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La cumbre Donald Trump-Vladimir Putin en Alaska: de la venta de un territorio inhóspito a un encuentro en una base militar clave para enfrentar a la URSS

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La elección de Alaska como sede de la cumbre ruso-estadounidense es un doloroso recuerdo de cómo los zares vendieron en 1867 la península a Estados Unidos a espaldas del pueblo ruso, un mal negocio que podía haber cambiado la historia del siglo XX.

«Rusia veía a Estados Unidos como un potencial aliado» y un contrapeso a Inglaterra y Francia, comentó a Efe Alexandr Petrov, historiador ruso y experto en historia estadounidense.

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A esto se suma que en los 125 años de dominio de Alaska -los españoles llegaron años después- los colonos rusos apenas la habían explorado y las relaciones con los aborígenes eran muy tensas.

Alaska, la única colonia rusa de ultramar

El Kremlin vio bien la elección de Alaska como sede de la cumbre, ya que Putin, contra el que pesa una orden de arresto internacional por crímenes de guerra, sólo tendrá que cruzar el estrecho de Bering.

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A Rusia le trae muchos recuerdos ese territorio similar a Siberia, ya que simboliza el momento más álgido de su expansión colonial. De hecho, Alaska fue la única colonia propiamente rusa en ultramar.

Los rusos llegaron a Alaska a mediados del siglo XVIII comandados por Vitus Bering, el navegador danés que dio nombre al estrecho que separa Asia de América.

Décadas después el imperio ruso reclamó propiedad sobre Alaska, para cuya explotación se creó la compañía ruso-estadounidense (RAK), gestionada por comerciantes rusos.

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Una camiseta con los retratos del presidente ruso Putin (d.) y el presidente estadounidense Trump (i.) se exhibe a la venta en un mercado de recuerdos en Moscú, Rusia. Foto EFE

No obstante, tras la guerra de Crimea (1853-56) los rusos cayeron en la cuenta de que en caso de guerra con los británicos, que ya habían atacado la península de Kamchatka, no tenían recursos, ni aliados, ni dinero para defender Alaska.

Una venta dolorosa

EE.UU. intentó por primera vez comprar Alaska en 1854, pero ambos países aplazaron las negociaciones hasta que concluyó la Guerra de Secesión (1865).

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Washington no tuvo ni siquiera que presionar al zar Alejandro II, ya que la idea fue de su hermano menor, el príncipe Konstantín Nikoláyevich, quien utilizó como argumento que RAK era deficitaria, aunque el motivo real era que la consideraba un monopolio.

Fue la primera vez que el imperio ruso cedía un territorio, algo que ahora está prohibido por ley desde la aprobación de la nueva Constitución rusa en 2020.

Las ansias de evitar que cayera en manos del imperio británico empujaron al zar a optar por el mal menor: su venta el 18 de octubre de 1867 a 4,73 dólares el kilómetro cuadrado, lo que incluía también inmuebles y archivos coloniales.

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Petrov cree que el precio acordado -7,2 millones de dólares (más de 150 millones al cambio actual) o más de 16 millones de rublos- fue «insignificante», ya que la construcción de la catedral de San Isaac en San Petersburgo costó entonces unos 9 millones de rublos.

Parque Nacional y Reserva Lake Clark, Alaska.Parque Nacional y Reserva Lake Clark, Alaska.

El pueblo ni se enteró, aunque el diario «Golos» (Voz) tachó en abril de 1868 de «vergüenza» la venta «a precio casi regalado» de Alaska, que también fue criticada por el mismísimo Karl Marx.

En su mayoría, el dinero fue utilizado para el tendido de la vía férrea entre el norte y el sur del país, en particular entre Moscú y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014 y que había pertenecido a Ucrania desde 1954.

La historia que pudo ser y no fue

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A los historiadores rusos les gusta especular con lo que hubiera pasado si Alaska hubiera sido territorio ruso hasta hoy en día. ¿Qué hubiera ocurrido si durante la Guerra Fría la Unión Soviética hubiera podido desplegar armas nucleares en Alaska?

