INTERNACIONAL
Ecuador maniatado por el crimen organizado: extorsiones, amenazas a periodistas y la tasa de asesinatos más alta de la región
Desde Quito
“Que hubo gonorrea (un término que se usa como insulto). Me mandaron hacer un trabajito contigo. 3… 2… 1 pum”. El mensaje, acompañado por un emoji de un arma de fuego, llegó al WhatsApp de un reconocido periodista ecuatoriano, cuyo nombre se reserva por motivos de seguridad.
“No es el primero. Yo simplemente los bloqueo y denunció al número desde donde se mandó la amenaza”, contó a TN este periodista que vive con cuidado permanente por temor a la violencia del crimen organizado que se ha apoderado del Ecuador. El país, tomado por el narcotráfico y una guerra entre bandas rivales, celebrará este domingo un crucial balotaje entre el presidente saliente, Daniel Noboa, y la candidata correísta de la Revolución Ciudadana, Luisa González. La amenaza recibida por un periodista ecuatoriano (Foto: captura)
El periodista vive en Quito, donde la seguridad es superior a la del puerto de Guayaquil, bastión de los grupos criminales y centro de la ola de violencia que convirtió al país en el más violento de la región.
Casi al mismo tiempo que recibía el mensaje, a su hija mayor le entraba una llamada de un número desconocido con una advertencia de la compañía telefónica local de que provenía de una línea con denuncias de extorsión y estafas. Así se vive hoy en el Ecuador.
Ecuador, un país en “guerra” contra el crimen organizado
El temor de los ecuatorianos por la violencia se palpa en cada conversación. El país tiene una tasa de 38 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la mayor de la región, según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación sobre las amenazas a la seguridad nacional de América Latina y el Caribe. Como comparación, la Argentina tiene un índice de 3,8.
Al asumir el poder, Noboa le declaró la guerra al crimen organizado, sacó el ejército a las calles y puso en marcha un plan de “mano dura” que encarceló a miles de sospechosos después de que un grupo comando asaltó un canal de TV en Guayaquil y mantuvo como rehenes a varios periodistas durante una transmisión en vivo, en enero del año pasado. Meses antes, fue asesinado el entonces candidato presidencial Fernando Villavicencio, en plena campaña para las elecciones de fines de 2023.
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Desde entonces, el país vive bajo una declaratoria de “conflicto armado interno” y en estado de excepción en varias provincias, en especial en el corredor costero con epicentro en Guayaquil y en la vecina ciudad de Duran, considerada la más violenta del país.
Noboa, que aspira a su reelección por otros cuatro años, le pidió ayuda a Donald Trump para luchar contra este flagelo y dejó abierta la posibilidad del regreso de bases militares estadounidenses en el país, tras su cierre durante el gobierno de Rafael Correa (2007/17). Incluso, el gobierno contrató como asesor de seguridad al polémico empresario y exmilitar estadounidense Erik Prince, fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, ahora llamada Academi, con varias denuncias de violaciones a los derechos humanos en Irak.
“Ecuador es la principal plataforma logística del tráfico de cocaína de la región andina. Esta interdependencia con los mercados de consumo, ha llevado a la proliferación de grupos criminales y su disputa para el acceso y control de mercados. Esto explica el incremento de la violencia por el poder criminal evidenciado en el Ecuador en los últimos años, sumado a la ausencia de capacidades del Estado para contrarrestar esta problemática”, dijo a TN el experto Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
Cuáles son los grupos que controlan el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador
Jorge Paladines, experto en temas de narcotráfico y crimen organizado, debió dejar el país por las continuas amenazas recibidas en los últimos meses. En diálogo telefónico con TN, dijo que Ecuador no solo está afectado por el narcotráfico, sino también por el crimen organizado en general. El principal problema hoy es la extorsión.
“Esto es lo que padecen cientos de miles de habitantes y ha generado una migración, un desplazamiento forzoso. La gente tiene miedo de seguir viviendo en territorios regenteados por estas organizaciones criminales que están dispersas, pero tienen presencia en toda la costa”, indicó.
El modus operandi es conocido. Los criminales exigen el pago de una “vacuna” (impuesto) a comerciantes y ciudadanos para garantizarles su seguridad. La ola de asesinatos que vive el país empuja a los ecuatorianos a caer en las garras de estos grupos.
