El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció este miércoles que el 13 de julio último presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para expresar su “más enérgico rechazo a la realización de los movimientos del buque HMS Medway”, que fue “ilegalmente destacado en las Islas Malvinas” y por el que Argentina «no fue debidamente notificada de conformidad con los acuerdos y declaraciones bilaterales vigentes”.

Esas acciones, indicó la Cancillería, “involucraron el tránsito” de ese bique por el Mar Territorial argentino”.

La presentación se hizo por instrucción del canciller Pablo Quirno y, si bien se había formulado el pasado 13 de julio, se dio a conocer este miércoles por la noche, después del triunfo de la selección argentina sobre Inglaterra por 2 a 1 en las semifinales del Mundial 2026.

El Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió en un comunicado que “esta acción unilateral constituye una violación a los compromisos asumidos por ambos Gobiernos en la Declaración Conjunta del 25 de septiembre de 1991, que sustituye los anexos 1, II, III y IV de la Declaración Conjunta dada en Madrid el 15 de febrero de 1990, en su apartado 1.2 ‘Medidas de fortalecimiento de la confianza’, punto ‘b’ (texto según la Declaración Conjunta dada en Buenos Aires y Londres el 12 de julio de 1993)”.

“El Gobierno argentino rechaza con firmeza esta incursión militar británica en espacios bajo jurisdicción argentina, que se suma a una política sostenida de actos unilaterales incompatible con las resoluciones de las Naciones Unidas y con el deber de ambas partes de abstenerse de alterar la situación mientras la disputa de soberanía permanezca pendiente de solución”, indicó la Cancillería.

Y señaló que “tales movimientos inconsultos e ilegales contravienen los compromisos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países, al tiempo que se suman a la larga serie de acciones unilaterales que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte realiza en contravención de la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas”.

Esa resolución, recordó la Cancillería, “que exhorta a ambas partes a que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación de las Islas Malvinas mientras se encuentre pendiente de solución la controversia de soberanía”.

“Lejos de generar las condiciones de confianza y entendimiento que exige una relación bilateral madura, estas acciones profundizan las tensiones en el Atlántico Sur, desconocen el mandato reiterado de la comunidad internacional y obstaculizan los esfuerzos argentinos por avanzar hacia una solución pacífica y negociada de la controversia”, alertó el gobierno argentino.

Y reafirmó “una vez más sus legítimos e imprescriptibles derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

“Por historia, por derecho y por convicción, las Malvinas son Argentinas”, postuló la Cancillería.

Pedido de Unión por la Patria

Un grupo de diputados de Unión por la Patria (UP) había impulsado el lunes último un pedido de informes al Poder Ejecutivo por el tránsito del buque militar británico que, tras zarpar de las Islas Malvinas hacia Chile, navegó a principios de julio por aguas bajo jurisdicción argentina.

“Lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que como una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas”, afirmó Guillermo Michel, uno de los autores del proyecto.

La iniciativa exigía explicaciones al Gobierno sobre el tránsito del HMS Medway, un patrullero oceánico de la Royal Navy británica.

Con la reestructuración de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el conflicto entre Karina Milei y Santiago Caputo ingresó en una zona de mayor densidad. La hermana del Presidente pasa a controlar, a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, zonas estratégicas de la administración. No sólo porque las materias que se gestionan en esas dependencias son importantísimas. También por la dimensión de los negocios que se discuten. Y, sobre todo, por la capacidad que tendrá ahora la señorita Milei de revisar operaciones muy controvertidas que se realizaron en oficinas que estuvieron hasta ahora bajo el dominio del “Mago del Kremlin”.

Santilli mantiene una dependencia umbilical con Karina Milei. Viene impuesta por el sueño mayor del jefe de Gabinete: ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para cumplir ese deseo, el “Colo” no sólo necesita que la jefa del partido oficial lo postule como candidato. También le hace falta que ella convalide un acuerdo entre La Libertad Avanza, el Pro y la UCR. Sin esa alianza de fuerzas no peronistas el destino de Santilli corre un peligro que no requiere explicaciones, sobre todo por tratarse de comicios que se resuelven en primera vuelta, a simple pluralidad de votos. Estos condicionamientos imponen a Santilli una obediencia absoluta respecto de la secretaria general de la Presidencia.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología ya no reportará al jefe sino al vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt. El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) pasó a depender de Santilli sin intermediarios. En cambio, las empresas Arsat y Correo Argentino estarán bajo el mando de su mano derecha, Gustavo Coria. Todavía queda por desentrañar qué significa la continuidad de los funcionarios que estaban a cargo de cada repartición. Se podría pensar que es una manera de mantener la influencia de Caputo, su jefe político.

