La reducción del déficit fiscal en Panamá durante 2025 fue presentada por el gobierno como una señal de corrección de las finanzas públicas y de recuperación tras años de presiones presupuestarias.

Las cifras oficiales muestran que el balance fiscal mejoró de forma significativa, apoyado en mayor recaudación, control del gasto y operaciones de manejo de deuda que permitieron reducir pagos de intereses. .

Sin embargo, el panorama fiscal todavía enfrenta desafíos estructurales, especialmente por el ritmo de crecimiento de la deuda y la necesidad de consolidar el ajuste sin afectar inversión y servicios públicos.

En ese contexto, el análisis más reciente de Fitch Ratings introduce un matiz relevante: la calificadora reconoce la caída del déficit, pero advierte que la mejora no es suficiente para frenar el aumento del endeudamiento ni garantizar la estabilización de la relación deuda/PIB.

Fitch sostiene que el ajuste fiscal de 2025 se apoyó en factores puntuales y en decisiones con margen limitado de repetición, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Según el informe, el déficit del Sector Público No Financiero (SPNF) se redujo a 3.7% del PIB en 2025, desde 6.2% en 2024, e incluso por debajo de la meta gubernamental de 4.0%.

El resultado confirma un ajuste significativo, pero Fitch subraya que parte de la mejora responde a elementos transitorios, como el menor pago de compromisos acumulados del año previo y el repunte de ingresos del Canal de Panamá tras la sequía.

En términos prácticos, el informe explica que en 2024 el Estado tuvo que enfrentar una mayor carga de pagos pendientes acumulados, lo que elevó el déficit de ese año.

En 2025, al reducirse esa presión, el resultado fiscal mejoró automáticamente, sin que ello implique necesariamente una transformación estructural del gasto público. Fitch considera que esta dinámica ayuda a entender por qué el déficit bajó, pero no elimina la necesidad de ajustes permanentes.

Otro factor relevante fue el impacto contable de la reforma previsional de la Caja de Seguro Social (CSS), que reclasificó como ingresos de la institución recursos que antes se registraban en cuentas individuales.

Esta modificación contribuyó a mejorar la medición del déficit, aunque Fitch advierte que el efecto es principalmente contable y no sustituye una consolidación fiscal estructural.

El informe también destaca el comportamiento de los ingresos Fitch reconoce un repunte de 9% en la recaudación tributaria, apoyado en mayor fiscalización y actividad económica, pero señala que el resultado convivió con una caída en las contribuciones de planilla a la CSS, pese a mayores aportes del lado empleador tras la reforma previsional.

Para la calificadora, este comportamiento refleja debilidad del mercado laboral y niveles elevados de informalidad, factores que limitan la sostenibilidad del ajuste fiscal.

La principal advertencia del análisis se centra en la deuda. . A pesar de la reducción del déficit, la deuda pública bruta aumentó en $5,500 millones y alcanzó $59,400 millones, situándose en 66% del PIB, por encima de la proyección oficial.

En otras palabras, Fitch concluye que el ajuste fiscal no se tradujo en una desaceleración del endeudamiento, lo que mantiene el riesgo sobre la trayectoria fiscal de mediano plazo.

Parte de la explicación está en el Gobierno Central, cuyo déficit alcanzó 5.2% del PIB, muy por encima del 3% previsto en el presupuesto. Fitch agrega que el endeudamiento neto fue aún mayor, situándose en 6% del PIB, con un financiamiento neto de 6.6% del PIB, lo que evidencia presiones de liquidez que no se reflejan plenamente en el resultado fiscal del SPNF.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha señalado que el déficit del Sector Público No Financiero se ubicó en 3.68% del Producto Interno Bruto, una disminución cercana al 40% respecto al año anterior, equivalente a más de 2,069 millones de dólares.

El titular de Economía explicó que este resultado se alcanzó gracias a una combinación de disciplina fiscal, reducción del gasto, mejor recaudación y fortalecimiento institucional. Chapman señaló que esta mejora se tradujo en una disminución directa de las tasas de interés que paga el Estado y, de forma progresiva, en mejores condiciones crediticias4 para empresas y ciudadanos.

Como resultado, el país generó ahorros acumulados cercanos a 475 millones de dólares en el servicio de la deuda, recursos que ahora pueden destinarse a áreas prioritarias.

De acuerdo con el ministro, estos ahorros permiten cubrir una parte significativa del subsidio a las pensiones de la Caja de Seguro Social, uno de los compromisos centrales del actual Gobierno. Explicó que el objetivo ha sido garantizar el pago a los jubilados actuales y fortalecer el sistema para las futuras generaciones sin recurrir a endeudamiento excesivo ni a medidas traumáticas.

La calificadora también introduce preocupaciones sobre la transparencia fiscal y la calidad del proceso presupuestario. . Fitch señala que las necesidades adicionales de financiamiento respondieron a pagos de obligaciones no contempladas inicialmente, y advierte que este tipo de eventos podría repetirse, generando incertidumbre en los mercados sobre la previsibilidad de las cuentas públicas.

Uno de los pilares del ajuste fiscal de 2025 fue la reducción de la inversión pública, que cayó a 4% del PIB, su nivel más bajo en dos décadas. Fitch advierte que el margen para profundizar este recorte es limitado, dado el descontento ciudadano por la calidad de servicios de educación, salud y agua.

Además, una parte del ajuste se explica por el aplazamiento de pagos del proyecto llave en mano del Metro de Panamá, lo que reduce el gasto en 2025-2026 pero incrementará desembolsos entre 2027 y 2030.

