INTERNACIONAL
Científicos alertan sobre más inundaciones en islas bajas por el aumento del mar
Un evento de inundación que en 2022 se consideró excepcional en las Maldivas podría repetirse cada dos o tres años para 2050, según un estudio realizado por científicos del Reino Unido.
Aunque la investigación se centró en las Maldivas, los científicos alertaron que sus conclusiones pueden extenderse a otras islas bajas.
El análisis advierte que el aumento del nivel del mar amenaza la seguridad de las comunidades insulares, ya que episodios como el registrado en la isla de Fiyoaree podrían dejar de ser raros.
El estudio, publicado en la revista Cambridge Prisms: Coastal Futures, señaló que la inundación de 2022 fue la peor desde el tsunami de 2004.
“Las islas de atolón de baja altitud están entre los lugares más vulnerables del planeta debido al aumento del nivel del mar y, cuando se inundan, resulta perturbador y potencialmente peligroso”, afirmó el profesor Gerd Masselink, investigador de la Universidad de Plymouth.
La investigación fue realizada por un equipo de la Universidad de Plymouth y Deltares, un instituto de investigación aplicada de los Países Bajos, bajo la dirección del profesor Masselink y el doctor Robert McCall.
El trabajo forma parte del proyecto ARISE, financiado por el Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas del Reino Unido.
Islas como Fiyoaree, en el extremo suroeste del atolón Huvadhoo, representan uno de los puntos más críticos frente al cambio climático.
El estudio parte de la premisa de que las islas bajas son especialmente vulnerables a las inundaciones costeras, ya que su escasa elevación las expone a la subida del mar y a fenómenos extremos.
En 2022, una marejada lejana en el océano Índico coincidió con una marea extraordinariamente alta, lo que provocó inundaciones en 20 islas.
El objetivo principal del estudio fue comprender con precisión la frecuencia y las causas de las inundaciones en las islas de atolón, así como proyectar cómo podrían evolucionar estos episodios en las próximas décadas.
Los científicos buscaron cuantificar el riesgo futuro y aportar herramientas para que los gobiernos puedan anticipar y mitigar los impactos.
El profesor Masselink explicó: “Las islas de atolón de baja altitud están entre los lugares más vulnerables del planeta debido al aumento del nivel del mar y, cuando se inundan, resulta perturbador y potencialmente peligroso”.
Para alcanzar sus objetivos, el equipo realizó observaciones de campo en Fiyoaree en enero y julio de 2022, recogiendo datos sobre la altura de las olas y la extensión de la inundación.
Además, emplearon el modelo computacional XBeach, una herramienta desarrollada por Deltares junto a socios internacionales, que permite simular inundaciones y erosión costera.
Los resultados del modelo se compararon con los datos reales obtenidos en la isla, lo que permitió validar su precisión.
El modelo se aplicó a los 158 eventos de tormenta registrados entre 1990 y 2023. Solo el episodio de julio de 2022 provocó inundaciones con el nivel actual del mar.
Pero el análisis proyecta que, con el aumento previsto del nivel del mar para 2050, nueve tormentas históricas más habrían causado inundaciones similares. Así, lo que hoy ocurre cada 25 años podría suceder cada dos o tres años en el futuro.
El doctor McCall, de Deltares, señaló: “Las naciones insulares de atolón de baja altitud van a enfrentar un riesgo creciente de inundaciones costeras a medida que suba el nivel del mar”.
Además, destacó: “Podemos usar nuestro conocimiento de los procesos que llevan a la inundación para apoyar la selección y el diseño de soluciones de protección, mitigación y adaptación, ayudando a las sociedades a gestionar el riesgo futuro de inundaciones”.
El estudio también revela que las islas pueden elevarse de forma natural cuando las olas depositan arena y escombros de coral sobre su superficie, lo que podría aumentar su resiliencia.
Masselink subrayó: “Nuestro estudio también ha mostrado cómo las olas que pasan sobre una isla pueden depositar arena de coral y escombros en la superficie de la isla, elevando su altura y potencialmente haciéndola más resistente a futuras inundaciones y al aumento del nivel del mar”.
