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La Argentina respaldó en la ONU la presión de EE.UU. contra Nicolás Maduro

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La Argentina ratificó su alineamiento con EE.UU. y respaldó la presión sobre el el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hizo a través de un fuerte discurso del embajador Francisco Tropepi ante el Consejo de Seguridad de la ONU, donde volvió a exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 y actualmente cautivo en el centro de detención Rodeo 1.

“El régimen ilegítimo de Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis”, cuestionó Tropepi durante su exposición en el recinto.

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Además, recordó que el presidente Javier Milei, durante la Cumbre del Mercosur del 20 de diciembre pasado, ya había apoyado la presión de Estados Unidos para “liberar al pueblo venezolano”. En su intervención, el embajador manifestó la “profunda preocupación por la grave situación en Venezuela” y denunció que “el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro ha sumido a Venezuela en una grave crisis política, humanitaria y social, cuyos efectos trascienden el ámbito interno y repercuten negativamente en la estabilidad de América Latina y el Caribe”.

El diplomático argentino fue contundente al remarcar “la persistencia de la impunidad y el debilitamiento del Estado de derecho en Venezuela, la desestabilización política e institucional y la proyección del crimen organizado transnacional que constituyen una amenaza concreta para la seguridad del hemisferio”.

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La única imagen que transmitió el gobierno venezolano sobre Nahuel Gallo desde su detención en diciembre de 2024 (Foto: Reuters)

Tropepi puso el foco en el caso de Nahuel Gallo, el gendarme argentino que se encuentra detenido en Venezuela desde diciembre del año pasado. “Desde el inicio de la gestión del presidente Milei, la Argentina ha condenado con firmeza lo que está ocurriendo en Venezuela: la falta de libertad, la violación sistemática de derechos humanos, las detenciones ilegales y la desaparición forzada de opositores políticos, ciudadanos venezolanos y extranjeros e incluso de niños y adolescentes”, sostuvo.

Además, advirtió que “la paz, la libertad y la democracia en América Latina han sido puestas en jaque por un régimen carente de legitimidad política, que no permite elecciones libres ni democráticas y que desconoce la voluntad soberana del pueblo venezolano, expresada de manera contundente en las urnas en favor de Edmundo González Urrutia, a quien la Argentina reconoce como presidente electo en Venezuela”.

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Tropepi también recordó que “Venezuela se encuentra suspendida del Mercosur desde 2017 por violar el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático”, que establece la democracia como condición esencial para la integración regional.

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Durante su exposición, el embajador señaló ante el Consejo de Seguridad que “el restablecimiento del orden democrático y el respeto irrestricto de los derechos humanos en Venezuela se vuelven imprescindibles”.

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El embajador hizo hincapié en que no puede “haber verdadera seguridad en América Latina mientras la vida, la libertad y la estabilidad de nuestros países se vean permanentemente amenazadas por el narcotráfico, el terrorismo y el crimen transnacional organizado” y advirtió: “Estas redes se sostienen y se expanden gracias al amparo, la complicidad y la connivencia de regímenes como el que hoy impera en Venezuela”.

En el cierre de su exposición, Tropepi subrayó la responsabilidad de la comunidad internacional de “pronunciarse con claridad y determinación frente al régimen de Maduro, exigir la liberación de los presos políticos, entre ellos el ciudadano argentino Nahuel Gallo, y garantizar el retorno de la libertad, la democracia, el respeto de los derechos humanos y la prosperidad económica en Venezuela”.

La intervención del embajador argentino recibió elogios de activistas por los derechos humanos en Venezuela, como Elisa Trotta, miembro fundador del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia. “Agradecemos el firme discurso del embajador de Argentina Francisco Tropepi ante el Consejo de Seguridad de la ONU reafirmando el apoyo del presidente Javier Milei a la presión que ejerce Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro para liberar al pueblo venezolano”, publicó en sus redes sociales.

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ONU, Venezuela, Estados Unidos, Nicolás Maduro

INTERNACIONAL

Gustavo Petro anuncia un aumento histórico del salario mínimo en Colombia y desata una lluvia de críticas en plena campaña electoral

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes un aumento sin precedentes del 23,7% del «salario mínimo vital», que fue fijado para 2026 en dos millones de pesos (unos 535 dólares), el mayor de este siglo. La decisión, con la que el gobierno promete mejorar la calidad de vida de la población, desató enseguida una lluvia de críticas desde el sector empresarial, que califica la medida de insostenible.