Pero tal vez sea un error. Hay que considerar que esos ejecutivos fueron indicados por “el Mago” pero venían de encuadramientos anteriores. El secretario Darío Genua, por ejemplo, fue de Pro durante el gobierno de Mauricio Macri, que lo designó representante del Estado en la empresa Telecom. El período de Alberto Fernández lo pasó al frente de la Secretaría de Hacienda del municipio de Pilar, liderado por el ludo-kirchnerista Federico Achával. Desde allí lo convocaron los libertarios para coordinar el Enacom. Después lo promovieron a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Al frente del Enacom está Martín Ozores, un técnico proveniente de la actividad privada que había trabajado para el macrismo. En definitiva: Genua y Ozores son, como sus jefes Santilli, Devitt y Coria, identidades en tránsito capaces de adaptarse a cualquier jefatura. Eso no garantiza, es verdad, su continuidad.

Los nombres importan poco, igual que el organigrama, en comparación con otra mutación. Con Santilli y Coria al frente del negocio de las telecomunicaciones, se impone una lógica de gobierno muy distinta de la anterior. Ahora los encargados políticos de las decisiones coincidirán con los que firman las resoluciones y decretos. Un régimen muchísimo menos extravagante que el que dominó hasta hace pocas horas, cuando los responsables administrativos y penales de cada determinación debían reportar a figuras que no eran funcionarios, simples particulares, como Santiago Caputo, su hermano Francisco o su colaborador Manuel Vidal.

Que Santilli se haya reservado el Enacom es un indicador bastante obvio de la importancia de ese organismo. Es el ente regulador de los medios de comunicación audiovisual y también de las empresas que prestan servicios de telefonía e internet. A raíz de esas competencias, Santilli tiene sobre su escritorio un expediente de máxima relevancia económica y política: la autorización de la fusión entre Telefónica y Telecom, compañías que pertenecen al Grupo Clarín. Se trata de una palanca clave, en cuyo dominio Caputo venía interviniendo también a través de María Ibarzábal, la rigurosa secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia. Ahora Santilli monopolizará el control de ese proceso, monitoreado por Karina Milei.

Un detalle que permitirá observar con mayor claridad la relación del jefe de Gabinete con la gestión que orientó al Enacom hasta ahora es el destino de una licitación convocada hace pocos días en tiempo récord. Se trata de la contratación del software para establecer un sistema de alertas tempranas denominado AlertAR. El trámite llama la atención por su velocidad: la licitación se llamó el 7 de julio y las ofertas deben presentarse el 22. Da la impresión de que en el Enacom sonó alguna alerta temprana de que podría haber cambios en la conducción del área.

Coria deberá poner también su linterna sobre un pedido de informes muy detallado de Margarita Stolbizer. Se refiere a una suma sideral que transfirió el Enacom a Arsat, solventada con el Fondo del Servicio Universal (FSU). La Ley Bases impide girar recursos adicionales a empresas públicas. Ozores contestó que esa transferencia es parte de un contrato preexistente, firmado en 2020, y que se justifica por el costo de un desajuste cambiario. Pero debería explicar por qué no siguió ese criterio con infinidad de firmas privadas que gozan de un convenio similar. La caja del FSU ha sido durante el gobierno kirchnerista de una opacidad que merecería alguna investigación penal. ¿Se mantienen esos vicios?

