El Senado aprobó esta tarde cambios al proyecto que reforma la Carta Orgánica del Banco Central y, por ende, la iniciativa regresa en segunda revisión a Diputados, que sólo podrá aceptar la totalidad de lo avalado por la Cámara alta o, en todo caso, insistir con la versión original, votada el mes pasado. La institución monetaria tendrá un único objetivo: defender el valor de la moneda.

Dentro del puñado de modificaciones se destaca la eliminación de los dos tercios de ambas Cámaras para remover autoridades -muy cuestionada-, que ahora pasaría a ser por mayoría absoluta -la mitad más uno del total del Cuerpo- y sólo por el Senado. Mismo caso para validar el pliego de candidatos que envíe el Ejecutivo, que en la actualidad es por mayoría simple. “Comienza el fin de la inflación. VLLC!”, afirmó Javier Milei en su cuenta de la red social X minutos después de terminado el trámite legislativo.

La palabra final queda en manos de Diputados, que tendrá un desafío en caso de ir por la versión original: la votación en general llegó a los 2/3 -46 a favor y 22 en contra-, así como gran parte de los artículos en la particular, y se precisaría allí esa misma contundencia para dejar en pie lo de agosto último.

Además de su finalidad central, el texto en cuestión apunta a garantizar la independencia del mismo a partir de la prohibición explícita del financiamiento directo o indirecto del Tesoro. Así, la entidad monetaria no podrá hacer más adelantos transitorios, una herramienta crucial utilizada para cubrir con emisión monetaria el déficit fiscal de las distintas administraciones centrales. Tampoco comprar de forma directa títulos públicos en el mercado primario.

Quien adelantó los cambios en el recinto -anticipados ayer por medios acreditados en la Cámara alta- fue el legislador libertario y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde (Capital Federal). Seguido a ello, aseguró que el proyecto “no se trata de un capricho”, sino de “evidencias concretas de una tragedia” que, según sus dichos, ocurrió desde 2003, con “20 años de saqueo institucional que le costó al país el equivalente al 85% del PBI”. En ese sentido, apuntó a “reservas líquidas actualizadas por USD 116.000 millones”.

Monteverde tampoco olvidó “las letras intransferibles para sustituir reservas por ‘pagadioses’, cuyos autores sabían tenían valor cero”. Luego, habló de “una emisión exógena, pura y dura para financiar al Tesoro que nos costó USD 299.000 millones” y una “emisión endógena que creó un dispositivo de esterilización de lo que se emitía y se ocultaba y postergaba”. Y agregó: “Se emitía por una ventanilla y se tomaba por otra con una tasa de interés, con bancos comerciales que se convirtieron en ‘pasamanos’ de lujo y ganaban fortunas con lo que pagaba el Banco Central. Transformaron el ahorro de argentinos en plata para los políticos”.

“Creemos que están dadas condiciones para que vuelva a Diputados. Las reformas son insuficientes, incongruentes y, verdaderamente, pueden generar más perjuicios que beneficios. Estas reformas hay que hacerlas de forma estructural”, manifestó el kirchnerista Jorge Capitanich (Chaco). Su espacio apoyó la cuestión de la mayoría absoluta para la remoción y activación de autoridades. En tanto, los ahora peleados con el cristinismo de Convicción Federal fueron por el medio -sin éxito- a través de Guillermo Andrada (Catamarca), con un guiño en general y observaciones en particular. No olvidó, como era esperable, un pedido que no fue contemplado para que sumar sillas en el directorio a favor de un “federalismo” utilizado según el tema en danza.

La iniciativa impulsada desde Balcarce 50 da marcha atrás con la reforma de la Carta Orgánica que había hecho el cristinismo, en 2012, cuando se ampliaron los mandatos de la institución y se incluyeron cuatro nuevos objetivos: promover la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Por caso, el peronista entrerriano Adán Bahl insistió con sostener el tema trabajo.

Por otro lado, se prohíbe la transferencia al Tesoro de ganancias contables o por diferencia de cambio. Los resultados del BCRA deberán destinarse de forma prioritaria a absorber pérdidas acumuladas, recomponer el patrimonio o cancelar deuda pública. Además, dispone la eliminación de instrumentos de deuda como las Letras Intransferibles y se modernizan las reglas relativas a la administración y resguardo de las reservas internacionales.