La decisión de Petro agitó el escenario político cuando ya comienza a acelerarse la carrera por las elecciones presidenciales de mayo de 2026. Desde todo el arco político surgieron fuertes reacciones. Analistas y políticos opositores advirtieron que se trata de una medida sin base técnica y que al parecer busca contrarrestar la imagen negativa del presidente de izquierda, que llega al final de su mandato muy desgastado y con una imagen en franca caída, luego de varias oleadas de protestas en contra de su gobierno en los últimos dos años.

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«Pasamos a un salario mínimo vital familiar de 1.746.882 pesos (unos 468 dólares), que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%», a lo que se suman cerca de 250.000 pesos (unos 67 dólares) de subsidio de transporte, lo que da dos millones de pesos, anunció el mandatario en un mensaje al país.

Gustavo Petro, el lunes, durante una ceremonia de ascensos militares en Bogotá. Foto: EFE

Se trata del mayor aumento salarial de los últimos 25 años. El anterior más alto se registró en 2023 (16%).

«Con estas medidas pensamos disminuir la desigualdad» aunque «va a haber una presión sobre los precios», admitió Petro en su discurso junto al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

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Según el presidente, «el incremento se calculó no solo con base en indicadores como inflación y productividad, sino en otros que permitieron un aumento más justo y con los que se garantizarán mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias».

El aumento del 23,7% del salario mínimo fue fijado de manera unilateral por el gobierno luego de que fracasaran las negociaciones tripartitas con representantes de los empresarios y de los sindicatos.

«De ahora en adelante que Colombia hable no solo de salario mínimo, sino de un salario mínimo vital familiar, y así hicimos las cuentas», subrayó Petro, quien mencionó incluso la Encíclica ‘Rerum Novarum’, promulgada en 1891 por el papa León XIII.

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Críticas

Varios economistas advierten que el aumento podría tener impactos negativos sobre la inflación, la informalidad y el costo de vida, en alza en el país.

«Un aumento muy por encima de la inflación es un empujón que no es duradero porque se transmite en más inflación, con un efecto macroeconómico que desestabilizaría la economía colombiana», dijo a la AFP Jorge Restrepo, profesor de economía de la Universidad Javeriana.

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En Colombia se estima una inflación en torno al 4% para el año próximo, según el Banco de la República (central). Otras estimaciones hablan de algo más de 5%.

Una protesta contra el gobierno de Gustavo Petro, en Bogotá, en 2024. El presidente termina su mandato en 2026. Foto: EFE  Una protesta contra el gobierno de Gustavo Petro, en Bogotá, en 2024. El presidente termina su mandato en 2026. Foto: EFE

Cerca al 50% de los trabajadores colombianos, que en su mayoría tiene empleos informales, no llegan a ganar un salario mínimo, de acuerdo con cifras del departamento de estadística estatal DANE.

Rechazo en el mundo empresarial

Los empresarios también alzaron su voz contra este aumento salarial. «Como resultado de una decisión unilateral del gobierno, se generan grandes riesgos para los hogares y la economía colombiana especialmente los relacionados con el efecto sobre la inflación y los precios de múltiples bienes y servicios, el empleo, y hasta las finanzas públicas», manifestó en un comunicado el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.

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El dirigente agregó: «La inflación es, sin duda, una de las variables que más afecta a los ciudadanos más vulnerables», y señaló que «en un momento en el cual el gobierno nos ha dicho que se encuentra en ‘emergencia económica’ se estima que cada 1% de incremento salarial genera 400.000 millones de pesos (unos 107.000 millones de dólares) de gasto de público adicional».

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, manifestó que el aumento del salario mínimo para 2026 muy por encima de la inflación, traerá consecuencias negativas también para el empleo.

«Este acto irresponsable que ha cometido el gobierno nacional, de subir desorbitadamente el salario mínimo sin antecedentes, muchas veces más que la inflación, va a traer consecuencias gravísimas para la economía y para los propios trabajadores que se van a ver amenazados por los altos costos de esos empleos», lo que acabará incrementando la informalidad.

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Por su parte, Fabio Arias, presidente del sindicato Central Unitaria de Trabajadores -uno de los más grandes de Colombia- acusó a los empresarios de lamentar que «al pueblo trabajador le pueda llegar a ir bien».


El incremento acumulado del salario mínimo bajo el mandato de Petro en los últimos tres años fue del 42,4%, según el Ministerio de Hacienda.

La economía nacional supera las proyecciones de los analistas, que esperan una subida en el PBI de entre 2,6 y 2,7% hacia final de año.

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La semana pasada, Petro declaró estado de emergencia económica por 30 días ante una «inminente crisis fiscal», tras llamados de atención de organismos internacionales al Ejecutivo izquierdista por la salud fiscal del país.