Entre las recomendaciones, los científicos instaron a las autoridades de Maldivas y de otros países insulares a identificar y aplicar estrategias de adaptación costera sin demora.
Enfatizaron en la urgencia de actuar para proteger a las comunidades y la infraestructura ante el aumento del riesgo.
También reconocieron que el modelo no consideró posibles cambios naturales o humanos en las islas durante los próximos 25 años, lo que representa una limitación.
Además, advirtieron que la complejidad del fenómeno requiere más investigaciones para entender completamente la capacidad de adaptación de las islas.
La situación de las islas de atolón frente al aumento del nivel del mar es compleja y la protección de las comunidades y su infraestructura dependerá de estudios continuos y de una acción decidida.
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INTERNACIONAL
Como con Kirchner en Argentina, sacaron un busto de Evo Morales del Palacio Legislativo en Bolivia
La figura de Evo Morales volvió a generar polémica en Bolivia, luego de que el Poder Legislativo retirara del Congreso un busto del expresidente y, tras una semana, se lo entregaran a militantes del dirigente cocalero. La situación recordó al retiro de una estatua de Néstor Kirchner en el Senado argentino.
«La Asamblea Legislativa debe recuperar su institucionalidad, es la casa de la democracia. Nunca más (debe haber) culto a ningún caudillo, sea de izquierda, de derecha o de centro. Aquí deben estar los símbolos patrios, nuestro escudo nacional, nuestra bandera de Bolivia», explicó el jueves Claudia Mallón, que promovió la resolución en la Cámara alta boliviana.
Mallón ya había quedado envuelta en polémica cuando, en febrero, pidió que se ofrezca una recompensa de 100 mil dólares para detener a Morales. El expresidente permanece desde octubre de 2024 en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical en el centro del país, para evitar ser detenido por un proceso en su contra por presunta trata agravada de personas, en el que la Fiscalía lo acusa de haber tenido una relación con una menor de edad con quien supuestamente tuvo un hijo en 2016, cuando era presidente.
En esa oportunidad, la senadora recibió «más de un centenar de amenazas, insultos e improperios» por la propuesta de un premio económico para atrapar a Morales.
El busto del expresidente se encontraba hasta la semana pasada en el vestíbulo principal del Palacio Legislativo boliviano. Lo habían colocado allí en enero de 2011, en medio de la extensa estadía del ahora exmandatario (fue jefe de Estado entre enero de 2006 y noviembre de 2019). Supuestamente, fue donado por un seguidor.
«Los que consideran que ese busto les pertenece pueden reclamarlo, llevarlo al patio de sus casas o al chaco (parcela) de un prófugo de la justicia como es Evo Morales», afirmó Mallón.
Mallón sostuvo que quienes acrediten con documentos que el busto les pertenece «pueden llevárselo» e insistió en que con su retiro se busca «recuperar la institucionalidad» del Parlamento.
Este jueves, dirigentes que responden a Evo Morales recogieron la escultura, que pasó una semana en un depósito del antiguo edificio del Parlamento de Bolivia. Lo llevarán a la sede partidaria del MAS. Denuncian que algunos senadores querían fundir el busto.
«Él decidirá en qué lugar se va a quedar de manera perpetua», dijo Omar Ramírez, de la fuerza Evo Pueblo, que subrayó que la localización definitiva rsponderá al deseo del expresidente.
Agradeció que los funcionarios administrativos de la Asamblea Legislativa entregaran la escultura porque, según el político, supuestamente algunos parlamentarios «ejercieron una fuerte presión» para que la imagen no fuera entregada, ya que tenían la intención de fundirla «y hacer barbaridades en actos públicos».
El Senado también había dispuesto que la escultura no fuera instalada en ninguna otra parte del Legislativo, lo cual provocó una reacción de los leales al mandatario para pedir su entrega.
El busto de Morales fue instalado en el vestíbulo del antiguo Palacio Legislativo durante el periodo 2011-2012.
El gobernador electo del departamento central de Cochabamba, el exsenador Leonardo Loza, destacó en la misma rueda de prensa que el busto fue «rescatado» de la sede del Legislativo.
