POLITICA
Fuerte mensaje de Máximo Kirchner en el banderazo por CFK: “Los que hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla”
A un año de la detención de Cristina Kirchner, el sector más cercano a la expresidenta realizó este sábado un acto con un banderazo en Parque Lezama, con el objetivo de renovar el reclamo por su inocencia y libertad. El diputado Máximo Kirchner, único orador del evento, dio un mensaje sumamente crítico hacia la interna del peronismo e ironizó contra los que “ni siquiera van a verla” a San José 1111, y a “supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y las petroleras”.
Con cánticos de “Vamos a volver”, una primera entonación del aria Aurora y el himno nacional argentino, se dio inicio formal del acto, con las palabras del dirigente de La Cámpora, que criticó a los dirigentes que, según él, han intentado apartar a CFK de los espacios de conducción del PJ.
“Está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso”, afirmó el legislador al aludir al escenario electoral. En un mensaje dirigido claramente al gobernador Axel Kicillof, cuestionó: “Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”. En el mismo pronunciamiento, agregó: “Hay millones de argentinos que quieren votar a Cristina y no pueden”.
“El problema, muchas veces, es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, expuso. Y añadió: “Muchas veces durante este año hemos visto y escuchado que algunos integrantes de nuestro propio partido buscan negar la figura de Cristina, transformados en ser consultores y olvidados de ser militantes.”
“Algunos esperaron a poner en duda la conducción una vez que estuvo presa, pero cuando estaba libre y se presentó a elecciones, nadie asomó la cabeza“, fustigó.
En otro pasaje, Máximo Kirchner volvió a apuntar contra el perfil de aquellos que buscan desplazar a CFK en su liderazgo: “Si alguno piensa que esa mujer que le dio 8 años a la Argentina desde la presidencia resta votos, quisiera que me expliquen esos supuestos compañeros si vamos a juntar votos siendo empleados de las mineras y petroleras en el Congreso nacional argentino.”
Uno de los puntos más candentes apuntó a la actitud de los mandatarios del peronismo que pactan con el Gobierno, como los “gobernadores como Jalil para Catamarca, que dio quórum a la reforma laboral que le quita derechos, oportunidades y futuro a millones de argentinos y argentinas”.
En ese marco, reivindicó la conducta de su madre frente al poder económico, porque “nunca va a dar la manito y hacer el muertito (sic) ante el poder económico. No lo hizo y no lo hace, y nunca le van a arrancar una decisión y una palabra en contra de su pueblo.”
Y recordó, además, su rol en la recuperación de empresas estratégicas, aún con el conocimiento que eso tendría consecuencias penales: “El día que ejerció la presidencia y recuperó las AFJP para los argentinos y argentinas, y recuperó AySA, y YPF, Vaca Muerta, y se le paró de manos a los fondos buitres, sabía cuál era su destino y aun así no la pudieron doblegar.”
El color y el trasfondo del discurso de Máximo Kirchner
El evento, que comenzó poco después de las 15.30, inició con un video con testimonios y comentarios de cariño de personas, quienes reflejaban el contraste por el malestar con la situación económica actual y los gobiernos de CFK. En la secuencia, los seguidores dejaron expresado su apoyo con la expresidenta y el reclamo para que sea liberada.
Con una estimación de 15 mil personas, entre los asistentes al banderazo en Parque Lezama asistieron numerosos dirigentes del peronismo bonaerense y nacional.
Entre ellos, los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Mariel Fernández (Moreno), Fernando Espinoza (La Matanza), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Mayra Mendoza (Quilmes), Mario Ishii (José C. Paz), Julio Zamora (Tigre), Juani Ustarroz (Mercedes), Julián Álvarez (Lanús), Marisa Fassi (Cañuelas) y Leonardo Boto (Luján). También estuvieron presentes el diputado nacional Juan Grabois, el ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, el ex gobernador de Chaco y senador nacional, Jorge Capitanich, y el presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella.
La convocatoria volvió a exponer la centralidad que el cristinismo le asigna al reclamo por la situación judicial de la ex mandataria. Luego, se movilizó la militancia hacia San José 1111, el edificio donde Kirchner cumple su detención, para manifestar su apoyo.
Para la mayoría de los asistentes, la figura de Cristina Kirchner sigue siendo clave para cualquier armado opositor de cara al 2027, al considerarla la dirigente con mayor caudal de votos aún en prisión.