En Ecuador no existe una macrocriminalidad, sino una microcriminalidad más difusa, pero letal. “Casi en cada esquina uno puede encontrarse con una organización criminal que forma parte de una federación criminal”, comentó Paladines. Integrantes de Las Fuerzas Armadas de Ecuador realizan operativos de control en la ciudad de Guayaquil ((Foto: EFE)
En ese universo, hay tres grandes federaciones: Los Choneros, Los Lobos y los Tiguerones.
“Los Choneros tienen su eje en la costa central de Ecuador. Los Tiguerones son fuertes en sectores populares de Guayaquil más marginalizados y en el norte de Ecuador, mientras Los Lobos luchan por los mismos espacios costeros y tienen gran proyección en la sierra”, enumeró el experto.
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El cartel con mayor crecimiento ha sido el de Los Lobos, que ha expandido sus negocios hacia la minería ilegal. “La violencia se expande con el abastecimiento de explosivos, coches bomba y tecnología militar”, dijo.
Todos estos grupos dominan las distintas cárceles y tienen vastas conexiones con organizaciones internacionales, en especial colombianas y los carteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Pero también con grupos europeos como la N´drangheta (mafia calabresa) y bandas criminales de los Balcanes, en especial albaneses.
Para Renato Rivera, “los grupos criminales no solo controlan las rutas de la cocaína, sino también han logrado cooptar instituciones locales como municipios y han establecido diversos modelos de Gobernanza criminal a través de las extorsiones. Es bajo esta relación, que vemos el incremento de los homicidios y la baja capacidad de respuesta del Estado”.
El gobierno de Noboa se empeña en afirmar que su política contra la inseguridad ha dado buenos resultados, pero el experto es escéptico.
“La declaratoria de conflicto armado interno y los estados de excepción no tienen resultados efectivos en la reducción de criminalidad. Si bien el gobierno aduce una reducción de los homicidios en 2024 de 15%, en tres meses de 2025 se evidencia un incremento de 70% de los homicidios en comparación al año anterior”, señaló.
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Paladines afirmó que la causa de la penetración criminal en el Ecuador hay que buscarla más en la “desestructuración social” del país y menos en factores ideológicos. Por ello, afirmó. “Es necesario quitarle la base social al narcotráfico, reduciendo el reclutamiento a largo plazo de ´soldados´ de estos grupos violentos”.
Hoy, paradójicamente, ambos candidatos presidenciales coinciden en que es necesario responder con “mano dura” al avance de la criminalidad, aunque se diferencian en la estrategia a seguir.
Noboa busca la cooperación de Trump y el asesoramiento de polémicas empresas privadas de seguridad como la de Prince, que viene amenazando con irrumpir en Venezuela para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Luisa González, desde la izquierda, rechaza ese acercamiento con la Casa Blanca y clama por una política de “mano dura con justicia social”.
Entre la continuidad de Daniel Noboa o el regreso al correísmo de la mano de Luisa González, este domingo el pueblo ecuatoriano tendrá la oportunidad de elegir el rumbo de un país que cambió en forma dramática en los últimos años. El dilema vuelve a ser derecha o izquierda, la misma encrucijada que une hoy a toda América Latina.
Ecuador, Daniel Noboa
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Energía renovable gana peso en Panamá, Gobierno busca aumentar su participación en la matriz energética
Panamá aspira a que más del 85% de su generación eléctrica provenga de fuentes renovables en los próximos años, una meta que, según las autoridades, debe construirse sin descuidar la seguridad energética ni la estabilidad del sistema.
Así lo afirmó el secretario nacional de Energía, Rodrigo Rodríguez J., durante el Foro de Energía organizado por la Asociación Panameña de Ejcutivos de Empresa (APEDE), al señalar que actualmente el país registra cerca de 65% de su matriz energética basada en fuentes limpias, principalmente hidroeléctricas.
Rodríguez explicó que, aunque el objetivo es elevar progresivamente la participación de las energías renovables, Panamá no puede prescindir completamente de un componente térmico que respalde el sistema en momentos de baja generación solar, ausencia de viento o períodos de sequía que afecten a las hidroeléctricas.
“No todo el parque puede ser renovable”, sostuvo, al subrayar que la confiabilidad del suministro sigue siendo una prioridad para el Estado.
El funcionario detalló que, en términos regionales, Panamá parte de una posición favorable, ya que su matriz histórica ha sido mayoritariamente limpia en comparación con otros países.
