El reciente anuncio del régimen cubano sobre el indulto a 2.010 reclusos suscitó fuertes críticas entre presos políticos, sus familiares y organizaciones de derechos humanos, que denunciaron la exclusión de quienes cumplen condena por motivos políticos. El caso de Lisandro Betancourt Escalona, uno de los presos políticos más antiguos del país, se convirtió en un emblema de estas acciones.

Desde la prisión El Típico, en Las Tunas, Betancourt, de 63 años, enfermo y con discapacidad física, denunció en un audio difundido por el grupo de asesoría legal Cubalex su exclusión del indulto anunciado por el régimen. “Yo quiero darle a conocer al mundo la verdad del famoso indulto que dio el Gobierno tiránico de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, que es una farsa más y una mentira más“, afirmó.

Betancourt, quien lleva más de 35 años tras las rejas, detalló que en el penal solo fueron indultados seis reclusos, a quienes correspondía la libertad condicional y no les había sido otorgada. “Los demás indultos que se dieron, fueron a personas que ya estaban pasadas de libertad condicional hacía mucho tiempo y les dieron un famoso indulto. Eso es una farsa más del comunismo y el mundo tiene que conocer eso”, subrayó.

El preso político, que tiene amputadas ambas manos, carece de visión en un ojo y padece diabetes, hipertensión, cardiopatía, artritis, gota y un aneurisma, resaltó: “Personas enfermas y con discapacidad como yo no han sido beneficiadas”.

Betancourt Escalona es actualmente uno de los presos políticos de más larga data en las cárceles de Cuba. Fue condenado hace 36 años por “atentado” y “otros actos contra la seguridad del Estado”, figuras penales que la dictadura de la isla utiliza con frecuencia para castigar el disenso abierto.

En el audio, anunció además que comenzará una huelga de hambre como protesta por la arbitrariedad del indulto y su exclusión.

El régimen cubano había presentado el indulto como un gesto “humanitario”, basado en un análisis de la conducta, tiempo cumplido y estado de salud de los sancionados. Según el anuncio oficial, los beneficiados incluirían “jóvenes, mujeres, adultos mayores de 60 años, los que arriban al término de libertad anticipada en el último semestre y próximo año; así como extranjeros y ciudadanos cubanos residentes en el exterior”.

Sin embargo, la nota difundida por la prensa estatal aclaraba que no serían objeto de la medida quienes hubieran cometido “delitos contra la autoridad”. Justamente esta categoría incluye figuras como “desacato”, “atentado” y “resistencia”, imputaciones habituales contra manifestantes y opositores.

Organizaciones y fuentes consultadas por Infobae consideran que esta exclusión reduce de manera drástica el alcance real de la medida para los presos políticos.

La ONG Prisoners Defenders documentó que la excarcelación se limitó a presos comunes. Javier Larrondo, presidente de la organización, confirmó a Infobae: “En la Prisión de Trabajos Forzosos Toledo 2, Marianao, La Habana, han soltado a 41 presos, todos comunes. Ni uno solo es preso político. Igualmente en la Prisión de Trabajos Forzosos El Yabú. Todos comunes. Se confirma el jueguecito del régimen para intentar engañar a la prensa, a costa de mortificar a los familiares”, expresó.

Larrondo detalló que la situación se repite en otros centros penitenciarios de todo el país, como Boniato, en Santiago de Cuba, Taco Taco, Remedios y La Lima, donde solo han sido liberados presos comunes. “Es un drenaje carcelario de presos comunes por todo el país para abaratar costes penitenciarios al tener la mayor tasa de presos del mundo: 90 mil para 9 millones de habitantes”, destacó a Infobae.

De acuerdo con Prisoners Defenders, Cuba cuenta con 242 centros penitenciarios y correccionales, y las cifras de excarcelados coinciden con la media de liberaciones esperadas por cada centro. “Pero ni un solo preso político excarcelado. Y muchas decenas de nuevos presos políticos se suma cada mes que pasa”, concluyó Larrondo.