Otros rebaten que hubiera corrido la misma suerte que otros territorios del Lejano Oriente ruso, es decir, zonas atrasadas llenas de bases militares donde las corporaciones estatales explotan sus ingentes recursos naturales al margen de la población indígena.

Alaska también podía haberse convertido en una especie de Taiwán, ya que en la península se podían haber refugiado los blancos durante la Guerra Civil con los bolcheviques.

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Una alternativa real a la venta de Alaska hubiera sido su arrendamiento a EE.UU., algo que el líder soviético, Vladímir Lenin, propuso a Washington en el caso de Kamchatka por un plazo de 60 años, pero la oferta fue rechazada por Washington, que no quiso reconocer a los bolcheviques.

Una base emblemática

En un giro irónico, la cumbre será en una base militar en Alaska que fue crucial para contrarrestar a la Unión Soviética durante el apogeo de la Guerra Fría.

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La reunión será este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson, ubicada en Anchorage, según un funcionario de la Casa Blanca que habló bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

El presidente Donald Trump saluda a las tropas tras aterrizar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson para una parada de reabastecimiento de combustible camino a Japón para una visita de Estado de cuatro días, el 24 de mayo de 2019. Foto APEl presidente Donald Trump saluda a las tropas tras aterrizar en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson para una parada de reabastecimiento de combustible camino a Japón para una visita de Estado de cuatro días, el 24 de mayo de 2019. Foto AP

La base, creada mediante la fusión de la Base Aérea Elmendorf y el Fuerte Richardson del Ejército en 2010, desempeñó un papel estratégico clave en la vigilancia y disuasión de la Unión Soviética durante gran parte de la Guerra Fría.

A lo largo de su larga historia, la base albergó un gran número de aeronaves y tenía radares para detectar la actividad militar soviética y cualquier posible lanzamiento nuclear. En su momento fue apodada «La Cobertura Superior de América del Norte», según el sitio web de la base.

Aunque gran parte del equipo militar ha sido desactivado desde entonces, la base todavía alberga escuadrones de aeronaves clave, incluido el caza furtivo F-22 Raptor. Los aviones de la base también interceptan regularmente aeronaves rusas que vuelan hacia el espacio aéreo de Estados Unidos.

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La reunión de los líderes en una base militar estadounidense les permite evitar cualquier protesta y proporciona un nivel importante de seguridad, explicó Benjamin Jensen, investigador principal de defensa y seguridad en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un grupo de expertos con sede en Washington.

«Para el presidente Trump, es una gran manera de mostrar el poderío militar estadounidense mientras también aísla la capacidad del público u otros de intervenir en lo que probablemente espera sea un diálogo productivo», dijo Jensen.

Agregó que la ubicación significa que Trump puede cultivar lazos con Putin «y mostrar poderío militar para tratar de ganar ventaja y hacer posible una segunda reunión».

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La ironía de que Putin visite una base militar estadounidense que sirvió para contrarrestar las amenazas rusas se produce mientras Trump trabaja para alcanzar un acuerdo de alto el fuego en Ucrania.

Funcionarios de Ucrania y Europa temen que la reunión — de la que fueron excluidos — lleve a un resultado que favorezca los objetivos rusos.

El presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Trump fue «muy claro» en que Estados Unidos quiere lograr un alto el fuego en la cumbre. Macron habló después de una reunión virtual entre Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y otros líderes europeos.

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Trump ha manifestado que cualquier acuerdo importante podría involucrar intercambios de tierras y que Zelenski y Putin podrían reunirse a continuación o que él podría reunirse con los dos líderes.

«Hay una muy buena posibilidad de que tengamos una segunda reunión, que será más productiva que la primera, porque la primera es para averiguar dónde estamos y qué estamos haciendo», dijo Trump a los periodistas el miércoles. «Va a ser una reunión muy importante, pero está preparando el terreno para la segunda reunión».