«Evo es pueblo. La imagen del pueblo Evo Morales. Como alguien decía, podrán intentar destruir nuestra imagen, pero Evo Morales está en tantos hospitales que ha construido», dijo Loza, afín al exgobernante.
La gobernación de Cochabamba es la única plaza de peso ganada por el ‘evismo’ en los comicios regionales del pasado 22 de marzo, después de que en 2021 su partido tenía tres gobernadores.
La declinación del «evismo» y del Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo como una causa el enfrentamiento entre Morales y el expresidente Luis Arce (2020-2025), preso desde diciembre por denuncias de corrupción.
La acusación formal contra el expresidente fue presentada en octubre pasado y está pendiente de que la Justicia fije la fecha para el inicio del juicio por este caso y que la Policía cumpla con la orden de captura vigente contra Morales.
La situación ocurrida en los últimos días en Bolivia recordó al caso del busto de Néstor Kirchner que Victoria Villarruel -vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado- mandó retirar del Salón de las Provincias, del Senado. «No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda», explicó Villarruel su decisión en febrero de 2024.
Desde el kirchnerismo hubo fuertes críticas a la vicepresidenta. El busto de Kirchner fue derivado en el bloque de Unión por la Patria. En su lugar, Villarruel inauguró uno de Isabel Perón, el 17 de octubre de 2024, en coincidencia con el Día de la Lealtad peronista.
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War Secretary Pete Hegseth signed a memo on Thursday ordering a major shift in base security policy, allowing service members to request permission to carry personal firearms for self-defense amid growing concerns about threats on U.S. installations.
In an announcement on social media, Hegseth said all American citizens have a God-given right under the Second Amendment to carry weapons for protection.
However, he said that right has not been extended to uniformed service members, who are «trained at the highest and unwavering standards.»
«These war fighters, entrusted with the safety of our nation, are no less entitled to exercise their God-given right to keep and bear arms than any other American,» Hegseth said. «Our war fighters defend the right of others to carry. They should be able to carry themselves.»
HEGSETH INSTATES ‘HIGHEST MALE STANDARD ONLY’ FOR COMBAT, OTHER CHANGES, DECLARING DEPT. OF DEFENSE ‘IS OVER’
Defense Secretary Pete Hegseth speaks to members of the media during a press briefing at the Pentagon in Washington, Thursday, March 19, 2026. (Manuel Balce Ceneta/AP Photo)
Citing recent tragedies at Fort Stewart, Holloman Air Force Base and Pensacola Naval Air Station, Hegseth said the incidents have «made clear» that «some threats are closer to home than we would like.»
«In these instances, minutes are a lifetime, and our service members have the courage and training to make those precious short minutes count,» he said. «Before today, it was virtually impossible … for War Department personnel to get permission to carry and store their own personal weapons aligned with the state laws where we operate our installations.»
While service members can already own personal firearms, concealing and carrying a weapon was previously not permitted on federal sites — including military installations.
Defense Secretary Pete Hegseth administers the oath of enlistment to a group of National Guard soldiers, at the base of the Washington Monument, Friday, Feb. 6, 2026 in Washington. (Kevin Wolf/AP)
HEGSETH APPEALS RULING BLOCKING PUNISHMENT OF DEM SENATOR OVER ‘ILLEGAL ORDERS’ VIDEO
Those who owned personal weapons had to register their guns with base authorities and storage was often controlled by the installation.
Carrying on post was often restricted to military police, security and personnel on official duty.
«Effectively, our bases across the country were gun-free zones,» Hegseth said. «Unless you’re training, or unless you are a military policeman, you couldn’t carry. You couldn’t bring your own firearm for your own personal protection onto post. Well, that’s no longer.»
300 Soldiers treat and work on fake wounded soldiers for a training exercise (Fox News)
PENTAGON CITES ‘MERITOCRACY’ AS OFFICER REMOVALS DRAW DEMOCRATIC CRITICISM
The memo signed Thursday directs installation commanders to allow requests to carry a privately owned firearm, with the presumption that it is necessary for personal protection.
If a request is denied, Hegseth said the reason for that denial will be put in writing and will explain, in detail, the basis for that direction.