La discusión sobre el rol de Cristina Kirchner viene generando permanentes divisiones al interior del peronismo. De un lado, están quienes defienden su conducción y consideran que su liderazgo es indispensable. Del otro, sectores justicialistas que reconocen su peso político, pero buscan mayor autonomía e incluso disputar la conducción, como el gobernador Axel Kicillof, el senador sanjuanino Sergio Uñac y sectores del peronismo federal, que se anotaron para incidir en la competencia de 2027.
Estas diferencias terminaron en cruces verbales y posturas irreconciliables, lo que tensiona cualquier tipo de construcción de una alternativa electoral competitiva.
Las fricciones internas en el peronismo obstaculizan el armado de una coalición amplia, condición considerada necesaria para enfrentar a los sectores antiperonistas. En la última elección, la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO consolidó un bloque opositor con alta capacidad de movilización electoral, lo que obliga al peronismo a buscar acuerdos que trasciendan las disputas internas.
El mensaje que surja de Parque Lezama tendrá rebote tanto por la militancia como por los referentes de las distintas corrientes peronistas.
POLITICA
Asamblea General de la ONU: Argentina votó en contra de levantar el embargo económico de Estados Unidos a Cuba
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a rechazar este miércoles el embargo económico de Estados Unidos a Cuba. Sin embargo, hubo 17 países que votaron en contra de esa posición, entre ellos la Argentina.
El canciller Pablo Quirno justificó la decisión del Gobierno de Javier Milei y afirmó: “No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada”.
“El régimen cubano no puede seguir escudándose en la soberanía para justificar la opresión de su pueblo, la persecución política, la supresión de las libertades y la negación de los derechos fundamentales”, remarcó el funcionario en sus redes sociales.}
En la misma línea, Quirno destacó el aumento de votos en contra de dicha resolución y aseguró que “refleja un cambio significativo en el escenario internacional y reafirma el liderazgo de la Argentina en la defensa de la libertad y la democracia”.
POLITICA
Biocombustibles: el oficialismo en Diputados no logra cerrar un acuerdo y las diferencias atraviesan a aliados y opositores
El oficialismo intentó acelerar en Diputados el tratamiento de la nueva ley de biocombustibles, pero las diferencias entre las provincias productoras terminaron por postergar el dictamen. La discusión atraviesa a distintos bloques, incluidos los aliados del Gobierno y Unión por la Patria (UP), donde conviven posiciones diferentes según los intereses industriales de cada distrito.
Mientras legisladores de Córdoba, Santa Fe y las provincias del norte impulsan la aprobación de la media sanción del Senado, los bonaerenses reclaman mayores protecciones para las pequeñas y medianas empresas de biodiésel.
El desacuerdo quedó expuesto durante el plenario de las comisiones de Energía y Combustibles, Presupuesto y Hacienda, y Agricultura y Ganadería, presidido por el libertario Facundo Correa Llano. El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Veller, llegó al Congreso con un mensaje categórico: “Consideramos que no hay espacio para nuevos cambios”.
Sin embargo, los planteos de legisladores de Pro, el MID, la UCR y UP evidenciaron que el consenso alcanzado en el Senado no garantiza el respaldo de Diputados, donde los legisladores bonaerenses tienen un peso mayor que en la Cámara alta.
La iniciativa, que establece un nuevo régimen por 15 años, propone elevar los cortes obligatorios de biocombustibles.
El porcentaje de biodiésel mezclado con gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol incorporado a las naftas subiría del 12% al 15%. Ambos incrementos deberían concretarse dentro de los 12 meses posteriores a la sanción.
El principal conflicto está en cómo se repartirá el mercado del biodiésel entre las grandes aceiteras y las pequeñas empresas independientes, conocidas como “no integradas”.
Hoy, estas pymes tienen reservado todo el mercado correspondiente al corte obligatorio del 7,5% de biodiésel en el gasoil. El proyecto propone elevar ese porcentaje al 10%, pero permitir que las grandes aceiteras también participen del negocio.
En una primera etapa, las pequeñas empresas conservarían una porción exclusiva del 6,5%, mientras que el 3,5% restante quedaría abierto a la competencia. Esa protección se reduciría gradualmente hasta el 4% en 2031 y desaparecería por completo en 2036.
Para las pymes, el cambio supone competir directamente con grandes grupos aceiteros que producen su propia materia prima y cuentan con mayores economías de escala. Los legisladores que reclaman modificaciones advierten que esa apertura podría comprometer la continuidad de unas 25 plantas distribuidas entre Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.
