La industria militar europea vio con pánico el inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania. Kiev quemaba en un día más obuses de artillería y munición de los que podían producir las fábricas europeas en un mes. Los arsenales europeos empezaron a vaciarse peligrosamente para sostener al esfuerzo militar europeo. Cuando Rusia atacó, Europa producía menos de 300.000 obuses de 155mm al año. Estados Unidos poco más de 170.000. Rusia disparaba a diario más de 15.000.

Cuatro años después la película es totalmente diferente gracias a una combinación de tres estrategias. Primero se pusieron en marcha fondos públicos que sirvieran de palanca para levantar inversión privada. El programa ASAP de la Comisión Europea, con 500 millones de euros, fue el germen. Los Estados miembros pusieron seguidamente 2.000 millones de euros más y la industria añadió 8.000 millones cuando los ministerios de Defensa empezaron a firmar contratos a largo plazo que aseguraba la venta de todo lo producido, para rellenar arsenales y para seguir ayudando a Ucrania.

La segunda pata fue la diversificación geográfica. Rheinmetall se expandió por el continente y ya tiene plantas en cinco países europeos: Alemania, España, Bulgaria, Hungría y Lituania. Además, desarrolla en Ucrania una fábrica conjunta con un socio empresarial ucraniano. KNDS fabrica ya en Francia, Italia y Letonia. Nammo en Noruega, Finlandia, Suecia y ultima la apertura de una fábrica en Dinamarca.

El tercer paso fue abrir el cuello de botella que frenaba el aumento de la fabricación de obuses. El problema no estaba en fabricar las carcasas metálicas, sino en rellenarlas de explosivos. KNDS usó 41 millones de euros del programa europeo para aumentar su producción de pólvora. Nammo triplicó esa capacidad en tres años en una fábrica sueca.

Europa producirá ya este año más de dos millones de obuses de artillería, más del doble que la industria estadounidense y sólo superada por una Rusia que tiene aportes sustanciales de Corea del Norte.

Para cuando arranque 2027, la producción europea llegará a 2,5 millones de obuses. Washington, en cambio, calculaba alcanzar 1,2 millones en 2025 pero se ha estancado en poco más de medio millón y ahora estima que necesitará todo 2026 para llegar al millón. Europa aumenta su capacidad militar industrial porque sabe que poco puede contar ya con Estados Unidos y que debe seguir armando a Ucrania y rellenar sus arsenales.

El cambio vino de la mano principalmente de unas pocas empresas: Rheinmetall, KNDS, BAE Systems y Nammo. Atraídas por los fondos nacionales y europeos, pero sobre todo por contratos a largo plazo que les aseguran ventas durante lo que queda de década, lanzaron una fuerte inversión en nuevas plantas y en nuevas líneas de fabricación.

El símbolo está en Unterlub, un pueblo de la Baja Sajonia alemana donde Rheinmetall inauguró la mayor fábrica de munición de Europa, construida en menos de 18 meses y con una inversión de más de 500 millones de euros. Sólo de esa fábrica podrán salir, trabajando en un solo turno, 350.000 obuses de artillería al año. Si la fábrica trabajara 24 horas al día triplicando turnos superaría el millón de obuses al año.

En menos de cuatro años los europeos han completado su mayor reconversión industrial militar desde el fin de la Guerra Fría, cuando redujeron rápidamente su producción militar porque no había comprador para tanta arma y tanta munición.

Mientras tanto, Estados Unidos se quedó atrás. En febrero de 2024, Washington dijo que en 2025 estaría fabricando 1,2 millones de obuses. Pero desde septiembre de 2024 su producción está estancada. Según los medios estadounidenses, el problema es que la certificación es más lenta que en Europa, pero sobre todo que la planta que General Dynamics debía poner a toda máquina en Mesquite (Texas) lleva un año de retrasos.

