Tras la decisión de la Justicia de Santa Fe de declarar la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), Héctor Ponce, expresó su optimismo por la recuperación de la firma, señalando que «se abre una nueva etapa». Expresó que «no nos mueve una cuestión de fe, sino porque sabemos muy bien de lo que estamos hablando» y destacó que la firma «en estas condiciones, no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir».
La resolución judicial se dio luego de que SanCor solicitara esa medida tras reconocer serias dificultades para resolver su situación en el marco del concurso de acreedores. La quiebra fue dictada por el juez del caso, Marcelo Gelcich, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial de la 4ta. Nominación de los Tribunales de Rafaela (Santa Fe).
Ponce afirmó: «Hace rato que venimos advirtiendo que SanCor no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir en el estado de situación en el que se encontraba, y tal como venía siendo manejada desde hace unos cuantos años a esta parte por quienes tuvieron la responsabilidad de gestionarla».
A propósito de esto, iProfesional consultó sobre los enfrentamientos entre la dirigencia de ATILRA y la conducción de la cooperativa. El gremio respondió: «La justicia nos dio la razón a nuestros reclamos y en diciembre del 2025 imputó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por el desvío de más de $1.600 millones destinados a la seguridad social, cifra que, en la actualidad, arroja un monto mucho mayor, reconocido por el juez de la quiebra».
Ponce explicó que «a tal punto llegó la situación que la actual dirección de SanCor se vio obligada a pedir su propia quiebra, y el juez, concomitantemente con los síndicos actuantes, la coadministración y demás estamentos vinculados no dudaron en decretarla».
Con la quiebra decretada, Gelcich dispuso que la empresa siga operando de manera transitoria, en las plantas que hoy están en funcionamiento, sobre todo aquellas que trabajan bajo contratos de fasón u otros esquemas similares, siempre que no impliquen generar más deuda. El objetivo es sostener la actividad en lo posible mientras avanza el proceso judicial con dos puntos clave: mantener los casi 1.000 trabajadores en relación de dependencia (concretamente 941) y que los acreedores laborales con créditos prontopagables pendientes de cancelación, proveedores y acreedores en general puedan cobrar.
Mientras las autoridades de SanCor prefirieron no hacer declaraciones ante las consultas de este medio, Ponce destacó: «Nos han criticado y denunciado por las acciones gremiales que aplicamos, pero como se puede observar a través de la lectura del fallo, no le incumbe ninguna responsabilidad al sindicato en el quebranto de SanCor tal como desde algún lugar se ha pretendido instalar».
Reveló que «conociendo la situación de la empresa, venimos dialogando con distintos actores de la actividad con el propósito de darle continuidad a la fuente de trabajo de quienes desde siempre confiaron en nosotros» y afirmó que «siempre hablamos de una quiebra con continuidad laboral, con continuidad de la marca SanCor, algo que nuestras y nuestros compañeros siempre lo tuvieron muy claro, porque quieren a la empresa como nadie».
Según figura en el expediente, el pasivo postconcursal crecía a un ritmo cercano a $3.000 millones por mes, mientras que la actividad no generaba ingresos suficientes para cubrir los costos. El fallo establece que la sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en el proceso, con la obligación de cumplir de manera ágil y bajo apercibimiento de remoción en caso de incumplimientos.
En cuanto a las actividades, dispuso que seguirán operando aquellos establecimientos que mantengan actividad productiva, especialmente los que tengan contratos en curso. En los demás casos, se ordenó preservar y conservar los activos para evitar su deterioro. Para la semana que viene, la sindicatura y la coadministración deberán definir qué plantas continúan operativas, con un análisis técnico de cada unidad productiva.
La resolución también establece que la continuidad será transitoria, hasta que se concrete la venta de los activos, momento en el cual cesarán automáticamente las actividades y contratos, salvo que el comprador decida asumirlos. Al tiempo que se dispuso que los sueldos y retribuciones generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago según lo establece la ley. En estos puntos es donde el sindicato busca que se mantenga en funcionamiento la cooperativa, no solo para sostener los puestos de trabajo en relación de dependencia sino también los indirectos.
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