Cuba agoniza y, desde EE.UU., Donald Trump busca acelerar el desenlace con un sitio de estilo militar que bloquea el ingreso de petróleo, utilizando la llave del control del aliado venezolano. Este es un artefacto que no solo acorrala a los jerarcas del régimen castrista, sino que también arrasa con hospitales, maternidades, asilos, escuelas, la producción de alimentos y el tratamiento del agua. Es una pesadilla que se ensaña de modo particular con los sectores sociales más postergados y vulnerables. En algunas zonas del país, los rutinarios cortes de luz se extienden por 20 horas; la gente debe cocinar con leña y moverse a pie o a caballo.

Ese diseño distópico se agrava a nivel estructural con otro colapso: el del turismo. Esta industria, que ha sido la fuente principal de ingresos del país, experimentó una caída de 18% el año pasado respecto a 2024, según datos del Financial Times. La escena reedita, de modo agravado, el «Periodo Especial» que abismó al país tras la caída de la Unión Soviética a comienzos de la década de los 90, pulverizando de un momento a otro el 40% del PIB cubano. Hoy, ese mismo proceso se repite sin el valor simbólico de entonces y con una dirección política mucho más limitada y mediocre.

Esta decadencia no proviene únicamente de la estrategia agresiva de la Casa Blanca que, sin temor al absurdo, define a Cuba como «una amenaza extraordinaria para su seguridad nacional». La dirigencia de la isla tiene vastas responsabilidades en su propia descomposición. Así como el régimen no previó el colapso de la URSS, tampoco advirtió que esta deriva se presentaría inevitable si no modificaba su propio paradigma al estilo de China o Vietnam, ejemplos de estructuras que el experimento castrista ha admirado.

Cuba, en cambio, quedó encerrada por el rigor de una burocracia estalinista senil que saboteó todo tipo de iniciativas aperturistas y de atracción de inversiones. Cuando esas mutaciones se impusieron con el «deshielo» en la era de Barack Obama, los burócratas consiguieron la complicidad de Trump en su primer mandato, quien apagó el brote transformador que hubiera creado una clase media e insinuaba un debate político.

Es sabido que una parte del régimen, en particular Raúl Castro, se encandilaba con el proceso de modernización de Vietnam, el Doi Moi (renovación), siguiendo las huellas de la reforma china. Pero los comunistas de La Habana demoraron once años en convocar al Congreso que impulsara esas miradas y, cuando finalmente lo hicieron en abril de 2011, las trabas burocráticas acabaron por hundir el proceso mucho antes de que lo rematara Trump.

Hay razones simples detrás de ese comportamiento. El cambio implicaba la jubilación de los líderes fundadores, la cancelación de sus privilegios y el paso a los jóvenes. Cuando Raúl Castro designó a Miguel Díaz-Canel para sucederlo reconoció, con el nombramiento de un dirigente débil y sin impronta modernizadora, su derrota o, quizá, su desconfianza en el intento de cambiar al país.

La última gran protesta en julio de 2021 contra el durísimo ajuste económico ordenado en enero de ese año, se saldó con castigos penales extraordinarios y alharacas sobre el papel de la CIA detrás de las marchas que eran en realidad un alerta nítido sobre la decadencia e impotencia del régimen. No sorprende entonces el éxodo masivo que experimenta la isla. Hasta 18% de la población dejó Cuba en los últimos tres años. Y lo que emigran son mayormente los sectores más dinámicos de la sociedad, en especial los jóvenes.

Se puede especular que un esquema audaz de apertura hubiera amenguado la agresividad de Trump, no lo sabemos, pero lo que es seguro es que habría reducido la dependencia de Caracas. Cuba necesita 100.000 barriles diarios de petróleo y produce solo 30.000 en sus yacimientos de la Franja Norte, en Matanzas. El resto provenía de Venezuela, Rusia y, en mínima medida, de México; sin embargo, debido al sitio norteamericano, no hay forma de enviar crudo a la isla.

Las consecuencias abren incógnitas que no es claro si han sido previstas. Si el régimen cae, lo hará sin una red de contención. A diferencia de Venezuela, no hay partidos políticos opositores con ejercicio real de militancia. Tampoco hay figuras visibles como Delcy Rodríguez, la actual presidente interina venezolana o un Diosdado Cabello, factótum según parece de la caída negociada de Nicolás Maduro, que puedan controlar una transición al estilo que prefiere el trumpismo.

Recordemos que en Venezuela se mantiene viva la dictadura y opera un acuerdo no escrito entre ambas partes, Washington y Caracas, para demorar todo lo posible cualquier alternativa democrática. Por eso, Cabello presionó a un canal que rompió la censura y emitió declaraciones de Corina Machado y acaba de ordenar el arresto domiciliario de un alto colaborador de la dirigente, Juan Pablo Guanipa, que en cuanto dejó la prisión del Helicoide, la ESMA chavista, demandó elecciones.

Ese pacto para mantener las urnas bien guardadas, aparece también en el silencio de la cancillería norteamericana frente a estos excesos. Una actitud que se torna ruidosa, en cambio, para condenar con total razón, que China en Hong Kong sentencie a 20 años de cárcel al legendario editor y dirigente pro democrático Jimmy Lai por defender el derecho a votar.

Cuba es un escenario aún más complicado, pero quizá corra en una senda semejante a la que se produjo tras el colapso de la URSS. Aquel estallido que acabó con el régimen comunista, produjo logros conocidos, pero enormes opacidades. En la debacle un grupo nutrido de oportunistas se repartió los restos del país y engendró una tribu de oligarcas que aún hoy muestran su peso alrededor del mundo. Eran los siloviki (hombres fuertes), término que aludía a que compartían un pasado común con Vladimir Putin: fueron, entre otras peculiaridades, agentes de la KGB y de su sucesor la FSB. Esas complicidades hicieron popular el concepto de “silovigarcas”, oligarcas dueños del poder de las armas y los negocios.

Hay otras semejanzas entre ambos escenarios tan unidos en la historia del siglo pasado: nivel educativo alto, y la posibilidad de parte del funcionariado de estar en el lugar indicado en el momento adecuado. En la hipótesis de un colapso de la revolución castrista, aparecen algunos nombres que merecen atención. Uno que se repite es Oscar Pérez-Oliva Fraga, sobrino nieto de Fidel que en solo 22 meses desarrolló una carrera hacia la cúspide del poder. Viceprimer ministro desde 2025, antes ministro de Comercio, fue designado diputado a la Asamblea Nacional lo que le pavimenta el camino para llegar a la presidencia, si fuera necesario. Tiene 54 años y no usa el apellido Castro, se afirma, para «reducir el desgaste simbólico ante la opinión pública».

Por aquello de los silovikis, conviene también observar a los generales del conglomerado estatal GAESA (Grupo de Administración Empresarial), un legado de Raúl Castro. Esa organización se divide en ETECSA, que es la empresa de telecomunicaciones y el poderoso grupo Gaviota, el ala de turismo del ejército: “Destinos Gaviota”, dice la promoción.

Se trata de la corporación empresarial más poderosa de Cuba, controlada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y que captura hasta 40% de la renta de la isla. Domina no solo esos dos sectores, también el comercio minorista en divisas, remesas y banca, además de la Zona Especial del puerto de Mariel, que gerenció este sobrino nieto de Fidel. Una curiosidad: GAESA fue creada como reacción al “periodo especial” que disparó la crisis soviética. Afinidades.