INTERNACIONAL
La fragilidad estratégica de Costa Rica, un socio clave de Estados Unidos
En julio de 2025, el autor viajó a San José, Costa Rica, para ofrecer una conferencia magistral en un evento organizado por la Misión Presidencial de América Latina y el Caribe, que reunió a expresidentes y otras figuras destacadas para debatir el futuro de la región. Durante su estadía, mantuvo conversaciones con varios líderes y expertos costarricenses sobre la dinámica política, económica y de seguridad del país, así como sobre las actividades de la República Popular China (RPC) en Costa Rica.
Costa Rica se ha consolidado como uno de los socios estratégicos más importantes de EEUU en la región. El gobierno abiertamente proestadounidense de Rodrigo Chaves ha fortalecido la posición fiscal y financiera del país; la economía ha crecido aproximadamente 5% anual durante su administración, y su gestión ha recibido evaluaciones muy positivas del Fondo Monetario Internacional. El país cuenta con una arraigada tradición democrática, instituciones sólidas y ha gozado históricamente de niveles de prosperidad y seguridad superiores a los de muchos de sus vecinos. Además, la administración Chaves ha denunciado e intentado frenar actividades de influencia por parte de la RPC, incluyendo los intentos de Huawei de cabildear a legisladores, funcionarios y sindicalistas costarricenses para obtener acceso a la infraestructura nacional de telecomunicaciones 5G.
No obstante, tras ese panorama positivo, Costa Rica enfrenta desafíos crecientes en seguridad y política, así como amplias y significativas acciones de cabildeo de la RPC a medida que el país se acerca a una elección nacional crítica en febrero de 2026. Un cambio negativo considerable en las circunstancias y orientación política del país durante esas elecciones podría tener consecuencias adversas para la seguridad de Centroamérica y para EEUU, cuyo límite sur se encuentra a apenas 3.200 kilómetros al norte de Costa Rica.
En materia de seguridad, los homicidios y el delito violento han aumentado notablemente en los últimos años. La tasa de homicidios subió de un ya elevado 11,5 por cada 100.000 habitantes en 2021, justo antes del inicio de la administración Chaves, a 17,2 por cada 100.000 en 2023, para descender levemente a 16,7 por cada 100.000 en 2024. Grupos de narcotráfico colombianos e intermediarios mexicanos de los cárteles de Sinaloa y, en menor medida, Jalisco Nueva Generación (CJNG) emplean cada vez más al país como ruta para mover cocaína, principalmente hacia Europa a través del puerto atlántico de Moín. Las mafias siciliana y albanesa también tienen presencia. Al asociarse los cárteles con pandillas locales y pagarles con cocaína en lugar de dinero, estas bandas se han fortalecido y se han tornado más violentas, disputándose las rutas y mercados locales. Esto también ha agravado el problema de adicción en el país.
El flujo de cocaína y otras actividades ilícitas de estos grupos han alimentado la corrupción dentro de las tradicionalmente robustas instituciones costarricenses. El arresto en junio de 2025 y la solicitud de extradición de EEUU por cargos de narcotráfico contra el exministro de Seguridad Nacional Celso Gamboa pone de manifiesto cómo la corrupción ha llegado a los niveles más altos y ha generado dudas sobre la integridad de sus operaciones y de quienes trabajaron junto a él durante su extensa trayectoria en la seguridad pública.
La inmigración por Costa Rica, incluidos colombianos, cubanos y venezolanos que deciden establecerse en el país, también somete a su pequeña población a presiones, aunque en general el país mantiene una postura acogedora hacia los migrantes. La banda venezolana Tren de Aragua cuenta con una presencia menor, manifestada en el desmantelamiento de una red de trata de personas y prostitución en julio de 2025.
Las actividades delictivas incluyen la operación de mafias chinas, que a veces cooperan con narcotraficantes en el lavado de dinero y otras actividades. Álvaro Zheng, presuntamente vinculado al exalcalde de San José, Jhonny Araya, sería una figura clave en el lavado de dinero a través del conocido Supermercado 10ª Avenida y otros negocios.
