El líder opositor cubano José Daniel Ferrer denunció este jueves que la dictadura de su país continúa intimidando y arrestando a colaboradores de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) con el objetivo de sabotear la labor humanitaria que llevan adelante a diario.

En menos de un mes, el régimen de Miguel Díaz-Canel detuvo a 350 personas, según un informe dado a conocer este miércoles por tres organizaciones de derechos humanos de la isla.

En diálogo con Infobae, Ferrer indicó que, solo en las últimas 24 horas, se confirmaron ocho detenciones más. “Los de la policía política detuvieron ayer a cinco colaboradores, dos hombres y tres mujeres. Les impusieron una multa de 24.000 pesos a dos mujeres y a un hombre; y una de 36.000 a un hombre”, indicó; al tiempo que acotó que este jueves se registraron otros tres arrestos.

“De los de ayer, a uno le quitaron el móvil y lo golpearon. Mientras que a una colaboradora la obligaron a hacer un video en el que diga que no venía más nunca aquí (a la sede de UNPACU) porque la amenazaron que, si no hacía el video, la iban a meter en un calabozo con 30 hombres para que la violaran. La tiranía está excediéndose diariamente, superándose a sí misma en materia de infamia, represión y vileza», relató el ex preso político a este medio.

Respecto de los arrestos de este jueves, el líder opositor detalló que a las tres detenidas “las mantuvieron más de media hora en un local ubicado a dos cuadras de UNPACU. Uno de nuestros colaboradores estuvo observando todo lo que pasaba porque estamos alerta ante cualquier acción represiva, ante cualquier intento de sabotear nuestro trabajo. A las tres jóvenes las acabo de despedir recién porque me negaron que habían sido detenidas y que habían estado conversando con los de la policía política durante más de media hora. Las acabo de despedir porque los colaboradores que sucumben a las amenazas son los que terminan haciendo cosas muy peligrosas acá adentro de nuestro hogar”, describió.

Y agregó: “El régimen les está exigiendo, amenazando y presionando a los que colaboran con nosotros para que echen sustancias nocivas en los alimentos, para que tapen los baños, para que nos echen insectos dentro del hogar, es decir, para crearnos todo tipo de problemas. Por eso las acabo de despedir de acá“.

Por último, Ferrer dijo que este jueves por la mañana estaban viendo qué iba a ocurrir con los que llevan leña para la alimentación porque el régimen quizás les impida acceder al hogar.

La ONG Prisoners Defenders, la UNPACU y el Consorcio Justicia denunciaron este miércoles que la dictadura cubana arrestó a 350 personas en menos de un mes con el objetivo de sabotear la labor humanitaria de Ferrer.

“En una violación flagrante de la libertad, derechos de reunión y asociación pacífica con fines humanitarios, el régimen de Cuba ha realizado más de 350 detenciones (335 de personas vulnerables, 11 de colaboradores y cinco de activistas) tan solo en las últimas cuatro semanas, para impedir la labor humanitaria de José Daniel Ferrer y su mujer, la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, que realizan con su comedor y centro médico social en Santiago de Cuba», indicaron las organizaciones en un comunicado conjunto remitido a Infobae.

Y siguieron: “Para ello, la seguridad del Estado está atacando con una indiscriminada y cruel represión a los más vulnerables, las personas que acuden a recibir ayuda. En tan solo tres meses, y desde el primer día que José Daniel Ferrer salió de prisión, el 16 de enero de 2025, la UNPACU ha distribuido 30.503 servicios de ayuda humanitaria (entre desayunos, comidas, cenas y atención médica), alcanzando un ritmo creciente de casi 1.300 personas diarias, hasta que la inhumana represión del régimen sobre los beneficiarios hiciera disminuir el ritmo de afluencia de personas vulnerables hasta los 500 al día en los últimos días».

Prisoners Defenders y la UNPACU registraron acciones represivas “todos los días de este período junto a un cerco policial de decenas de agentes, cuyo objetivo han sido, fundamentalmente, las personas vulnerables que acuden a recibir ayuda humanitaria».

Las organizaciones detallaron que, en la semana del 17 al 21 de marzo, fueron detenidas por la seguridad del Estado más de 30 personas vulnerables, entre las que acudían en búsqueda de comida y atención médica.

“La represión se concreta en casi todos los casos con la detención, su traslado a las instalaciones de la seguridad del Estado cerca de la sede de la UNPACU o la Segunda Unidad de la Policía en Santiago de Cuba (“El Palacete”) y la advertencia de amenazas de llevarlos a prisión a cada uno de ellos si siguen acudiendo al comedor social de la UNPACU en busca de ayuda humanitaria», describieron.

Luego subrayaron que el pasado 21 de marzo, la seguridad del Estado realizó lo que se llama en Cuba un “Acto de reafirmación revolucionaria” (actos también llamados “de repudio”) frente a la sede de la UNPACU. “Los individuos participantes, miembros y allegados del partido comunista en el poder, al pasar por delante de dicha sede, vertieron gestos indecentes contra la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo”, denunciaron.

Del 22 al 28 de marzo, las detenciones y acosos sobre las personas vulnerables que acuden al comedor social continuó sin descanso sumando en dichos días 105 detenciones arbitrarias de corta duración contra personas vulnerables, con una media de 15 detenciones y actos represivos cada día sobre este colectivo vulnerable.

El 31 de marzo, los principales jefes de la policía política de la provincia, un teniente coronel que se hace llamar “Lázaro” y un mayor nombrado Julio Fonseca, estuvieron dirigiendo un operativo represivo en el que detenían e interrogaban a las personas que salían con alimentos del comedor social de la UNPACU.

