INTERNACIONAL
Los latinos de la Florida viven con temor a las deportaciones: evitan salir a las rutas y hasta hablar en español
La dura política antinmigratoria de Donald Trump desató una verdadera caza de inmigrantes latinos. Con o sin papeles, la comunidad hispana en los Estados Unidos tiene hoy miedo de salir a la calle, hacer las compras en supermercados y, en casos extremos, hasta enviar a sus hijos a la escuela.
“La gente evita salir a la ruta con sus autos. Un simple ticket (multa) de tránsito te puede llevar a la cárcel y de ahí a la deportación”, dijo a TN la activista argentina María Bilbao, coordinadora de campañas de la American Friends Service Committee, una organización de la Florida que defiende los derechos de los migrantes.
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Poco importa si la persona tiene la famosa “green card” (tarjeta de residente) o un permiso oficial precario. La “portación de cara”, como definió Bilbao, puede llevar a cualquier agente de la patrulla de carreteras o del Servicio de Control de Inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) a detener a cualquier latino bajo sospecha de ser un inmigrante ilegal.
Ese fue el caso de un joven ciudadano estadounidense, hijo de migrantes guatemaltecos, que fue detenido en una ruta estatal tras llegar a la Florida desde la vecina Georgia. “No les importó la documentación. Estuvo detenido dos meses”, dijo a TN la activista mexicana María Elena Valdivia, abogada de la organización Migrantes y Minorías de la Florida.
El joven fue liberado después de que su familia presentó los papeles y pudo probar que había nacido en los Estados Unidos.
El miedo se apodera de la comunidad latina de la Florida
El temor domina los pasos de la comunidad hispana.
Los inmigrantes indocumentados solo salen de sus casas para ir al trabajo y volver lo más rápido que puedan. Evitan ir a supermercados o hablar en español en público y, en casos extremos, dejaron de enviar a sus hijos a la escuela.
Un migrante es detenido por una patrulla del servicio de inmigración estadounidense (Foto de archivo: AP)
“Hace un mes recibí el llamado de una maestra del centro de la Florida. Me dijo que en dos semanas a dos niños los dejaron sin sus mamás. A una la detuvieron en una carretera y a la otra en una corte por una multa de tránsito. Es terrible lo que está pasando”, dijo Bilbao.
Valdivia contó que en una escuela de la zona de Tampa más de 50% de los niños dejaron de ir a clases. Sus padres buscaron alternativas como la educación on line“, dijo. ¿La causa? Evitan ir por las carreteras del lugar.
Más de 1200 migrantes fueron deportados en una semana en la Florida
Más de 1200 migrantes fueron deportados en solo una semana en el estado antes del 1° de mayo, según cifras oficiales. Otros miles fueron detenidos y expulsados en todo el país.
“Los detienen en operativos que llevan adelante agentes migratorios, de la DEA (Administración de Control de Drogas) o de la patrulla de carreteras. Incluso el servicio postal está involucrado. Los paran en rutas. O van hasta 10 personas a una casa o a un lugar donde se reúnen latinos. No van uniformados, a veces están encapuchados. No se identifican y se llevan esposados a los migrantes. No les importa si son mujeres o niños y no toman en cuenta la identificación que les muestran“, resumió Valdivia.
Por eso, no solo las personas indocumentadas siente temor. También las cientos de miles que en los últimos años se vieron beneficiadas por programas humanitarios o están a la espera de que la justicia resuelva su situación migratoria.
“Tengo miedo”, dijo a TN un cubano que desde hace dos años espera la citación de una corte que debe resolver su pedido de asilo. “Trato de cuidarme mucho”, contó el joven, que pidió mantenerse anónimo, un recurso que suelen usar sus compatriotas en la isla por temor a represalias. “Nunca pensé que esto me iba a pasar en los Estados Unidos”, afirmó. Un migrante venezolano reza tras ingresar a Estados Unidos (Foto de archivo: AFP)
En ese contexto, nadie se anima a pedir ayuda a las autoridades ante cualquier problema en su comunidad. “Nadie llama a la policía porque le tienen terror”, dijo la activista argentina.
Bilbao sabe lo que es ser inmigrante ilegal. Llegó a los Estados Unidos desde la Argentina durante la crisis del 2001. Recién pudo regularizar su situación 18 años después. En ese lapso, fue empleada doméstica y niñera. Desde 2022 trabaja para la American Friends Service Committee que lucha por los derechos de los migrantes.
Las consecuencias económicas de la política antimigratoria de Trump
La ola de persecución al migrante llegó el 20 de enero, el mismo día de la asunción de Trump. A partir de ahí, empezaron los problemas para gran parte de la comunidad latina. El presidente dijo que en la mira están hasta 11 millones de personas.
