INTERNACIONAL
Cómo opera la mafia albanesa para traficar cocaína desde Ecuador hacia Europa
En los últimos años, Ecuador ha sido escenario de una expansión silenciosa pero sistemática de redes criminales provenientes de los Balcanes, particularmente de Albania. Lejos de las imágenes tradicionales del narcotráfico, esta expansión no ha consistido en violencia indiscriminada o control territorial, sino en la consolidación de un modelo empresarial transnacional basado en el comercio legal —principalmente el banano— y la ingeniería corporativa.
Un informe de C4ADS compartido con Infobae, que recopila información hasta mediados de 2023, permite rastrear cómo seis compañías albanesas que importan banano desde Ecuador han estado involucradas en incautaciones de droga desde 2014, y cómo esas mismas empresas, pese a los hallazgos, continúan activas o han retomado operaciones con cambios cosméticos en su administración.
Masabi Fruit, por ejemplo, mantuvo sus actividades tras una incautación ocurrida en abril de 2021. Aunque dos personas —Erjon Peti y Klajdi Xibrau— fueron detenidas y retiradas de la empresa, el negocio continuó con otro administrador, Shyqyri Xibrau. Un patrón similar ocurrió con Zico Sha, también conocida como Bana King LLC, involucrada en un decomiso en noviembre de 2022. Su accionista Trifon Murataj fue retirado de los registros, pero regresó meses después, mientras la empresa reanudaba las importaciones de banano desde Ecuador y mantenía otras líneas de comercio con carne congelada desde Brasil.
La operación de estas compañías no se detuvo por los escándalos. Al contrario, el informe de C4ADS concluye que la mayoría de empresas implicadas en decomisos de droga siguieron activas al menos durante algún tiempo. A excepción de una sola firma, todas las compañías albanesas que mantenían un comercio regular de banano entre Ecuador y Albania desde 2022 han estado relacionadas con cargamentos contaminados con cocaína. Se detectó incluso un patrón de reciclaje empresarial, en el que administradores y accionistas implicados eran reemplazados temporalmente, solo para ser reincorporados una vez que la atención pública disminuía .
La figura de Trifon Murataj es especialmente representativa. Este empresario, vinculado con Bana King LLC en Estados Unidos y Zico Sha en Albania, fue objeto de una orden de captura en su país tras el decomiso de cocaína en un contenedor proveniente de Puerto Bolívar, Ecuador. No obstante, como señala C4ADS, Murataj reapareció en los registros corporativos en agosto de 2023 y habría operado también desde Nueva Jersey, donde posee propiedades y otras compañías, incluyendo Vision 22 LLC. Su actividad apunta a una red que combina legalidad aparente, residencia internacional y comercio logístico global, todo en un mismo entramado.
Para el Observatorio de Economías Ilícitas de GI-TOC estos casos no son aislados. Su informe, publicado en abril de 2025, describe la evolución de las redes criminales de los Balcanes Occidentales —con especial énfasis en las albanesas— como uno de los fenómenos más estratégicos del narcotráfico moderno. Desde inicios de los años 2000, estos grupos dejaron de ser intermediarios marginales para convertirse en operadores mayoristas de cocaína, estableciendo alianzas directas con productores en Colombia, Perú y Bolivia, y utilizando países de salida como Brasil y Ecuador para mover su mercancía hacia Europa.
En Ecuador, las redes albanesas no han operado con la lógica del cartel tradicional. Según Fatjona Mejdini, autora del reporte y directora del Observatorio de Economías Ilícitas en Europa del Sudeste de GI-TOC, su modelo se basa en emisarios, mensajeros y empresarios.
Unos llegan huyendo de causas judiciales en Europa y logran insertarse en Sudamérica como operadores logísticos, estableciendo relaciones con bandas locales. Otros, como los emisarios, son seleccionados directamente por los líderes criminales para instalarse de forma permanente en países andinos, construir vínculos con proveedores de cocaína y garantizar el flujo hacia puertos europeos como Amberes, Gioia Tauro, Róterdam o Salónica.