Desde La Libertad Avanza no olvidaron la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, entre 2019 y 2023. “Triplicaron la emisión monetaria”, lanzó la pastora evangélica Nadia Márquez (Neuquén), vedada en su provincia para cargos locales para ser candidata por la Ficha Limpia vigente en aquel distrito, tras una probation hace más de 10 años. “La fiestita siempre alguien la paga”, añadió, y recordó el DNU del ex presidente Néstor Kirchner para puentear al Congreso para cancelar deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2005.

Otras críticas se escucharon en el recinto, como la de la peronista riojana Florencia López, quien expresó que “el artículo 13 de esta reforma plantea la inembargabilidad de las reservas” y “la modificación del 33 habilita al Banco Central a ponerlas en garantía”. “Esto es gravísimo”, sumó. No tardó en responder el oficialista Juan Carlos Pagotto (La Rioja), que se pegó a Márquez y señaló sobre el primer kirchnerismo: “Le pagamos la deuda al FMI al 4% de tasa natural, con dinero obtenido de Venezuela al 16% anual. Que alguien me explique si no es usura”.

Cierres

La primera fue Flavia Royón (Primero los Salteños) que, al igual que el ex kirchnerista Andrada, comprometió el aval general y objetó cuatro puntos. Uno de ellos, adujo, es el “riesgo” de no poner “ni techo ni piso a los encajes”. En la votación en particular de un artículo, el oficialismo aceptó una de las alternativas ofrecidas por la ex referente del Gobierno anterior en el área de energía.

Distinto el caso el del PRO: su jefe, Martín Goerling (Misiones), que habló de un “gran paso” para “blindar” a la entidad tras “antecedentes de desastres, con uso y manipulación que generó el peor de los impuestos: la inflación”. El macrista resaltó tres ítems: fin del Banco Central “como cajero automático del Estado”; adiós a la “contabilidad mágica” de utilidades, a través de devaluaciones; y el mandato único como factor clave.

Hacia la inflación fue también el líder de la UCR en la Cámara alta, Eduardo Vischi (Corrientes). “Es el impuesto más injusto y cobarde, que afecta a quienes menos tienen”, advirtió. No obstante, evaluó que “el equilibrio fiscal sin crecimiento tampoco es bueno”, ya que “es como la paz de los cementerios”, y que si bien “no hay justicia social sin moneda estable, tampoco hay equilibrio si un pueblo no llega a fin de mes”.

El jefe kirchnerista, José Mayans (Formosa), no dejó pasar las menciones del inicio del debate de Monteverde, y respondió: “En diciembre de 2023, la deuda general externa era de USD 370.000 millones. Hoy, es de USD 484.000 millones, más de USD 110.000 millones en 1000 días de gobierno”.

La última palabra quedó en la presidenta del interbloque de LLA, la porteña Patricia Bullrich. “Un Banco Central fuerte y que cuide la moneda implica cuánto le rinde el sueldo a una persona, qué puede comprar un jubilado y cómo ahorra una familia para sus planes futuros”, reflexionó.

“Sabemos que hay momentos en los que hay que hacer reglas pétreas, tras una inflación -que dejó el kirchnerismo- de 211,4%”, mencionó. Y reforzó: “Había un ‘curro’ con el dólar y los precios cambiaban cada dos minutos. Hoy necesitamos que deje de ser la caja que financió absolutamente a gobiernos que pedían plata sin fondos. Por eso estamos tratando esta ley”.

florencia lópez

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, sostuvo que espera que la jueza María de los Ángeles de Marinis, quien días atrás declaró inconstitucional para un caso la nueva Ley Penal Juvenil, sea destituida en el proceso de enjuiciamiento impulsado por el Gobierno porteño. El funcionario cuestionó la resolución de la magistrada y afirmó que constituye “un serio incumplimiento” de sus funciones.

“Un desastre. Genera enojo, genera bronca”, dijo Tapia al ser consultado sobre el fallo. Según planteó, la Ciudad promovió el pedido para que un jurado del Consejo de la Magistratura evalúe si De Marinis cumplió con sus obligaciones y, en caso de considerar que no lo hizo, aplique una sanción.

