La polémica abierta a raíz de los viajes y las propiedades del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, obligó al Gobierno nacional a revisar la dinámica de la comunicación, uno de los principales activos al inicio de la gestión, que muestra signos de agotamiento desde hace algunos meses. Es que en el oficialismo detectaron problemas que -incluso- sobrepasan la situación del ministro coordinador.

Las quejas no solo parten de la imposibilidad de dejar atrás la polémica que lleva 68 días, sino que exponen además el silencio en la virtualidad y la falta de difusión de las actividades de los nueve ministerios.

“Hace dos meses estamos intentando dejar atrás el caso”, planteó con visible agotamiento un funcionario a Infobae. “No hay estrategia de comunicación. Es cierto que la situación de Adorni encapsuló, pero no hay plan para modificar el tema”, coincidió una fuente oficialista.

En la administración libertaria advirtieron que, los constantes movimientos de la causa judicial debieran ser “contrarrestados” con “datos positivos” de gestión para evitar la mediatización de la investigación. Algo que parece no ocurrir por lo menos desde hace semanas. El diagnóstico es compartido por varios integrantes de la gestión, aunque los argumentos son diversos.

Por un lado, algunos marcan la vacancia natural que dejó Manuel Adorni tras suspender durante dos meses las conferencias de prensa, la principal instancia de comunicación oficial. Al mismo tiempo, observan cierta quietud en el ecosistema digital coordinado por el asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dejó a cargo de esa tarea.

“Hay todo un sector que está desaparecido. Hay un déficit natural por la situación de Manuel (Adorni) y su corrimiento como vocero en la diaria, pero a eso se suma que no hay estrategia“, plantearon desde el Poder Ejecutivo.

Lo cierto es que desde la mediatización del caso, el exvocero evitó la exposición hasta la fallida conferencia del 25 de marzo, en la que tensó el vínculo con la prensa acreditada en un intento por explicar su situación. El 4 de mayo volvió a la sala, se expuso a las preguntas y retomó las entrevistas en las que evita confrontar.

Pese a los intentos por cambiar la agenda, las conferencias parecen estar teñidas por la temática como ocurrió al cierre de la primera semana del mes, el 8 de mayo, cuando los ministros Luis Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad) condicionaron su declaración a la línea de los anuncios luego de ser consultados por presuntos sobreprecios y, en particular, por la situación patrimonial del funcionario.

En otro sector del oficialismo coincidieron en la lectura, pero expusieron su propia explicación que respalda la pérdida de dinamismo en la conversación en redes. “Las cuentas no se mueven mientras todo el mundo pelea”, cuestionaron desde el ecosistema.

Llama la atención de varios el cambio registrado en un terreno dominado por los libertarios, que supo exhibir una intensa actividad digital impulsada por un ejército de cuentas con capacidad incluso para remover del cargo a algunos funcionarios. “Hay una conclusión lógica de que el mundo digital está apagado”, señalaron por los pasillos de Balcarce 50.

Existe un acuerdo generalizado en torno a que la comunicación “se ve estancada”, con una multiplicidad de explicaciones que parecen no converger. Algunas voces solo lo atribuyeron a la falta de regularidad de las conferencias, de las que solo se realizaron tres en los últimos casi 70 días. “El Gobierno tenía una dinámica de comunicar las cosas a través de las conferencias, en torno al vocero, y hacer algunos anuncios puntuales”, admitieron.

Asimismo, aclararon que la merma en las redes sociales responde a una lógica orgánica, que suele alinearse detrás las figuras centrales del mundo de X, pero que además se mezcla con un componente descentralizado en el que los libertarios no ocultan su descontento con un sector del Gobierno, en particular de los referentes que responden a Karina Milei. “Tienen bastante vida propia”, resumieron ante este medio conocedores del mundo virtual.

“No funciona bajarle lo que tienen que decir o a quién deben defender. Cuando no es forzado funciona y cuando no lo es, no. Para que sea viral o tenga fuerza tiene que ser genuino”, sumaron además.

Al respecto, se cuidaron de aclarar que la merma en el mundo digital no tiene nada que ver con el caso que involucra al ministro coordinador. Incluso, señalan como punto de inflexión la denuncia penal del armador de la provincia, el diputado Sebastián Pareja contra algunos tuiteros por “hostigamiento digital”. El accionar del referente territorial profundizó el malestar que se generó en pleno armado de listas bonaerenses, en la previa a los comicios de septiembre de 2025, cuando los referentes de Las Fuerzas del Cielo, sector con mayor peso en la virtualidad, quedaron relegados de las nóminas.

“El descontento no tiene que ver con Adorni. Los denunciaron desde adentro de La Libertad Avanza en la justicia, llamaron a indagatoria a twitteros. Eso influye un poquito”, ironizó una fuente en tema.

En la Casa Rosada observan con preocupación la pérdida de iniciativa que supo distinguir a la gestión: ya no aparecen “domadores” dispuestos a ordenar la discusión pública y los “chads” de las redes parecen haber optado por el silencio. En ese escenario, el oficialismo estudia alternativas para reactivar una maquinaria comunicacional que, por ahora, sigue sin encontrar un rumbo claro.

daniel \el gordo dan\ parisini

A seis meses de iniciada la gestión presidencial de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, el país sufre desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicinas por bloqueos de rutas. Agricultores del altiplano, apoyados por la Central Obrera Boliviana, exigen la renuncia del jefe de Estado en el marco de reclamos por mejoras salariales que paralizan el territorio desde hace diez días.