En relación con China, tanto el gobierno de la RPC como la empresa tecnológica Huawei han desplegado amplias acciones de influencia dirigidas a legisladores, funcionarios y otros actores costarricenses. Un total de 87 personas, equivalente al 10% del parlamento y su personal, fueron invitadas a China como huéspedes del gobierno chino durante el periodo 2022-2023. Huawei organizó una fiesta lujosa para legisladores en 2024 en el Hilton de Sabana, uno de los lugares de preferencia para reuniones de ejecutivos chinos. EEUU revocó visas a las legisladoras Johanna Obando y Cynthia Córdoba, así como a jueces costarricenses y a tres funcionarios actuales y anteriores del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), por vínculos inapropiados con la RPC. En abril de 2025, EEUU también canceló la visa del expresidente Óscar Arias, quien en 2007 cambió abruptamente el reconocimiento diplomático de Taiwán a China.
Tras las revocaciones de visas, el hermano del expresidente, Rodrigo Arias, en su calidad de presidente de la Asamblea Legislativa, convocó una sesión con Qiu Xiaoqi, jefe de Asuntos para América Latina en el Ministerio de Exteriores de la RPC, para expresar inquietud y solidaridad con China. Posteriormente, Arias invitó al embajador chino Wang Xiaoyou y a varios legisladores opositores a su finca en Taboga, Guanacaste, visita que algunos políticos interpretaron como una reunión privada impropia entre el opositor Partido Liberación Nacional y el gobierno chino.
Las múltiples revocaciones de visas, cuyo motivo EEUU no ha explicado oficialmente, combinaron el resentimiento y la inquietud entre altos representantes costarricenses consultados, especialmente porque muchos tienen lazos familiares y empresariales en EEUU que estarían en riesgo por la pérdida de sus visas.
A las dificultades para navegar esta situación, el presidente Chaves se enfrenta a una creciente multiplicidad de desafíos políticos y legales. El partido con el que llegó a la Presidencia, Progreso Social Democrático (PPSD), tiene solo 10 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa, lo que le obliga a gobernar sobre todo por la vía administrativa. Su estilo populista y frecuentemente polémico lo ha enfrentado a políticos de la oposición, jueces, fiscales y la prensa. Producto de ello y de haber acumulado numerosos adversarios, la fiscalía costarricense informa haber recibido 60 denuncias contra Chaves, con diversos grados de gravedad. En julio de 2025, luego de una decisión de la Corte Suprema, el Congreso estudiaba votar el levantamiento de su inmunidad presidencial para investigarlo por presunto desvío de fondos públicos en beneficio propio.
A esto se suma que, dado que la ley prohíbe postularse a cargos electivos mientras se ocupa un puesto en el gobierno, varios ministros clave podrían renunciar a fines de julio, fecha límite para inscribirse como candidatos al Congreso en el ciclo electoral actual. Chaves incluso ha considerado dejar la presidencia para buscar una banca parlamentaria antes del 1 de agosto, ya que no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo.
En las elecciones nacionales de febrero de 2026, el resultado es incierto. Chaves no puede presentarse a la reelección inmediata. Las encuestas actuales ubican a Laura Fernández de su partido PPSD en primer lugar con 13%, seguida por Fabricio Alvarado, del conservador Nueva República (NR) con 10%. En tercer lugar aparece Álvaro Ramos, del opositor Partido Liberación Nacional (PLN), con 8%. Expertos consultados consideran que el apoyo a Fernández depende de su asociación con Chaves y podría caer si este pierde respaldo. Alvarado, por su parte, no tendría mucho atractivo fuera de su base evangélica en la Costa Rica pluralista, mientras que Ramos no se considera un candidato especialmente fuerte. El exoficialista PAC sigue sin presentar un contendiente sólido; su candidata, Claudia Dobles, no supera el 4% en las encuestas.
Durante la visita del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en febrero de 2025, se destacó la colaboración entre ambas naciones y la resistencia costarricense al cabildeo chino en las telecomunicaciones. Costa Rica mantiene una notable afinidad con los valores democráticos estadounidenses y su pueblo.
De todas formas, los contactos del autor en el país advierten sobre riesgos reales si el crimen organizado sigue socavando las instituciones, el crimen violento desalienta la inversión y el turismo, y China incrementa su influencia sobre líderes políticos y empresariales. Dado que Chaves ya suma numerosos adversarios debido a su estilo autoritario y combativo, si alguna de las acusaciones graves en su contra avanza, el electorado podría optar en febrero de 2026 por opciones mucho menos alineadas con EE.UU. y con profundos lazos económicos y políticos con China.
