POLITICA
Misiones: Passalacqua hizo formal la ruptura con Rovira y el Gobierno podría perder más votos en el Congreso
Hugo Passalacqua presentó este lunes ante la Justicia Electoral Nacional su renuncia como afiliado de Encuentro Misionero (EM). El partido era una creación de su ahora archienemigo y ex aliado, Carlos Rovira. El gobernador de la provincia de Misiones primero se quitó el lastre de haber sido designado vicepresidente del espacio. Ahora se fue con un portazo.
Rovira había sepultado hace unos meses el Frente Renovador de la Concordia (FRC). Esta alianza de peronistas, radicales, sindicalistas y pequeños productores había sido forjada por él, Passalacqua y otro ex gobernador, Maurice Closs, a principios de siglo. El objetivo era doble: gambetear el “que se vayan todos” y romper con la conducción férrea de Ramón Puerta.
Para reemplazar el FRC, creó el EM. Pero se olvidó de avisarles a sus socios. Closs había quedado al margen hacía años. En cambio, Passalacqua fue electo con ese sello en 2023.
La decisión del caudillo precipitó la ruptura. El gobernador se rodeó de intendentes que habían sido ninguneados por Rovira. Recuperó a Closs e hizo su propia mesa política. En el mientras tanto, corrió de su gabinete a quienes no le juraron lealtad.
La dimisión de EM era algo que se veía venir. Las proyecciones indicaban que Passalacqua lo haría después del acto del 17 de agosto. Pero el pedido del gobernador a los diputados para que definan en qué vereda quedan precipitó el anuncio realizado a través de un posteo en X.
“Renuncié al partido Encuentro Misionero (ex Partido de la Concordia Social, al que me afilié oportunamente)”, fue el escueto mensaje que publicó. El tuit incluía una captura de la nota remitida a la Justicia Electoral Nacional.
Mientras, la Legislatura unicameral de Misiones es el escenario de una peregrinación. El FRC tenía 21 representantes sobre un total de 40. Ahora, unos 16 se reacomodaron en el espacio del gobernador que tiene el nombre provisorio de “Movimiento por lo que viene”. El resto, los últimos leales, se sentarán junto a Rovira el próximo jueves 13 cuando el cuerpo reinicie la actividad.
Cómo impacta en el poroteo en el Congreso
La Casa Rosada está siempre muy ajustada en las votaciones de leyes. Hasta el momento, la administración de Javier Milei podía contar con los dos senadores y un par de diputados del oficialismo misionero.
La crisis entre Passalacqua y Rovira quebró ese acuerdo que el Poder Ejecutivo había sellado con el caudillo y con el gobernador convidado de piedra.
El capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada sirvió para modificar el status quo. Misiones tiene un 90% de sus fronteras con Brasil y Paraguay. Abrir la posibilidad de que los extranjeros puedan comprar tanta tierra como quisieran encendió todas las luces rojas.
En ese contexto, Passalacqua pidió a los senadores de su espacio Carlos Arce y Sonia Rojas Decut que rechacen la norma. Los legisladores quedaron entre la espada y la pared. Es que Rovira había comprometido a la Rosada sus votos.
La idea, hasta el momento, es que den quórum, aprueben en general el proyecto y se abstengan o rechacen el capítulo de tierras. Un día después de la sesión en la Cámara Alta, se espera que Rojas Decut rompa y conforme un monobloque.
Si los cambios al texto de último momento antes de la sesión del jueves 6 logran su objetivo de desenredar la situación, la iniciativa debería ir a Diputados. El oficialismo también tiene que porotear ahí. Desde el vamos tendrá un voto menos de los que hubiera tenido tiempo atrás. Se trata del exgobernador misionero Oscar Herrera Ahuad.
“Votar esta ley sería ir en contra de las economías regionales y de la política del Gobierno provincial de cuidado del ambiente y del sistema productivo”, afirmó el ex mandatario provincial. “Misiones tiene una realidad propia. Nuestra tierra significa producción, familia, ambiente, arraigo y soberanía. Y eso es lo que tenemos que defender”, agregó.
Desde el espacio de Passalacqua ya cuentan a Herrera Ahuad como propio. Incluso lo imaginan candidato a intendente de Posadas. En su entorno lo descartan. Pero deslizan que siempre hubo buen diálogo con el gobernador y que esperaba definiciones del mandatario en estos días para terminar de deshojar la margarita.
