INTERNACIONAL
Ministerio Publico confirma secuestro de evidencias en la Universidad de San Carlos, mientras autoridades universitarias alegan “ilegalidades”
Luego de las diligencias del Ministerio Público (MP) que duraron cerca de ocho horas, la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) calificó de “ilegales” las actuaciones del ente investigador y denunciaron “posibles vulneraciones a garantías constitucionales” y afirmó que el mismo ente investigador suspendió los cateos al “advertir” supuestos “errores en la emisión de la orden judicial”.
Los allanamientos en el campus central de la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, iniciaron en horas de la tarde del viernes 18 de septiembre y concluyeron a eso de las 5 de la mañana de este sábado 19. A través de un breve comunicado en sus redes sociales, el MP confirmó que corresponden a “denuncias relacionadas con presunta eliminación de registros informáticos estudiantiles”.
El MP guardó hermetismo sobre las acciones realizadas dentro de la casa de estudios superiores. No obstante, durante su desarrollo fuentes externas fueron revelando detalles y compartieron documentos que detallaban que el proceso fue autorizado por la jueza Neldy Rodríguez del Juzgado Segundo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, luego de la supuesta pérdida de expedientes que dejaron fuera del ciclo electivo a varios estudiantes de oposición al rector Walter Mazariegos.
Este sábado, el ente investigador informó en sus redes sociales que tras el proceso “se practicó la inspección y registro en equipos de cómputo, se aseguró la preservación de información pertinente en entorno virtual y, se procedió el secuestro de evidencia, todo lo cual oportunamente será objeto de los análisis técnico-científicos aplicables y útiles para la investigación”.
La orden judicial filtrada incluía la identificación, recolección, descarga, extracción, preservación y análisis de registros informáticos, así como bitácoras de acceso, bases de datos, repositorios de almacenamiento y otros activos digitales que estén relacionados con la investigación.
Mientras que la Universidad informó que un trabajador de esa institución educativa quedó bajo custodia de la Policía Nacional Civil (PNC), sin que hasta el momento haya confirmación por parte del MP.
Alegan ilegalidad y se escudan tras las autonomía universitaria
Pese a que en horas de la noche del viernes las autoridades de la Usac dijeron en un comunicado que “respetaban el ordenamiento jurídico” y que colaborarían con las diligencias, este sábado cuestionaron la legalidad de las acciones y la forma como se llevaron a cabo.
“El propio Ministerio Público dispuso la suspensión de las actuaciones al advertir circunstancias que planteaban serios cuestionamientos sobre la legalidad de la medida, incluyendo posibles vulneraciones a garantías constitucionales, errores en la emisión de la orden judicial y aspectos relacionados con la temporalidad de su ejecución”, señalaron en el documento publicado en sus redes sociales.
También alegaron que se utilizaron supuestos “mecanismos de intimidación hacia docentes, trabajadores y personal administrativo universitario, así como el despliegue de recursos coercitivos y armamento cuyo tipo y capacidad responden a escenarios de criminalidad de muy distinta naturaleza”.
Mientras que en un video publicado, calificaron de “desmedido” y “desproporcionado” el uso de armas de fuego dentro de la Universidad, argumentando que se trata de un “centro de enseñanza superior, investigación y servicio público, no un espacio asociado a actividades que justifiquen demostraciones excesivas de fuerza”.
Informaron sobre la captura de un trabajador, pero reprocharon que su detención se realizó “sin que exista una orden de aprehensión en su contra”, lo que calificaron como una “vulneración a sus derechos”.
Las autoridades universitarias alegaron en su video que los trabajadores fueron “retenidos”, muchos de ellos con “crisis nerviosa y problemas relacionados con diabetes”, al tiempo que apelaron, otra vez, a la “autonomía universitaria”, alegando que esta “constituye una garantía esencial para preservar la independencia”, por lo que, según dijeron, “toda actuación estatal dentro de los espacios universitarios debe sujetarse a los más altos estándares de objetividad, transparencia y respeto al orden constitucional”.
Desaparecen expedientes
Entre 40 y 50 estudiantes de la USAC denunciaron el 24 de julio ante el Ministerio Público la desaparición de sus registros académicos del sistema de Registro y Estadística, un hecho que consideraron una “muerte académica” porque afecta trámites de graduación, becas, procesos de investigación y el cierre de carreras, pese a que varios conservan constancias de inscripción para 2026.
Casualmente, todos los estudiantes afectados participaron o dirigieron acciones en contra de la reelección como rector de Walter Mazariegos, tras considerar que realizó un “nuevo fraude” para repetir el cargo por cuatro años más.