Estados Unidos,Rusia,Donald Trump,Vladimir Putin,Alaska

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Problemas legales y protestas de vecinos: el Reino Unido no sabe dónde poner a los migrantes

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Los migrantes que llegan en barcos desde Francia y piden asilo político en Gran Bretaña se han convertido en una obsesión británica. Una xenofobia alimentada por el miedo, agitado por el populista Nigel Farage y Reform, su nuevo partido. El cuestionamiento es su alojamiento en hoteles, donde la población cree que sus hijas corren riesgos ante su presencia.

Los planes de asilo del primer ministro británico Keir Starmer se han visto sumergidos en el caos, tras un fallo del Tribunal Supremo que impidió el alojamiento de solicitantes de asilo en un hotel de Essex.

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El consejo del distrito de Epping Forest recibió el martes una orden judicial provisional para impedir el alojamiento de solicitantes de asilo en el hotel The Bell, tras las continuas protestas contra los migrantes en la zona.

Protestas frente al hotel

Miles de personas, incluidos algunos agitadores de derecha, se han congregado cerca del hotel en las últimas semanas. Esto fue después de que un solicitante de asilo residente allí fuera acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años en el pueblo.

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Manifestantes rechazan la presencia de soliciantes de asilo en Essex. Foto:AP

Los ministros se preparan para decenas de recursos legales por parte de otros líderes del consejo, tras el fallo. Abogados del Ministerio del Interior advirtieron al tribunal que la decisión podría «afectar sustancialmente» la capacidad del gobierno para alojar a solicitantes de asilo en hoteles de todo el Reino Unido.

Un gobierno conmocionado y sin salida

A finales de marzo, había unos 200 hoteles que albergaban a unos 30.000 solicitantes de asilo.

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Miembros del Ministerio del Interior admitieron que el fallo dejó al departamento «conmocionado». El departamento está obligado a alojar a los solicitantes de asilo hasta que se evalúen sus casos.

En respuesta a la sentencia, la ministra de seguridad fronteriza, Angela Eagle, declaró: «Estudiaremos detenidamente esta sentencia. Dado que este asunto sigue sujeto a procedimientos legales en curso, no sería apropiado hacer más comentarios en este momento».

El hotel The Bell, en Epping, Essex. Foto: EFEEl hotel The Bell, en Epping, Essex. Foto: EFE

El juez Eyre concedió la orden judicial tras escuchar las quejas del ayuntamiento sobre la infracción de la ley de planificación urbanística, al cambiar el uso del terreno.

El ayuntamiento del distrito de Epping también mencionó las perturbaciones causadas por las protestas y la preocupación por la seguridad de los propios solicitantes de asilo.

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El martes, en el Tribunal Real de Justicia, el juez coincidió con el ayuntamiento en que se requería una orden urgente para impedir que el hotel alojara a solicitantes de asilo. Añadió que el propietario del hotel, Somani Hotels, tenía hasta el 12 de septiembre para cumplirla.

El hotel en el centro del debate

El hotel ha estado en el centro de violentas protestas de extrema derecha, desde que un solicitante de asilo fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años. Hadush Gerberslasie Kebatu ha negado los cargos en su contra y deberá comparecer ante el juez a finales de este mes.

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Un conductor grita a los periodistas, frente al hotel. Foto: EFEUn conductor grita a los periodistas, frente al hotel. Foto: EFE

Otro hombre alojado en el hotel, Mohammed Sharwarq, de nacionalidad siria, ha sido acusado por separado de siete delitos. Varios hombres han sido acusados de presuntos desórdenes fuera del hotel.

Antes de que se dictara el fallo, el juez denegó una solicitud de última hora de la ministra del Interior para intervenir.

Un abogado de la ministra del Interior argumentó que un fallo a favor del ayuntamiento tendría un impacto sustancial en su obligación legal de alojar a los solicitantes de asilo mientras se examinan sus casos, entre otras preocupaciones. Sin embargo, el juez declaró que la intervención de la ministra del Interior era innecesaria y que solo consumiría tiempo judicial.