La controversia se originó en una causa por una tentativa de robo ocurrida en Palermo, en la que estaba imputado un adolescente de 14 años identificado por las iniciales M.I.A. De Marinis, titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, declaró inconstitucional para ese expediente el artículo 1.º de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad mínima de responsabilidad penal juvenil.

La jueza consideró al adolescente no punible, dictó su sobreseimiento y ordenó la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes para elaborar un plan de acompañamiento familiar, reinserción escolar y acceso a actividades recreativas.

Durante una entrevista con el programa “No vale arrugar”, que se emite por Radio Splendid, el ministro precisó que las medidas posibles dentro de ese procedimiento incluyen el apercibimiento, la suspensión o la destitución. “Lo que buscamos es que se evalúe si cumplió o no la norma”, señaló.

Tapia indicó que la jueza declaró la inconstitucionalidad de una norma para un caso particular y sostuvo que la decisión no tuvo fundamentos suficientes. Además, afirmó que De Marinis acumula revocaciones de resoluciones de primera instancia, aunque no detalló la cantidad ni los expedientes involucrados.

“Espero que el jurado de enjuiciamiento entienda que hay un serio incumplimiento a sus funciones y que sea destituida”, expresó el ministro porteño.

El funcionario vinculó su crítica con la política de seguridad y justicia que impulsa la administración de Jorge Macri. En ese marco, defendió que quienes incumplen la ley enfrenten consecuencias y cuestionó resoluciones que, a su criterio, pueden dejar sin efecto el trabajo legislativo y ejecutivo para prevenir delitos.

El Gobierno porteño defendió el uso del jury

Consultado sobre las advertencias de la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, quien manifestó reparos sobre enjuiciar magistrados por el contenido de sus sentencias, Tapia respondió que el jury es un mecanismo previsto en la Constitución.

“Si uno hace bien su trabajo, ¿cuál es el problema?”, afirmó. También rechazó que el pedido represente un escrache o un cuestionamiento general al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires.

Tapia sostuvo que la denuncia apunta a que el órgano competente revise el desempeño de la magistrada. “No estoy metiendo en la bolsa a todo el Poder Judicial”, dijo, y remarcó que la Ciudad busca ampliar sus competencias judiciales como parte de su autonomía.

Durante la entrevista, el ministro también defendió la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, una medida aprobada a nivel nacional. Explicó que, según su postura, el cambio permite juzgar a adolescentes por delitos cometidos desde esa edad, sin que ello implique que antes no pudieran quedar detenidos en institutos de menores.

En relación con el caso que motivó el pedido de enjuiciamiento, Tapia cuestionó que el sobreseimiento de un menor pueda derivar en su regreso a la calle. “Si te interesa tanto el destino del delincuente, del menor en este caso, no lo tires a la calle de nuevo”, declaró.

El planteo contra De Marinis deberá ser analizado por el jurado de enjuiciamiento correspondiente, que definirá si existen elementos para avanzar con alguna de las sanciones previstas.

La Cámara revocó el sobreseimiento y apartó a De Marinis del expediente

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil apeló la decisión de la jueza. El viernes, la Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires revocó por unanimidad el fallo, dejó sin efecto el sobreseimiento y dispuso el apartamiento de De Marinis del caso.

Los camaristas Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca entendieron que la magistrada no acreditó que la reducción de la edad de punibilidad vulnerara la Constitución Nacional o tratados internacionales. El expediente deberá volver al juzgado de origen para que la Oficina de Sorteos y Asignación de Causas designe a otro magistrado, mientras la investigación continuará bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.

mujer,altavoz,trípode,evento,Laura Beatriz Marinis

A menos de un mes y medio de que el papa León XIV pise suelo argentino por primera vez, la sede de Cáritas Argentina, ubicada en la calle Balcarce 236, en la Ciudad de Buenos Aires, se convertirá el miércoles 30 de septiembre en el escenario de un reclamo que anticipa esa visita. Legisladores de 12 bloques políticos, organizaciones sociales y representantes de la Iglesia católica presentarán allí, a las 10, un proyecto de Ley de Emergencia en Barrios Populares que busca garantizar por diez años el financiamiento de las obras de integración socio-urbana en los más de 6.400 barrios populares del país.