Uno de los casos más documentados es el de Dritan Rexhepi. De nacionalidad albanesa, se fugó de prisiones en Albania, Países Bajos y Bélgica antes de establecerse en Ecuador en 2012. Fue detenido por tráfico de cocaína en 2014, pero su encarcelamiento le permitió consolidar relaciones con grupos ecuatorianos como Los Choneros. Desde su celda en Latacunga, Rexhepi dirigió operaciones internacionales hasta que obtuvo arresto domiciliario en 2021, del cual escapó.
Otro actor clave en la consolidación de las redes criminales albanesas en Ecuador es Dritan Gjika. Según el informe de GI-TOC, lideró una estructura que introducía mensualmente hasta cuatro toneladas de cocaína desde Colombia a través de Ecuador, para su distribución en Europa. Gjika operó bajo la cobertura de al menos doce empresas legales vinculadas a los sectores inmobiliario y frutícola, creadas junto al ecuatoriano Rubén Cherres, asesinado en 2023. La relación de Cherres con el cuñado del expresidente Guillermo Lasso convirtió este caso en una bomba política que fue usada en el intento fallido de destitución del mandatario. Gjika fue detenido en 2025 en Emiratos Árabes Unidos y podría ser extraditado.
A diferencia de otras organizaciones transnacionales, los grupos albaneses no dependen de estructuras jerárquicas rígidas. Según el informe de Mejdini, operan como redes horizontales, flexibles y altamente especializadas. Son capaces de coordinar operaciones complejas con intermediarios que no siempre forman parte del núcleo original. Esta descentralización les permite adaptarse rápidamente a las condiciones locales y expandirse sin dejar rastros visibles de una cadena de mando.
C4ADS también advierte sobre la durabilidad de ciertas compañías, como Jordil, Masabi o Zico Sha, que han operado durante varios años pese a ser relacionadas con incautaciones. Otras firmas, en cambio, aparecen solo por períodos breves —seis meses o un año—, con escasas importaciones registradas, lo que sugiere esquemas de prueba o negocios estructurados únicamente para una operación específica. El informe señala que desde inicios de 2023 solo Masabi Fruit ha mantenido envíos directos de banano desde Ecuador a Albania, mientras que otras empresas han redireccionado sus cargas a Grecia o han detenido temporalmente sus actividades sin explicación clara.
Una característica recurrente es la relación de estas redes con el puerto de Gioia Tauro, en Italia, un enclave controlado históricamente por la mafia ‘Ndrangheta. Para Mejdini, esta asociación no es menor: las mafias albanesas aprendieron directamente de la mafia italiana y, en muchos casos, trabajan como socios en la cadena de tráfico. Su relación se basa en respeto mutuo y pragmatismo comercial, no en subordinación.
La conclusión de ambos estudios –del C4ADS y del GI-TOC– es que el tráfico de cocaína entre Ecuador y Europa no se explica únicamente por las debilidades institucionales locales, sino por una estrategia deliberada y a largo plazo de redes criminales que han encontrado en el comercio legal, la logística internacional y la discreción empresarial los mejores aliados para sostener su negocio.
Lo que muestran estos informes es que la cocaína no viaja sola. Va acompañada de documentos legales, registros corporativos limpios y declaraciones aduaneras impecables. Y detrás de todo ello, un grupo de operadores que, sin necesidad de levantar sospechas, ha convertido a Ecuador en una plataforma estratégica del narcotráfico global.
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REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Indonesia comenzó la preparación del contingente militar que planea enviar a la Franja de Gaza como parte de la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés) autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el pasado 17 de noviembre. El general Maruli Simanjuntak, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas indonesias, confirmó este lunes que la formación ya está en marcha, con foco en especialistas en ingeniería y personal sanitario.
“Ya hemos comenzado la formación de quienes podrían ser fuerzas de mantenimiento de la paz. Así, estamos preparando a ingenieros, sanitarios y cosas así”, explicó Simanjuntak en declaraciones desde el Palacio Presidencial de Yakarta recogidas por la revista indonesia Tempo. El alto mando militar precisó que aún no se concretaron ni la fecha ni las condiciones exactas del despliegue, y que serán los coordinadores de la misión quienes determinen las necesidades operativas finales.