Herrera Ahuad tenía la idea de cumplir el pacto electoral y completar el mandato de cuatro años como diputado nacional para el que fue electo en 2025. Pero ahora el escenario es distinto. “Es todo muy dinámico”, deslizaron en su despacho.
El reciente Decreto 681/26, que modifica la ley de migraciones para impedir el ingreso o revocar la residencia de extranjeros que hubieran emitido mensajes de odio contra el pueblo argentino, es un excelente ejemplo para ilustrar, por el absurdo, lo que un decreto de necesidad y urgencia no debe ser. Su inconstitucionalidad es flagrante por el contenido, pero lo es más por la vía elegida.
Quienes lo rechazan (una categoría que incluye también a personas que habitualmente apoyan las políticas del gobierno nacional) se han detenido por lo general en el primer aspecto. No les falta razón. Los mensajes de odio a los que se refiere el decreto se vinculan a lo que se ha denominado la “campaña antiargentina”. Los considerandos del decreto no emplean esa expresión, pero la idea está expuesta con claridad: “Que han aumentado considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional”. Ese supuesto fundamento se expone en términos dogmáticos, como una verdad que no necesita ser demostrada. Aunque no se lo aclara, es obvio que los “mensajes de odio” son las críticas que despertó en las redes sociales el desempeño de la selección argentina de fútbol y algunas expresiones de personalidades conocidas internacionalmente, como el actor estadounidense Samuel L. Jackson, que acusaron a los argentinos de racistas. Cada tanto surgen ciertas estupideces de este tipo. Hace unos años, el diario The Washington Post señalaba, como si se tratara de un acto de discriminación, que en la selección argentina no había negros.
De todas formas, por injustas y reprobables que nos parezcan, estas voces no son parte de ninguna campaña, si por tal se entiende una acción planificada. Tampoco se podría hablar de una campaña argentina contra los extranjeros o algunas clases de extranjeros cuando se recuerdan afirmaciones de altos funcionarios del gobierno nacional o importantes dirigentes del oficialismo que emiten mensajes del más crudo racismo. Son manifestaciones individuales, aunque alguien podría sospechar en una fuerza política tan verticalista si son alentadas o por lo menos admitidas por la fraternidad gobernante. Llama la atención, en todo caso, que se mencione como uno de los fundamentos de la medida el Pacto de San José de Costa Rica en cuanto prescribe que se debe prohibir por ley “toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional” si se tiene en cuenta que el presidente de la Nación expresa reiteradamente que “no odiamos suficiente a los periodistas”. Acaso haya odios buenos y odios malos.
¿Quién determinará si un extranjero que ingresa en nuestro territorio odia al pueblo argentino? Un empleado administrativo de migraciones. ¿Sobre qué base? ¿Se pasará horas y horas navegando por las redes sociales a la pesca de algún mensaje que lo haga aparecer como un odiador? ¿O algún organismo del Estado argentino practicará por él ese patrullaje? Por no hablar de la vaguedad de la tipificación de los discursos de odio, que evoca la manipulación de este concepto por parte del kirchnerismo. ¿Asistiremos a la creación de un NODIO libertario?
En cualquier caso, ese es un debate que eventualmente debería dar el Congreso, que así como sancionó, puede modificar la ley de migraciones. ¿Lo puede hacer también el Presidente? Solo mediante un decreto de necesidad y urgencia “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (art, 99, inc. 3, CN). La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que esas circunstancias se configuran en dos hipótesis: 1) si materialmente el Congreso no se puede reunir, por ejemplo, en caso de una catástrofe natural; 2) si la necesidad de dictar cierta medida es tan urgente y apremiante que no se pueden esperar los plazos que, aun imprimiéndoles un trámite acelerado, demanda el proceso de formación y sanción de las leyes.
Como actualmente no existe ninguna circunstancia que impida la reunión del Congreso, solo cabría dictar un decreto de necesidad y urgencia en la segunda hipótesis. ¿Cuál es, entonces, la urgencia? Los considerandos del decreto ni siquiera intentan identificarla. Como suele suceder en estos casos, se conforman con la mecánica cita del artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, sin justificar el motivo por el cual en este caso concreto hay esa urgencia. Les basta decir: “Que la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes”.