El cambio industrial tiene consecuencias que van más allá de los números de producción. Por primera desde 1945 los europeos estarían en situación de sostener una guerra convencional de alta intensidad con sus propias industrias. Además, Europa puede ahora suministrar a Ucrania casi todo lo que necesita en el plano militar, reduciendo esa dependencia de Estados Unidos. El 80% de la munición de artillería que dispara ahora Ucrania es europea.

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) aprobó una nueva resolución para regular la captura y comercialización del atún rojo del Atlántico Este y Mediterráneo, una de las especies más valiosas y presionadas del planeta, en un contexto marcado por la sobrepesca histórica, la alta demanda internacional y los esfuerzos globales por garantizar su sostenibilidad.

La medida fue oficializada mediante la Resolución ADM/ARAP No.006, publicada en la Gaceta Oficial del 10 de febrero de 2026, y se alinea con las recomendaciones de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico ICCAT.

La resolución establece que Panamá adoptará y aplicará de forma obligatoria las medidas de conservación y ordenación definidas por la ICCAT para el período 2026 y años subsiguientes, con el objetivo de garantizar el uso responsable del recurso.

El documento reconoce que el país forma parte del convenio internacional desde 1998 y, por tanto, está comprometido a cumplir con los acuerdos multilaterales sobre pesca sostenible.

Uno de los ejes centrales de la normativa es el control estricto de las cuotas de captura, los permisos de pesca y los registros de embarcaciones autorizadas.

La ARAP busca evitar que operadores sin licencia participen en la extracción del atún rojo, una especie cuya captura ilegal ha sido una de las principales causas de su deterioro poblacional durante las últimas décadas.

La resolución también regula el seguimiento satelital, los reportes obligatorios y la trazabilidad del producto desde el mar hasta su comercialización. Esto implica que las embarcaciones deberán reportar capturas, ubicaciones y volúmenes, mientras que las autoridades podrán auditar toda la cadena productiva, desde el desembarque hasta la exportación.

Otro aspecto clave es la prohibición de prácticas consideradas no selectivas o dañinas para los ecosistemas marinos. La normativa refuerza los controles sobre artes de pesca, temporadas permitidas y zonas restringidas, con el fin de reducir la captura incidental y proteger especies asociadas.

El atún rojo (Thunnus thynnus) es considerado uno de los peces más cotizados del mundo, especialmente en el mercado asiático. En países como Japón, China y Corea del Sur, su carne es altamente valorada para sushi y sashimi, alcanzando precios que pueden superar los miles de dólares por ejemplar en subastas especializadas.

Japón concentra históricamente más del 70% del consumo mundial de atún rojo, seguido por mercados de Europa —especialmente España, Italia y Francia— y Estados Unidos. Esta demanda ha generado una presión constante sobre las poblaciones naturales, incentivando tanto la pesca legal intensiva como la actividad ilegal.

Durante los años noventa y principios de los 2000, el atún rojo del Atlántico estuvo al borde del colapso biológico. Estudios científicos alertaron que algunas poblaciones se habían reducido en más del 80%, producto de capturas excesivas, falta de controles y debilidad institucional en varios países pesqueros.

Ante ese escenario, la ICCAT impuso desde 2007 un régimen estricto de cuotas, vedas y fiscalización, que permitió una recuperación parcial de la especie. Informes recientes indican que las poblaciones del Atlántico Este y Mediterráneo muestran señales de estabilización, aunque siguen siendo vulnerables.

La resolución panameña busca precisamente evitar un retroceso en esos avances. Al adoptar formalmente las recomendaciones internacionales, el país se compromete a no exceder los límites de captura y a cooperar con los sistemas de monitoreo regionales.

Además de las normas de pesca, recientemente se publicó la normativa que incorpora el componente operativo de la participación panameña en esta pesquería bajo el esquema internacional de control. En ese marco, Panamá cuenta con una cuota anual de 55 toneladas de atún rojo del Atlántico (Thunnus thynnus), asignada dentro del sistema multilateral de reparto del Total Admisible de Captura.