Una de las responsabilidades de Coria será la privatización o, por lo menos, la tercerización de servicios de las dos empresas. Pero en el caso del Correo deberá encargarse de una acción delicadísima: la revisión del contrato de esa compañía estatal con Flecha Log. Es la firma que adquirió Leonardo Scatturice cuando compró OCA. Scatturice se hizo famoso cuando su espectacular avión negro aterrizó en Aeroparque trayendo como única pasajera a Laura Belén Arrieta, quien hizo pasar numerosas valijas sin control alguno por parte de la Aduana. El caso está a cargo del juez en lo penal-económico Pablo Yadarola, quien todavía no pudo determinar quién ordenó desde el poder que se cometiera esa irregularidad. Javier Milei acaba de enviar al Senado el pliego de Yadarola para que ocupe una de las vacantes de la crucial Cámara Federal en lo Penal de la Capital. Yadarola es íntimo amigo del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Scatturice tiene un vínculo muy estrecho con el “Mago” Caputo, gracias al cual consiguió, entre otros beneficios, un contrato de consultoría con la SIDE, que hoy está bajo investigación en el juzgado de Eugenia Capuchetti. Es por una denuncia de la republicana María Eugenia Talerico, quien considera que el convenio viola la ley de Inteligencia.

Esta familiaridad con Caputo vuelve más inquietante el examen que realice Coria sobre el contrato entre el Correo y Flecha Log. La compañía presta servicios a la empresa estatal y también a OCA. Una de las preguntas que se formulará Coria es si el Correo y OCA o el Correo y Flecha Log pagan por igual los servicios que comparten cuando utilizan los mismos vehículos como transporte de larga distancia. Otro interrogante tiene que ver con las modalidades y costos del mayor acuerdo entre Flecha Log y el Correo: el de servicios logísticos para las elecciones nacionales. La proximidad de Scatturice con el “Mago” en el Correo despierta suspicacias. Acaso sean injustas, inclusive porque en el entorno de Scatturice se aclara que él no está involucrado en la gestión de Flecha Log, donde seguiría reinando su antiguo dueño, Claudio Espinoza.

La calidad de estos contratos también será puesta en tela de juicio por la situación empresarial de OCA. La empresa está concursada y su principal acreedor es la ARCA, la antigua AFIP. Esa agencia está bajo el mando de un íntimo amigo de Scatturice, Andrés Vázquez. Pero este funcionario tiene la suficiente experiencia y habilidad como para no quedar expuesto con errores de principiante: OCA va a poder mejorar su situación incorporándose a un programa de financiamiento de deudas que beneficia a muchas otras empresas en problemas. No es el único problema de Scatturice. Él también compró Flybondi, que casi no presta servicios por su descalabro económico. En la empresa vaticinan que, al cabo de muchas deliberaciones, Scatturice resolvió presentar esa línea aérea en concurso de acreedores. La principal deuda también es con la ARCA, por aportes patronales.

Si la revisión sobre el Correo puede generar escozor en el “Mago” Caputo, cualquier inspección sobre Arsat se vuelve peligrosa. Es la compañía de soluciones satelitales y tendido de una extensísima red de fibra óptica que comandó en su momento Facundo Leal. Este mendocino está tras las rejas desde que la Justicia allanó sus domicilios y encontró casi 2 millones y medio de dólares, armas largas y dispositivos para operaciones de espionaje. La investigación está radicada en la Justicia de San Isidro, donde el juez Lino Mirabelli delegó la pesquisa en el fiscal Fernando Domínguez.

Una de las figuras claves de los presuntos negociados que se investigan en Arsat es Gerardo Boschin. Fue revisando tu teléfono que se descubrió en San Fernando un depósito de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) con material robado a la empresa pública. Boschin era gerente de compras y contrataciones de la compañía. Desde allí pasó a presidir Trenes Argentinos, donde Scatturice, el amigo de Caputo, obtuvo un importante contrato de tendido de fibra óptica en estaciones ferroviarias. Aun así, Boschin seguía ocupando la gerencia de Arsat, desde la que fue desplazado varios días después de que se realizó el escandaloso allanamiento en lo de Leal.

Leal fue funcionario durante el gobierno de Alberto Fernández, con una gran dependencia política de Sergio Massa. Pertenece a la denominada “banda de los mendocinos”, que integraba también el exsecretario de Transporte Luis Pierrini. En el entorno de Scatturice aseguran que él nunca se llevó bien con Leal ni con Pierrini. Con los que sí debe tener buena relación es con los aliados empresariales de esos cuyanos. Sobre todo con Daniel Vila, que tiene a Pierrini como vicepresidente en su club Independiente de Rivadavia. Un testimonio de esa afinidad apareció durante el verano en el balneario Casa Mar, de Pinamar. Allí desplegaron sus banderas publicitarias Fly Bondi y OCA, las empresas de Scatturice.