¿Pero qué ha ocurrido? ¿Hay una súbita oleada de odiadores intentando ingresar a la Argentina? ¿Las imágenes de Ezeiza como una Ceuta sudamericana nos están siendo ocultadas? La fundamentación de este decreto groseramente inconstitucional es tan absurda que no merece mayor comentario. ¿Nos tranquiliza o más bien nos debe preocupar que el Poder Ejecutivo sabe que además es impracticable, que solo intenta sacar rédito del nacionalismo mundialista y que pronto los algoritmos serán el caldo de cultivo de otra medida populista contra un nuevo enemigo imaginario?
Osvaldo Pérez Sammartino,LA NACION,Política
POLITICA
Las imágenes de la reconstrucción que muestran cómo Piccirillo le habría plantado drogas y un arma a Hauque
La Justicia incorporó este lunes las imágenes de la reconstrucción del hecho donde Elías Piccirillo le habría plantado un arma y drogas al financista Francisco Hauque. La medida de prueba fue realizada en Puerto Madero, durante el mes de junio.
La medida, ordenada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Ariel Lijo, tenía por objeto establecer si el exmarido de Jesica Cirio pudo colocar dos paquetes de cocaína y una pistola en el interior del vehículo durante un breve trayecto nocturno.
En las imágenes, a las que tuvo acceso TN, se puede ver cómo los agentes de la Policía Federal simulan el recorrido que los involucrados habrían realizado esa noche.
La reconstrucción fue solicitada por la defensa de Piccirillo y la diligencia se limitó al segmento señalado por sus abogados: el recorrido del Audi Q8 desde el hotel SLS, en Juana Manso 1725, hasta el edificio Oceana Puerto Madero, en la avenida Juana Manso 1481.
Ese trayecto tuvo lugar el 17 de enero de 2025, alrededor de las 21:57, cuando Piccirillo se subió al vehículo, conducido por Hauque, por la puerta trasera del lado derecho. Minutos más tarde, Hauque y su pareja fueron detenidos en un falso operativo donde les encontraron el arma y la droga.
“Es obvio que está todo armado”, se escucha decir a la mujer de Hauque en el video de esa noche, mientras él se encontraba esposado y era interrogado por los policías.
La causa
El operativo, al que asistió Piccirillo, que se encuentra en prisión domiciliaria, simuló varias veces el recorrido que realizó Hauque la noche del 17 de enero.
Según la investigación, Hauque pasó a buscar al ex de Cirio por la Torre SLS de Puerto Madero y, posteriormente, ambos se dirigieron a una cena en el Palacio Duhau para conversar sobre una deuda de 6 millones de dólares que Piccirillo tenía con Hauque.
Piccirillo insistió en que Hauque lo secuestró y le hizo firmar dicha entrega de dinero con un escribano: “Esto no se trata de una deuda. Si fuese así, yo tengo una empresa y 330 empleados, por lo que se resolvería”, dijo.
Los investigadores sostienen que Piccirillo se ubicó en el asiento trasero del vehículo y habría ocultado en un saco el arma y la droga que posteriormente fueron encontradas en el auto de Hauque. El dato revelador es que era una noche de mucho calor y en las imágenes de cámaras de seguridad se lo ve a Piccirillo con un tapado.
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Posteriormente, la jueza federal María Eugenia Capuchetti anuló este expediente, ya que concluyó que estuvo plagado de irregularidades por los efectivos que estuvieron involucrados en el operativo.
Fue en ese momento que el empresario acusó a Piccirillo de haberle armado una causa con la Policía de la Ciudad debido a una deuda millonaria. Por este motivo, se inició una investigación sobre los agentes que estuvieron presentes en aquella detención y el marido de Jesica Cirio, lo cual derivó en su detención.
Elías Piccirillo, Puerto Madero, Justicia
POLITICA
Tras haber detectado inconsistencias en el informe patrimonial de Insaurralde, el fiscal podría ampliar el pedido de indagatoria
La fiscalía federal que investiga a Martín Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero comenzó a analizar en profundidad el informe pericial patrimonial incorporado recientemente al expediente y evalúa ampliar el pedido de indagatoria contra el exintendente de Lomas de Zamora.