Esta cuota debe ser utilizada exclusivamente por embarcaciones panameñas debidamente autorizadas y registradas, sujetas a los parámetros técnicos y administrativos establecidos para garantizar que las capturas se mantengan dentro de límites sostenibles y puedan ser verificadas por los mecanismos internacionales de control pesquero.

El documento también contempla que Panamá podrá transferir total o parcialmente su cuota a otros países contratantes, siempre que se notifique previamente a la Secretaría de la ICCAT y se cumplan las recomendaciones vigentes en materia de conservación. Esta opción introduce flexibilidad para países con menor capacidad de captura directa o sin flotas especializadas en esta especie.

La normativa advierte que cualquier captura que exceda el límite autorizado puede derivar en deducciones en asignaciones futuras, conforme a los criterios de cumplimiento aplicados por el organismo regional. Este mecanismo busca reforzar el acatamiento de las reglas y desincentivar prácticas que comprometan la recuperación del stock.

En paralelo, se refuerza que toda actividad vinculada a esta cuota debe estar respaldada por sistemas de control, documentación y certificación internacional, incluyendo permisos de captura, registros de desembarque y reportes periódicos, con el fin de garantizar la trazabilidad del producto.

Desde el punto de vista económico, la regulación también tiene implicaciones para exportadores y operadores logísticos. Panamá, como hub marítimo y comercial, participa indirectamente en la cadena del atún rojo a través del transporte, almacenamiento y reexportación, por lo que debe garantizar que los productos que circulan por su territorio cumplan con los estándares internacionales.

El documento establece mecanismos de inspección portuaria, verificación documental y cooperación con otras autoridades aduaneras y pesqueras. Esto busca cerrar espacios a la comercialización de pescado capturado de manera irregular o sin respaldo legal.

La presión sobre el atún rojo no solo proviene de la pesca industrial. El cambio climático, el aumento de la temperatura del mar y la alteración de las rutas migratorias también afectan su reproducción y supervivencia. Por ello, los e

En ese contexto, la ARAP señala que la resolución forma parte de una estrategia de responsabilidad internacional, que busca preservar los recursos marinos para futuras generaciones y fortalecer la imagen de Panamá como país comprometido con la sostenibilidad.

La normativa también contempla sanciones administrativas y penales para quienes incumplan las disposiciones, incluyendo multas, suspensión de licencias y decomiso de productos. Estas medidas buscan desincentivar prácticas ilegales y reforzar el cumplimiento efectivo de la regulación.

Para el sector pesquero, el nuevo marco implica mayores exigencias operativas, pero también ofrece mayor seguridad jurídica. Al alinearse con las reglas de la ICCAT, los operadores panameños evitan restricciones comerciales en mercados internacionales que penalizan el comercio de especies no certificadas.

A nivel global, la producción mundial de atún rojo sigue siendo limitada en comparación con otras especies, precisamente por las restricciones vigentes. Esto mantiene los precios elevados y refuerza el interés económico en su explotación, lo que obliga a los gobiernos a mantener sistemas de control robustos.

Especialistas advierten que relajar las normas actuales podría provocar un nuevo ciclo de sobreexplotación, similar al ocurrido hace dos décadas. Por ello, organismos multilaterales insisten en la necesidad de mantener cuotas conservadoras y reforzar la cooperación internacional.

En Panamá, la adopción de estas medidas también responde a compromisos asumidos en tratados ambientales y comerciales, que exigen demostrar prácticas responsables en el uso de recursos naturales. El incumplimiento podría traducirse en restricciones comerciales o sanciones diplomáticas.

La resolución sobre el atún rojo se suma a otras normas recientes enfocadas en fortalecer la gobernanza pesquera, mejorar la trazabilidad y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, considerada una de las principales amenazas para los océanos.

A longtime federal prosecutor who left the U.S. attorney’s office in Minnesota last month amid a wave of resignations linked to concerns over the Trump administration’s handling of anti-ICE agitators has joined former CNN anchor Don Lemon’s defense team, court filings show.

