INTERNACIONAL
Los números de la política migratoria de Trump: 239.000 deportados en 6 meses y otros 13 millones en la mira

Donald Trump no está conforme con los números de deportados en los primeros seis meses de gobierno y quiere acelerar las expulsiones de extranjeros de aquí a fin de año.
En la mira no solo están los inmigrantes indocumentados, los más débiles de la cadena. También apunta contra aquellos hasta ahora amparados bajo un estatus migratorio precario o quienes tienen en regla su “green card” (el valioso permiso de residencia) pero que hayan delinquido.
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Le paso a Chris Landry, un inmigrante canadiense residente en Estados Unidos desde hacía 40 años y con cinco hijos estadounidenses. De regreso de una visita a su Canadá natal, no le dejaron reingresar al país. ¿Por qué? Tenía antecedentes. En 2004 y 2007 le abrieron dos causas: una por posesión de marihuana y otra por conducir con la licencia suspendida. Lo separaron de su familia.
Pero para Trump no es suficiente. El polémico plan migratorio está lejos del millón de indocumentados deportados por año que se propuso como objetivo al inicio de su gestión el 20 de enero, hace seis meses. Las cifras de detenidos y expulsados no cumplieron la meta del presidente estadounidense.
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El último dato oficial, citado por The Washington Post, fue divulgado el 3 de julio pasado por la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin.
Según las cifras oficiales, ratificadas esta semana por el portal conservador The Daily Signal, las autoridades detuvieron a más 273.000 inmigrantes y deportaron a unos 239.000 en los primeros cinco meses de gobierno. Se trata de un promedio de unos 47.000 extranjeros deportados por mes, rompiendo el récord de Barack Obama de 36.000 mensuales en 2013.
Cuántos extranjeros corren riesgo de ser deportados
Hoy los extranjeros sin documentos viven bajo un virtual estado de sitio en los Estados Unidos de Trump. Tienen miedo de salir a la calle, de trabajar y de ir a sus citas en cortes migratorias porque a la salida los esperan las patrullas del temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Las redadas se realizan en campos, centros de trabajo, fábricas y tiendas de las principales ciudades del país. Los operativos desencadenaron protestas en Los Ángeles y se extendieron a numerosos Estados. Miembros de la Guardia Nacional de California en un edificio federal del centro de Los Ángeles. (AP Foto/Eric Thayer, Archivo)
Pero las redadas continúan. El ICE sostiene que el 40% de los detenidos tenía una condena previa y otro 32% poseía cargos pendientes. Pero no detalló si se trataba de acusaciones graves o simples como las de Landry.
De hecho, más del 60% de los inmigrantes indocumentados expulsados no tenían una condena penal, según cifras oficiales.
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Trump quiere acelerar el proceso. Stephen Miller, su principal asesor de inmigración, le exigió al ICE una meta de 3000 arrestos diarios, o sea unos 90.000 mensuales.
Pedro Ríos, director del programa fronterizo de la ciudad de San Diego de la American Friends Service Committee Experience (AFSCE), una ONG que defiende a los migrantes, dijo a TN que el gobierno federal “no ha sido muy transparente” en materia de números de detenidos y deportados.
“La gran mayoría no tiene antecedentes penales”, afirmó.
Hay más de 13,5 millones de extranjeros en la mira de Trump
Para Ríos, más de 13,5 millones de inmigrantes están bajo riesgo de ser detenidos y deportados en los Estados Unidos. Los números asustan:
- Indocumentados: se calcula que hay 11 millones de inmigrantes sin papeles. De ellos, un millón trabajan en el sector agrícola. En California representan el 80% de los trabajadores rurales. Su expulsión masiva causaría un colapso en el campo estadounidense. Lo mismo pasaría en las áreas de la construcción y los servicios en varios Estados.
- Estatus precario. Se estima que 1,5 millones de extranjeros estaban protegidos por el Estatus de Protección Temporal (TPS), en su gran mayoría de Venezuela y Haití. “Son personas que llevan muchos años en Estados Unidos”, dijo Ríos.
- Pedido de asilo pendiente. Hay otro millón de inmigrantes que aguarda la solución de sus pedidos de refugio, en su mayoría de Cuba y Venezuela. Muchos están en la mira porque no entraron al país a través de una garita fronteriza.
- “Green Card”. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza advirtió que todos los residentes permanentes están bajo riesgo de ser deportados si tienen antecedentes penales. Entre 2014 y 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió más de 10 millones de documentos. En ese último año, 1,1 millones de migrantes obtuvieron el estatus de residente permanente.
- Ciudadanos naturalizados. Trump llegó a amenazar a los extranjeros nacionalizados. Lo hizo con su antiguo socio y hoy enemigo Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de X. Pero activistas advierten que es una medida anticonstitucional.
- Hijos de inmigrantes ilegales nacidos en Estados Unidos. El presidente quiere además remover la ciudadanía a los niños nacidos en el país de padres extranjeros sin documentos. El plan por ahora está frenado por un juez, pero el gobierno apeló la decisión.
“Este es un momento en el que Trump está determinando de forma ilegal quién puede pertenecer a Estados Unidos y quién no, con base en su raza o etnia”, afirmó Ríos.
Estados Unidos, Donald Trump, inmigracion
INTERNACIONAL
El Parlamento israelí avanza en un proyecto de anexión de Cisjordania bajo una fuerte condena palestina