Simanjuntak mencionó una cifra provisional de entre 5.000 y 8.000 efectivos organizados en una brigada, aunque advirtió que se trata de una estimación sujeta a negociación. “Será una brigada, de entre 5.000 y 8.000, pero todo está aún abierto en la negociación. No es seguro. Así que no hay una cifra concreta por ahora”, señaló. El comandante explicó que el proceso incluye la coordinación con el cuartel general de las Fuerzas Armadas y posteriormente con el Ejército de Tierra para definir el personal necesario y preparar los recursos.
Según informó la televisión pública israelí Kan, el contingente indonesio será el primero en desplegarse en Gaza y podría hacerlo en las próximas semanas. Fuentes israelíes citadas por el medio indicaron que las tropas se instalarían al sureste de Rafá, en la zona fronteriza entre el enclave palestino y Egipto. De confirmarse, este despliegue marcaría un hito en la relación entre Indonesia e Israel, dos países que no mantienen relaciones diplomáticas formales.
REUTERS/Ramadan Abed
La participación indonesia en Gaza se inscribe en el plan de paz impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, conocido como el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto de Gaza. El Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 2803 con 13 votos a favor y dos abstenciones —China y Rusia— que autoriza la creación de una Junta de Paz como administración transitoria y el establecimiento de la ISF para supervisar el alto el fuego, desarmar a grupos armados no estatales y entrenar a una nueva fuerza policial palestina.
El presidente indonesio, Prabowo Subianto, expresó en septiembre pasado ante la Asamblea General de la ONU la disposición de su país a enviar hasta 20.000 militares a Gaza. “Si el Consejo de Seguridad y esta Asamblea lo deciden, Indonesia está preparada para desplegar 20.000 o incluso más soldados para ayudar a asegurar la paz en Gaza”, afirmó entonces Prabowo, quien condicionó el despliegue a la existencia de un mandato de Naciones Unidas.
El ministro de Defensa indonesio, Sjafrie Sjamsoeddin, confirmó en noviembre que el país entrenó hasta 20.000 efectivos especializados en tareas sanitarias y de construcción. Sjamsoeddin precisó que el despliegue solo se materializará tras la aprobación presidencial y con un mandato claro del Consejo de Seguridad. “Estamos esperando nuevas decisiones sobre la acción de paz en Gaza”, declaró el ministro, quien agregó que la composición definitiva del contingente será determinada por el presidente Prabowo.
El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas indonesias, el general Agus Subiyanto, reveló la semana pasada que la misión será liderada por un teniente general y estará compuesta por tres brigadas combinadas que incluirán batallones de salud, construcción, apoyo logístico y apoyo mecánico. Según Subiyanto, el personal está siendo sometido a rigurosas pruebas físicas y psicológicas durante el proceso de selección.
Fotografía tomada el 4 de agosto de 2021 por Antara Foto/Nova Wahyudi/vía Reuters.
Indonesia es uno de los principales contribuyentes globales a las misiones de paz de la ONU. Actualmente ocupa el octavo lugar entre 119 países que aportan efectivos, con más de 2.700 militares y policías desplegados en nueve misiones en el Líbano, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Sudán del Sur y Sahara Occidental, entre otros territorios. Desde 1957, cuando envió su primer contingente a Egipto en el marco de la Fuerza de Emergencia de la ONU (UNEF), Indonesia desplegó más de 24.000 efectivos en 30 misiones a lo largo de casi siete décadas.
La propuesta indonesia para Gaza no está exenta de controversia. Diversos analistas advirtieron que Yakarta podría verse atrapada entre su histórico apoyo a la causa palestina y el mandato de la ISF, que incluye el desarme de Hamas. Indonesia, país de mayoría musulmana sin relaciones diplomáticas con Israel, fue un firme defensor de la creación de un Estado palestino independiente. En su discurso ante la ONU, Prabowo ofreció reconocer a Israel y garantizar su seguridad a cambio de que Tel Aviv reconozca la independencia palestina.
Además de Indonesia, países como Pakistán, Azerbaiyán, Turquía y Egipto manifestaron interés en contribuir a la ISF, aunque la participación turca fue rechazada por Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, insistió en octubre en que no aceptaría tropas turcas en Gaza. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita declinaron participar en la fuerza.