El caso de Betancourt Escalona refleja el impacto de la medida en la población penitenciaria política. Mientras tanto, familiares y organizaciones denuncian que la situación en las cárceles cubanas sigue inalterada para los presos políticos, quienes continúan reportando arbitrariedades y condiciones de detención incompatibles con los derechos humanos.

En medio del nuevo estado de excepción en Ecuador, la Unión Europea y el gobierno del presidente Daniel Noboa oficializaron el viernes la ratificación de un acuerdo que fortalece la colaboración con Europol en la lucha contra la delincuencia grave y el terrorismo.

Según comunicó el Ministerio de Exteriores ecuatoriano, el convenio, firmado inicialmente el 23 de septiembre de 2025 durante la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU por la ministra Gabriela Sommerfeld y el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, busca fortalecer el trabajo conjunto de las autoridades de ambas partes en la prevención y persecución de delitos graves y actos terroristas.

Ecuador se convierte en el primer país de América Latina en suscribir un acuerdo de este tipo con el grupo europeo. El pacto incluye salvaguardias específicas para la protección de derechos y libertades fundamentales, como el derecho a la intimidad y a la protección de datos personales.

La ratificación se concretó con la firma del decreto por parte del presidente Daniel Noboa y su publicación en el Registro Oficial el 30 de marzo de 2026. Para el gobierno ecuatoriano, este acuerdo representa una herramienta clave para ampliar las capacidades de cooperación bilateral en materia de seguridad.

Ambas partes coincidieron en que el pacto refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta el crimen organizado transnacional y refuerza la cooperación internacional en seguridad.

Ante el escenario de violencia que se vive en Ecuador, Noboa decretó el jueves un nuevo estado de excepción por 60 días para combatir el crimen organizado, medida que afectó a nueve de las 24 provincias del país, incluidas Quito y Guayaquil, las principales ciudades, así como a cuatro municipios de otras tres provincias.

Durante el estado de excepción en Ecuador quedaron suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, permitiendo a la Policía y a las Fuerzas Armadas ingresar a viviendas sin orden judicial e interceptar comunicaciones. Las Fuerzas Armadas también se desplegaron para ejecutar operativos contra organizaciones criminales en coordinación con la Policía.

El decreto, emitido en vísperas del feriado de Semana Santa, afectó principalmente a provincias de la costa, región donde operan bandas dedicadas al narcotráfico que utilizan Ecuador como ruta para enviar cocaína —producida principalmente en Colombia— hacia Europa y Estados Unidos. Entre las jurisdicciones incluidas figuran Esmeraldas y El Oro (fronterizas con Colombia y Perú), Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Pichincha (donde se ubica Quito) y Sucumbíos, provincia amazónica en la que recientemente se realizaron operativos coordinados con Estados Unidos para desmantelar campamentos de los Comandos de la Frontera.

Desde 2024, tras declararse la “guerra” al crimen organizado, el presidente Daniel Noboa ha decretado varios estados de excepción, algunos de alcance nacional.

El objetivo de estas medidas es frenar el auge de la violencia criminal, aunque Ecuador continúa liderando las tasas de homicidios en Latinoamérica, con más de 50 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2025.

El toque de queda nocturno anterior, impuesto desde el 15 de marzo en Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas, finalizó a las 05:00 del lunes pasado, dejando un saldo superior a mil detenidos. El Ministerio del Interior reportó 1.283 detenciones, en su mayoría por violaciones al toque de queda, mientras que el Ministerio de Defensa registró 806 capturas y la destrucción de 47 objetivos militares, entre ellos caletas de armas, centros de mando y pistas clandestinas.

Durante la vigencia de la medida, las autoridades incautaron 651 armas blancas y de fuego, 5.069 municiones, 5.401 explosivos, más de 25.000 dólares en efectivo, y destruyeron cinco pistas clandestinas y 256 bocaminas en zonas de minería ilegal.