El Parlamento israelí (Knéset) aprobó este miércoles, en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar el territorio palestino ocupado de Cisjordania.
“El proyecto de ley para aplicar la soberanía a los territorios de Judea y Samaria (como llama Israel al territorio palestino) fue aprobado en lectura preliminar por una mayoría de 25 a favor y 24 en contra”, detalló la Knéset en su cuenta en X.
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Este primer paso precede a otras tres votaciones que serán necesarias en el Parlamento para convertir este proyecto en ley. El proyecto sostiene que “el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”.
La iniciativa generó una fuerte condena de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna en algunas zonas del enclave, y del grupo islámico Hamas.
“Gran Israel”
El parlamentario Avio Maoz, líder del partido Noam, es el impulsor de esta ley. Durante la sesión parlamentaria, declaró que “el Señor, bendito sea, dio al pueblo de Israel la Tierra de Israel”, en una alusión al ‘Gran Israel’ que borra del mapa los territorios palestinos.
Esta votación preliminar coincide con la visita en Israel del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien supervisa el plan del alto el fuego en Gaza junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y altos cargos militares. Un hombre lleva una bandera palestina frente a tres soldados israelíes cerca de Nablus, en Cisjordania (Foto: EFE)
“Ha llegado el momento de aplicar la soberanía plena sobre todos los territorios de Judea y Samaria (Cisjordania) la herencia de nuestros antepasados, y de promover acuerdos de paz a cambio de paz con nuestros vecinos desde una posición de fortaleza”, celebró en X el ministro de Finanzas, el ultraderechista y colono, Bezalel Smotrich.
El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, también de extrema derecha y colono, escribió en su cuenta de X: “¡Ha llegado el momento de la soberanía ahora!”.
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Ambos ministros ya exigieron a mediados de septiembre al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la anexión de la Cisjordania en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte de más de una decena de países, entre ellos Reino Unido, Canadá y Australia.
Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmud Abás.
E la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio). Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.
Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades.
Fuerte condena palestina
La organización islamista Hamas consideró que el proyecto de anexión es “nulo, sin valor e ilegítimo”.
“Afirmamos que los frenéticos intentos de la ocupación por anexionar las tierras de Cisjordania son nulos, sin valor e ilegítimos. No cambiarán el hecho de que Cisjordania es tierra palestina en virtud de la historia, el derecho internacional y la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia en 2024”, afirmó un comunicado.
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En tanto, el ministerio de Exteriores palestino aseguró que Israel “no tendrá ninguna soberanía” sobre Cisjordania. En un comunicado, difundido en su cuenta de X, reiteró que “la tierra palestina ocupada en Cisjordania, incluida Jerusalén, y la Franja de Gaza, constituyen una unidad geográfica única sobre la cual Israel no tiene soberanía, y que la soberanía pertenece exclusivamente al pueblo palestino”.
La Corte Internacional de Justicia emplaza a Israel
Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) advirtió que Israel no fundamentó los vínculos que asegura que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) tiene con Hamas y pidió al gobierno de Netanyahu cumplir con su obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda a Gaza proporcionados por la ONU. Según afirmó Israel no debe usar el hambre como método de guerra.
El tribunal consideró que el impedimento sustancial por parte de Israel al acceso de ayuda humanitaria a Gaza durante un periodo significativo de tiempo ha tenido consecuencias catastróficas para la población civil en la Franja.
La población local de la Franja de Gaza ha sido abastecida de forma insuficiente. En tal situación, Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de aceptar y facilitar los planes de ayuda, advirtió el presidente de la CIJ, el juez japonés Yuji Iwasawa, durante la lectura de la decisión del tribunal.
Israel tiene la obligación, añadió, de garantizar las necesidades básicas de la población local, incluidos los suministros esenciales para su supervivencia.
(Con información de EFE)
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INTERNACIONAL
US carries out 8th strike on alleged drug vessel, this time in Eastern Pacific, Hegseth says