El alto el fuego en Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre tras un acuerdo mediado por Estados Unidos, Qatar y Egipto, permanece frágil. Según cifras del Ministerio de Salud de Gaza (controlado por Hamas), la ofensiva israelí lanzada tras el ataque del grupo terrorista palestino del 7 de octubre de 2023 causó más de 70.000 muertos palestinos.
La misión indonesia en Gaza supondría uno de los despliegues más ambiciosos del país en su historia de participación en operaciones de paz. Equipada con helicópteros, aviones de transporte C-130 Hércules y dos buques hospital de la Armada, la fuerza se centraría en tareas de reconstrucción y asistencia sanitaria más que en funciones de vigilancia policial, según adelantaron fuentes militares indonesias.
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Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley and Sen. Amy Klobuchar introduced a bipartisan measure to crack down on money laundering by increasing penalties and ensuring laws apply to systems used by drug traffickers and terrorists.
Grassley, R-Iowa, and Klobuchar, D-Minn., introduced the «Combating Money Laundering, Terrorist Finance and Counterfeiting Act» Friday to enhance criminal money laundering statutes.
ALLEGED SINALOA CARTEL FENTANYL PRODUCER CHARGED IN NEWLY UNSEALED US FEDERAL INDICTMENT
The bill would update counterfeiting laws to prohibit state-of-the-art counterfeiting methods and increase penalties for bulk cash smuggling.
The bill would also ensure money laundering laws apply to informal value transfer systems that are often used by drug traffickers and terrorists.
The introduction of the bill comes as Trump administration officials warn that hostile actors, like cartels and terrorists, are funding operations through complex financial channels across the U.S. border.
Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley and Sen. Amy Klobuchar introduced a bipartisan measure to crack down on money laundering by increasing penalties and ensuring laws apply to systems used by drug traffickers and terrorists. (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via Getty Images)
Grassley and Klobuchar also said the bill would prohibit the cross-border shipment of blank checks for the purpose of evading reporting requirements.
«Criminal enterprises and terrorist organizations depend on ill-begotten cash to carry out their dark deeds. As money laundering methods have evolved over time, so must the government’s efforts to exact justice,» Grassley said, adding that their bill would ensure law enforcement «has the tools they need to track down dirty money, hold criminals accountable and prevent further crimes.»
Klobuchar added that as criminals and terrorist organizations «develop new methods to launder money, we must provide our law enforcement with the tools they need to keep American communities safe.»
FBI BUSTS ALLEGED MADURO-LINKED MONEY LAUNDERING NETWORK SPANNING MULTIPLE NATIONS
«This bipartisan legislation makes necessary updates to anti-money laundering statutes and counterfeiting laws, ensuring the law enforcement community can stay one step ahead of those working to undermine our nation’s safety and security,» she said.
The bill also would establish a new money laundering violation that would prohibit the transfer of funds into or out of the United States — funds specifically being transferred with the intent to violate U.S. income tax laws.
Sen. Amy Klobuchar (D-Minn.) appears on «Meet the Press» in Washington D.C., Sunday, November 23, 2025 (Shannon Finney/NBC via Getty Images)
The bill would also prohibit conspiracies to create illegal money services businesses; grant wiretapping authority to investigate currency reporting, bulk cash smuggling, illegal money services businesses and counterfeiting offenses; and grant the U.S. Secret Service the explicit authority to investigate ransomware crimes and other uses of unlicensed money transmitting; and would ensure compliance with financial institutions.
The measure has wide support in the law enforcement community and has been endorsed by the Fraternal Order of Police, the National Association of Assistant U.S. Attorneys, the National Association of Police Organizations and the National District Attorneys Association.
Federal agents seized two kilograms of cocaine, one gun and $329,000 in the Bronx (U.S. Attorney’s Office, Southern District of New York)
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«By clarifying the law in response to recent court decisions, strengthening penalties and expanding investigative authorities, this legislation will restore critical law enforcement tools and help disrupt transnational criminal organizations,» Patrick Yoes, president of the Fraternal Order of Police said, adding that the organization «strongly supports this bill, which would prevent criminals and terrorists from profiting from their crimes and protect public safety and national security.»
The National Association of Assistant U.S. Attorneys also endorsed the bill saying the «targeted reforms will strengthen investigations, improve prosecutorial clarity and better reflect how modern money-laundering schemes actually operate.»
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