Ante esta crisis, el gobierno de Javier Milei dispuso el envío de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea. El canciller argentino, Pablo Quirno, detalló que se realizará una “contribución de carácter humanitario y temporal” mediante puentes aéreos para transportar mercaderías, motivada por el auspicioso momento de la relación bilateral.

A solicitud del gobierno boliviano, y en virtud de la situación que ha derivado en el desabastecimiento de alimentos y bienes esenciales en varias ciudades del vecino país, el gobierno de la República Argentina ha decidido prestar su colaboración enviando un avión Hércules C-130…

— Pablo Quirno (@pabloquirno) May 15, 2026

Paralelamente, Argentina firmó un documento conjunto con Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Los ocho países manifestaron preocupación humanitaria y expresaron: “Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático y a alterar la institucionalidad del Gobierno constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia”, elegido en las elecciones de 2025.

pic.twitter.com/NCnFguXrZ0

— Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) May 16, 2026

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El impacto económico de las protestas es severo. El Ministerio de Turismo boliviano reportó pérdidas de 456,9 millones de bolivianos en diez días y advirtió que el conflicto expone “la alta vulnerabilidad del turismo frente a los conflictos sociales”. Además, se proyectan cancelaciones de visitantes por 6.200 millones de bolivianos para este año.

Por su parte, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estimó un perjuicio global superior a los 500 millones de dólares para el agro, la industria y el transporte. Los bloqueos se concentran principalmente en el departamento de La Paz, lo que mantiene interrumpido el tránsito terrestre hacia el interior boliviano, Chile y Perú.

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Luego de que la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retomara el dictado de clases en todas sus facultades el miércoles pasado tras la realización de la cuarta Marcha Federal Universitaria, este viernes distintas organizaciones gremiales anunciaron una nueva semana completa de paro.

La medida de fuerza fue confirmada por la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP), la Asociación de Trabajadores de La Plata (ATULP) y la Federación Universitaria de La Plata (FULP), quienes indicaron que se realizará en la semana del 25 al 31 de mayo.

“En el marco de lo definido en el Plenario de Secretarios y Secretarias Generales de la Conadu, nuestra organización sindical convoca al paro durante toda la semana del 25 de mayo”, informaron al remarcar que el objetivo será visibilizar la situación del sistema universitario y aumentar la presión sobre el Gobierno nacional.

Aunque las actividades académicas regulares de la UNLP se verán interrumpidas por la protesta gremial, desde ADULP señalaron que durante esa semana se realizarán “jornadas de protesta, clases públicas y otras actividades”. Según la información publicada por el medio platense 0221, se mantendrá el reclamo “por paritarias libres, la recuperación de nuestro salario, la actualización de las becas y más presupuesto para la universidad pública y la ciencia argentina”.

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia. Asimismo, advirtieron que podrían extender la medida hasta que la situación no se resuelva.

Durante la lectura del acta central, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales denunciaron que la situación de las casas de alto estudio públicas era crítica, tras apuntar que “el Gobierno nacional incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario”.

De la misma manera, señalaron que las transferencias de fondos a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026. Asimismo, indicaron que las partidas destinadas a los gastos de funcionamiento no superaron el 64% del valor que tenían antes del cambio de gestión.

Al mismo tiempo que reclamaron por una pérdida del poder adquisitivo del 37,13% respecto del salario docente y no docente, apuntaron contra el congelamiento de las Becas Progresar. Una medida que mantiene los mismos valores que se otorgaban en 2023, pese al incremento de la inflación acumulada del 239,30%.

Desde el Gobierno nacional comenzaron a preparar una nueva convocatoria con las autoridades de universidades públicas para la semana próxima, con el objetivo de discutir la situación de los hospitales universitarios y actualizar el esquema de fondos destinados a su funcionamiento.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, el Poder Ejecutivo mantiene como base de negociación la adaptación de la Ley de Financiamiento Universitario, actualmente en la Cámara de Diputados. El proyecto oficial prevé un aumento del 12% en los fondos y la actualización de los gastos de funcionamiento, una medida autorizada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta nueva ronda de diálogo surge tras el desacato del Ejecutivo a los fallos judiciales que ordenaron el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. A ese incumplimiento se suma una reducción de $78.768 millones en el presupuesto y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios universitarios, según reportaron fuentes oficiales.

En respuesta al conflicto, el Gobierno busca evitar una intervención de la Corte Suprema de Justicia y aspira a alcanzar un acuerdo que pueda ser homologado judicialmente. “Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Se puede acordar y homologar en el juzgado. El Gobierno cumpliría, pero el CIN debería desistir de la acción judicial”, señaló una voz del oficialismo.

La negociación sería instrumentada desde el Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias que dirige Alejandro Álvarez. No obstante, todavía no estaría fijada la fecha en la que se realizaría la reunión entre las partes.

Aunque el Gobierno minimizó la movilización que reunió a más de 140 mil personas en Plaza de Mayo, admitió preocupación por la escalada del conflicto universitario. Por esto, trabajan en la búsqueda de una “diagonal” que permita contener a una parte del sector y evitar mayores tensiones, en un contexto marcado por la falta de consenso legislativo para la aprobación definitiva de la ley.

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