Joseph H. Thompson, a former senior leader in the Minnesota U.S. attorney’s office before he resigned, will now defend Lemon alongside Abbe Lowell, bringing firsthand experience from the same federal district prosecuting the case. Lowell is a well-known defense attorney who has sparred with the Trump administration in a number of high-profile cases in the past year alone, representing New York Attorney General Letitia James, Federal Reserve Board Governor Lisa Cook and former National Security Adviser John Bolton. 

Lemon will fight these charges «vigorously and thoroughly» in court, Lowell told Fox News Digital last month.  

According to a formal notice of appearance, Thompson will appear alongside Lemon in federal court Friday for an arraignment and initial court appearance in the Minnesota federal district.

DON LEMON TAPS HUNTER BIDEN’S ATTORNEY TO FIGHT TRUMP DOJ CHARGES

Lemon, who describes himself as an independent journalist, was arrested last month for his alleged involvement in the storming of Cities Church in St. Paul, Minnesota, by anti-ICE agitators. Eight others were also arrested and charged in an event that Attorney General Pam Bondi described at the time as a «coordinated attack.» 

«Make no mistake, under President Trump’s leadership and this administration, you have the right to worship freely and safely,» Bondi said in a video posted to social media.  «And if I haven’t been clear already, if you violate that sacred right, we are coming after you.»

Thompson is one of roughly 14 federal prosecutors who resigned from the U.S. Attorney’s Office in Minnesota since January — a mass exodus many have attributed to the Justice Department’s handling of the unrest in Minnesota. He was one of five U.S. prosecutors who resigned from the office shortly after the fatal shooting of Renee Good and concerns over DOJ’s handling of the case.

«It was an honor and privilege to serve as an Assistant U.S. Attorney in both the District of Minnesota and Northern District of Illinois,» Thompson said on LinkedIn to announce his departure. He did not immediately respond to Fox News Digital’s request for comment on the news that he will represent Lemon. 

Thompson previously spent 11 years at the U.S. Attorney’s Office for the District of Minnesota, including in key leadership roles. He served as the acting U.S. attorney for the district through October 2025 and headed up the fraud and public corruption section for the federal district.

MINNESOTA DRAGS TRUMP’S ICE TO COURT IN EFFORT TO PAUSE IMMIGRATION CRACKDOWN

Former CNN anchor and journalist Don Lemon speaks to the media after a hearing at the Edward R. Roybal Federal Courthouse in Los Angeles on January 30, 2026. The Trump administration charged Lemon with civil rights crimes over coverage of immigration protests.  (AFP via Getty)

Lemon was charged with conspiracy to deprive the rights of others and a FACE Act violation related to his alleged involvement with the anti-ICE disruption at Cities Church. 

The group was seen chanting «ICE out,» according to video footage, and interrupting a worship service.

Lemon was released without bail on Jan. 30. The FACE Act, passed in 1994, is a federal law that prohibits the use of force, intimidation, or obstruction to deliberately «injure, intimidate, or interfere» with an individual’s ability to exercise their right to religious freedom at a place of worship. 

FACE Act violations carry penalties ranging from fines to prison time, depending on the severity of the violation alleged and other contributing factors. 

Because the FACE Act classifies a first-time violation involving the use of force or physical obstruction as a misdemeanor, Lemon could face a maximum of one year in federal prison if prosecutors seek those charges.

Lowell has argued the case against Lemon is an «unprecedented attack» on the First Amendment, and an attempt by the Justice Department to chill free speech protections.

Protesters chant and bang on trash cans as they stand behind a makeshift barricade during a protest. (AP Photo/Adam Gray)

And Lemon, for his part, said he had been attending the demonstration in a reporting capacity. 

In a video posted to his YouTube channel, Lemon remarked, «I’m just here photographing, I’m not part of the group … I’m a journalist.» 

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«I went there to chronicle and document and record,» Lemon told Jimmy Kimmel in an interview last week, adding, «There is a difference between a protester and a journalist.»

Lowell echoed this claim. «Don has been a journalist for 30 years, and his constitutionally protected work in Minneapolis was no different than what he has always done.»