El joven opositor Beyker Enrique Ferreti Hernández cumplió tres años en prisión este octubre. Tiene 25 años de edad. Cumple una condena de quince por el homicidio del bebé Teyler Lorío, asesinado el 23 de junio de 2018 durante las protestas de la Rebelión de Abril.

El régimen acusa a Ferreti de disparar contra el niño, pero el padre de Teyler, Nelson Lorío, asegura que quienes mataron a su hijo fueron policías y paramilitares.

“Un paramilitar con arma de fuego me le disparó a mi hijo”, afirma Lorío en un video que publicó en redes sociales tras conocer el proceso contra el joven Ferreti. “Esta es la tercera persona a la que le quieren achachar la muerte de mi hijo. Él no estaba presente el día de la muerte de mi hijo el día que un paramilitar con arma de fuego calibre largo le disparó a mi hijo”.

Lorío se exilió en Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares por las amenazas que recibió tras denunciar al Estado como responsable. Su versión no cambió nunca.

El 23 de junio de 2018 era Día del Padre en Nicaragua. Nelson caminaba con su esposa, su hija de siete años y el pequeño Teyler, de catorce meses, en brazos. Iban rumbo a la casa de sus padres, en el barrio Las Américas Uno, de Managua.

En la zona se ejecutaba la llamada “Operación Limpieza”. Policías y paramilitares desmontaban los tranques levantados por los manifestantes.

“Escuché un disparo, luego otro. El segundo le pegó a mi niño en la cabeza”, relató Lorío a Infobae. “Intentamos meternos a una casa. Una señora nos abrió para que no nos mataran. Mi hijo todavía respiraba, pero al verlo de espaldas tenía la cabeza deshecha”. Lo llevaron en una moto al hospital Alemán, donde murió minutos después.

En el acta de defunción, el hospital registró como causa de muerte “sospecha de suicidio”. En la pulsera plástica del cadáver se anotó “herida por arma blanca”. La pediatra que firmó el documento alegó después que se trató de un error administrativo.

Para los padres fue una burla. “Un niño de catorce meses no se suicida”, reclamó Lorío. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos documentó el caso entre los más graves de la represión de 2018.

Después del asesinato, la familia fue hostigada. Nelson Lorío recibió visitas de oficiales y funcionarios que le ofrecieron empleo, dinero y vivienda si cambiaba su versión.

Luego vinieron las amenazas. Lo detuvieron, lo interrogaron y lo liberaron tras advertirle que guardara silencio. Al final, se exilió en Costa Rica junto a su esposa y su hija. “No soy tan mala persona para decir que fue alguien que no fue”, dijo. “Fue el Estado”.

Cuatro años después, en octubre de 2022, el régimen encontró un culpable conveniente. Beyker Ferreti había sido un joven activo en las protestas de 2018. Tenía 17 años cuando levantaba barricadas en los barrios orientales de Managua, cerca de la Universidad Politécnica.

En julio de ese año huyó a Costa Rica junto a sus padres y su hermano menor. En ese país obtuvo una identificación de refugiado emitida por Migración costarricense en febrero de 2022.

A finales de ese año, la familia decidió emigrar hacia Estados Unidos. Para llegar por tierra debían cruzar Nicaragua en condición de clandestinidad. El 20 de octubre de 2022, tras pasar el puesto fronterizo nicaragüense de El Guasaule, fueron detenidos por Migración de Honduras.

Las autoridades hondureñas dijeron que Beyker estaba circulado por Interpol desde 2018, acusado de delitos cometidos durante las protestas. En Managua, Migración negó tener causas abiertas. Pese a ello, Honduras lo entregó a la Policía de Nicaragua.

Sus padres siguieron el camino hacia Estados Unidos. Desde ese día, no volvieron a verlo libre. Fue recluido primero en el Distrito Tres de la Policía, luego en la Dirección de Auxilio Judicial, y más tarde en el penal “La Modelo” de Tipitapa.

No le permiten visitas. Su familia solo puede enviarle comida y paquetes. “Está preso por razones políticas”, denunció el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos, GREX, que asumió su defensa pública.

El expediente judicial muestra una historia incongruente. El Ministerio Público lo acusó de disparar con un revólver el proyectil que mató al bebé. Según la versión oficial, la Policía despejaba los tranques en el barrio Las Américas cuando Ferreti, junto a un grupo armado, atacó a los agentes. El disparo habría impactado en el niño que su padre llevaba en brazos. No existe prueba balística ni material que lo vincule al hecho.

El proceso estuvo lleno de irregularidades. La jueza Ulisa Yaoska Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero de Distrito Penal de Juicio de Managua, basó su sentencia únicamente en los testimonios de cinco oficiales de la Policía y un civil identificado como Hernaldo Salinas.

Los cinco agentes se presentaron como parte del equipo que investigó el caso. Salinas, según vecinos y familiares del bebé, es militante sandinista del barrio. Dijo que vio a Ferreti disparar a seis metros de distancia, aunque no explicó cómo lo identificó entre decenas de personas armadas.