Entre el 60% y 65% de la generación anual proviene de fuentes renovables tradicionales, especialmente plantas hidroeléctricas de embalse y de pasada. Sin embargo, reconoció que el desafío está en diversificar esa base con solar, eólica y almacenamiento energético.
Durante el encuentro, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis, destacó que el tema energético es fundamental no solo para las empresas, sino también para los hogares y la competitividad del país.
Afirmó que el foro permitió debatir sobre redes, hubs y el potencial de Panamá como un centro energético regional, así como los retos regulatorios y tecnológicos que enfrenta el sector.
De Santis subrayó que uno de los ejes centrales de las discusiones fue el desarrollo de licitaciones públicas con reglas claras, transparencia y criterios técnicos actualizados. “No basta con los avances tecnológicos, también se necesita seguridad jurídica y procesos confiables”, indicó, al referirse a la importancia de atraer inversión privada en proyectos de generación y transmisión.
En ese contexto, Rodríguez confirmó que el Gobierno prepara dos licitaciones clave: una para plantas nuevas, principalmente eólicas e hidroeléctricas, y otra para plantas existentes.
La primera está prevista para inicios de marzo y la segunda para finales del mismo mes. Según el secretario, existe un alto nivel de interés empresarial, tanto de inversionistas locales como extranjeros.
El funcionario señaló que estas licitaciones forman parte de una estrategia para fortalecer la capacidad instalada, reducir la volatilidad tarifaria y mejorar la resiliencia del sistema eléctrico. Añadió que los procesos se han diseñado para garantizar competencia sana, participación abierta y criterios técnicos acordes con las nuevas demandas del mercado.
Otro de los ejes abordados fue el impulso al bioetanol como parte de la transición energética. Rodríguez recordó que el Ejecutivo presentó en octubre pasado un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional para establecer una mezcla obligatoria del 10% de etanol en las gasolinas. De aprobarse la iniciativa, el país podría iniciar la producción local y la mezcla comercial hacia finales de 2027.
“El proceso legal es clave”, afirmó el secretario, al indicar que el proyecto se encuentra en manos de la Comisión de Comercio, donde se desarrollan consultas con los sectores involucrados. Estimó que, si el cronograma se cumple, la primera producción nacional de etanol podría concretarse entre 2027 y 2028, marcando un hito en la política energética.
De acuerdo con estimaciones del sector azucarero, la puesta en marcha del programa de bioetanol implicaría una inversión inicial cercana a los $500 millones, destinada a la compra de tierras, construcción de destilerías e instalación de infraestructura. También se requeriría ampliar la superficie cultivada de caña en unas 22 mil hectáreas para abastecer el 10% de la demanda.
El gremio azucarero ha señalado que el proyecto podría generar más de 30 mil empleos directos e indirectos, principalmente en el interior del país. Además, destacó que el financiamiento multilateral y bancario ya ha mostrado interés, condicionado a la estabilidad normativa y al respeto de los plazos legales.
Desde APEDE, De Santis respaldó el enfoque del bioetanol como una oportunidad para fortalecer la autosuficiencia energética y reducir la dependencia del petróleo importado. No obstante, insistió en que cualquier política pública debe construirse con consenso, claridad regulatoria y garantías para los inversionistas y consumidores.
En materia de planificación, Rodríguez adelantó que en marzo se lanzará oficialmente el proceso para elaborar el nuevo Plan Energético Nacional 2026-2040, cuya formulación tomará alrededor de 18 meses. El documento definirá las metas de generación, transmisión, almacenamiento y eficiencia energética para las próximas dos décadas.
El secretario también se refirió a los avances en la digitalización del sistema eléctrico, incluyendo procesos tarifarios y operativos. Explicó que la modernización debe realizarse de forma escalonada, para evitar impactos abruptos en las tarifas, especialmente en un contexto de transición tecnológica.
Rodríguez respondió además sobre los estudios para explorar posibles hidrocarburos en aguas del Caribe panameño, desarrollados en cooperación con Colombia. Ante la pregunta de Infobae sobre el tema, el funcionario indicó que el tema está siendo retomado, aunque por ahora no existe ninguna decisión concreta. “Se hicieron análisis preliminares, pero estamos en fase de revisión”, precisó.