El Vaticano confirmó semanas atrás que León XIV visitará Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, en su primer viaje apostólico a Sudamérica. Su paso por la Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre, incluirá Buenos Aires, Córdoba y Luján, con una agenda que combina encuentros institucionales y momentos de cercanía con sectores vulnerables. En ese contexto, la Iglesia argentina eligió las semanas previas a la llegada del Pontífice para presentar un proyecto que, según sus impulsores, busca sacar a la integración socio urbana de la lógica de cada gestión de turno.

La convocatoria reúne a más de 140 diputados y diputadas de 12 bloques con representación de 11 provincias, y contará con la presencia de monseñor Gustavo Carrara, arzobispo de La Plata y presidente de Cáritas Argentina, quien encabezará la lista de oradores. Lo acompañarán, entre otros, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Martín Lousteau (Provincias Unidas), Fernanda Miño (Unión por la Patria), Esteban Paulón (Provincias Unidas) y Nicolás Massot (Encuentro Federal), todos firmantes del proyecto, además de Araceli Ledesma, referente comunitaria del barrio Lagomarsino, en Pilar, y líder de Desarrollo Comunitario de la fundación TECHO.

Un fondo casi inexistente

El proyecto de Presupuesto 2027 no contempla financiamiento específico para la continuidad de las obras de integración socio urbana, un vacío que se produce justo cuando se cumplen diez años de la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). Según los datos del organismo, en el país existen 6.467 barrios populares donde viven más de cinco millones de personas, cerca de 1,7 millones de ellas niñas y niños.

Entre 2023 y 2026, la ejecución de obras de integración socio urbana cayó un 98%, de 171.863 millones de pesos a apenas 3.336 millones, de acuerdo con el informe 145 de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Como resultado, hoy hay 671 obras paralizadas en 21 provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.

El derrumbe del financiamiento tiene un origen preciso. El Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), creado por el Decreto 819/2019, recibía el 9% de la recaudación del Impuesto PAIS. El Decreto 193/2024 redujo esa participación al 0,3%, una caída del 96,7% de los recursos, y a fines de ese año el impuesto dejó de existir, lo que dejó al fondo sin recursos afectados.

Justicia: el Congreso debe resolver el vaciamiento

“La iniciativa legislativa responde de manera directa a una decisión judicial”, le recordó a este medio el diputado Juan Grabois. En mayo de 2025, el Juzgado Federal de Pehuajó hizo lugar a un amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones sociales, que habían cuestionado el Decreto 312/2025 por disponer la disolución del FISU sin prever un mecanismo alternativo de financiamiento. El juez Andrés Heim dictó una medida cautelar que suspendió los efectos de ese decreto al considerar que la ausencia de recursos comprometía el goce efectivo de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el hábitat y el ambiente sano, todos ellos amparados por la Ley 27.453 en su carácter de interés público.

La medida se reglamentó mediante el Decreto 819/2019, y el Congreso volvió a fortalecerla en 2022, lo que consolidó una política de Estado sostenida por gobiernos de distinto signo político.

La Ley 27.453, sancionada en 2018 con amplio consenso legislativo (fue votada por unanimidad), estableció el marco normativo del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares en la Argentina. Sus principales disposiciones son:

• Declaración de interés público: el artículo 1° declara de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares, reconociendo la situación de vulnerabilidad habitacional de millones de personas que habitan en esos barrios y estableciendo un marco legal para su integración urbana y social.
• Reconocimiento de derechos: la norma consagra el derecho a la integración socio urbana como un derecho cuya efectividad depende de la existencia de recursos concretos que le otorguen previsibilidad presupuestaria. Apunta a garantizar el acceso a una vivienda digna, a los servicios públicos esenciales y al hábitat en condiciones adecuadas.
• Seguridad en la tenencia de la tierra: según el Renabap, el 100% de los barrios populares relevados está amparado por esta ley, que otorga seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a sus habitantes, un punto central de la norma original.
• Emergencia socio urbana: a través de modificaciones posteriores, se incorporó el artículo 14 bis, que declaró la emergencia socio-urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares. Este es el artículo que el nuevo proyecto de ley busca ratificar y extender por diez años adicionales.

• Trayectoria transversal: la ley nació durante la gestión de Mauricio Macri en 2018, se profundizó con la creación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) durante la presidencia de Alberto Fernández, media

En su fallo, el juez Heim sostuvo que la falta de financiamiento implicaba una regresividad inadmisible en términos constitucionales, en la medida en que el Estado argentino había asumido, a través de tratados internacionales con jerarquía constitucional incorporados por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, el deber de progresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que le prohíbe retroceder sin una justificación estricta y debidamente fundada sobre los niveles de protección ya alcanzados.