La población, encantada

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Tras el fallo del martes, el líder del consejo, Chris Whitbread, declaró: «Estoy encantado. Es una gran noticia para nuestros residentes. Las últimas semanas han supuesto una presión insoportable para nuestra comunidad, pero hoy tenemos una gran noticia. Este no es el final del asunto. Tras obtener una disposición provisional, el siguiente paso es que el consejo vuelva al tribunal y solicite una orden judicial permanente».

Un cartel de protesta quedó tirado en el piso tras una manifestación frente al hotel. Foto:  EFEUn cartel de protesta quedó tirado en el piso tras una manifestación frente al hotel. Foto: EFE

Desde 2020, se ha recurrido en mayor medida a los hoteles para alojar a los solicitantes de asilo, con 32.345 alojados temporalmente en Inglaterra y Gales a finales de marzo de este año. El Partido Laborista ha prometido poner fin al uso de hoteles para alojar a los solicitantes de asilo para 2029, reduciendo las travesías en embarcaciones pequeñas y construyendo nuevos alojamientos públicos.

Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados, declaró: «El uso de hoteles es completamente insostenible. Esta sentencia demuestra que el plan del gobierno de esperar hasta 2029 para poner fin a su uso no es viable«.

Obligación de alojarlos

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Gran Bretaña tiene la obligación de dar alojamiento a quienes esperan su respuesta para recibir o no asilo. Mayoritariamente, quienes llegan buscando asilo escapan de lugares en guerra, con reclutamiento forzado, de Afganistán, Sudán, Siria, Somalia y Eritrea. Si se los dan, tienen derecho a traer a su esposa e hijos.

«A través de nuestro trabajo en primera línea, vemos cómo las protestas y la hostilidad dejan a las personas que han huido de la guerra y la persecución aterrorizadas y atacadas en los mismos lugares donde se ven obligadas a vivir. Esto agrava una situación ya de por sí traumática y priva a las personas de cualquier sensación de seguridad», explicó.

«En lugar de depender de hoteles costosos, el Ministerio del Interior debería colaborar con los ayuntamientos para proporcionar alojamiento seguro y económico en las comunidades. Pero para acabar definitivamente con el uso de hoteles, el gobierno debe replantearse cómo podemos acelerar y mejorar la toma de decisiones en materia de asilo», explicó Enver Solomon, director ejecutivo del Consejo para los Refugiados.

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El consejo declaró la semana pasada que solicitaba la orden judicial debido a los «niveles sin precedentes de protestas y perturbaciones» en relación con el alojamiento de los solicitantes de asilo.

Whitbread había afirmado que la situación «no puede continuar», pero el gobierno no le escuchaba. En una audiencia celebrada el viernes, los abogados del consejo afirmaron que el «único uso legal» del sitio era como hotel y que Somani Hotels había infringido las normas de planificación al utilizarlo para albergar a solicitantes de asilo.

Philip Coppel, KC, en representación de la autoridad, afirmó que la situación era «totalmente inaceptable» y que había proporcionado un «centro de alimentación».

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El «dilema» del asilo

Para solicitar asilo en el Reino Unido, es necesario encontrarse físicamente en el país. No es posible solicitarlo desde el extranjero y no existe un visado de asilo. No se puede obtener un visado con el propósito explícito de solicitar asilo.

Por lo tanto, quienes no tienen derecho a viajar al Reino Unido sin visado deben entrar de forma irregular. No hay rutas seguras. Por ejemplo, entran en una embarcación pequeña; utilizando documentos falsos; o con un visado para algún otro propósito, como turismo o estudios.

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Solicitar asilo no es ilegal, pero entrar o permanecer en el Reino Unido sin el permiso requerido ha sido un delito durante muchos años. La Ley de Nacionalidad y Fronteras de 2022 amplió el alcance de los delitos y aumentó la pena máxima por entrada ilegal a cuatro años de prisión.