El ministro del Interior, John Reimberg, destacó que las operaciones continuarán en todo el país. “Este año no vamos a dar tregua, este año vamos a hacer todo lo que se puede y no se puede por el tema de seguridad de los ecuatorianos”, declaró. Además, subrayó que en 2025 lograron capturar “a todos los cabecillas que nadie se atrevió nunca a tocarlos”.

(Con información de Europa Press)

Steve Friess, the son of the late Republican mega donor Foster Friess, just threw his hat in the ring to run for Wyoming’s open at-large House seat, seeking to pivot from helping fund political candidates to becoming one himself. 

Friess announced this week that he would be throwing his hat in the ring for Wyoming’s vacant, at-large House seat, which is currently held by Rep. Harriet Hageman, R-Wyo., who, in December, indicated she would not run for reelection but instead for the U.S. Senate to replace retiring GOP Sen. Cynthia Lummis.

Friess’s father, Foster, ran for governor of Wyoming in 2018 before his subsequent passing a few years later. Despite losing in a fiercely competitive race, the late GOP businessman and donor was able to obtain the backing of Donald Trump at the time. His son, Steve, says he thinks he too can help lead Trump’s America First agenda «confidently and boldly.»

GOP GUBERNATORIAL HOPEFUL HAILS LEGENDARY GOLFER FOR HEFTY CAMPAIGN DONATION: ‘INCREDIBLY HONORED’

«I’m optimistic that I can help lead others to be very confidently and boldly continuing the America First agenda for President Trump. I think you can’t – you can’t always do that as a donor. You know, you write a check and you don’t always get what you hope comes out on the other side,» Friess, a longtime Wyoming resident, told Fox News Digital.

Friess, a longtime Wyoming native, describes himself as a «political outsider,» but at the same time is touting his record in «the trenches» fighting for conservative causes. 

Friess was one of the early seed funders of the late GOP activist Charlie Kirk’s Turning Point USA, raised the first million dollars for Tea Party Patriots and has been a big finder of the election-integrity nonprofit True the Vote. In talking to Fox News Digital, Friess also touted his work helping get major GOP candidates elected, such as Sen. Steve Daines, R-Mont., Sen. Pete Ricketts, R-Neb., and Montana GOP Governor Greg Gianforte.

TOP DEMS BRUSH OFF TIES TO IMAM WHO HELD MEMORIAL FOR IRANIAN LEADER WHO VOWED ‘DEATH TO AMERICA’

«Each of these gentlemen had great successful careers and then took the time in their life to engage in this way of serving the country. I think this is what the founders intended,» Friess said. «None of us, none of that group – we’re not doing this for, you know, as a career, a title, or a way to get ahead. We all have a sincere vision of serving our state and our nation.»

Steve Friess poses with a rifle in campaign photos.  (Friess for Wyoming)

Friess told Fox News Digital that he supports President Trump’s «bold» actions in Iran, described his actions in Venezuela as «wonderful» and said he wants to focus even more on the government’s budget priorities. 

Friess also said if elected, he would put his full support behind passing the SAVE America Act, a voter integrity law being pushed by Trump and Republicans aimed at shoring up election security, and has also said he would support term limits for members of Congress. 

Meanwhile, Friess told Fox News Digital that, if elected, he would also push to bring back Wyoming’s Federal Bureau of Mines, a federal agency previously housed under the Department of the Interior created in 1910 but later closed in 1966.

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«One important issue that I think we face from a national security level is the fact that China has us over the barrel for a lot of strategic minerals. Wyoming has those strategic minerals, and I’m going to be calling for the recreation of something that was once known as the Bureau of Mines,» Friess posited. «What I’m envisioning is a government entity that’ll be here in Wyoming, not a new bureaucracy in DC, but it will be designed to expedite, streamline and advance the idea of making use of the resources that we have here, both from a jobs perspective and an opportunity perspective, but also from a national security perspective.»