«Again, the presumption is service members will be able to have their Second Amendment right on post,» he said. «Not all enemies are foreign, nor are they all outside our borders. Some are domestic. Confirming your God-given right to self-protection is what I’m signing into action today, and I’m proud to do so.»
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Hegseth did not specify if training or certification will be required, or if storage and transport of weapons will be regulated.
It is also unclear if there will be uniform rules across all military branches.
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INTERNACIONAL
El gobierno de Ecuador denunció a más de 21 jueces y fiscales por presuntamente favorecer la liberación de detenidos
El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó que su cartera de Estado ha presentado más de 21 denuncias contra jueces y fiscales que, según el Gobierno, habrían favorecido la liberación de personas detenidas en operativos contra el crimen organizado, en un contexto marcado por la intensificación de la política de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
En una entrevista concedida a El Universo, el funcionario sostuvo que estas acciones forman parte de una estrategia más amplia orientada a reforzar la lucha contra las estructuras delictivas, no solo a través de operativos policiales y militares, sino también mediante el control institucional del sistema judicial. Según indicó, el objetivo es evitar que los esfuerzos de las fuerzas del orden se vean debilitados por decisiones judiciales que permitan la excarcelación de detenidos vinculados a delitos graves.
Reimberg señaló que existe una preocupación dentro del Gobierno respecto al funcionamiento de ciertos operadores de justicia, a quienes acusó de no actuar conforme a las demandas de seguridad de la ciudadanía. En ese sentido, aseguró que se han iniciado investigaciones en coordinación con la Fiscalía y que incluso ya se ha producido la detención de un juez por presuntamente favorecer a organizaciones criminales.
El ministro evitó precisar el número total de jueces investigados, argumentando que revelar esa información podría afectar las indagaciones en curso. No obstante, enfatizó que el mensaje del Ejecutivo es claro: cualquier funcionario judicial que incurra en prácticas irregulares enfrentará consecuencias penales. En sus declaraciones, insistió en que no se permitirá que la justicia “haga lo que hizo el año anterior”, en referencia a decisiones que, según el Gobierno, facilitaron la liberación de detenidos.
Estas afirmaciones se producen en el marco de un balance sobre las medidas de seguridad implementadas en varias provincias del país, particularmente los toques de queda aplicados en Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. De acuerdo con Reimberg, estas acciones permitieron ejecutar operativos dirigidos a desarticular economías criminales, incluyendo actividades como el narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de armas.
El funcionario explicó que el uso del toque de queda respondió a la necesidad de minimizar riesgos durante intervenciones de alto impacto, en las que se requirió el uso de fuerza y el control de territorios considerados estratégicos para las organizaciones delictivas. También dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas similares en otras provincias, dependiendo de la evolución de las operaciones y de los objetivos identificados por las autoridades.
En términos de resultados, Reimberg indicó que durante marzo se registró una reducción del 28% en ciertos indicadores de criminalidad que no incluyen homicidios, y detalló que se realizaron más de 2.200 allanamientos y se detuvo a unas 4.300 personas. Además, mencionó la captura de objetivos de alto e intermedio valor, así como la identificación de financistas de estructuras criminales.
Sin embargo, reconoció que la disminución de la criminalidad no es absoluta y que continúan registrándose hechos violentos, incluso en zonas donde se aplicaron restricciones de movilidad. Según explicó, esto se debe a que las operaciones contra grupos delictivos se mantienen activas y no dependen exclusivamente de medidas como el toque de queda.
El ministro también abordó la relación entre el Ejecutivo y el sistema judicial, subrayando que la lucha contra la delincuencia requiere una articulación efectiva entre ambas funciones del Estado. En ese contexto, insistió en que las denuncias presentadas buscan corregir lo que considera desviaciones en el actuar de jueces y fiscales, sin que ello implique una intromisión en sus competencias.
En paralelo, Reimberg destacó la cooperación internacional, especialmente con Estados Unidos, en materia de inteligencia y estrategias para atacar las estructuras económicas del crimen organizado. Este apoyo, según explicó, se enfoca en debilitar las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas, consideradas un eje central en la política de seguridad del Gobierno.
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