La defensa solicitó incorporar pruebas y testigos, pero la jueza lo impidió. Tampoco aceptó la declaración de los padres del niño, ofrecida por videollamada desde el exilio. “No permitieron ni los videos del día de los hechos”, denunció Nelson Lorío. “Si los hubieran visto, la sentencia sería para los verdaderos asesinos, no para un inocente”.

El juicio duró apenas un mes. El fiscal Sandro Peña pidió la pena máxima por homicidio: quince años. El 20 de diciembre de 2022, la jueza dictó condena. Beyker fue trasladado a Tipitapa con la orden de cumplir su pena hasta octubre de 2037.

En 2023, el Tribunal de Apelaciones de Managua rechazó el recurso de la defensa de Ferreti. Confirmó la sentencia sin responder a los argumentos de nulidad ni a la violación de garantías procesales.

El abogado defensor alegó que el proceso violó el principio de presunción de inocencia y el derecho a defensa. Señaló que la Ley 996, aprobada por el propio régimen en junio de 2019, concedía amnistía a todos los que participaron en los hechos relacionados con la crisis de abril. “Aunque hubiera sido culpable, la ley lo cubría”, explicó en su escrito. “Pero no lo era. No hubo evidencia, ni arma, ni motivo, ni presencia comprobada en el lugar”.

La denuncia de GREX ante el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas fue categórica. “Es un preso político. Su acusación carece de sustento. Fue capturado en otro país y entregado ilegalmente. No hay prueba de su participación en el hecho”.

El documento también señala la colusión de funcionarios hondureños en su entrega. El oficial que lo custodió, identificado como Nerbis, informó que lo entregó directamente a la Policía nicaragüense, inmediatamente y sin trámite legal alguno.

En el expediente judicial hay más inconsistencias. El proceso original de 2018 fue abierto contra varios jóvenes de Managua por delitos de terrorismo, secuestro y portación ilegal de armas. Beyker Ferreti aparecía entre los acusados, aunque nunca fue capturado porque ya estaba exiliado.

En noviembre de ese año, el juez Rolando Sanarrusia ordenó su detención por “hechos relacionados con la Rebelión de Abril”. Cuatro años después, esa acusación sirvió de base para imputarlo por el homicidio del bebé.

El Mecanismo para Personas Presas Políticas y la Unión de Presos y Presas Políticas de Nicaragua coinciden en que su caso es un montaje. “Es una forma de reescribir lo ocurrido en 2018. Quieren que parezca que los muertos fueron producto de un conflicto entre ciudadanos, y no de una represión de Estado”, dijo Yaritza Mairena, integrante de la organización, a la plataforma Confidencial.

El propio Nelson Lorío recuerda cómo el régimen intentó usarlo para reforzar esa versión. “Querían que dijera que fueron los muchachos de los tranques. Me citaron varias veces. Me ofrecieron cosas. Cuando vieron que no aceptaba, empezaron los acosos”.

En 2021 fue detenido por unas horas en el norte de Managua, cuando preparaba una protesta relámpago por el tercer aniversario del crimen de su hijo. Lo liberaron tras interrogarlo sobre sus vínculos con la oposición. “Querían callarme”, contó.

La familia Lorío Navarrete sigue exiliada. Nelson trabaja en Estados Unidos en empleos temporales. Su esposa, Karina Navarrete, vive con miedo de regresar a Nicaragua. “Queremos justicia, no venganza”, ha dicho en entrevistas. “Que digan la verdad de quién mató a mi hijo”.

En Managua, la familia de Beyker Ferretti sobrevive entre el silencio y la esperanza. Su tía Farid Germania Torres es quien le lleva la comida al penal. “No lo dejan ver a nadie”, dijo en una declaración ante GREX. “El 31 de diciembre le permitieron un paquete navideño. Nada más”.

Sus padres, refugiados en Estados Unidos, firmaron una solicitud ante organismos internacionales para exigir su libertad. En los documentos enviados al Mecanismo, reiteran que su hijo no participó en el hecho y que su encarcelamiento tiene motivaciones políticas.

Beyker Ferreti era un adolescente cuando tuvo que huir al exilio: había terminado el bachillerato en el Instituto Miguel Obando de Villa Austria. Sus amigos lo describen como un joven alegre, solidario, aficionado al fútbol y a la música.

Participó en las protestas por convicción, no por militancia. “Soñaba con un país libre”, escribió su madre en una carta. “Ahora su vida está detenida en una celda”.

En marzo de 2025, GREX registraba que Ferreti llevaba 872 días en prisión. No ha sido incluido en las listas de desterrados ni beneficiado por excarcelaciones. Organismos internacionales mantienen su caso bajo observación.

El expediente judicial de su condena cierra con una frase repetida por los tribunales desde hace años: “Las pruebas aportadas por la Fiscalía son suficientes para tener por acreditada la responsabilidad penal del acusado”. No hay más detalle. No hay evidencia técnica. Solo las palabras de seis testigos, todos vinculados al aparato estatal.

Beyker Enrique Ferreti Hernández sigue en prisión. El crimen por el que lo culpan sigue sin justicia. El padre del niño asesinado no se ha cansado de repetirlo: “Fue la Policía. Fueron los paramilitares”.