“Hay una campaña mediática contra la inmigración, xenófoba, mentirosa y violenta. Las personas están aterradas. Esto va a tener consecuencias económicas”, afirmó Bilbao.
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La ecuación es simple. La mayoría de los inmigrantes sin papeles trabajan en la agricultura, en la construcción o en el área de servicios. “Ahora falta mano de obra. Los migrantes hacen el trabajo que muchos ‘americanos’ no quieren hacer», graficó.
La situación llevó a las autoridades de la Florida a presentar un proyecto de ley que buscó flexibilizar las restricciones laborales para menores de edad, pero el plan fracasó en el Senado. La idea era que adolescentes de 14 a 17 años puedan reemplazar a los migrantes indocumentados en ciertas áreas de la economía, como los servicios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Foto: REUTERS/Kent Nishimura)
En este escenario, muchos empresarios y agricultores están preocupados porque empiezan a faltar trabajadores.
Un informe de la empresa Eagan Immigration, citada por El Nuevo Herald, reveló que deportar a 11 millones de migrantes indocumentados no sólo reduciría el Producto Interno Bruto (PIB) hasta en 7,4%, sino que podría costar al gobierno y a los contribuyentes más de 150.000 millones de dólares.
“Publicamos este informe en respuesta a la narrativa peligrosa y engañosa que está promoviendo la administración actual. Se está retratando a los inmigrantes indocumentados como una carga para el país, cuando en realidad, su contribución es inmensa. La mayoría no recibe beneficios del gobierno, y son esenciales para la economía y las comunidades”, dijo la abogada de la empresa Alexandra Gillett.
El estudio señaló que las deportaciones masivas reducirían el PIB real hasta en un 7,4% para 2028. Los estados más afectados serían los de California, Texas y Florida.
El informe fue lapidario. Según afirmó, los inmigrantes indocumentados aportan 96.700 millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales. Seis estados recaudan más de 1.000 millones anuales cada uno. Incluso Florida se lleva 1.800 millones.
La fuerza laboral también se vería impactada. Una deportación masiva, según la investigación, eliminaría trabajadores de sectores clave: 1,5 millones en la construcción, 1 millón en la hostelería, 870.400 en la manufactura y 224.700 en la agricultura.
“Estos datos evidencian lo que muchos economistas han señalado durante años: las deportaciones masivas representarían un perjuicio económico sin precedentes para Estados Unidos. Necesitamos soluciones migratorias que reconozcan la realidad económica y las contribuciones fundamentales que los inmigrantes hacen a nuestra nación”, dijo Eagan.
“No hay muchos argentinos detenidos”
En su diálogo con TN, Bilbao contó que suele concurrir al Broward Transitional Center, un centro de detención donde el Servicio de Migración aloja a inmigrantes.
Según contó, no hay muchos argentinos detenidos. Sin embargo, en los últimos días se conoció el caso de Agustín Gentile, de 31 años y que vive hace 18 años en Carolina del Norte y está en riesgo de ser deportado a pesar de tener residencia legal y dos hijos nativos.
“Hay residentes presos. Es muy grave lo que está pasando», afirmó Bilbao.
Además, la activista alertó que “hay gente que desaparece. Te enteras de pronto que alguien está detenido. Pero no aparece en el ICE. No sabes dónde está. Pasan 4 o 5 días y te enteras de que está en Luisiana o directamente en El Salvador”, su país de origen.
“Yo estoy en contacto con una mujer nicaragüense que le llevaron detenido a su esposo. No sabe dónde está. Estaba en Broward, en huelga de hambre y lo llevaron a un hospital. Yo lo estoy buscando y no aparece. A ella no la llamaron. Había ido a una cita de supervisión en la corte porque había presentado un recurso contra una orden de deportación”, graficó.
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Para Valdivia, la comunidad hispana “vive una pesadilla. Es un país de persecución, es un país donde los derechos humanos no tienen valía. Es un país al que no estamos acostumbrados y que es todo lo contrario de lo que ha sido en los últimos tiempos”, aseguró.
“Todos están siendo perseguidos. No solo las personas indocumentadas. También quienes tienen permiso de trabajo o temporales. Hasta los veteranos están siendo perseguidos. Todo el mundo que no sea blanco es perseguido”, resumió.
La activista mexicana dijo que el temor es general. “Todos tenemos miedo. No hay quien se salve. Florida es hoy el peor estado para los migrantes. Nadie se escapa. Solo si te ven blanquito te puedes salvar”, concluyó.