Tras la denuncia de las pérdidas de expedientes, las autoridades universitarias atribuyeron las inconsistencias a la pérdida de información ocurrida durante las tomas del campus universitario de 2022 y 2023. Sin embargo, los estudiantes cuestionaron esa explicación porque algunos de los afectados habían ingresado a la universidad después de ese periodo y otros ya habían logrado cursar sin ningún problema en los años posteriores.
Incluso, la vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, pidió a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) intervenir inmediatamente, realizar verificaciones sobre lo ocurrido y emitir recomendaciones al respecto. Mientras que los estudiantes manifestaron cómo les afectaría esta situación este año.
El rector considerado “usurpador” y las más de 15 denuncias penales en su contra
Walter Mazariegos inició su primer período como Rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en julio de 2022, luego de un proceso marcado por denuncias de “fraude electoral”, luego de que, junto con el Consejo Superior Universitario (CSU) y grupos de fuerza encapuchados y armados, impidieran la inscripción de cuerpos electorales opositores.
Este año repitió la estrategia y fue electo a puerta cerrada como Rector durante cuatro años más. Todas estas acciones han acumulado, por lo menos, 17 denuncias penales en su contra y la acumulación o conexión de expediente que eleva las querellas o investigaciones a unos 22 expedientes. Hubo manifestaciones, denuncias y acciones legales, pero muchas de ellas no han prosperado.
Durante la dirección de Consuelo Porras en el Ministerio Público, ninguna de estas investigaciones prosperó. Sin embargo, con la asunción de Gabriel García Luna, como Fiscal General, se iniciaron las diligencia, mismas que ocurren dos días después de que la Corte de Constitucionalidad ordenara a la USAC entregar documentación relacionada con la juramentación de Walter Mazariegos como Rector.
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INTERNACIONAL
El Canal de Panamá ajusta su operación para agilizar reservas y atraer buques más eficientes
El Canal de Panamá anunció modificaciones en su sistema de reservas de tránsito y nuevos requisitos para que los buques que utilicen por primera vez la vía interoceánica participen en el programa NetZero.
Los cambios, comunicados el 30 de octubre, buscan mejorar la asignación de espacios disponibles y facilitar la incorporación de embarcaciones con mayor eficiencia energética.
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) estableció que los cupos cancelados o disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax serán adjudicados mediante una competencia especial. El nuevo procedimiento entró en vigor inmediatamente y recupera los criterios utilizados antes de julio de 2026, cuando se introdujeron ajustes temporales.
El orden de prioridad favorecerá primero a los buques portacontenedores, seguidos por los que transportan gas natural licuado (LNG), gas licuado de petróleo (LPG) y vehículos. Cuando coincidan solicitudes de una misma categoría, se aplicará el criterio Transit TEU Allowance (TTA), cuando corresponda, y posteriormente la clasificación del cliente.
La decisión responde a la normalización del tráfico marítimo después de los cambios registrados en julio, cuando las variaciones en los patrones del comercio internacional aumentaron la presión sobre las reservas. Para las navieras, contar con reglas previsibles permite organizar itinerarios, coordinar operaciones portuarias y reducir la incertidumbre sobre las fechas de tránsito.
Sin embargo, la ACP advirtió que el déficit de agua en la cuenca hidrográfica todavía persiste, por lo que disponer de una reserva continúa siendo el único mecanismo para garantizar una fecha de paso.
Los buques sin cupo confirmado podrían enfrentar demoras considerablemente prolongadas, dependiendo de la demanda y las condiciones operativas.
La segunda modificación corresponde al programa NetZero, diseñado para incentivar inversiones en embarcaciones de bajas emisiones y mayor eficiencia energética.
Desde el 1 de noviembre de 2026, los buques que pretendan realizar su primer tránsito podrán solicitar una evaluación preliminar de arqueo antes de llegar a Panamá.
Este procedimiento permitirá a la ACP determinar anticipadamente el tonelaje, la base de cálculo de los peajes y las características del motor. También facilitará la revisión de los requisitos técnicos necesarios para participar en la competencia por cupos NetZero, sin esperar a que la embarcación llegue a aguas panameñas.
Una de las novedades es que las inspecciones podrán efectuarse en puertos fuera de Panamá, mediante un servicio solicitado por el interesado. Las tarifas serán de USD 14.000 en América, USD 21.000 en Europa y USD 28.000 en Asia, África y Oceanía, sin incluir determinados gastos adicionales.