La decisión se analiza luego de detectar supuestas inconsistencias entre los ingresos declarados, los gastos relevados, la aparición de supuestos testaferros abonando viajes al exterior y distintos movimientos económicos que, según la Justicia, todavía no tendrían una explicación suficiente.
El fiscal Sergio Mola trabaja sobre la pericia contable y analiza sumar nuevos elementos a un eventual requerimiento ante el flamante juez Rodriguez Ponte, que reemplazará a Luis Armella. Entre los puntos bajo revisión aparecen pagos en efectivo, gastos en viajes y hoteles, operaciones patrimoniales y movimientos vinculados a la situación económica de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici durante el período comprendido entre 2010 y 2023.
Según fuentes vinculadas al expediente, el informe presenta diferencias entre los ingresos declarados y los gastos detectados. También se mencionan pagos realizados en efectivo que, según la investigación, no contarían con documentación suficiente para reconstruir el origen del dinero utilizado.
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Entre las observaciones que analiza la fiscalía aparecen US$ 231.683 correspondientes a pasajes abonados por un tercero identificado como Armando J. Ríos. De acuerdo con la investigación, los funcionarios judiciales evalúan si esa persona pudo haber actuado como un supuesto testaferro de Insaurralde.
Otro de los puntos bajo análisis es el préstamo de US$ 250.000 que Jesica Cirio declaró haberle realizado a Insaurralde. Desde la Justicia cuestionan que ese monto pueda explicar la totalidad de los gastos observados y consideran que la operación podría formar parte de una maniobra destinada a justificar fondos cuya procedencia todavía se investiga.
La defensa del exfuncionario había pedido el cierre de la causa al sostener que ese préstamo permitía justificar los gastos cuestionados y que, al tratarse de un matrimonio, debían contemplarse los ingresos de ambos integrantes de la pareja.
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El informe contable incorporado al expediente determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 durante el período analizado, mientras que los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. La pericia consignó un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos declarados con los gastos y las aplicaciones patrimoniales detectadas.
La investigación también puso el foco en los viajes realizados durante esos años. Según la pericia, Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, además de $14.313.904 en ese mismo período. En el caso de Cirio, se registraron US$136.068 en pasajes y otros $7.635.046, mientras que también se relevaron $35.158.185,84 correspondientes a gastos del grupo familiar en viajes.
Para avanzar con el análisis, Mola se reunirá con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) con el objetivo de terminar de evaluar los números y definir los próximos pasos dentro del expediente.
La causa además cuenta con un nuevo juez a cargo: Luis Rodríguez Ponte, recientemente designado en el cargo durante el gobierno de Javier Milei.
La línea de investigación por los videos con dólares
En paralelo al análisis patrimonial, la Justicia continúa con otra línea de investigación vinculada a los videos en los que aparecen fajos de dólares en un vestidor. Los investigadores buscan determinar si el material es real, cuándo fue grabado, dónde se registró y quién era el dueño del dinero mostrado en las imágenes.
Según la información incorporada al expediente, los videos se habrían grabado en abril de 2023. La Justicia también confirmó que hubo modificaciones en la mansión ubicada en Fincas San Vicente y analiza si ese lugar fue donde se registraron las imágenes.
Durante las inspecciones oculares realizadas en el departamento de Jesica Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad de San Vicente, los investigadores detectaron diferencias entre los vestidores relevados y el ambiente que aparece en los videos difundidos.
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En la mansión de San Vicente, donde se ubicaba el vestidor, los investigadores encontraron “silloncitos y una mesa”, elementos que serán comparados con las imágenes para determinar si se trata del mismo lugar. La Justicia todavía debe establecer la tasación final de la propiedad.
El expediente también incorporó un estudio para determinar si los videos presentan algún tipo de manipulación. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) fue convocada para analizar la autenticidad del material.
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Entre los próximos pasos de la causa figuran determinar si los videos son auténticos, establecer la cantidad total de dinero que aparece en las imágenes, precisar si fueron grabados en la mansión de San Vicente y definir quién era el verdadero dueño de los fondos exhibidos.
La investigación contra Insaurralde comenzó a tomar impulso tras la difusión del viaje que realizó junto a Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023 y luego incorporó nuevas líneas de análisis vinculadas tanto al patrimonio del exintendente como a los videos con dólares.
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