Reclaman cambios
La resistencia más concreta surgió de los aliados bonaerenses del oficialismo.
Desde Pro acercaron una propuesta para aumentar un punto el corte obligatorio de biodiésel, elevar al 6% la participación reservada a las pymes y extender dos años el período de transición, de 2036 a 2038.
“La media sanción arruina las pymes de biodiésel de la provincia de Buenos Aires”, advirtieron desde el espacio, donde sostienen que las modificaciones permitirían preservar la industria regional sin frustrar la sanción de la ley.
El diputado Eduardo Falcone, del MID, también reclamó revisar algunos artículos incorporados durante el tratamiento en el Senado. “Hay 25 pymes que deberían competir con multinacionales que encima les tienen que proveer la materia prima”, cuestionó. Y resumió el problema con un ejemplo: “Una pyme de Saladillo no puede competir con Dreyfus o con Cargill”.
La radical bonaerense Karina Banfi, de Adelante Buenos Aires, se sumó al pedido de negociación. Advirtió que la nueva regulación podría afectar fuentes de trabajo y empresas estratégicas para la provincia, y convocó a alcanzar un acuerdo que contemple los intereses de todos los sectores.
Se trata de dirigentes que habitualmente acompañan al oficialismo en votaciones relevantes, pero que esta vez condicionan su respaldo a la incorporación de cambios para proteger a los productores bonaerenses.
Las provincias defensoras de la media sanción
Del otro lado, la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas) defendió la aprobación del proyecto tal como llegó del Senado y cuestionó que las demandas de las empresas no integradas demoren su tratamiento.
“Hoy quiero ratificar mi apoyo a este proyecto como está”, sostuvo. Recordó que la propuesta original contemplaba un corte de biodiésel del 15%, pero que el porcentaje finalmente acordado fue resultado de varios meses de negociaciones. “Prefiero esta ley a quedarnos en nada”, sentenció.
Scaglia -en línea con Maximiliano Pullaro– advirtió que en Santa Fe hay plantas paralizadas por las restricciones de la legislación vigente y sostuvo que aumentar los cortes permitiría incrementar la producción y el empleo. Los cordobeses aliados al gobernador Martín Llaryora avalan esta postura.
El respaldo al proyecto también se hizo escuchar desde Tucumán. Gladys Medina, del bloque Independencia y aliada del Gobierno, defendió el impacto de la iniciativa sobre la industria azucarera del norte argentino. “Defendemos la caña de azúcar. Defendemos nuestra industria. Defendemos el trabajo”, afirmó.
Mientras las grandes aceiteras y los productores de bioetanol ven oportunidades de expansión con el nuevo régimen, las pymes independientes de biodiésel reclaman garantías para afrontar la apertura de la competencia.
El peronismo
La discusión también genera diferencias dentro de UP. Legisladores de provincias vinculadas con la producción de bioetanol y biodiésel estarían dispuestos a acompañar la iniciativa, mientras que representantes bonaerenses reclaman cambios para proteger a las pequeñas empresas.
Victoria Tolosa Paz, de Buenos Aires, planteó una alternativa concreta: elevar del 10% al 12,5% el corte obligatorio de biodiésel, con el objetivo de ampliar el mercado y mejorar las condiciones de competencia de las empresas no integradas.
“¿Qué pasa si en lugar del corte de 10% lleváramos el corte a 12,5?”, preguntó la diputada bonaerense. Y advirtió: “Lo peor que nos puede pasar en la Argentina es sancionar una ley que deje capacidad instalada ociosa sin producción y, mucho más grave aún, trabajadores despedidos”.
El aumento del corte también introduce en la discusión los intereses de las provincias petroleras, ya que implica incrementar la proporción de biocombustibles incorporados al gasoil. Sin embargo, el neuquino Pablo Todero, de UP, respaldó la propuesta de Tolosa Paz y sostuvo que las diferencias todavía pueden resolverse mediante una negociación.
El jefe del bloque, Germán Martínez, también santafesino, buscó un punto de equilibrio entre las demandas de los distintos sectores. Defendió la posibilidad de modificar la media sanción del Senado, pero pidió que las negociaciones no demoren el tratamiento del proyecto.