En tanto, el 1 de abril se realizó un cerco policial alrededor de la sede con 32 agentes, autos patrulla, policías de tránsito en motocicleta y hasta un vehículo jaula de la policía con capacidad para realizar detenciones masivas. Ese día se detuvo a más de 40 personas vulnerables, arrojando al suelo los alimentos que llevaban y conduciéndolos a un local en el que la seguridad del Estado está operando la represión.

En dicho operativo, detuvieron al colaborador voluntario Daniel Ferrer Jiménez, padre del preso político Enrique Ferrer Hechavarría, por tercera ocasión en 40 días. Estuvo detenido cuatro horas.

También fue arrestado el mismo 1 de abril el colaborador voluntario Jorge Luis Colá Montané, de 60 años, a quien la policía política le robó 200 pesos cubanos que eran de su propiedad, con la excusa de que se los habría dado la UNPACU, algo falso, según las ONG. “Esta persona vulnerable recibe comida en el comedor social y, en agradecimiento, colabora con el transporte de insumos para este. Igualmente, fueron detenidos el mismo día los hermanos Agustín Estrada Rodríguez y Víctor Manuel Estrada Rodríguez, colaboradores voluntarios que ayudan con el transporte de la leña que se necesita para cocinar los alimentos», agregaron.

El informe enviado a este medio por las organizaciones enfatizó en que el 2 de abril el cerco policial se recrudeció. “Además de detener a decenas de personas vulnerables, beneficiarios de la ayuda humanitaria, la policía política a cargo del represor Mario Raciel Soularis Garcés, detuvo a Roilán Zárraga Ferrer, activista de la UNPACU dos veces preso político por esta misma labor humanitaria. También por el mismo motivo fue multado con 24 mil pesos. Fue detenido cuando trataba de comprar carbón para el comedor social y fue amenazado con ir a prisión», detallaron.

Las fuerzas represivas también arrestaron a la colaboradora Marilyn Thalía Álvarez Pérez, tirando al suelo los alimentos que llevaba para sus dos hijos. Con violencia, la metieron en un patrullero y la condujeron hasta la Segunda Unidad Policial de Santiago de Cuba, conocida por “El Palacete”. Marilyn Thalía, según su propio testimonio, fue llevada a una sala con otros 30 detenidos presuntamente por delitos comunes. Posteriormente, fue amenazada con ir a prisión y con acabar con la vida de su marido, el prisionero político Anibal Ribiaux Figueredo, si ella no trabaja como informante para la policía política en el comedor social de la UNPACU.

Ese 2 de abril, las fuerzas represivas también detuvieron a Adisnubia Rondón Román, colaboradora voluntaria del comedor social, y a su hijo menor -de 17 años-, Alexander Fonseca Rondón, al que amenazaron con llevarlo a prisión “con el delito que les dé la gana” si Adisnubia sigue colaborando voluntariamente con el comedor social. También ella fue amenazada con ir a prisión por la misma causa.

El reporte indicó que, durante el mismo día, las fuerzas de la seguridad del Estado detuvieron y realizaron actos represivos a otras más de 50 personas vulnerables en un local que la policía política ha instalado a dos calles de la UNPACU.

Desde el 1 al 4 de abril las detenciones y actos represivos sobre personas vulnerables beneficiarias del comedor social de la UNPACU oscilaron entre las 40 y las 50 personas al día, por lo que en dicha semana fueron detenidas más de 200 personas vulnerables con el objetivo de sabotear la labor humanitaria de la UNPACU.

Las fuerzas represivas también detuvieron a multitud de personas vulnerables, como el caso de José Hechavarria Illa y un compañero suyo el 5 de abril, como él mismo denunció. Ambas son personas que tienen una extrema vulnerabilidad y son beneficiarios del comedor social y colaboran voluntariamente llevando leña.

Fue detenida igualmente el 8 de abril la prima política de la doctora Nelva Ismarays Ortega Tamayo, Margiolis Ramírez del Pino, y llevada a la Segunda Unidad de la Policía de Santiago de Cuba, tal y como ella ha denunciado, donde la policía política le robó su teléfono móvil y, además, fue amenazada por estar acogida en la sede de la UNPACU debido a su situación de vulnerabilidad por tener afectaciones cognitivas.

Por su parte, la hija menor de Yesmi Barbán Despaigne, Yeisimí Zapata Barbán, de 10 años, denunció ella misma el 9 de abril que fue amenazada por la subdirectora con suspenderle las asignaturas en la escuela Santiago Calleja de Santiago de Cuba por ir a beneficiarse de los servicios médicos del comedor social de la UNPACU, y le dijo a la niña de 10 años que a su madre la iban a meter presa.

“A pesar de todo lo narrado, las personas siguen atravesando el cerco policial para poder alimentarse, y 2.428 personas vulnerables distintas lograron tener acceso desayuno, almuerzo y/o cena en la sede de la UNPACU desde el 17 de marzo al 11 de abril; y otras 727 personas recibieron atención médica por dolencias diversas», explicaron las ONG.

Y concluyeron: “La comunidad internacional debe reaccionar ante esta situación de represión inhumana, ante este bloqueo genocida y criminal de la policía política contra las personas vulnerables en Cuba y debe exigir al régimen un cambio radical en esta materia, pues la hambruna y la necesidad en Cuba son exacerbadas y el Estado está completamente desbordado en sus capacidades para atender a la población”.