En paralelo, el gobierno ha intentado mejorar su perfil financiero con operaciones de manejo de pasivos y nuevas emisiones. Una reciente transacción permitió reducir el saldo de deuda en $204 millones y generar ahorros anuales en intereses cercanos a $30 millones, con una demanda internacional superior a $13,000 millones.

La operación incluyó emisiones con vencimientos en 2034 y 2038, con tasas de 5.2% y 5.6%, respectivamente, lo que el Ejecutivo considera una señal de confianza de los mercados.

Fitch, sin embargo, insiste en que la estabilización de la deuda requerirá mayor consolidación fiscal estructural, combinando medidas de ingresos, control del gasto y mejoras en transparencia.

La calificadora observa que el gobierno no contempla una reforma tributaria y apuesta por medidas administrativas para elevar la recaudación, mientras evalúa cambios en aumentos salariales automáticos y en la regla que fija el presupuesto educativo en 7% del PIB.

El informe identifica además la posible reapertura de la mina Cobre Panamá como una fuente potencial de ingresos adicionales. . Aunque las perspectivas han mejorado, el proceso sigue sujeto a auditorías ambientales, negociaciones con la empresa First Quantum y posibles tensiones sociales, lo que introduce incertidumbre sobre su impacto fiscal.

En síntesis, Fitch plantea un diagnóstico de doble lectura: Panamá logró una mejora fiscal relevante en 2025, pero el desafío clave permanece en la trayectoria de la deuda y en la necesidad de consolidar el ajuste con medidas permanentes.

El escenario para 2026 se perfila como un equilibrio entre disciplina fiscal, crecimiento económico y presiones sociales, en un contexto donde la credibilidad del manejo presupuestario será determinante para la percepción de riesgo soberano.

El despliegue militar estadounidense

Tras las destituciones de Pedro Castillo (2021-2022) y Dina Boluarte (2022-2025), quienes fueron elegidos por votación popular, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente interino del Perú. Su nombramiento se produjo luego de dos votaciones en el Congreso.

Balcázar ganó la segunda elección con 64 votos, un número mayor al que logró acumular María del Carmen Alva, quien sumó 46 y era vista como la favorita. Reemplazará a José Jerí, quien había asumido tras la destitución de Dina Boluarte en octubre pasado y quien fue desplazado de su posición este martes.

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José María Balcázar: su trayectoria, carrera legislativa y escándalos

Balcázar es un abogado, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y actual congresista por Lambayeque, una región ubicada en la costa norte del país. Tiene 83 años y fue presentado en esta elección por la agrupación Perú Libre, aunque la dejó en 2022. Su salida se produjo junto con otros 9 miembros del bloque luego de una interna.

De acuerdo con distintos medios de comunicación locales, Balcázar es visto como un hombre cercano a Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, que fue condenado por corrupción y en la actualidad está prófugo de la justicia. La carrera parlamentaria del ahora presidente interino comenzó en 2021, como candidato al Congreso por parte del partido mencionado.

Balcázar se graduó como abogado en la Universidad de Trujillo en 1972. En 2005, recibió el grado de Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Además de su formación académica, también ejerció la docencia desde 1977. Sin embargo, ha estado relacionado con algunos escándalos. Uno de los más sonados fue su expulsión del Colegio de Abogados de Lambayeque, bajo la sospecha de presunta apropiación de fondos.

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En la actualidad, atraviesa una denuncia constitucional. Esta se basa en la sospecha de estar involucrado en un presunto intercambio de favores con Patricia Benavides, una exfiscal del país. Balcázar es señalado por haber acordado con Benavides votos parlamentarios para que archivara distintos procesos penales en su contra en Lambayeque. Al igual que José Jerí, a quien Balcázar sustituye, la figura del presidente interino en Perú vuelve a estar rodeada de polémica.

Las primeras palabras de José María Balcázar, presidente interino de Perú

Balcázar juró como presidente interino de Perú durante la madrugada de la Argentina. Tras el acto, ofreció un discurso en el que abordó dos de los temas que han estado en la agenda política del Perú en los últimos meses.

El nuevo presidente interino tendrá cinco meses de gestión antes de entregar el poder al próximo presidente electo por votación popular. Ante el Congreso, dijo que asumía “para hacer y reescribir este nuevo Parlamento. Sí es posible construir una nueva democracia, una de verdad. No está funcionando. Si no tiene sus correctivos, va a desaparecer”.

Las dos principales bases de su discurso fueron la transparencia electoral de las próximas elecciones y atender la seguridad. Balcázar dijo que quiere “garantizar que va a haber una transición política y electoral pacífica y transparente” y que aspira a “mantener una pacificación de verdad y que tengamos ministerios aptos para echarle diente a la inseguridad”.

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“En un solo mes podemos hacer muchas cosas. Es solo cuestión de ponerse a trabajar”, dijo Balcázar. Luego, agregó: “No es difícil gobernar a un país. ¿Quién dijo que es difícil? Busquemos a la gente más lúcida, que la tenemos en los partidos políticos, en el Congreso”.

Además de esto, indicó que trabajaría de cerca con el Congreso. “Sin diálogo no hay nada”, dijo. En un encuentro con la prensa, también se refirió de forma breve a la situación económica del país. “La línea macroeconómica del Perú la vamos a mantener. No podemos dar saltos en esa materia”, dijo. En relación con potenciales cambios en el gabinete de ministros, no señaló a ninguno. Aunque señaló que harían una evaluación “para ver quiénes están cumpliendo”.