Los propietarios, operadores o agentes deberán presentar la documentación técnica, asumir los costos y coordinar el acceso al buque. La ACP aclaró que la evaluación preliminar no garantiza automáticamente la participación ni sustituye las verificaciones finales que puedan exigirse antes del tránsito.
Los cambios anunciados se producen mientras el Canal de Panamá enfrenta un nuevo episodio del fenómeno de El Niño en 2026, caracterizado por una reducción de las precipitaciones. Entre mayo y septiembre, las lluvias acumuladas en su cuenca estuvieron un 30% por debajo de lo esperado, una situación que ha obligado a reforzar las medidas de ahorro de agua.
Ante este escenario, la administración canalera ha realizado ajustes en el calado y en la cantidad de tránsitos diarios, además de mantener una vigilancia permanente sobre los niveles de los embalses. El objetivo es preservar suficiente agua para las operaciones marítimas y el abastecimiento de la población, especialmente ante las previsiones de una temporada seca más exigente.
La preocupación se extiende a los próximos meses, debido a que los pronósticos oficiales anticipan un déficit de lluvias entre finales de 2026 y los primeros meses de 2027. Esta situación representa un desafío para el Canal, que deberá equilibrar la demanda del comercio internacional con la disponibilidad de recursos hídricos necesarios para mantener sus operaciones.
En el año fiscal 2026, finalizado en septiembre, el Canal reportó ingresos preliminares por USD 6.600 millones, un aumento del 16,6% frente al período anterior. La actividad alcanzó 13.951 tránsitos y 521 millones de toneladas CP/SUAB, resultados que reflejan la recuperación del movimiento comercial por la ruta panameña.
Las esclusas neopanamax representaron el 52,2% del tonelaje registrado durante el ejercicio fiscal, lo que evidencia su importancia para los grandes buques del comercio internacional. En ese contexto, la disponibilidad de reservas y la eficiencia de las operaciones adquieren especial relevancia para mantener la competitividad de la vía.
Con las nuevas disposiciones, el Canal pretende combinar una asignación más previsible de su capacidad con incentivos a la descarbonización marítima. El desafío será mantener esa eficiencia mientras persisten las presiones sobre los recursos hídricos y las exigencias de un sector naviero que busca reducir costos y emisiones.
Corporate Events,South America / Central America
INTERNACIONAL
Violentas protestas en Italia: manifestantes marcharon contra el gobierno de Meloni y hubo enfrentamientos con la policía
Cientos de miles de estudiantes y trabajadores participaron este viernes en una jornada de huelga y movilizaciones en distintas ciudades de Italia. En Roma, la policía realizó varias cargas y utilizó cañones de agua para dispersar a los manifestantes que intentaron acercarse al Parlamento.
Las protestas convocadas este viernes en Italia contra el aumento del costo de vida y las políticas del gobierno de Giorgia Meloni reunieron a cientos de miles de personas en distintas ciudades del país y derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Roma y Turín.
Las movilizaciones, protagonizadas principalmente por estudiantes, trabajadores y organizaciones sociales, se desarrollaron en el marco de una huelga general convocada por el sindicato Unione Sindacale di Base (USB).
En la capital italiana, la jornada transcurrió con relativa calma durante la mañana, con una marcha estudiantil y el inicio de una acampada frente al Coliseo, que está previsto que continúe hasta el domingo.
Sin embargo, la tensión aumentó a media tarde, cuando una columna de manifestantes procedente del barrio de Trastevere intentó superar el cordón policial para dirigirse hacia el Parlamento.
Los agentes respondieron con escudos y realizaron varias cargas para dispersar a la multitud en un paso sobre el río Tíber.
Según un primer balance provisional difundido por medios locales, ocho personas fueron retenidas para su identificación. Más tarde, los enfrentamientos se trasladaron a la ribera del río y al barrio de Testaccio, donde algunos manifestantes arrojaron botellas, petardos y otros objetos contra los policías, que utilizaron cañones de agua a presión.
Ante los intentos de acercamiento a las sedes institucionales, las fuerzas de seguridad también bloquearon los accesos a la Piazza Colonna, donde se encuentra el Palacio Chigi, sede del Ejecutivo, y a la Piazza di Montecitorio, donde funciona la Cámara de los Diputados.
Protesta
INTERNACIONAL
Minnesota Dem declined to refer Ilhan Omar for ethics probe despite fellow lawmaker’s 2019 request
Rep. Angie Craig, D-Minn., directed a Minnesota state lawmaker to the congressional ethics complaint process in 2019 after he urged her to seek an investigation into Rep. Ilhan Omar, D-Minn., according to correspondence obtained by Digital.
