Desde comienzos de 2026, en Argentina se implementó un nuevo sistema para el otorgamiento de subsidios en los servicios de electricidad y gas domiciliarios. El programa, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), unificó los criterios de asignación para la electricidad, el gas natural, el gas propano distribuido por redes y las garrafas de 10 kilos. El acceso al beneficio quedó restringido a los hogares que cumplan con ciertos requisitos socioeconómicos y patrimoniales, con un procedimiento único y centralizado para tramitarlo.

El Gobierno nacional mantiene en mayo el sistema de subsidios, basado en los nuevos criterios de acceso y unifica el procedimiento para todos los beneficiarios. La gestión está centralizada en una plataforma digital oficial y los requisitos se basan en la situación socioeconómica de cada hogar.

Ahora, sólo quedan dos categorías: quienes acceden al subsidio y quienes quedan excluidos. El criterio principal es que los ingresos familiares no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales, según los valores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). También se consideran factores de vulnerabilidad, como la tenencia de Certificado único de Discapacidad (CUD) o la inclusión en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

El trámite para solicitar el beneficio se realiza exclusivamente a través de la plataforma oficial habilitada por el Ministerio de Economía en el sitio argentina.gob.ar/subsidios. Quienes ya estaban anotados en el anterior registro (RASE) no deben volver a inscribirse, ya que los datos fueron transferidos automáticamente al nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). En cambio, deben iniciar el trámite aquellas personas que no hubieran accedido previamente, quienes recibían la Tarifa Social de Gas o el Programa Hogar, y quienes hayan cambiado su situación familiar o socioeconómica.

Para operar en la plataforma, es obligatorio contar con una cuenta en Mi Argentina, habilitada con CUIL y una clave personal. El portal permite verificar si el hogar recibe el subsidio, consultar el estado de las solicitudes y pedir revisiones si la evaluación no refleja la realidad.

La gestión exige reunir información vinculada tanto a la titularidad del servicio como a la composición del grupo familiar. Se solicita el número de medidor y de cliente, el DNI y su número de trámite, el CUIL de cada integrante mayor de 18 años y un correo electrónico activo. Todo el proceso se realiza bajo declaración jurada, con datos que el sistema completa en parte de manera automática, aunque el solicitante debe revisar y actualizar la información restante.

El requisito clave para acceder es que el ingreso neto del grupo familiar se mantenga por debajo del umbral de tres Canastas Básicas Totales para un hogar tipo 2. Además, se contemplan excepciones para personas con discapacidad, veteranos de guerra y quienes acreditan residencia en barrios populares. El Estado realiza controles cruzados para verificar la información y puede aprobar o rechazar la solicitud en función de estos parámetros.

Una vez aprobada la solicitud, el subsidio se aplica directamente sobre la factura del servicio. Para la electricidad, la bonificación base es del 50% sobre un bloque de consumo definido. En el gas por red, el descuento del 50% rige en los meses de mayor demanda. No se otorga subsidio en los períodos de menor consumo. Durante 2026, se sumó una bonificación adicional del 25% en enero, la cual disminuye progresivamente hasta fin de año. Quienes compran garrafas de 10 kilos reciben el descuento directamente en la transacción, siempre que la inscripción esté vigente y el pago se realice por medios electrónicos.

1- Confirmar la necesidad de inscripción

El primer paso consiste en verificar si el hogar ya figura en el nuevo registro o si corresponde completar una nueva inscripción. El anterior Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) fue reemplazado por el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Quienes ya estaban registrados en el RASE no deben realizar ningún trámite adicional, ya que la información fue transferida al nuevo sistema.

Deben inscribirse aquellas personas que no hayan gestionado el subsidio previamente, los hogares que obtenían beneficios mediante programas como el Programa Hogar para la compra de garrafas o la Tarifa Social de Gas en determinadas zonas. En estos casos, la inscripción en el nuevo sistema es obligatoria para conservar o solicitar la ayuda estatal.

2- Ingresar en la plataforma oficial

El trámite se inicia accediendo al sitio web habilitado para la gestión de subsidios energéticos ( Desde allí es posible comenzar la solicitud, consultar el estado de gestiones anteriores o verificar si el hogar ya accede al beneficio.

Para operar en la plataforma se requiere una cuenta en Mi Argentina, que se activa con el número de CUIL y una clave personal. Una vez dentro, las personas pueden elegir la opción que corresponda a su situación.

Las funciones principales del portal incluyen:

• Verificar si el hogar recibe subsidios
• Consultar el estado de solicitudes en curso
• Solicitar una revisión si los datos no reflejan la situación real del grupo familiar

3- Reunir la documentación necesaria

Antes de iniciar la carga de datos, es recomendable contar con toda la información solicitada para completar el formulario de manera ágil. Se requiere:

• Número de medidor y de Cliente, Servicio, Cuenta, Contrato o NIS, disponibles en la factura de electricidad o gas
• Número de DNI y número de trámite del DNI de la persona que realiza la gestión
• Número de CUIL de cada integrante mayor de 18 años
• Correo electrónico activo y habitual

Estos datos permiten identificar el suministro y acreditar la composición del grupo familiar en el sistema.

4- Completar la inscripción en el ReSEF

Quienes no figuren en el registro deben completar el formulario digital disponible en la plataforma, que tiene carácter de declaración jurada y requiere información precisa y actualizada.