“Es probable que los acuerdos alcanzados en la Cámara de Senadores no alcancen para terminar de incorporar a todos los actores productivos”, sostuvo. Y convocó a buscar una salida que contemple tanto a la industria del bioetanol como a las grandes productoras de biodiésel y las pymes no integradas. “Yo creo que podemos conciliar los cuatro intereses”, afirmó.
Martínez también advirtió que cualquier modificación deberá contar con el respaldo del Senado para garantizar la sanción definitiva.
El Gobierno quiere evitar otra negociación
Frente a las diferencias entre los bloques, el Poder Ejecutivo insistió en preservar el acuerdo alcanzado en el Senado. Veller reconoció que el Gobierno aceptó modificaciones que no comparte, entre ellas la ampliación de tres a diez años del período de transición para las empresas de biodiésel.
“El Poder Ejecutivo no se siente cómodo con estos cambios”, admitió el funcionario, aunque reconoció que las concesiones fueron necesarias para alcanzar un consenso en la Cámara alta.
Según explicó, el objetivo central de la iniciativa es eliminar progresivamente los cupos, abrir el mercado a nuevos competidores y reemplazar la fijación administrativa de precios por mecanismos de oferta y demanda.
El oficialismo enfrenta así una negociación que excede la división tradicional entre sus aliados y la oposición. Los intereses productivos de las provincias atraviesan a las bancadas y dificultan los consensos.
Cualquier modificación obligaría a devolver el proyecto al Senado para su ratificación, un escenario que el Gobierno busca evitar para acelerar la sanción definitiva.
la nueva ley de biocombustibles,pic.twitter.com/AgHAEwQHPR,October 13, 2026,Delfina Celichini,Cámara de Diputados,Conforme a
POLITICA
El Gobierno busca reemplazar la emergencia sanitaria por una ley permanente: las claves del proyecto para el sector privado
La inminente finalización de la emergencia sanitaria que desde 2001 protege a los prestadores privados vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento de una red que sostiene buena parte de la atención médica en la Argentina. El proyecto ingresado en la Cámara de Diputados propone reemplazar ese régimen transitorio por reglas permanentes, ante el riesgo de que las deudas acumuladas queden sujetas a ejecución.
El diputado nacional por Jujuy de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que la iniciativa fue remitida a Salud y a Presupuesto y Hacienda.
“Tiene giro a la Comisión de Salud, y Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque tiene alguna cuestión de un costo fiscal que lo vamos a discutir en su momento”, señaló en Infobae Al Mediodía sobre un trámite que deberá completarse antes de llegar al recinto.
La emergencia frenó ejecuciones, pero no eliminó obligaciones
La ley vigente evitó durante 25 años el cobro compulsivo, aunque no liberó a las instituciones de sus aportes, contribuciones e impuestos. Esa distinción ordena la discusión: los pasivos permanecen exigibles y podrían ser reclamados si la protección vence sin una salida legislativa.
“La emergencia sanitaria nacional no exime el pago de aportes y contribuciones, simplemente evita la ejecución forzada de AFIP”, afirmó Quintar.
El legislador advirtió que el cambio de régimen puede tener efectos inmediatos para establecimientos endeudados. “Si nosotros levantamos la emergencia sanitaria, implica que AFIP se da vuelta al día siguiente y sale a ejecutar todos los créditos”, sostuvo.
El proyecto se concentra en los efectores privados, no exclusivamente en las empresas de medicina prepaga, y contempla “clínicas, centros de diagnóstico por imágenes, laboratorios privados, geriátricos”.
Quintar describió a ese universo como una red que incluye establecimientos barriales y del interior del país. “El financiador es la prepaga; pero cuando hablamos del sector privado de efectores de la salud, son las clínicas de barrio, las clínicas que están en el interior profundo de la Argentina”, explicó.
La iniciativa busca evitar que un giro abrupto en el esquema fiscal comprometa la continuidad de esas prestaciones.
El proyecto pone el foco en empleo, camas y atención privada
El argumento central de la propuesta es el peso que tiene el sector en el sistema sanitario. Según Quintar, “hoy el sector de salud privada al que nosotros nos referimos, o por lo menos al que el proyecto se refiere, da trabajo en forma directa e indirecta a un millón y medio de argentinos”.
También comparó esa dimensión con otras actividades: “La minería da aproximadamente trabajo a 115.000 personas; la salud privada, a nueve veces más”.