Quien solicita asilo tiene derecho a permanecer en el Reino Unido mientras se examina su solicitud y debe ser alojado por el gobierno.

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SCOOP: White House touts guns and drug haul removed from DC streets as Trump’s crime blitz nets 550 arrests

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NEWYou can now listen to Fox News articles!

FIRST ON FOX: More than 550 arrests have been made in the nation’s capital amid President Donald Trump’s crime crackdown that began earlier in August, including officials recovering illegal firearms and removing drugs from the streets, photos shared with Fox News Digital show. 

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Local police and federal law enforcement officers in the city have made more than 550 arrests since Aug. 7, including the apprehensions of three known gangbangers, one of whom was an MS-13 member, according to White House data provided Wednesday to Fox News Digital. 

«Thanks to President Trump’s bold actions to Make DC Safe Again, more than 550 dangerous criminals have been removed from the streets of our nation’s capital,» White House spokeswoman Taylor Rogers told Fox News Digital Wednesday of the arrests. 

«While the Fake News tried to sell a lie that D.C. was safe, these arrests reveal the truth,» she continued. «Hundreds of violent criminals have been arrested by federal law enforcement agents for carrying illegal weapons, distributing deadly drugs, committing armed robbery, and having ties to dangerous gangs like MS-13. President Trump is making DC safe again by enforcing the law and everyday Americans support his commonsense, tough-on-crime policies.» 

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MS-13 GANG MEMBER ARRESTED IN DC AS BONDI TOUTS ADMIN’S ‘EXTRAORDINARY’ CRIME CRACKDOWN

More than 550 arrests have been made in the nation’s capital amid President Donald Trump’s crime crackdown that began earlier in August (Alex Brandon/The Associated Press)

Tuesday evening’s sweep of the city included 91 arrests, Fox News Digital learned, including 25 arrests of illegal aliens. Many of the illegal aliens arrested had prior criminal histories, according to the White House, including multiple illegal reentries, and a threat to kidnap or injure a person, destruction of property, burglary, possession of drugs and driving while intoxicated. 

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68 DC SUSPECTS ARRESTED IN SINGLE NIGHT AS WHITE HOUSE TOUTS TRUMP’S PUSH TO ‘CLEAN UP’ CAPITAL CITY

The White House exclusively shared photos of items recovered during the Tuesday arrests, which included a backpack teeming with baggies of confirmed illegal substances, handguns and a knife. 

The White House told Fox News Digital that law enforcement has removed substances stretching from marijuana, cocaine, meth and fentanyl from D.C. streets since the crime crackdown began Aug. 7. 

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Recovered gun and knife

Left: Photo of an illegal handgun recovered by law enforcement in Washington, D.C., the evening of Aug. 19, 2025. Right: Photo showing a knife and illegal substances recovered during crime sweeps in the nation’s capital Aug. 19, 2025.  (White House)

All in, law enforcement recovered eight illegal firearms Tuesday evening, and made arrests for crimes such as an assault on a police officer, armed robbery, carrying a pistol without license, assault with deadly weapon, driving under the influence and for outstanding arrest warrants related to «Child Abuse (Death)» and involuntary manslaughter charges. 

HUNDREDS ARRESTED AS TRUMP’S WASHINGTON, DC, CRIME CRACKDOWN HITS FULL STRIDE

Recovered illegal gun and drugs

A pair of photos showing a recovered handgun on the left and a bag of unidentified drugs on the right.  (White House )

A total of 48 homeless encampments across the city have been removed as of Wednesday, Fox News Digital learned. 

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Trump federalized the Washington, D.C. police department Aug. 11 amid a trend of high-profile attacks and killings in the city following the wild crime trends that erupted in the U.S.’ notoriously bloody year of 2020. The more than 550 arrests are part of Trump’s March executive order, which established the Making D.C. Safe and Beautiful Task Force, ahead of the president federalizing the city in August. 