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Deal-making clemency: Inside Trump’s most disputed pardons of 2025

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

President Donald Trump granted clemency this year to a range of figures he viewed as victims of an unfair justice system. Some were tied to his newfound interest in cryptocurrency or shared in his 2020 election grievances, while another was simply brought up during a round of golf.

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While presidents of both parties have long used their pardon power in controversial ways, Trump’s clemency activity in 2025 stood out for its volume and for the deal-making style that has been a defining feature of his approach to power. 

What follows is a list of some of the president’s most controversial pardons in 2025. 

Jan. 6 defendants

The day Trump took office, he issued mass clemency to nearly all his supporters who had been convicted of federal offenses related to the Jan. 6, 2021, Capitol riot.

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Trump said at the time they had been «treated very unfair» by prosecutors and the courts.

Roughly 1,600 people faced charges over the Capitol attack, and the Department of Justice secured guilty pleas or convictions for more than 1,200 of them, according to federal data. About 200 pleaded guilty to felonies that included assaulting officers, and more than 200 others were convicted in trials of offenses that included attacking law enforcement.

Trump singled out 14 of the defendants, some of whom received prison sentences that stretched beyond a decade, and commuted their sentences instead of pardoning them. They included numerous Oath Keepers and Proud Boys leaders.

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BOASBERG REVERSES COURSE ON JAN. 6 DEFENDANTS PARDONED BY TRUMP

President Donald Trump’s supporters rally at the U.S. Capitol in Washington, D.C., while some breach restricted areas on Jan. 6, 2021. (AP Photo/Jose Luis Magana, File)

The president also directed the DOJ to drop pending cases for all the remaining defendants. The grand act of clemency wiped out one of the DOJ’s largest and most resource-intensive law enforcement operations in history. Cases were brought throughout all four years of the Biden administration.

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Changpeng Zhao

The founder and former CEO of Binance, the largest cryptocurrency platform, was convicted of anti-money laundering violations and received a full pardon in October 2025.

The pardon came one week after Donald Trump Jr. introduced a lobbyist for Zhao to Trump while on stage at Charlie Kirk’s memorial.

Critics observed that Binance has boosted the Trump family’s cryptocurrency company, but a lawyer denied any business reasons for the pardon, instead telling the Wall Street Journal Zhao was «pardoned for justice.»

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George Santos

The former U.S. representative who was found to be a serial fabulist after his congressional run had his seven-year prison sentence commuted in October 2025.

Santos pleaded guilty to federal fraud and identity-theft charges, admitting to using campaign funds to buy luxury products and pay off his credit card debt.

Fellow Long Island Republicans who had previously called for his resignation reacted angrily to the commutation, with Rep. Andrew Garbarino, R-N.Y., calling it «not justice» and unfair to the people Santos defrauded.

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HONDURAS ISSUES WARRANT FOR FORMER PRESIDENT PARDONED BY TRUMP

George Santos

Former Rep. George Santos arrives at court in Central Islip, N.Y., Monday, Aug. 19, 2024. (AP Photo/Stefan Jeremiah)

Trump said Santos, who became an outspoken supporter of the president prior to receiving the pardon, was mistreated in jail. Santos «has been in solitary confinement for long stretches of time and, by all accounts, has been horribly mistreated,» Trump said.

Tim Leiweke

Leiweke, a sports executive, was charged by the Trump DOJ’s Antitrust Division with rigging a bid to build an arena at the University of Texas.

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The DOJ accused Leiweke of violating the Sherman Act by gypping the university and taxpayers out of a fair bidding process to benefit his own company.

Former Rep. Trey Gowdy, who represented Leiweke, persuaded Trump to grant his client the pardon after a round of golf at Mar-a-Lago, the Wall Street Journal first reported.

Juan Orlando Hernandez

Trump issued a heavily criticized pardon to Hernandez, the former president of Honduras, who had been convicted in a U.S. federal court on drug-trafficking and firearms charges and sentenced to 45 years in prison for helping cocaine traffickers move hundreds of tons of narcotics into the U.S.

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Trump’s pardon, granted in December, freed Hernandez from prison in West Virginia just days before Honduras’s presidential election. Honduras responded by issuing a warrant for Hernandez’s arrest.

Trump claimed Hernandez had been unfairly prosecuted by the Biden administration. Critics observed that Trump has pushed legal boundaries to carry out one of his top agenda items, cracking down on drug trafficking, and that Hernandez’s release was counterproductive to that mission.