Estados Unidos, inmigrantes, Donald Trump, florida
INTERNACIONAL
Quiénes son los líderes europeos que firmaron una carta pidiendo mantener la presión sobre Rusia antes de la cumbre Trump-Putin
Por ahora, posiciones irreconciliables
Donald Trump,Vladimir Putin,Rusia,Ucrania,Guerra Rusia-Ucrania,Últimas Noticias
INTERNACIONAL
Líderes europeos reafirmaron su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia antes de cumbre entre Trump y Putin
Los principales líderes europeos reafirmaron este domingo su apoyo a Ucrania y llamaron a mantener la presión sobre Rusia para alcanzar la paz, días antes de la reunión prevista entre los presidentes Vladimir Putin y Donald Trump el próximo 15 de agosto en Alaska.
La cumbre, anunciada por Trump el viernes, forma parte de sus esfuerzos por buscar una salida al conflicto iniciado con la invasión rusa en febrero de 2022. El encuentro se celebrará sin la presencia del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, quien ha reclamado participar en las negociaciones.
Trump adelantó que el eventual acuerdo “incluirá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, en referencia a Ucrania y Rusia, sin dar más detalles. Zelensky rechazó esa posibilidad: “No pueden tomarse decisiones en nuestra contra, no pueden tomarse decisiones sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada. Los ucranianos no entregarán su tierra al ocupante”, afirmó el sábado en redes sociales.
En conversaciones separadas con Zelensky, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresaron su respaldo a Kiev. Macron señaló en X que “el futuro de Ucrania no puede decidirse sin los ucranianos”, mientras que Sánchez abogó por “una paz justa y duradera que respete la independencia y la soberanía” del país.
Además, los mandatarios europeos firmaron una declaración conjunta en la que sostienen que “solo un enfoque que combina una diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa” podrá poner fin a la guerra. “Aplaudimos el trabajo del presidente Trump por detener la masacre en Ucrania” y “estamos listos para apoyar ese trabajo en el plano diplomático, además de mantener nuestro sustancial apoyo militar y financiero a Ucrania”, añade el texto.
Entre los firmantes figuran Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro polaco, Donald Tusk; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente finlandés, Alexander Stubb, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
En paralelo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó el sábado por teléfono con Putin y expresó la disposición de Brasil a contribuir a una solución pacífica. Según la presidencia brasileña, el mandatario ruso agradeció el interés.
Las tres rondas de conversaciones celebradas este año entre Rusia y Ucrania no produjeron avances. Moscú exige la cesión de cuatro regiones parcialmente ocupadas —Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson—, además de Crimea, anexionada en 2014, y que Kiev renuncie a suministros de armas occidentales y a su ingreso en la OTAN. Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige la retirada total de las tropas rusas y garantías de seguridad que incluyan más armamento y presencia militar europea.
Sobre el terreno, los combates continúan. En la región de Donetsk, bombardeos rusos mataron el sábado a cuatro personas y dejaron una veintena de heridos; en Kherson, otras dos personas murieron.
La reunión de Alaska será la primera entre presidentes en ejercicio de Estados Unidos y Rusia desde la celebrada en Ginebra en junio de 2021 entre Putin y el ex presidente Joe Biden. Trump y Putin no se encuentran cara a cara desde la cumbre del G20 en Japón en 2019, aunque han mantenido contactos telefónicos desde enero.
Los líderes europeos subrayaron que “el camino a la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania” y reiteraron su compromiso con garantías de seguridad “creíbles y robustas” para Kiev. Además, calificaron la invasión rusa como una “flagrante violación” de la Carta de la ONU, el Tratado de Helsinki de 1975, el Memorándum de Budapest de 1994 y otros compromisos internacionales suscritos por Moscú.
“Seguiremos trabajando con el presidente Trump y los Estados Unidos y con el presidente Zelensky y el pueblo ucraniano por una paz en Ucrania que proteja nuestros intereses vitales de seguridad”, concluye la declaración.
(Con información de EFE y AFP)
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Boston’s sanctuary sheriff was arrested Friday on federal charges after allegedly leveraging his elected position to extort $50,000 from a cannabis executive who was seeking state approval to open a dispensary—a scheme FBI Director Kash Patel called a betrayal of public trust.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins, 67, who oversees more than 1,000 employees in the Boston-area, was handcuffed Friday morning in the Southern District of Florida after a federal grand jury indicted him on two counts of extortion under color of official right, according to a statement from the U.S. Attorney’s Office for the District of Massachusetts.
«When someone entrusted with enforcing the law is accused of breaking it for personal gain, it undermines the public’s trust in every honest officer who wears the badge,» Patel told Fox News Digital. «The FBI will pursue corruption at every level, because no one is above the law. The people of Suffolk County, and the country, deserve leaders who serve them, not themselves.»