WHITE HOUSE LAUNCHES FEDERAL SECURITY BLITZ AS PRESIDENT VOWS TO END DC ‘CRIME PLAGUE’

Law enforcement in Washington D.C.

Federal law enforcement and the local D.C. police have made hundreds of arrests in Washington, since Aug. 7, Fox News Digital learned.  (Andrew Leyden/Getty Images)

Hundreds of National Guard members, as well as the Metropolitan Police Department and personnel from federal agencies, such as the FBI, Drug Enforcement Administration, Capitol Police and the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, have taken to the streets of D.C. to conduct sweeps and root out crime. The National Guard is not making arrests, but is assisting law enforcement with deterring crime and protecting the city. 

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There were more than 1,950 law enforcement officials who took part in Tuesday night’s sweeps and arrests, Fox News Digital learned. The crackdown is anticipated to continue heating up, including the U.S. Marshals Service offering $500 rewards to individuals who are able to provide tips that lead to arrests. 

A military vehicle parked outside Union Station

A mine-resistant ambush protected all-terrain vehicle is parked next to Union Station in Washington, D.C., Aug. 14, 2025, following President Donald Trump federalizing the city’s police department.  (Fox News Digital/Peter Pinedo)

Democrats have slammed Trump over the federalization of the city’s police department, claiming crime data show violence is trending downward. 

The Metropolitan Police Department’s crime data is currently under Department of Justice investigation in response to claims the force manipulated the data to produce more favorable crime trends in recent months, Fox News reported Tuesday. 

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SCOOP: TRUMP’S NEWEST DC CRIME CRACKDOWN YIELDS MORE THAN 100 ARRESTS

Trump had threatened to federalize the D.C. police department in the weeks leading up to his final decision, citing a handful of high-profile crimes that have rocked the city, including the fatal shooting of 21-year-old congressional intern Eric Tarpinian-Jachym in June; the fatal shooting of a pair of Israeli embassy staffers in May; and a brutal attack on a former Department of Government Efficiency staffer earlier in August. 

Trump championed the crime crackdown in a press conference Aug. 11, when he first announced he would federalize the local police department under section 740 of the District of Columbia Home Rule Act, which allows the president to assume emergency control of the capital’s police force for 30 days. 

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«Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth, drugged-out maniacs and homeless people,» Trump said Aug. 11. «And we’re not going to let it happen anymore. We’re not going to take it.» 

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Estados Unidos denunció abusos graves en Ecuador durante el conflicto interno

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Un soldado hace guardia en el Palacio Carondelet, el palacio presidencial, en Quito, Ecuador, el 6 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un informe oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos reveló que en Ecuador se produjeron ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias desde la declaración del conflicto armado interno, emitida por el presidente Daniel Noboa el 9 de enero de 2024. El reporte forma parte del documento anual sobre prácticas de derechos humanos, elaborado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del gobierno estadounidense.

Aunque el gobierno ecuatoriano afirmó, según el reporte, haber tomado medidas para identificar y sancionar a funcionarios que hayan incurrido en abusos, el informe incluye casos documentados de violaciones graves a los derechos humanos por parte de fuerzas estatales durante operativos de seguridad dirigidos contra grupos criminales calificados como terroristas.

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El Departamento de Estado emitió
El Departamento de Estado emitió el informe sobre los derechos humanos en Ecuador durante el 2024. REUTERS/Nathan Howard/File Photo

Entre los casos más graves se encuentra el asesinato de 15 personas en el marco de las operaciones militares autorizadas por decreto ejecutivo. La medida permitía a las Fuerzas Armadas apoyar a la Policía Nacional en acciones contra 22 organizaciones de crimen organizado, pero generó preocupación internacional debido a los posibles excesos cometidos durante su implementación.