The Chrisleys

Todd and Julie Chrisley, reality TV stars from «Chrisley Knows Best,» were convicted in 2022 of bank fraud and tax evasion and both serving prison sentences when Trump pardoned them in May. Trump cited «pretty harsh treatment» as his reason for the clemency.

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Their daughter, Savannah, endorsed Trump during the Republican National Committee convention ahead of the 2024 election. The daughter revealed in December she is stepping into a cohost role on «The View.» Incidentally, Savannah Chrisley’s future cohosts had slammed her parents’ pardon as unethical.

NEW MOTION SEEKS COLORADO CLERK TINA PETERS’ RELEASE, CHALLENGING STATE AFTER TRUMP PARDON

TV personality Todd Chrisley speaks to the public after Trump pardons him and Julie Chrisley.

Reality TV star Todd Chrisley speaks as his daughter Savannah Chrisley looks on during a news conference on Friday, May 30, 2025, in Nashville, Tenn. (George Walker IV/AP Photo)

«If you are a reality star with a lot of money, and a tax cheat, and you commit fraud, then that’s good. We’re going to give you a pardon,» anti-Trump host Joy Behar had said.

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Devon Archer

Trump granted a full pardon to Archer, who was convicted in a federal fraud case, in March 2025. Archer was a longtime business partner of Hunter Biden but became an ally to House Republicans as they investigated the Bidens for what they said were corrupt foreign business dealings.

Henry Cuellar and his wife

The Democratic congressman from Texas and his wife were pardoned after the Biden DOJ brought federal bribery charges against them.

Trump claimed they were unfairly targeted because Henry Cuellar, a moderate who represented a battleground district in South Texas, supported more border security than many of his Democratic colleagues. However, when Cuellar filed for reelection as a Democrat after Trump’s pardon, the president said he was displeased.

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«Such a lack of LOYALTY,» Trump wrote on social media. «Oh well, next time, no more Mr. Nice guy!»

Tina Peters

Trump announced in December that he pardoned Tina Peters, the former Mesa County, Colorado, elections clerk who was serving a 9-year state prison sentence for orchestrating a data-breach scheme to advance fraud claims related to the 2020 election.

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Trump framed the pardon as support for her efforts to «expose voter fraud,» but because her convictions were in Colorado state court, legal experts and state officials say the president has no authority to pardon state-level convictions, and her sentence has not been automatically erased or resulted in her release.

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INTERNACIONAL

Quién es quién en el nuevo conflicto de Yemen que enfrenta a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

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La escalada de tensiones en el sur del Yemen entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha revelado el conflicto interno en la coalición antihutí, con acusaciones de Riad contra Abu Dhabi por amenazar su seguridad nacional, en medio de la ofensiva secesionista yemení en el sur.

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La coalición militar liderada por Arabia Saudita bombardeó este martes un cargamento de armas procedente de Emiratos en el puerto de Mukalla, en el sur del Yemen, destinado a los secesionistas del Consejo de Transición Sureño (CTS), un episodio de violencia que marca también la primera acusación pública de Riad contra su aliado por alimentar divisiones internas.

La llegada al sur de Yemen de dos barcos que según Arabia Saudita estaban cargados con armas

El Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP) -que actúa como órgano ejecutivo del Yemen reconocido internacionalmente– encabezado por Rashad al Alimi decretó en esta jornada un estado de emergencia de 90 días en las zonas bajo su control, un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo de 72 horas, y rompió el acuerdo de defensa con EAU.

Y exigió a los emiratíes la retirada inmediata de sus fuerzas y personal en 24 horas, al considerar que Abu Dhabi instiga un “golpe de Estado” al respaldar la ofensiva del CTS en las provincias orientales de Hadramut y Al Mahra.

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El presidente del Consejo de
El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de Yemen, Rashad Al Alimi, llega a la cumbre de la Liga Árabe en Jeddah, Arabia Saudita, el 18 de mayo de 2023. Al Alimi asumió el poder en 2022 tras la renuncia de Abdo Rabu Mansur Hadi bajo presiones saudíes. (Foto: Saudi Press Agency / Handout vía REUTERS)

Esta crisis, originada en la ofensiva relámpago del CTS a principios de diciembre que le permitió controlar dos provincias ricas en recursos y fronterizas con Omán y Arabia Saudita, evidencia las fisuras en la coalición formada en 2015 y que podría beneficiar indirectamente a los hutíes.

Estos son los principales actores implicados en el conflicto.

Esta alianza, liderada formalmente por Arabia Saudita y, paradójicamente, por Emiratos Árabes Unidos, se formó en 2015 para apoyar al Gobierno yemení reconocido internacionalmente y por la ONU contra los rebeldes chiíes hutíes -respaldados por Irán-, que tomaron el control de Saná y amplias zonas del país en 2014.

