constituida el 13 de diciembre de 2019, un mes antes de la transferencia, el fallo cita un audio de Espert: “Ya sabemos que Varianza está hecho para bajar mi blanco”.
La sociedad nunca tuvo clientes fuera de la familia: emitió tres facturas, a Espert y a un condominio con sus hermanos, y le registró sueldos por $1.191.666 en 2020.
Espert sostuvo que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado; que cobró un anticipo no reintegrable, y que se enteró de la situación de Machado “como se enteró el país”.
La causa se inició en octubre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois, cuando Espert renunció a su candidatura al tomar estado público su relación con Machado y el cobro de ese dinero.
Machado está detenido en Texas y aceptó declararse culpable de lavado y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico.
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