El funcionario aclaró que cualquier avance en esta materia estará sujeto a evaluaciones técnicas, ambientales y económicas, y que no se trata de un proyecto inmediato. La eventual exploración, dijo, deberá alinearse con los compromisos de sostenibilidad y transición energética del país.
Para el sector privado, la combinación entre energías renovables, respaldo térmico, biocombustibles y planificación de largo plazo será determinante para mantener la competitividad. De Santis destacó que Panamá cuenta con una base legal sólida, pero necesita fortalecer la ejecución y el seguimiento de las políticas públicas.
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Reporter’s Notebook: Clintons call for open Epstein files hearing after months of defying subpoenas
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Since there was such a tempest over Bad Bunny’s Super Bowl halftime show, perhaps there’s a solution at hand. This compromise would satisfy both red and blue America. And the exhibition would transfix the country: Have former President Bill Clinton and President Donald Trump testify at halftime about the Epstein files.
Republicans believe former President Clinton has something to hide about Jeffrey Epstein. Democrats think the same about President Trump. The House Oversight Committee subpoenaed the former president and Hillary Clinton to testify about the Epstein files. After a lot of wrangling, the Clintons are due to appear for closed-door depositions later this month.
But both Bill and Hillary Clinton are now calling for open sessions. And Democrats believe that such an appearance at a public session — by a former President — would establish a precedent to lug in President Trump to answer questions about what he knew about Epstein.
GHISLAINE MAXWELL TO APPEAR BEFORE HOUSE OVERSIGHT COMMITTEE LAWMAKERS FOR EPSTEIN PROBE DEPOSITION
Hillary Clinton addresses her staff and supporters about the results of the U.S. election as her husband, former U.S. President Bill Clinton, applauds at a hotel in the Manhattan borough of New York, Nov. 9, 2016. (Reuters/Carlos Barria)
One architect of the law compelling the release of the Epstein files, applauded demands last week by the former First Couple to testify at a televised open hearing. Rep. Ro Khanna, D-Calif., said the former president is an important witness.
«As long as [the hearing is] focused on Epstein, and it’s not a wild goose chase — it’s not trying to score political points or embarrass either President Clinton or President Trump, it is asking legitimate questions about what they knew took place and who they knew were participating in heinous acts,» said Khanna. «That should be a legitimate point of inquiry.»
After agreeing to a closed-door deposition later this month, Hillary Clinton took to X. She wrote to Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., saying, «If you want this fight let’s have it in public.»
Former President Clinton echoed his wife the next day on X, also calling for a public session. The former commander-in-chief declared that he won’t be used «as a prop in a closed door Kangaroo Court.»
A spokeswoman for Comer accused the former first couple of «moving the goalposts.» Comer was always open to a hearing. But after a closed-door deposition.
«Depositions have historically been much more substantive than hearings,» said Comer. «Hearings unfortunately, have become more of an entertainment thing.»
It’s hard to track exactly what the Clintons wanted.
The House Oversight Committee voted on a bipartisan basis last August to subpoena both Bill and Hillary Clinton for depositions — along with a host of other prominent figures like former Attorney General Bill Barr. After a lot of haggling, the committee subpoenaed them to appear at dates in October. The Clintons defied those. Then the committee assigned them dates just before Christmas. But neither showed then because of a funeral. The committee requested that the Clintons give them dates for January appearances. They didn’t. The committee then assigned them additional dates for January testimony. They skipped out on those. That’s when Comer threatened to hold the Clintons in contempt of Congress if they didn’t appear in January. The Oversight Committee voted — in bipartisan fashion — for contempt. The House Rules Committee planned last week to prep a measure to force the entire House to vote on contempt — and send criminal referrals for the Clintons to the Justice Department for prosecution after they defied the subpoenas.
REVEALED: TRUMP CALLED POLICE CHIEF TO SUPPORT EPSTEIN PROBE, AND LAWMAKERS NAMED 6 MEN SHIELDED FROM EXPOSURE
House Oversight Committee Chairman James Comer, R-Ky., alongside Rep. Andy Biggs, R-Ariz., left, speaks to reporters after a closed-door deposition with Ghislaine Maxwell, the former girlfriend and confidante of sex trafficker Jeffrey Epstein, at the Capitol in Washington, D.C., on Feb. 9, 2026. (AP Photo/J. Scott Applewhite)
But the Clintons finally agreed to depositions at the end of this month. And once that was on the calendar, the duo began calling for public hearings.