Costa Rica ha sido históricamente aliada de EEUU y modelo regional del valor de la democracia y de instituciones sólidas. Su cooperación en temas de drogas, migración y ciberseguridad también ha tenido peso regional y para la seguridad de América del Norte. Cambios en el liderazgo costarricense no necesariamente implican un giro hacia China, y la mayoría del espectro político mantiene buena disposición hacia EEUU y el trabajo conjunto. No obstante, es estratégico para EEUU y la región no dar por sentada la solidez institucional y la actitud favorable de Costa Rica.
South America / Central America,Government / Politics,SAN JOSE
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Congressional Republicans are pushing back against Democratic claims that their marquee voter ID legislation would wreak havoc on elections in the country.
Congressional Democrats have panned the Safeguarding American Voter Eligibility (SAVE) America Act as a tool of voter suppression — saying it’s a bill that allows the Department of Homeland Security (DHS) to monitor Americans’ voter information and create barriers for married women to vote, among several other claims.
Along with requiring photo ID to vote, the bill would require proof of citizenship to register to vote in federal elections, mandate states to actively verify and remove noncitizens from voter rolls, expand information sharing with federal agencies, including DHS, to verify citizenship, and create new criminal penalties for registering noncitizens to vote.
GOP WARNS DEMOCRATS USING DHS SHUTDOWN TO STALL SENATE VOTER ID PUSH
Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., and House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., right, have panned the SAVE America Act as «Jim Crow 2.0» and warned it would be a mechanism of widespread voter suppression. (J. Scott Applewhite/AP Photo)
Trump has time and again pushed voter ID, calling the election reforms in the bill a «CAN’T MISS FOR RE-ELECTION IN THE MIDTERMS, AND BEYOND.»
Some of the bill’s strongest proponents fact-checked those claims in interviews with Fox News Digital.
«If you look at what it actually says, rather than what Democrats aggressively and, I believe, disingenuously are arguing right now — they’re overlooking the requirements of the SAVE America Act — those requirements are actually really generous,» Sen. Mike Lee, R-Utah, told Fox News Digital. «They’re really flexible.»
Here’s a closer look at some of the most common claims Democrats have made about the SAVE America Act — and how Republican supporters of the bill are responding.
Claim: ‘Federalizing voter suppression’
Senate Minority Leader Chuck Schumer, D-N.Y., routinely has bashed the SAVE America Act as «Jim Crow 2.0» — the segregationist laws of the Deep South largely done away with by the Civil Rights Act.
«It has nothing to do with protecting our elections and everything to do with federalizing voter suppression,» Schumer said earlier in February on the Senate floor.
But Republicans argued that Democrats were being «hypocritical» in their voter suppression charge, particularly when it comes to voter ID.
TOM EMMER BLASTS DEMOCRATS’ DOUBLE STANDARD ON SAVE ACT: ‘THEY REQUIRE PHOTO IDS’ AT THEIR OWN DNC
Rep. Chip Roy, R-Texas, speaks to reporters after a news conference on Capitol Hill on Oct. 20, 2025, in Washington, D.C. (Andrew Harnik/Getty)
Sen. Rick Scott, R-Fla., whose home state is one of 36 that either requests or requires a form of photo identification before voting, argued that voter ID laws across the country had no effect on turnout.
«This idea that they’re saying that it’s going to suppress any vote — it’s never done that anywhere,» Scott told Fox News Digital. «They said that when Georgia passed it, and they had record turnout. So it’s not true at all. I mean, how many people do you know who don’t have an ID?»
Claim: DHS will have access to legal voters’ data
House Minority Leader Hakeem Jeffries, D-N.Y., argued during a press conference that this iteration of the SAVE Act — with its new name — is «worse» than the version that passed the House in April because it gave DHS access to Americans’ voter data.
He appeared to be referring to a provision that would allow DHS to begin potential deportation proceedings against a noncitizen found on a state’s voter rolls.
«This version, as I understand it, would actually give DHS the power to get voting records from states across the country,» Jeffries said earlier in February. «Why would these extremists think that’s a good idea? That we as Democrats are going to accept at this moment in time? We’d want DHS and ICE, who have been brutally, viciously and violently targeting everyday Americans, to have more data about the American people? It’s outrageous.»
Rep. Chip Roy, R-Texas, who led both the SAVE Act and SAVE America Act in the House, argued Democrats were «really reaching» for criticism.