La causa penal que avanza en San Isidro complica más las cosas para Leal, Boschin y su jefe político, Caputo. En ese expediente prestó testimonio el chofer y asistente de Leal, Tomás Scalera. Este colaborador declaró ante el fiscal Domínguez sobre reuniones que su jefe mantenía en oficinas del Rulero, la torre de Libertador y Carlos Pellegrini, “con una persona de apellido Vidal, que se juntaba bastante seguido con Leal en reuniones de una hora o una hora y media”. También habló de encuentros “con una persona de apellido Paolini y otro creo que era Juan Bonora, y me parece que uno de los dos tenía algo que ver con Huawei”. Como si fuera consciente del voltaje político de lo que atestiguaba, Scalera agregó que “también sentí nombrar el apellido Scatturice”. Pero aclaró que eso era cuando su jefe Leal estaba en el Orsna, el organismo de control de los aeropuertos. Scalera menciona también a Santiago Pando, a quien presenta como amigo de Leal. A Pando se le atribuye haber sido el puente del entonces presidente de Arsat con Fernando Paredes y Diego Padilla, los directivos de ALS. Es evidente que los comentarios de Scalera son brumosos y que, por lo tanto, carecen de potencia penal. Pero alcanzan para electrizar un poco más la agresiva guerra que Caputo lleva adelante con la señorita Milei.

Leal y Boschin tienen el mismo abogado defensor: Marcelo Rocchetti, alter ego de Cristian Ritondo, presidente del bloque de diputados nacionales de Pro y presidente de esa fuerza política en la provincia de Buenos Aires. Es decir, un aliado indispensable de Santilli. Rocchetti tiene otro defendido de moda: Pablo Toviggino. Leal y Pierrini no fueron expulsados del Gobierno por los presuntos negociados en Arsat o en el área de Transportes. Los echaron cuando trascendió que habían viajado a Ibiza en un avión atribuido a Toviggino. Como recuerda a menudo La Cautiva, “todo tiene que ver con todo”.

El vínculo de Toviggino con los funcionarios oficiales, en vez de disminuir, se fortaleció a partir de sus penurias judiciales. Es conocido el lazo estrechísimo que tiene con los Mahiques. La relación con Juan Bautista, el ministro de Justicia, parece estar dando resultado. La Cámara Federal de Casación Penal acaba de hacer lugar a un recurso que reclama que la causa por la propiedad de la mansión de Villa Rosa atribuida a Toviggino, que figura como propiedad del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte. Pantano sería el cadete de Toviggino, quien pagaría sueldos siderales. Los sospechosos pretenden que la causa sea remitida al juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, el juez preferido de los imputados. Por lo tanto, Charvay está más forzado que nunca a exhibir imparcialidad.

El pronunciamiento para que el caso no se tramite más en el fuero penal económico y pase a Charvay fue firmado por los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Cada uno de ellos ofrece su propia curiosidad. Es raro que Barroetaveña no se haya excusado porque, hasta que estalló el escándalo de la AFA, pertenecía al Tribunal de Disciplina de esa organización. Lo de Borinsky es todavía más llamativo porque en la misma causa, cuando llegó un recurso que pretendía sacar el caso de la mansión de la jurisdicción de Charvay y remitirlo al fuero penal económico, votó en contra. Su argumento fue que los problemas de competencia no son materia de casación. Fue más allá: sostuvo que admitir un recurso de esa naturaleza sería dar a quien lo pide un tratamiento privilegiado. Cambió de parecer en pocos días Borinsky. Los que quieren ser juzgados por Charvay tuvieron ese tratamiento privilegiado. El descuido de Borinsky es más significativo en un momento en que pretende que Javier Milei lo proponga como juez de la Corte. Colegas suyos aseguran que él les mostró chats que intercambia con el Presidente. Esa aspiración es la que vuelve inverosímiles las habladurías que circularon hasta el lunes pasado en Tribunales: que viajó a los Estados Unidos para asistir a los partidos del mundial de fútbol. Más aún, que el camarista estaba en la misma tribuna que el viceministro de Justicia, Santiago Viola. Cuesta creer que, aun audaz como suele ser, Borinsky se cuide tan poco.