Uno de los testimonios recogidos por el Departamento de Estado detalla que militares sometieron a detenidos a prácticas degradantes, como sumergirles la cabeza en tanques de agua mientras les aplicaban descargas eléctricas para extraer información sobre armas o drogas. Otro episodio señala que los oficiales los hacían acostarse boca abajo y les pisaban con las botas distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza, el cuello y la espalda.

Organizaciones no gubernamentales también reportaron múltiples arrestos arbitrarios realizados durante los estados de excepción. Solo entre el 8 de enero y el 8 de abril, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos registró al menos cinco detenciones sin justificación legal, tres de ellas cometidas por militares y dos por policías. No obstante, el informe advierte que la cifra real podría ser mucho más alta, dado el número de denuncias no sistematizadas por temor a represalias.

Los hermanos Ismael y Josué
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, Nehemías Arboleta y Steven Medina, quienes fueron asesinados tras ser detenidos por militares en Ecuador. (Capturas de pantalla/ Ecuavisa)

Aunque no se cita en el informe, en diciembre de 2024, la detención irregular de cuatro menores por parte de militares y el hallazgo de sus cuerpos incinerados encendió las alertas sobre el uso abusivo de las fuerzas de seguridad. El caso continúa en investigación.

En paralelo, el documento destaca que la violencia en las cárceles continuó escalando durante 2024. Grupos armados al interior de los centros penitenciarios provocaron motines y fugas, mientras que desde el exterior se registraron actos de violencia dirigidos a intimidar a periodistas, funcionarios públicos y medios de comunicación. El caso más emblemático ocurrió el 9 de enero de 2024, cuando un grupo armado irrumpió en vivo en el estudio de TC Televisión en Guayaquil y mantuvo como rehénes a varios trabajadores del canal.

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La libertad de prensa fue otro derecho severamente afectado, según el informe. El informe cita que Fundamedios reportó 22 agresiones contra periodistas perpetradas por bandas criminales entre enero y agosto de 2024, en un patrón que incluyó amenazas, ataques físicos y censura indirecta. A pesar de estos hechos, las investigaciones oficiales fueron escasas o nulas. También se documentaron casos de censura estatal, como la eliminación de periodistas de chats oficiales o restricciones de acceso a información pública.

Fotografía de archivo en donde
Fotografía de archivo en donde se ven reclusos mientras realizan ejercicios durante un recorrido de la prensa a la cárcel de Cotopaxi en Latacunga (Ecuador). EFE/ José Jácome

El informe también hace referencia a la desaparición forzada de al menos tres personas, ocurridas presuntamente en centros de detención. En uno de los casos, el gobierno respondió afirmando que el detenido se encontraba en buen estado de salud, pero guardó silencio sobre las otras dos desapariciones denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

En el ámbito laboral, el Departamento de Estado apuntó a la falta de garantías para la libertad sindical y la negociación colectiva. Según el informe, el Ministerio de Trabajo demoró o dificultó la legalización de nuevas organizaciones sindicales y en algunos casos, empleadores despidieron a los líderes antes de que los sindicatos pudieran inscribirse formalmente, sin que los tribunales ordenaran su reincorporación.

Pese a estos hallazgos, el informe cita que, en marzo de 2024, el presidente Noboa firmó las declaraciones de Chapultepec y Salta, comprometiéndose públicamente con la defensa de la libertad de expresión. Posteriormente, en agosto, emitió un decreto que establece protocolos de protección y capacitación para periodistas en riesgo. Sin embargo, a la fecha, el mecanismo de protección de periodistas, que debe ser financiado por el gobierno, aún no recibe recursos económicos para proteger a periodistas en situación de riesgo.

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El presidente de Ecuador, Daniel
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Adriano Machado

El informe forma parte de la evaluación anual que Estados Unidos realiza sobre la situación de los derechos humanos en más de 200 países y territorios. En el caso de Ecuador, la sección sobre “temas significativos” incluye también el aumento de secuestros, extorsiones y homicidios atribuidos a bandas criminales, y hace un llamado a que las autoridades garanticen que las políticas de seguridad respeten los derechos fundamentales de la población.



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