«This actually allows and empowers states to be able to — as many of them want to do — check their voter rolls against the citizenship database that they’re currently prohibited from doing under a judicial interpretation of federal law,» Roy said.
«So, long-winded way of saying, no — the SAVE system exists, we have citizenship data, and we’re simply going to allow the checking of voter rolls against citizenship data.»
THUNE GUARANTEES VOTER ID BILL TO HIT THE SENATE DESPITE SCHUMER, DEM OPPOSITION: ‘WE WILL HAVE A VOTE’
Senator Mike Lee, a Republican from Utah and chairman of the Senate Energy and Natural Resources Committee, during a confirmation hearing in Washington, DC, US, on Thursday, Jan. 16, 2025. (Al Drago/Bloomberg via Getty Images)
Claim: Suppresses married women’s right to vote
Another oft-repeated argument by Democrats is that the legislation would make it harder for American women to vote — specifically married women whose last names are now different from those on their birth certificates.
That’s because the bill would require proof of citizenship, like a birth certificate or a Real ID, to register to vote.
«Republicans aren’t truly afraid of noncitizens voting, which we all know is already illegal, already grounds for deportation,» House Minority Whip Katherine Clark, D-Mass., said earlier this month. «They’re afraid of women voting.»
Rep. Emilia Sykes, D-Ohio, said during the same press conference, «If your current name does not exactly fit and match the name on your birth certificate or citizenship papers, you could be blocked from registering to vote, even if you are a lifelong naturalized or American-born citizen.»
But Roy again said this was untrue.
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«This is absolute nonsense, and we specifically allow for a provision to make sure that no one can possibly be left behind,» he said.
«If a woman tried to register to vote with different names on her birth certificate and driver’s license,» Roy said. «We literally put in the statute that all you have to do is sign an affidavit under penalty of perjury that, ‘I am that person. This is my birth certificate … and this is my driver’s license that is reflecting my married name.’»
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INTERNACIONAL
As war losses near 2 million, Russia accused of trafficking foreign recruits from Africa, Asia
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As the war in Ukraine enters its fifth year, the central challenge facing both Moscow and Kyiv is no longer territory alone. It is manpower.
Both Russia and Ukraine face a growing manpower crisis. Western estimates put Ukrainian military casualties at roughly 500,000 to 600,000 since 2022, including more than 100,000 killed, while Russia is believed to have suffered about 1.2 million casualties. Combined battlefield casualties on both sides may now be approaching two million, according to recent analyses.
Now, in an exclusive statement to Fox News Digital, the Ukrainian human rights organization Truth Hounds said Russia is increasingly turning to vulnerable foreign nationals, including recruits from Africa and Asia, through coercive and deceptive recruitment practices that in some cases may amount to human trafficking.
PUTIN VOWS VICTORY IN UKRAINE IN NEW YEAR’S ADDRESS AMID TRUMP-BACKED PEACE TALKS
Portraits of Ukrainian soldiers are seen at the Memorial for the Fallen at Independence Square on the third anniversary of Russia’s invasion in Kyiv, Ukraine, on Feb. 24, 2025. (Bo Amstrup/NTB/AFP via Getty Images)
«The patterns of recruitment in different countries and regions are quite similar,» Truth Hounds said. «Two main categories for foreign fighters could be defined. First, persons who were already in Russia, such as students and migrant workers. Second, those who were recruited in their countries of origin.»
According to the organization, many recruits were promised civilian jobs with substantially higher salaries than in their home countries but were later compelled to sign military contracts written in Russian without translation.
«In many of these cases — both when recruitment happens outside and inside Russia — there are plenty of facts indicating potential human trafficking,» the group said.
Truth Hounds said it documented cases in which individuals detained inside Russia were beaten, tortured or otherwise coerced into signing military contracts.
UKRAINE, US NEAR 20-POINT PEACE DEAL AS PUTIN SPURNS ZELENSKYY CHRISTMAS CEASEFIRE OFFER
Nationals of African countries sit in a dedicated section where foreign fighters captured while serving with Russian forces in Ukraine are held at a detention center for Russian prisoners of war in western Ukraine on Nov. 26, 2025. Since Russia invaded Ukraine in 2022, many reports have emerged of African nationals fighting alongside Moscow’s forces, with some accusing the Russian military of using deceptive tactics to recruit them. In November 2025, Kyiv said it had identified 1,426 fighters from 36 African countries serving in the Russian army. (Genya Savilov / AFP via Getty Images)
«Under such circumstances, it is difficult to characterize their enlistment in the Russian army as voluntary. Rather, these cases involve coercion into military service and exploitation — patterns that are consistent across documented cases globally, when it comes to Russian recruitment practices,» the organization said.