There is a method behind this madness. There isn’t a loyalty among younger Congressional Democrats to the Clintons. In fact, former House Speaker Nancy Pelosi, D-Calif., was steamed at some Democrats for wanting the Clintons to appear. Younger Democrats don’t have the same reverence for the Clintons as older Democrats. Hillary Clinton ran for president a decade ago. She hasn’t been a senator since 2009. She last served as Secretary of State in early 2013. President Clinton left the Oval Office more than a quarter-century ago.
However, this is the Democrats’ gambit:
If former President Clinton appears about the Epstein files, it may be tough to make the case that President Trump shouldn’t appear.
«Certainly it does set the precedent. President Trump was subpoenaed during the January 6th investigations and didn’t come in. He cited some form of executive privilege. And so we’re kind of forcing the Clintons to come in with the threat of criminal contempt. Then that is a precedent that we are setting,» said Rep. Suhas Subramanyam, D-Va. «In other countries, like the UK, the Prime Minister regularly comes before the Parliament. And so it’s not like it’s unprecedented around the world.»
Granted, that’s a parliamentary system where the prime minister is a member of Parliament in the United Kingdom. British Prime Minister Keir Starmer regularly appears for «Prime Minister’s Questions» every Wednesday at noon in London. Members of Parliament usually pepper the prime minister with questions and scoff in a scene which resembles something out of Monty Python.
But the American and British systems are fundamentally different.
Getting a sitting or former President — and even first lady — before Congress is rare but not unheard of.
BONDI TO FACE GRILLING IN HOUSE JUDICIARY COMMITTEE OVER EPSTEIN FILES, WEAPONIZATION ALLEGATIONS
Former President Bill Clinton was seen in photos with Jeffrey Epstein as part of a DOJ Epstein files release on Friday, Dec. 19. (Department of Justice)
There are three prominent examples of sitting Presidents appearing before Congress. President Abraham Lincoln testified voluntarily before the House Judiciary Committee in 1862. The New York Herald published his «State of the Union» message to Congress just before it was sent to Capitol Hill. Presidents sent written «reports» in those days. They did not give speeches to Congress. Lawmakers probed the leak of the message to Congress. It was speculated that Herald reporter Henry Wikoff got the message ahead of time thanks to his friendship with Mary Todd Lincoln. The House Sergeant at Arms briefly held Wikoff — and released him after the president spoke to the Judiciary Committee.
President Woodrow Wilson appeared before the Senate Foreign Relations Committee in 1919 to discuss a treaty with Germany and establishing the League of Nations. Wilson’s push for the League of Nations failed. The Senate rejected the Treaty of Versailles.
President Gerald Ford had been in office two-and-a-half months before he appeared voluntarily before the House Judiciary Committee in the fall of 1974. Ford told lawmakers that his pardon of former President Richard Nixon wasn’t something they bargained about. Ford told the committee that he pardoned Nixon because his physical and mental health fell into a steep decline.
Former President Harry Truman appeared before the Senate Foreign Relations Committee in 1955 to testify about the United Nations Charter.
Ford came back as a former president in 1983 for a Senate hearing on the bicentennial of the Constitution.
And there are examples of both sitting and former first ladies testifying, too.
Eleanor Roosevelt testified twice as first lady. Once about labor issues. Then, about the organization of volunteers for the civilian defense agency before World War II.
Rosalynn Carter testified about mental health as first lady.
Hillary Clinton famously testified about her husband’s health care plan — even though it was dubbed (often derisively) «Hillarycare» in the fall of 1993. She testified multiple times as Secretary of State. Most notably in early 2013 regarding Benghazi.
And, first lady Laura Bush was en route to Capitol Hill to testify before a Senate panel about early childhood education on 9/11. The committee cancelled the hearing after the attacks in New York and at the Pentagon.
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So, many Republicans are game to hear from the Clintons about the Epstein files. Frankly, some were more interested in just holding them in contempt than actually gleaning anything about Epstein. But it looks like the Clintons will at least sit for depositions in a few weeks. Whether there’s a hearing or not is unclear. Some Republicans may even push for that. But caveat emptor. An open session for the Clintons will only intensify the push by Democrats — and some GOPers — to hear from President Trump.
Their testimony might not come during the Super Bowl halftime show. But open testimony by a former President and a sitting President would be a political Super Bowl.
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