El magistrado exhortó de manera expresa al Congreso de la Nación a arbitrar los mecanismos necesarios para establecer un financiamiento adecuado y sostenible que garantizara la continuidad de la política de integración socio urbana.

El proyecto que se presentará en Cáritas constituye la respuesta directa a ese exhorto judicial, tal como lo reconocen sus propios impulsores en los fundamentos del texto legislativo.

El texto establece un piso presupuestario anual atado al Producto Bruto Interno (PBI), que arranca en el 0,0375% para el período 2027-2029, y crece de manera progresiva hasta alcanzar el 0,1125% entre 2034 y 2036. Ese porcentaje inicial equivale al nivel de inversión que el FISU alcanzó en 2021, año en que comenzó su despliegue territorial.

El proyecto no crea ningún impuesto nuevo: establece una prioridad dentro de los recursos de rentas generales del Estado y dispone que los fondos nunca sean inferiores, en términos absolutos, a los del año anterior, incluso si el Presupuesto queda prorrogado. También ratifica y extiende por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental declarada en los barrios populares.

Fue el propio monseñor Carrara quien, antes de la presentación oficial del proyecto de Ley, habló sobre la importancia de su aprobación: “Los vecinos trabajan con laboriosidad con la ilusión de pasar del techo de chapa a la losa para después poder cobijar a sus hijos y nietos; para eso es necesario un diálogo”.

Antes de pronunciar esa frase, el titular de Cáritas Argentina, monseñor Gustavo Carrara, definió el concepto central de la propuesta que, según él, debe guiar la lectura de la problemática habitacional. “El concepto de integración socio urbana busca destacar el protagonismo de las vecinas y vecinos; que no solo dan que pensar, sino que piensan; no solo despiertan sentimientos, sino que sienten; y no sólo padecen las injusticias, sino que se organizan de modo creativo en la lucha por vivir mejor”.

Con financiamiento sostenido, el FISU llegó a ejecutar 1.322 obras en 1.164 barrios populares de las 23 provincias del país, generó 23.909 lotes con servicios y alcanzó a más de 1.300.000 personas. Casi 859.000 familias cuentan hoy con Certificado de Vivienda Familiar vigente, y el programa Mi Pieza redujo el hacinamiento del 43% al 21% en los hogares beneficiados.

Esas políticas fueron auditadas sin observaciones por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Universidad Católica Argentina (UCA) y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).

La magnitud del reclamo se dimensiona al comparar el costo fiscal propuesto con otras erogaciones vigentes del Estado. El piso inicial de 0,0375% del PBI equivale a unos 387.000 millones de pesos (USD 260 millones) anuales, una cifra que representa apenas 1,3 veces menos que el costo de la exención a la renta financiera y 91 veces menos que el total de gastos tributarios del Estado en 2026.

Un consenso que atravesó gobiernos

La Ley 27.453, que declaró de interés público el Régimen de Integración Socio Urbana, se votó por unanimidad en 2018 durante la gestión de Mauricio Macri. La política se profundizó con la creación del FISU durante la presidencia de Alberto Fernández, y el Congreso la volvió a fortalecer en 2022, lo que consolidó una trayectoria de continuidad más allá del signo político de cada gestión.

Gisella Gazzotti, directora nacional de Incidencia en TECHO-Argentina, explicó los alcances de la iniciativa. “Impulsamos este proyecto que busca garantizar fondos del Presupuesto para los sectores más pobres de Argentina. Hoy en los barrios populares viven cerca de 1,7 millones de niños y niñas que se inundan cuando llueve, que crecen sobre un piso de tierra y que no hay manera de que puedan progresar sin invertir en su futuro. Buscamos que este proyecto de ley permita transformar la vida de todos ellos”, afirmó.

El proyecto que se presentará en Cáritas Argentina y que lleva la firma de diferentes espacios políticos es impulsado, entre otros, por la Mesa Nacional de Barrios Populares, que nuclea a Cáritas Argentina, TECHO y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) con el objetivo declarado de que la integración socio urbana deje de depender de la voluntad política de los gobierno de turno.

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