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins was arrested on Friday in connection to an illegal licensing scheme. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
SUSPECTED ICE FACILITY ATTACKERS ARRESTED IN BLUE CITY, CHARGED WITH ASSAULTING FEDERAL OFFICERS
Tompkins was appointed sheriff of the Suffolk County Sheriff’s Department (SCSD) in 2013, elected in a 2014 special election, and later re-elected to serve successive six-year terms.
He made headlines in 2019 after booting Immigration and Customs Enforcement (ICE) agents out of the county jail, signing an eviction notice that required hundreds of illegal immigrant detainees to be moved out within 60 days, according to a report from the Boston Herald.
FLORIDA EX-SHERIFF ARRESTED FOR ALLEGEDLY RUNNING ILLEGAL GAMBLING HOUSE THAT GENERATED MILLIONS
According to court documents, a cannabis company applied in 2019 for a retail dispensary license in Boston through the Massachusetts Cannabis Control Commission (CCC). To meet the state’s Positive Impact Plan (PIP) requirement, the company partnered with the sheriff’s department, which agreed to screen and refer graduates from its re-entry program for work at the dispensary’s retail store.
The company’s partnership with SCSD was formalized in a letter signed by Tompkins in 2019 and submitted with its dispensary license application in 2020. The cannabis commission approved the license in 2021 and renewed it in 2022 and 2023, with the company citing the partnership to meet the PIP requirement in each application.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is accused of pressuring an executive into selling him stocks and then demanding a refund. (John Wilcox/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
To raise capital for an initial public offering (IPO) and expand as a publicly traded company, executives sought multimillion-dollar investments from institutions and other high-net-worth investors—not the general public, according to court documents.
By mid-2020, the company was preparing for its IPO by producing audited financial statements, hiring attorneys and obtaining additional financing.
Prosecutors allege Tompkins pressured the cannabis executive for stock, reminding the executive he had helped the company in its licensing efforts. The executive feared Tompkins might exploit his position as sheriff to undermine the partnership with the department, putting both the license and the company’s planned IPO in jeopardy.
PATEL’S IMMIGRATION PUSH AT FBI YIELDS 10,000 ARRESTS SINCE JANUARY
In October 2020, the company asked Tompkins for an updated partnership letter to submit with its license renewal application, according to court documents. Within a month of signing the letter, and after alleged pressure on the executive, Tompkins obtained a pre-IPO stake in the company.
Prosecutors claim that in November 2020, Tompkins wired $50,000 from his retirement account to an account controlled by the executive, purchasing nearly 29,000 shares at $1.73 each. Following a reverse stock split, he held about 14,400 shares valued at $3.46 each.
Suffolk County Sheriff Steven Tompkins is facing up to 20 years in prison for each count of extortion. (Matt Stone/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images)
Once the company launched its IPO in 2021, the stock value jumped to $9.60 per share, increasing the value of Tompkins’ $50,000 purchase of 14,417 shares to $138,403.
By May 2022, the value of Tompkins’ stock had dropped thousands of dollars below his $50,000 investment, but he allegedly demanded a full refund. The executive agreed, issuing five checks between May 2022 and July 2023.
Prosecutors claim some checks were marked as «loan repayment» and «[company] expense» at Tompkins’s direction to disguise the nature of some of the payments.
Copies of checks showed payments allegedly made to the Suffolk County sheriff.
US ATTORNEY FOR MASSACHUSETTS SAYS INTERFERENCE WITH ICE OPERATIONS IS ‘DISTURBING,’ THREATENS ARRESTS
U.S. Attorney Leah Foley wrote in a statement that elected officials, particularly those in law enforcement, are expected to be ethical, honest and law-abiding, «not self-serving.»
«His alleged actions are an affront to the voters and taxpayers who elected him to his position, and the many dedicated and honest public servants at the Suffolk County Sheriff’s Department. The people of Suffolk County deserve better,» Foley wrote. «Public corruption remains a top priority for my administration, and we will continue to investigate and prosecute anyone who uses their position of trust and power for their own gain.»
FBI Boston special agent in charge Ted Docks added the act was «clear-cut corruption.»
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«From his very first day as Suffolk County Sheriff, Steven Tompkins sought to portray himself as a man of the people–a principled public servant and reformer, devoted to the cause of justice. That’s why it’s beyond disappointing that he’s now accused of gaming a system instituted in the interests of public safety and fair play,» Docks wrote in a statement. «We believe what the Sheriff saw as an easy way to make a quick buck on the sly is clear-cut corruption under federal law. The citizens of Suffolk County deserve better, not a man who is accused of trading on his position to bankroll his own political and financial future. Public servants must be held to the highest of ethical standards, and those falling short will be rooted out.»
Tompkins, who faces a sentence of up to 20 years in prison for each count, will appear in Boston federal court at a later date.
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