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The U.S. military carried out another strike on a suspected drug vessel, this time in the Eastern Pacific, Secretary of War Pete Hegseth announced Wednesday.
The strike Tuesday against a boat allegedly carrying drugs is the eighth conducted by the Trump administration. The previous seven happened in the Caribbean.
«Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific. The vessel was known by our intelligence to be involved in illicit narcotics smuggling, was transiting along a known narco-trafficking transit route, and carrying narcotics,» Hegseth said.
«There were two narco-terrorists aboard the vessel during the strike, which was conducted in international waters. Both terrorists were killed and no U.S. forces were harmed in this strike,» he added.
3 KILLED IN US STRIKE ON COLOMBIAN ELN VESSEL SMUGGLING NARCOTICS, HEGSETH SAYS
The suspect drug smuggling vessel is shown at left, moments before it was destroyed in a U.S. strike on Tuesday, Oct. 21, 2025. (X.com/SecWar)
Earlier this week, Hegseth announced that three alleged narco-terrorists were killed in a U.S. strike on a drug smuggling vessel affiliated with Colombia’s National Liberation Army.
That «lethal kinetic strike» happened Friday in international waters at the direction of President Donald Trump, Hegseth wrote in a post on X.
«The vessel was known by our intelligence to be involved in illicit narcotics smuggling, was traveling along a known narco-trafficking route, and was transporting substantial amounts of narcotics,» Hegseth wrote. «There were three male narco-terrorists aboard the vessel during the strike—which was conducted in international waters.»
«All three terrorists were killed and no U.S. forces were harmed in this strike,» he added.

The suspect drug smuggling vessel is shown at left, moments before it was destroyed in a U.S. strike on Tuesday, Oct. 21, 2025. (X.com/SecWar)
Colombia’s Ejército de Liberación Nacional (ELN) is a designated terrorist organization. Hegseth likened the Colombian rebel group to the al Qaeda terror group founded by Usama bin Laden in Afghanistan.
TRUMP GOES ALL-OUT AGAINST COLOMBIA’S PETRO AFTER CLAIMS DRUG STRIKE KILLED FISHERMAN: WHAT WE KNOW
The death toll from the Trump administration’s military campaign against suspected drug-smuggling vessels is at least 34. The operations began last month and are part of Trump’s broader effort to dismantle transnational cartels by force.
Last Thursday, the U.S. military carried out a strike on what Trump later called a «very large drug-carrying submarine» in the Caribbean, killing two suspected narco-terrorists and capturing two others alive.