El formulario solicita datos sobre ingresos, cantidad de integrantes, situación laboral y otros aspectos socioeconómicos y patrimoniales. Parte de la información se completa automáticamente con datos oficiales, aunque corresponde al solicitante revisar y completar los campos faltantes.

5- Evaluación de requisitos

Tras enviar la solicitud, el Estado analiza si el hogar cumple con los criterios para acceder al subsidio. El requisito principal es que el ingreso neto del grupo familiar sea inferior a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un hogar tipo 2, según los valores publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El sistema contempla situaciones específicas, como:

• Integrantes con Certificado de Vivienda emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP)
• Percepción de una Pensión Vitalicia para Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
• Integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD)

También se realizan controles patrimoniales y cruces de información para confirmar la situación económica del hogar. Según estos datos, la solicitud puede ser aprobada o rechazada.

6- Notificación y aplicación del subsidio

Una vez finalizada la evaluación, el sistema comunica si el hogar accede al subsidio, que se aplica directamente en la factura del servicio.

En electricidad, el beneficio contempla una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo específico. Para el gas por red, la bonificación del 50% se aplica en los meses de mayor demanda, y no se otorga subsidio en los períodos de menor consumo.

Durante 2026, se suma una bonificación adicional del 25% en ambos servicios durante enero, que se reduce gradualmente hasta diciembre.

Para quienes utilizan gas envasado, el subsidio se otorga como un descuento directo en la compra de garrafas de 10 kilos, siempre que la inscripción esté vigente y el pago se realice mediante medios electrónicos.

7- Consultas, revisiones y actualizaciones

La plataforma permite consultar el estado de las solicitudes en cualquier momento y solicitar una revisión si la evaluación no se corresponde con la situación real. Para ello se requiere la información personal y el número de trámite.

Si se produjeran cambios en la composición del hogar, ingresos o tipo de servicio contratado, los datos pueden actualizarse en el sistema para que sean considerados en futuras evaluaciones.

Tras la decisión de la Justicia de Santa Fe de declarar la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), Héctor Ponce, expresó su optimismo por la recuperación de la firma, señalando que «se abre una nueva etapa». Expresó que «no nos mueve una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando» y destacó que la firma «en estas condiciones, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir».

La resolución judicial se dio luego de que SanCor solicitara esa medida tras reconocer serias dificultades para resolver su situación en el marco del concurso de acreedores. La quiebra fue dictada por el juez del caso, Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela (Santa Fe).

Enfrentamiento entre el sindicato y la cooperativa

Ponce afirmó: «Hace rato que venimos advirtiendo que SanCor no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estado de situación en el que se encontraba, y tal como venía siendo manejada desde hace unos cuantos años a esta parte por quienes tuvieron la responsabilidad de gestionarla».

A propósito de esto, iProfesional consultó sobre los enfrentamientos entre la dirigencia de ATILRA y la conducción de la cooperativa. El gremio respondió: «La justicia nos dio la razón a nuestros reclamos y en diciembre del 2025 imputó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por el desvío de más de $1.600 millones destinados a la seguridad social, cifra que, en la actualidad, arroja un monto mucho mayor, reconocido por el juez de la quiebra».

Ponce explicó que «a tal punto llegó la situación que la actual dirección de SanCor se vio obligada a pedir su propia quiebra, y el juez, concomitantemente con los síndicos actuantes, la coadministración y demás estamentos vinculados no dudaron en decretarla».

Continuará la producción a favor de los trabajadores y acreedores

Con la quiebra decretada, Gelcich dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria, en las plantas que hoy están en funcionamiento, sobre todo aquellas que trabajan bajo contratos de fasón u otros esquemas similares, siempre que no impliquen generar más deuda. El objetivo es sostener la actividad en lo posible mientras avanza el proceso judicial con dos puntos clave: mantener los casi 1.000 trabajadores en relación de dependencia (concretamente 941) y que los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, proveedores y acreedores en general puedan cobrar.

Mientras las autoridades de SanCor prefirieron no hacer declaraciones ante las consultas de este medio, Ponce destacó: «Nos han criticado y denunciado por las acciones gremiales que aplicamos, pero como se puede observar a través de la lectura del fallo, no le incumbe ninguna responsabilidad al sindicato en el quebranto de SanCor tal como desde algún lugar se ha pretendido instalar».

Reveló que «conociendo la situación de la empresa, venimos dialogando con distintos actores de la actividad con el propósito de darle continuidad a la fuente de trabajo de quienes desde siempre confiaron en nosotros» y afirmó que «siempre hablamos de una quiebra con continuidad laboral, con continuidad de la marca SanCor, algo que nuestras y nuestros compañeros siempre lo tuvieron muy claro, porque quieren a la empresa como nadie».

Una deuda muy pesada y el desafío de sostener los puestos de trabajo

Según figura en el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a $3.000 millones por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos. El fallo establece que la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en el proceso, con la obligación de cumplir de manera ágil y bajo apercibimiento de remoción en caso de incumplimientos.

En cuanto a las actividades, dispuso que seguirán operando aquellos establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente los que tengan contratos en curso. En los demás casos, se ordenó preservar y conservar los activos para evitar su deterioro. Para la semana que viene, la sindicatura y la coadministración deberán definir qué plantas continúan operativas, con un análisis técnico de cada unidad productiva.

La resolución también establece que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos. Al tiempo que se dispuso que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley. En estos puntos es donde el sindicato busca que se mantenga en funcionamiento la cooperativa, no solo para sostener los puestos de trabajo en relación de dependencia sino también los indirectos.