In a 2019 letter, Craig told Steve Drazkowski, then a Minnesota state representative, he could submit a complaint himself to the Office of Congressional Ethics (OCE) if he wanted to pursue an investigation into Omar.
The Office of Congressional Ethics website states that members of the public, advocacy organizations and members of Congress can submit information regarding alleged misconduct to the agency’s Office of Congressional Conduct (OCC).
Complaints may also be submitted to the House Committee on Ethics.
ILHAN OMAR’S TURBULENT WEEK EXPLAINED: THE DUELING PROBES THAT THREW THE SOMALI-BORN PROGRESSIVE INTO CHAOS
Craig wrote, «With respect to your request for an ethics inquiry into Rep. Omar, the Office of Congressional Ethics (OCE) of the U.S. House of Representatives is the independent, non-partisan entity charged with reviewing allegations of misconduct against Members, officers, and staff of the U.S. House of Representatives and, when appropriate, referring matters to the House Committee on Ethics.
«The OCE accepts and reviews information concerning allegations within its jurisdiction from members of the public.»
Craig’s response came two days after Drazkowski sent her a letter urging her to refer his concerns to the House Ethics Committee, then chaired by former Rep. Ted Deutch, D-Fla.
Among Drazkowski’s accusations was that Omar filed joint tax returns with Ahmed Abdisalan Hirsi in 2014 and 2015, despite the two not being legally married at the time.
Digital obtained a copy of a report by the Minnesota Campaign Finance and Public Disclosure Board indicating that Omar and Hirsi jointly filed their tax returns in 2014 and 2015.
Omar legally married Ahmed Nur Said Elmi on Feb. 12, 2009, in Hennepin County, Minn., according to Newsweek. Omar and Elmi’s legal divorce proceeding concluded in December 2017. In a 2017 filing from her divorce case obtained by Digital, Omar stated she had not been in contact with Elmi since 2011.
«Representative Craig, I am your constituent. In that capacity, I formally request that you immediately forward the attached material, and open an ethics investigation in the United States House of Representatives regarding actions taken by Rep. Ilhan Omar leading up to the 2018 election,» Drazkowski wrote.
COULD TRUMP REVOKE ILHAN OMAR’S CITIZENSHIP FOR ALLEGED BROTHER MARRIAGE? EX FEDERAL PROSECUTOR BREAKS IT DOWN
«This month, the Minnesota Campaign Finance Board issued a report on Rep. Omar, who found that she broke multiple Minnesota campaign finance laws,» Drazkowski wrote.
Drazkowski told Digital he was first prompted to seek an investigation from the Minnesota Campaign Finance Board into Omar after noticing that she had not filed a required statement of economic interest with the board.
The board confirmed in a statement to Digital that Omar submitted the statement of economic interest after she was made aware that Drazkowski’s complaint triggered an investigation.
Drazkowski said the information he included in two complaints to the board ultimately contributed to the board’s determination that Omar had violated state campaign finance laws.
FEDERAL AGENTS RAID ILHAN OMAR’S DC HOME AMID IMMIGRATION FRAUD INVESTIGATION
On June 6, 2019, the board issued findings after Drazkowski filed two separate complaints. The board found that Omar had improperly used $1,500 in campaign funds to pay for personal tax-related services concerning the tax returns she filed jointly with Hirsi in 2014 and 2015.
The board also required Omar to repay campaign funds she had used to pay for travel to Boston, New York and Washington, D.C.
After the campaign’s 2019 assessment of the violations, Omar stated that she was «glad» the process was over and was «glad» to know that the board did not find her guilty of having used the money for personal use as was first alleged.
After receiving Craig’s response, Drazkowski, who lived in her congressional district, submitted his own complaint seeking an ethics investigation into Omar.
«Please find below my formal request for an investigation into the activities of Congresswoman Ilhan Omar (D-MN),» Drazkowski wrote to the Ethics Committee, which he also shared with the OCE.
«The United States of America is a nation of law and order. No one is above the law, and our elected officials must always be held accountable. We demand the highest of ethical standards from every member of Congress.»
Despite submitting his concerns, Drazkowski told Digital he struggled to obtain a substantive response through the congressional ethics process.
He said he subsequently brought his allegations to the FBI’s Minneapolis office after receiving no substantive response from the ethics process or Craig’s office.
«I went to the FBI and unloaded all the information I had to them, including names and phone numbers of people,» Drazkowski told Digital.
Drazkowski said he received no meaningful response from federal investigators and expressed frustration with the bureau’s handling of the information.
The House Ethics Committee and FBI declined Digital’s requests for comment.
Omar and Craig did not respond to Digital’s requests for comment.
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