The U.S. killed six alleged drug traffickers on a boat in international waters near Venezuela, President Donald Trump announced Oct. 14, 2025. (realDonaldTrump/Truth Social)
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A separate strike on Tuesday killed six suspected smugglers aboard a vessel off the coast of Venezuela.
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INTERNACIONAL
Jack Smith defends subpoenaing Republican senators’ phone records: ‘Entirely proper’

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Former special counsel Jack Smith is standing by his 2023 decision to subpoena several Republican lawmakers’ phone records, calling the move «entirely proper» and consistent with Justice Department policy.
Smith said through his lawyers in a letter obtained by Fox News Digital that the subpoenaed data, known as toll records, belonging to eight senators and one House member were carefully targeted to support his investigation into President Donald Trump’s alleged subversion of the 2020 election.
«As described by various Senators, the toll data collection was narrowly tailored and limited to the four days from January 4, 2021 to January 7, 2021, with a focus on telephonic activity during the period immediately surrounding the January 6 riots at the U.S. Capitol,» Smith’s lawyers wrote Tuesday to Senate Judiciary Committee Chairman Chuck Grassley, R-Iowa.
JACK SMITH INVESTIGATORS NEED TO ‘PAY BIG’ FOR JAN. 6 PHONE RECORDS PROBE, WARNS SEN. GRAHAM
Former special counsel Jack Smith delivers remarks on an unsealed indictment, including four felony counts against President Donald Trump, Aug. 1, 2023, in Washington. (Drew Angerer/Getty Images)
Toll records do not reveal the contents of phone calls but instead reveal when calls were made and to whom.
Smith’s lawyers said that although Grassley, who brought the subpoenas to light, has not reached out to Smith, they felt compelled to write to the chairman to address claims from Republicans that Smith improperly spied on lawmakers.
Grassley responded to the letter, saying he would continue an unbiased probe into Arctic Frost, the name of the FBI investigation that led to Smith’s election-related prosecution of Trump.
«I’m conducting an objective assessment of the facts&law like he says he wants So far we exposed an anti-Trump FBI agent started the investigation/broke FBI rules &only REPUBLICANS were targeted SMELLS LIKE POLITICS,» Grassley wrote on X.
The targeted senators included Republican Sens. Marsha Blackburn of Tennessee, Josh Hawley of Missouri and Lindsey Graham of South Carolina.
In addition to the eight senators, Sen. Ted Cruz, R-Texas, told Fox News’ Sean Hannity Tuesday that he recently discovered Smith also attempted to subpoena his toll records but that his phone company, AT&T, did not hand them over.
DEM REP DEFENDS DOJ OBTAINING GOP SENATOR CALL RECORDS IN 2023: ‘YOU WEREN’T SURVEILLED’

Sen. Ted Cruz, R-Texas. (Kayla Bartkowski/Getty Images)
The Republicans have broadly claimed they were inappropriately spied on, and compared Arctic Frost to the Watergate scandal.
Smith’s lawyers emphasized the normalcy of seeking out phone records and said that public officials are not immune from investigation.
Smith brought four criminal charges against Trump alleging he illegally attempted to overturn the results of the 2020 election, but he dismissed the charges after Trump won the 2024 election, citing a DOJ policy that discourages prosecuting sitting presidents.

Former special counsel Robert K. Hur testifies before the House Judiciary Committee on March 12, 2024, in Washington. (Win McNamee/Getty Images)
Former special counsel Robert Hur sought toll records during his investigation into former President Joe Biden’s handling of classified documents. The DOJ subpoenaed phone records of former Democratic Sen. Robert Menendez, who is serving prison time after he was convicted in 2024 of corruption charges.
The first Trump administration subpoenaed phone records of Rep. Eric Swalwell, D-Calif., and then-Rep. Adam Schiff, D-Calif., and dozens of congressional staffers from both parties as part of a leak investigation.
Former DOJ inspector general Michael Horowitz warned in a report about the leak probe that lawmakers’ records should only be subpoenaed in narrow circumstances because it «risks chilling Congress’s ability to conduct oversight of the executive branch.»
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Smith’s lawyers also disputed FBI Director Kash Patel’s accusations that he attempted to hide the subpoenas «in a lockbox in a vault,» noting that the former special counsel mentioned subpoenaing senators’ records in a footnote of his final special counsel report.
«Moreover, the precise records at issue were produced in discovery to President Trump’s personal lawyers, some of whom now serve in senior positions within the Department of Justice,» Smith’s lawyers said.
Read Smith’s letter below. App users click here.
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