Esta coalición, donde Arabia Saudita es el único en la práctica con activos militares, busca restaurar la legitimidad del Gobierno exiliado en Adén y contrarrestar la influencia iraní sobre los hutíes, aunque ha enfrentado críticas por el impacto humanitario de sus acciones y que ahora ha revelado sus divisiones internas.

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Un niño de seis meses,
Un niño de seis meses, Wisam al-Salafi, yace en una balanza en un centro de tratamiento de desnutrición en Saná, Yemen, el 26 de agosto de 2024. El conflicto yemení ha durado más de una década y ha causado un colapso humanitario en el país. (Foto: REUTERS / Khaled Abdullah / Archivo)

Además de Riad y Abu Dhabi, esta alianza también cuenta nominalmente con Jordania, Marruecos y Egipto como miembros, así como Kuwait y Baréin. También ha contado con respaldo internacional como Estados Unidos, Francia y Alemania, entre otros, para capacitar y compartir inteligencia.

El presidente del Consejo de
El presidente del Consejo de Transición del Sur de Yemen, Aidarous Al-Zubaidi, habla durante una entrevista el 22 de septiembre de 2023 en Nueva York. Al Zubaidi es vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial desde 2022, pero lidera al grupo separatista que lanzó la ofensiva en diciembre. (Foto: AP / Ted Shaffrey / Archivo)

EAU apoya militar y económicamente a los secesionistas del sur, agrupados en el Consejo de Transición Sureño (CTS), formado en 2017 por Aidarus al Zubaidi tras su destitución como gobernador de Adén, y que se oponen a los hutíes.

Pese a que Al Zubaidi sea el vicepresidente del Consejo de Liderazgo Presidencial desde 2022, lidera al grupo separatista que lanzó la ofensiva este diciembre contra las unidades militares ligadas al Gobierno reconocido.

El CTS busca reavivar un Yemen del Sur independiente, como el que existió entre 1967 y 1990, y ha recibido envíos de armas desde puertos emiratíes como Fujairah, lo que ha provocado acusaciones de “escalada peligrosa” por parte de Riad y el Gobierno yemení, incluyendo el control reciente de provincias orientales como Hadramut (rica en petróleo) y Al Mahra, fronterizas con Omán y Arabia Saudita.

Soldados yemeníes participan en un
Soldados yemeníes participan en un ejercicio en un campamento militar cerca del frente con los hutíes en Marib, Yemen, el 6 de noviembre de 2024. El poder militar del gobierno yemení es muy limitado y en la práctica se restringe a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudita. (Foto: REUTERS / Amr Alfiky)

El Gobierno yemení (o CLP) es un órgano colegiado cuyo líder es Al Alimi, que asumió el poder tras la renuncia de Abdo Rabu Mansur Hadi en 2022 bajo presiones saudíes. Su lucha primordial es contra los hutíes para recuperar el control territorial y restaurar la unidad del país, pero ahora enfrenta divisiones internas instigadas por EAU.

Este Gobierno, con sede en Adén, -los hutíes tomaron Saná hace 11 años- ha impuesto medidas como el estado de emergencia y la ruptura de acuerdos con Abu Dhabi por considerar que el apoyo emiratí al CTS socava su autoridad, fomenta conflictos tribales y podría beneficiar a los rebeldes hutíes, amenazando la cohesión institucional y la seguridad en zonas clave como las provincias orientales, ricas en petróleo.

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Su poder militar es muy limitado, y en la práctica se restringe a las fuerzas de la coalición liderada por los saudíes.

Combatientes hutíes portan armas cerca
Combatientes hutíes portan armas cerca del sitio de ataques aéreos israelíes en Saná, Yemen, el 13 de septiembre de 2025. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, capturaron la capital en 2014 y controlan zonas estratégicas que incluyen accesos al Mar Rojo. (Foto: REUTERS / Khaled Abdullah)

Este movimiento insurgente chií respaldado por Irán inició un golpe en 2014 capturando Saná y amplias regiones del norte y oeste del Yemen. Representan el principal adversario de la coalición y el Gobierno reconocido, controlando la capital y zonas estratégicas que incluyen accesos al mar Rojo.

Aunque no están directamente involucrados en la actual crisis secesionista, las autoridades yemeníes y saudíes advierten de que las tensiones internas podrían reavivar luchas que los benefician indirectamente, permitiendo a los hutíes consolidar posiciones y explotar la fragmentación, en un conflicto que ha durado más de una década y ha causado un colapso humanitario en el país.

(Con información de EFE)

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