The group cited figures from Ukraine’s Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War indicating that more than 18,000 foreigners had joined the Russian army as of late last year, with the number continuing to grow. Truth Hounds said its interviews with foreign prisoners of war, including several from African states, revealed similar recruitment patterns.
A soldier from a Ukrainian 2S22 Bohdana 155 mm self-propelled howitzer crew of the Striletskyi special forces police battalion of the National Police in the Zaporizhzhia region walks along a trench at a position in the Pokrovsky direction in the Donetsk region, Ukraine, on Jan. 23, 2026. (Dmytro Smolienko/Ukrinform/Nur Photo via Getty Images)
According to a report published by INPACT in February 2026, nearly 1,500 Africans were enlisted between 2023 and mid-2025, 316 of whom died because of a few kilometers of snow in Ukraine, a loss rate of 22%. Many others are missing or cannot be reached by their families.
At the same time, the organization cautioned that not all foreign recruits were forced to serve, noting that some joined with a full understanding of the purpose of their travel to Russia and the terms of the contract, though the proportion remains unclear.
UKRAINE–RUSSIA AT A CROSSROADS: HOW THE WAR EVOLVED IN 2025 AND WHAT COMES NEXT
Nationals of African countries watch TV in a dedicated section where foreign fighters captured while serving with Russian forces in Ukraine are held at a detention center for Russian prisoners of war in western Ukraine on Nov. 26, 2025. Since Russia invaded Ukraine in 2022, many reports have emerged of African nationals fighting alongside Moscow’s forces, with some accusing the Russian military of using deceptive tactics to recruit them. In November 2025, Kyiv said it had identified 1,426 fighters from 36 African countries serving in the Russian army. (Photo by Genya Savilov / AFP via Getty Images)
The allegations come as African leaders have begun publicly raising the issue. Kenya’s foreign minister said Nairobi would confront Russian authorities over the recruitment of Kenyan nationals, while South African President Cyril Ramaphosa raised concerns with Russian President Vladimir Putin following distress calls from South African citizens believed to be caught in the conflict, according to Reuters.
Truth Hounds said the legal status of foreign fighters presents a complex overlap between international humanitarian law and international human rights law. Individuals who sign contracts with Russia’s Ministry of Defense are treated as members of the armed forces and are entitled to prisoner-of-war protections, though some cases may also meet the criteria for human trafficking, creating additional legal questions.
«The main question remains how to effectively stop Russia from recruiting such individuals and hold it accountable for the ruined lives of those who have already ended up there,» the organization said.
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Cadets of a military academy cover the coffin with flags during the funeral of Dmitry Menshikov, a mercenary for the private Russian military company Wagner Group, killed during the military conflict in Ukraine, in the Alley of Heroes at a cemetery in Saint Petersburg, Russia, on Dec. 24, 2022. (Igor Russak/Reuters)
Moscow has previously said foreign nationals may voluntarily enlist in its armed forces. It has not publicly acknowledged coercive recruitment practices.
As the war grinds on, the battle for manpower is stretching beyond Europe’s borders, pulling in vulnerable populations from Africa and Asia and raising new diplomatic and legal challenges for governments far from the front lines.
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La oposición venezolana y organismos de derechos humanos cuestionaron el alcance de la ley de amnistía aprobada el jueves por la Asamblea Nacional y consideraron que la norma dejaría afuera a numerosos presos políticos y exiliados, entre ellos a María Corina Machado.
“Tengo que esperar a tener el texto definitivo. Pero es sumamente excluyente”, dijo a TN el activista Gonzalo Hmiob, vicepresidente de la ONG Foro Penal.
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La amnistía podría beneficiar a cientos de presos políticos detenidos en cárceles de todo el país, pero al mismo tiempo podría excluir a opositores como la exiliada premio Nobel de la Paz y a militares condenados.