El diputado citó datos de entidades empresarias para dimensionar el volumen de atención. “El 65 al 70% de la población argentina se atiende y se cura en el sector privado, según un informe de ADECRA de los últimos meses”, expresó. A eso sumó un dato sobre infraestructura: “El 55% de las camas existentes en el país son privadas”.
Para Quintar, la discusión excede un conflicto tributario porque ambas redes son complementarias. “El sistema sanitario no es público o privado, es un sistema sanitario; cuando uno se cae, afecta al resto de los prestadores”, dijo.
Como ejemplo, afirmó que en una clínica privada suele haber turnos “para mañana o el día siguiente o a lo sumo una semana”, mientras que el sistema público absorbe una demanda mayor cuando faltan alternativas.
La moratoria prevé hasta 180 cuotas
El primer capítulo del proyecto apunta a identificar y ordenar las deudas acumuladas durante la emergencia. La herramienta prevista es una moratoria para que las instituciones regularicen obligaciones pendientes bajo un esquema que no afecte su funcionamiento cotidiano.
“Una moratoria grande donde le demos la posibilidad a los contribuyentes que no pudieron pagar, que paguen”, explicó. El texto contempla “hasta 180 cuotas con ciertas facilidades” y, según el diputado, también deberá considerar mecanismos para quienes cumplieron con sus pagos. La premisa, insistió, es que “no hay condonación de deudas, sino facilidad de pago”.
El costo fiscal será uno de los puntos más sensibles del debate. Quintar sostuvo que hay estimaciones y planillas, pero que primero debe establecerse qué parte de la deuda es recuperable y qué efecto tendría una regularización.
“La idea es sincerar el sistema, acomodar el tema del IVA, las cargas patronales y los ingresos de los establecimientos privados para que puedan pagar impuestos”, afirmó. También aclaró: “Nosotros no vamos a avalar un proyecto que rompa con el equilibrio fiscal, pero lo vamos a discutir”.
Resguardar fondos operativos ante embargos
El segundo eje se vincula con embargos y cautelares que pueden afectar cuentas destinadas a la atención. Quintar sostuvo que la actividad enfrenta litigios laborales y reclamos por mala praxis, pero planteó límites para que una medida preventiva no paralice a un establecimiento antes de una sentencia.
“No podemos avalar que un mecanismo de cautelar afecte previamente a una sentencia definitiva el normal funcionamiento de un establecimiento de salud”, dijo.
La propuesta no busca impedir reclamos ni liberar de responsabilidad a quienes incumplan. “Está bien que el establecimiento que tuvo una mala praxis o el médico que cometió un error pague lo que corresponda”, afirmó.
La discusión se concentra en el resguardo de recursos operativos: “Muchas veces, por un juicio laboral, en muchos casos inventado, le congelan las cuentas a una clínica y no puede comprar remedios”.
Las deudas del PAMI y el IVA sobre tecnología entran en la negociación
El proyecto incorpora acreencias históricas vinculadas al PAMI. Quintar afirmó que, al comienzo de la emergencia, “al 90% de los prestadores que daban servicio a PAMI le dejó una deuda de siete meses de prestaciones”. La alternativa en análisis es compensar deudas estatales verificadas con obligaciones tributarias. “Son deudores y acreedores al mismo tiempo”, sintetizó.
También se discute el tratamiento del IVA para equipos médicos. “Vos comprás un resonador de USD 1 millón o un tomógrafo de USD 500.000 y en la mayoría de las actividades te podés tomar el IVA que pagaste”, explicó Quintar. Según señaló, en salud ese crédito no puede utilizarse del mismo modo: “Eso no lo podés hacer en la salud; se está castigando a la inversión”.
El Congreso deberá resolver antes del vencimiento de la emergencia
Quintar evitó anticipar si habrá otra prórroga, aunque descartó que el objetivo sea exponer a los prestadores. “Entiendo que no se va a levantar la emergencia para que se fundan 5.000 establecimientos”, expresó. La intención, aseguró, es reemplazar las renovaciones anuales por una norma permanente: “Este gobierno no quiere más parches; queremos ir sobre el fondo de la cuestión”.
El texto deberá obtener dictamen en las comisiones antes de ser tratado por la Cámara de Diputados. Quintar señaló que la situación cambia según cada provincia y que Jujuy no atraviesa el mismo cuadro que otras jurisdicciones. Aun así, remarcó que la respuesta debe ser nacional: “Tenemos que cuidar los activos sanitarios porque una vez que se cierra un establecimiento es muy difícil volverlo a abrir”.
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