Uno de sus artículos más cuestionados es precisamente el que excluye “a las personas que se encuentren o puedan ser procesadas o condenadas por promover, instigar, solicitar, invocar, favorecer, facilitar, financiar o participar en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela por parte de Estados, corporaciones o personas extranjeras”.
Esa fue una de las acusaciones habituales contra la líder opositora y otros dirigentes como Leopoldo López, también en el exilio.
“Advertimos que la ley contempla un injustificable exceso de exclusiones, que no la exigen ni la Constitución ni los instrumentos internacionales. Esto, sin duda, no se corresponde con el espíritu de paz y reconciliación que debería tener una norma de esta naturaleza”, dijo a TN el activista Oscar Murillo, secretario general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).
No está claro tampoco si la amnistía beneficiará a los argentinos Nahuel Gallo, acusado tras su arresto de planear el asesinato de Delcy Rodríguez, y de Germán Giuliani, vinculado a una causa de narcotráfico (un delito que está excluido de la norma), según la versión oficial y que sus familias y el gobierno argentino niegan.
Las liberaciones de más de 600 presos políticos que el Foro Penal estima que aún siguen detenidos podrían concretarse después que la presidenta encargada promulgue la ley, posiblemente este mismo viernes.
“Un paso”
El analista venezolano Andrés Cañizalez, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, dijo a TN que la aprobación de la amnistía marca “un paso” hacia adelante.
“No es el paso que quisiera la sociedad democrática nin las ONG de derechos humanos. Es un paso para aliviar un gran sufrimiento que hay en Venezuela”, afirmó.
Los legisladores aprobaron el proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, este jueves 12 de febrero de 2026. (Foto: Cristian Hernández/AP)
Pero la dirigencia opositora cuestionó varios artículos, en especial las exclusiones de la ley.
“Es una situación que crea muchísima incertidumbre. Hay que seguir insistiendo y continuar la resistencia que es algo absolutamente pacífico y a lo que ellos no están acostumbrados”, dijo a TN la exprecandidata presidencial Corina Yoris, muy cercana a Machado.
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Además, la dirigente opositora dijo que “no se cumplen los estándares de una ley de amnistía” y afirmó que ”no contempla la reparación de las víctimas».
“La ley de amnistía tendría que acogerse a la justicia transicional como establecen los estándares de la ONU. Son muy graves las omisiones de la ley y el deseo de pasar ´agachado´ y meter la manera de perdonar los crímenes que ellos han cometido. Es muy fuerte», afirmó.
Qué dicen los organismos de derechos humanos
Antonio González Plessmann, co-director del grupo defensor de derechos humanos Surgentes, dijo a TN que esta “es una mala ley, porque deja a muchas personas por fuera, pero sirve para mitigar daños y avanzar”.
Según afirmó, “la ley señala de manera taxativa un conjunto de hechos que son insuficientes para proteger centenares de casos de personas judicializadas por razones políticas”.
Entre estos puntos, mencionó detenciones por reclamar derechos laborales, expresar críticas, denunciar hechos de corrupción y luchar por los derechos de los campesinos.
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“Mención aparte merecen los funcionarios militares acusados de cometer delitos militares, que fueron explícitamente excluidos”, apuntó.
Además, señaló: “La Ley crea una Comisión de seguimiento (sin participación social) que tendrá la potestad de sugerir casos no previstos que puedan ser amnistiados, generando con ello alta discrecionalidad”.
Para el activista, “la inmensa mayoría de las personas amnistiadas no cometieron ningún delito”. Por ello, dijo que era necesario “un texto que señalara que ser beneficiario de la amnistía no implica el reconocimiento de ningún delito o falta; ni inhibe la posibilidad de exigir una reparación integral por la violación a sus derechos humanos en el marco de los procesos de judicialización, detención o sanciones administrativas que sufrieron”.
“Aún con todo estos defectos, la Ley sirve para extinguir la acción penal en cientos de casos”, indicó.
Oscar Murillo, de PROVEA, aseguró: “Antes y ahora con esta ley, vamos a seguir exigiendo la liberación plena, incondicional e inmediata de todas las personas privadas arbitrariamente de libertad por razones políticas”.
“Asimismo, planteamos que deben abordarse con carácter de urgencia temas como la derogación o declaratoria de nulidad de leyes o normas utilizadas para la criminalización”, en implícita alusión a la llamada Ley del Odio que el chavismo prometió reformular, concluyó.
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